Categoría: Seguridad y defensa

                                                                              CAM JUSTIFICA ATAQUE INCENDIARIO EN LOS SAUCES

                                                            COMO “JUSTICIA MAPUCHE”

Emily Avendaño – La Tercera, 27/01/2025

Trabajadores del Fundo Rinconada llegaron el 23 de enero a realizar labores de cosecha forestal, pero se encontraron con un tractor, una máquina enfardadora y una cortadora de pasto quemadas. Se trata del segundo atentado incendiario en el lugar en un lapso de 8 días.

La ORT Pelontraru se adjudicó dos ataques en el Fundo Rinconada con ocho días de diferencia. Tras el segundo atentado, en el que quemaron maquinaria agrícola, dijeron que “colonos hicieron ingreso de manera imprudente a territorio en recuperación territorial. Por lo tanto, corresponde a justicia mapuche para restablecer el control territorial”.

El primero se registró el 15 de enero y, tal como en esa ocasión, la ORT Pelontraru, de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se adjudicó el hecho a través de una publicación en el medio Werkén Noticias.

“Dejamos en claro a las comunidades en resistencia que estas acciones se ejecutarán toda vez que los usurpadores históricos intenten atropellar a nuestra gente y nuestro territorio bajo control territorial por las comunidades que tienen alianza política y militar con la CAM”, escribieron. En el texto, además, sostienen que le corresponde a la “justicia mapuche” restablecer el control territorial, puesto que “colonos” hicieron ingreso “imprudente a territorio en recuperación”.

Una vez ocurrido el suceso, las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). El comisario Patricio Ibáñez, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Angol, declaró el día del hecho: “Personal de unidad especializada se trasladó hasta la Ruta R-444, donde se unen las comunas de Los Sauces con Lumaco, precisamente al Fundo Rinconada, donde un grupo indeterminado de sujetos accede a las dependencias del terreno, provocando la quema de un tractor y una máquina aserradora. No se reportaron personas lesionadas producto de este hecho”.

El atentado incendiario ocurrió luego de que Llaitul diera una entrevista desde la cárcel que causó preocupación ante la posibilidad de que el cabecilla del grupo terrorista con sus palabras estuviese incitando a la violencia, ya que, cita El Mercurio, Llaitul llamó a “luchar con fuerza” y “con la convicción que hemos visto en nuestros mártires”, y admite que aquello “tiene costos y consecuencias”.

Robo de madera: detenciones y enfrentamientos. El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero además registra dos casos de robo de madera. Uno ocurrió en La Araucanía y el otro en Los Ríos.

El 21 de enero, en el sector de Futa, comuna de Corral, región de Los Ríos, la PDI capturó a tres sujetos acusados de ingresar habitualmente a predios para robar madera. Según el subprefecto Cristián Muñoz, los delincuentes trasladaban la madera de eucalipto robada a Valdivia para su venta.

Durante el operativo, se incautó una camioneta, una motosierra y madera. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su formalización.

En la misma región, el 24 de enero, la PDI detuvo a un hombre involucrado en la extracción ilegal de madera en un predio de Forestal Arauco, ubicado en el sector de Cutipay Alto, Valdivia.

Al momento de la intervención policial, los responsables talaban árboles y los transportaban con bueyes hacia un camión. La mayoría del grupo huyó, pero las autoridades lograron la detención del propietario del camión.

La PDI incautó el vehículo, 5 trozas de pino radiata, 30 árboles talados y madera acopiada, con un avalúo total de 7,5 millones de pesos. El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia.

En tanto, un operativo policial en Traiguén, Región de La Araucanía, derivó en un enfrentamiento armado entre la PDI y sujetos investigados por tráfico de drogas y robo de madera. El allanamiento provocó la huida de los sujetos en dirección a Galvarino, y en esa comuna hubo un intercambio de disparos.

Condenan a tres comuneros por el homicidio del suboficial Francisco Benavides. El 21 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó sentencia contra los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf Prado, junto a Rodrigo Calabrano Ñanco, declarados culpables del asesinato del suboficial de Carabineros Francisco Benavides.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2021 en Collipulli, Región de La Araucanía, cuando el carabinero fue emboscado y baleado mientras realizaba labores de despeje de ruta. Las penas dictadas oscilan entre los 19 y 24 años de prisión efectiva, según los delitos atribuidos a cada acusado.

Heriberto Ancalaf Prado recibió la pena más alta, con 24 años de prisión, por homicidio a un carabinero en servicio, disparos injustificados, desórdenes públicos y tenencia ilegal de armas. Matías Ancalaf Prado y Rodrigo Calabrano Ñanco fueron condenados a 19 años de cárcel cada uno por homicidio, disparos injustificados y porte ilegal de armas.

Según indicó el fiscal regional Héctor Barros, el caso también incluye antecedentes de desórdenes públicos y reiterados actos de violencia en años previos.

El suboficial Benavides, de 42 años, fue emboscado mientras transitaba en su vehículo de servicio por la comunidad Choin-Lofkenche. Los acusados, escondidos entre la vegetación, dispararon en múltiples ocasiones, siendo uno de los proyectiles el que impactó en el pecho del policía, atravesando su chaleco antibalas y provocando su muerte instantánea.

Este crimen estuvo marcado por la tensión en un territorio liderado por Víctor Ancalaf, exvocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y padre de los hermanos condenados.

Los sentenciados aún pueden recurrir de nulidad ante los tribunales, pero la Fiscalía subrayó la contundencia de las pruebas presentadas. “Estas penas reflejan la gravedad de los hechos y el trabajo comprometido para combatir la violencia en la región”, señaló el fiscal Carlos Bustos.

El mismo 21 de enero, la PDI confirmó la captura de Roger Paineo Antimán, de 30 años, acusado de participar en el atentado incendiario al Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en Contulmo, Región del Biobío. El arresto se produjo en el sector La Granja, Cañete, y eleva a 13 el número de detenidos por este caso, donde los otros 12 implicados ya se encuentran en prisión preventiva.

En la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Cañete, Paineo Antimán fue formalizado por incendio, homicidio calificado en carácter frustrado, porte ilegal de armas y municiones, quedando en prisión preventiva mientras dure la investigación, con un plazo de seis meses.

Según la Fiscalía, alrededor de 30 personas estarían implicadas en este atentado, y la PDI continúa con las investigaciones para identificar y detener al resto de los involucrados.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                                 EL FISCAL HÉCTOR BARROS Y EL HOMICIDIO EN CHILE

                                                                                DEL DISIDENTE RONALD OJEDA: “ESTIMAMOS QUE

                                                                            ESTÁ DETRÁS DE ESTE HECHO EL GOBIERNO

                                                                                  VENEZOLANO”

Ana María Sanhueza – ElPaís.es, 20/01/2025

El fiscal chileno Héctor Barros, quien investiga el secuestro y asesinato del refugiado político en Chile Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago el 21 de febrero de 2024, ha dicho este lunes a radio ADN que tras 11 meses de pesquisas, en la que ha determinado que en la ejecución material del delito estuvo el Tren de Aragua, que “estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano”.

Así, el jefe metropolitano del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público ha dado un paso más allá, luego que en abril del año pasado señalara que por el perfil de Ojeda —un activo disidente contra el régimen de Nicolás Maduro— el único móvil plausible era el político y que “esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”.

“Acá lo que hubo fue una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en las actuaciones que hizo el Tren de Aragua [en Chile]. Y lo que yo puedo decir en este momento es que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano”, ha dicho Barros.

Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado de madrugada desde su departamento en el piso 14 en el municipio de Independencia, en el sector norte de la capital de Chile por un grupo de sujetos disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Diez días después, tras una frenética búsqueda, su cuerpo fue hallado sepultado bajo cemento, con señales de tortura, en un asentamiento irregular en la comuna de Maipú, a unos 23 kilómetros del edificio donde vivía junto a su esposa y a su pequeño hijo.

Por el caso la Fiscalía ha identificado hasta ahora a tres personas de nacionalidad venezolana: un joven de 17 años, detenido en marzo de 2024 y dos hombres adultos que han sido vinculados al Tren de Aragua y que huyeron en Chile apenas se perpetró el crimen: Maickel Villegas Rodríguez, extraditado a Chile desde Costa Rica hace dos meses y Walter Rodríguez Pérez, quien continúa prófugo.

Sobre la víctima, Barros ha señalado en la entrevista que “Ronald Ojeda no es solo es un exteniente del ejército venezolano, sino un activista en contra de ese gobierno y que participó, incluso, en un intento golpista para derrocar al gobierno actual. Y, posteriormente, él se vino a Chile con su familia, pero siguió teniendo mucha actividad de ese ámbito”.

Y recordó que en diciembre de 2023, dos meses antes de su secuestro y homicidio, Ojeda viajó a Venezuela “para efectos de organizar un acto golpista junto a otros exmilitares. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”.

Barros dijo, sobre el crimen, que el gobierno de Venezuela “no lo va a salir a reconocer públicamente, sería muy extraño. Cuando nosotros sostenemos esto, no lo hacemos en base a conjetura ni especulaciones, lo hacemos en base a los antecedentes de la investigación. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, en el judicial tenemos que probar las cosas que sostenemos. En ese sentido, hemos sido súper responsables y hemos dicho que atendido el perfil que tenía la víctima, este es un hecho político y no como los [delitos] que comete el Tren de Aragua”.

Y agregó: “Si vamos más allá y vemos cómo se produjeron los hechos, no hay otra conclusión que la que se pueda llegar”.

Una de las particularidades del caso de Ojeda, recordó el fiscal, fue que a diferencia de otros secuestros que en Chile ha cometido la banda transnacional de origen venezolano es que nunca se pidió recompensa.

“Este es un secuestro que no guarda relación con lo que hace el Tren de Aragua, que los hace en la vía pública, toma a las personas y las mete a un auto. Y en el caso de Ronald Ojeda hubo muchas posibilidades de ingresarlo a un vehículo cuando iba o salía de su trabajo. Pero ese hecho no se hizo de esa manera, sino con bastante inteligencia. Si se ven los videos, los sujetos no tienen ninguna duda de dónde está su departamento, y salen del ascensor y se dirigen directamente al piso 14, a su departamento″.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                          EL MINISTRO MARCEL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

Richard Kouyoumdjian – El Líbero, 22/01/2025

Entiendo al ministro Marcel cuando tiene que enfrentar temas de presupuesto.

El ministro de Hacienda es el gerente de finanzas del gobierno y por ende el que tiene que ser el malo de la película cuando hay que realizar ajustes de cinturón, algo necesario cuando uno está excedido de peso estatal, la economía no crece, y no hay cómo financiar el gasto por más que prueben distintas fórmulas fantasiosas que dejan contentos a los que no quieren enfrentar la realidad de que el Estado llegó a un tamaño que no se condice con nuestra capacidad económica, como que tampoco cumple sus obligaciones más fundamentales con sus ciudadanos.

Tenemos una crisis de seguridad que muy bien podría implicar duplicar el presupuesto de las policías y de todas aquellas reparticiones públicas que son parte de ese proceso, pero ello se vuelve imposible sin una profunda reingeniería del Estado.

En donde no estoy de acuerdo es en la forma en que se manejó el recientemente anunciado ajuste presupuestario de $544 mil millones, el que, si bien en teoría no toca a Carabineros de Chile, la PDI y Gendarmería en los subtítulos 21 y 22[1] sí afecta a el Ministerio Público, tribunales de justicia, SII, UAF, Aduanas, Fuerzas Armadas y otras reparticiones públicas que son parte del sistema de seguridad pública, como también a las que supuestamente eran intocables por la vía del presupuesto de Interior o de otros subtítulos.

Lo afecta porque la seguridad pública es un sistema, a pesar de que hay varios que les cuesta entenderlo así. Es un sistema interconectado, en donde basta que se afecte una parte del proceso para que este sea inefectivo e ineficiente.

Si afecto al Ministerio Público y su presupuesto, estaré afectando el trabajo que hacen Carabineros de Chile y la PDI. Lo mismo aplica si recorto el presupuesto de los tribunales. En ambas instancias por la vía de los ajustes presupuestarios estoy afectando las capacidades del proceso, ya que les estoy disminuyendo el resultado que son capaces de entregar independiente de lo que ocurra aguas arriba con Carabineros o en lo que se le pide a la PDI realizar.

La persecución de delincuentes y criminales se ve afectada si afecto a cualquiera de los que integran el proceso anti delictual o anticriminal.

También es complejo que la reducción presupuestaria se haya realizado de forma tal que dejó a unos no afectos, y al resto les aplicó un recorte porcentual parejo, desconociendo por esa vía, que hay procesos o actividades que son más críticas que otros, o que el Estado hay cosas que sí o sí debe proveer, como es la seguridad pública y de la defensa nacional, la que al día de hoy tiene entre otras cosas, unidades desplegadas realizado resguardo de fronteras, manteniendo la paz, la seguridad y el orden en la Macrozona Sur, o bien combatiendo incendios, lo que ahora deberá hacer con menos o bien hacer menos si los costos no se pueden modificar.

El problema de fondo está en que el Estado ha engordado mucho, realizando muchas más funciones que las básicas primarias que debe proveer, lo que lo hace desatender temas como la seguridad pública, la defensa nacional, las relaciones exteriores, los servicios de prevención y manejo de desastres, y los servicios de inteligencia y contrainteligencia.

El presupuesto original del 2025 y su ajuste posterior están errados, como también los estuvieron los de los años previos. Tenemos una crisis de seguridad que muy bien podría implicar duplicar el presupuesto de las policías y de todas aquellas reparticiones públicas que son parte de ese proceso, pero ello se vuelve imposible sin una profunda reingeniería del Estado como un todo, algo que Milei hizo en la Argentina, y que prontamente esperamos Trump haga en EE. UU.

Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Rodolfo Carter todos tienen claro que se debe realizar un ajuste estructural del Estado, tanto para disminuir el gasto y la deuda pública, como para asegurar de que podamos gastar e invertir en donde corresponde, partiendo por la seguridad pública y la defensa nacional, las cuales no están bien atendidas con los presupuestos actuales, no siendo capaces en el primer caso, entregar un país seguro a los chilenos, y en lo segundo, asegurar que nuestras Fuerzas Armadas están equipadas y entrenadas adecuadamente.

Chile arrancó como república independiente con solo tres ministerios, uno dedicado a lo exterior, otro a lo interno, y un tercero a los aspectos propios de la guerra y la marina.

Hoy en día vamos para 25 ministerios, con un modelo socialdemócrata que nos tiene casi quebrados, que no hace nada bien, en donde resaltan los ejemplos de educación y salud, y menos bien las tareas fundamentales relativas a la seguridad y la defensa.

Seguir manejando los presupuestos como lo hacemos es parte del problema que tenemos actualmente. No ayuda a la seguridad pública la forma en que maneja las finanzas el ministro Marcel y la Dipres, en una forma anticuada de ver las cosas, debiendo ser por procesos y sistemas integrados, con estrategias claras, con objetivos, medios y formas de trabajo definidos, lo que ayudaría a mostrar que cuando afecto un elemento del proceso, afecto el resultado del todo en una proporción mucho mayor que lo esperado cuando se mira en forma independiente.

Es poco probable que el ministro Marcel siga las recomendaciones de este columnista, pero me doy por pagado si alguno de los candidatos de derecha o integrantes de sus equipos lo hace, y entiende que no sólo necesitamos un Estado más ligero y eficiente, pero principalmente más efectivo.

La seguridad y defensa de Chile van a necesitar más recursos, los que necesariamente deberán venir de reasignaciones presupuestarias sacando de lo menos crítico y asignándolo a lo fundamental, ya que la única forma de sostener el nivel de gasto actual es crecer por sobre el 5 % anual en forma sostenida, y no el pobre 2 % que Chile entrega actualmente.

Si mantenemos algo cercano al 2 %, necesariamente debemos ajustar y focalizar los gastos e inversiones.

[1] Subtítulo 21: Comprende los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal.

Subtítulo 22: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones de una institución.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                              “LA NO EXTRADICIÓN DE MUÑOZ HOFFMAN”.

Carla Fernández Montero, Abogada, Derecho Penitenciario – Diario Constitucional.cl, Cartas al Director, 19/01/2025

La Excma. Corte Suprema, luego de escuchar el informe de la Fiscalía Judicial, acaba de rechazar la extradición del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman, básicamente, por encontrarse prescritas la acción y la pena de los delitos por los cuales se le requiere en nuestro país.

¿Fue acertada la decisión de la Excma. Corte Suprema?

Como primer elemento a considerar, cabe señalar que la institución de la prescripción busca consolidar, más que la justicia, la seguridad y estabilidad en las relaciones jurídicas, bases en que se asienta la convivencia civilizada. En esa orientación, existe amplio consenso doctrinal y jurisprudencial en orden a reconocerla como un principio general del derecho.

La cuestión es que nuestro Derecho y el orden internacional de los derechos humanos, ha delimitado su alcance en el campo penal, por ejemplo, en materia de delitos de “lesa humanidad”, consagrando expresamente la imprescriptibilidad.

Ahora bien, nuestra Corte Suprema sistemáticamente se ha negado a extraditar terroristas pertenecientes al MIR o al FPMR por hechos cometidos durante el Gobierno Militar o incluso en democracia (clásico es el ejemplo del secuestro de Cristián Edwards), apelando precisamente a la aplicación de la prescripción, y aun cuando reconoce el carácter “terrorista” de estas “organizaciones armadas” y la “afectación” que a raíz de sus actos sufrió la “población civil”, ha expresado que los delitos cometidos por sus miembros son simples “delitos comunes”, que no afectan a la humanidad, y que si bien están tipificados en la Ley 18.314 de 1984 (que “Determina Conductas Terrorista y su Penalidad”), en relación con el artículo 141 del Código Penal (que tipifica el secuestro, delito por el cual se requirió a Muñoz Hoffman), no revisten la naturaleza de “lesa humanidad”, descartando su tipicidad en la ley 20.357 (arts. 1 y 2) o en el Estatuto de Roma (art. 7) o en cualquiera norma de ius cogens anterior.

En efecto, y más allá de la discusión sobre si los delitos terroristas (secuestros asesinatos, lesiones, incendios, utilización de artefactos explosivos, etc. llevados a cabo con la finalidad establecida en el artículo 1 de la Ley 18.314) comparten o no la naturaleza de ser “delitos de lesa humanidad” -no obstante que de una interpretación gramatical, lógica y sistemática de los tipos de la Ley 20.357 o del Estatuto de Roma se podría aseverar a lo menos una “compatibilidad típica” respecto de las acciones de miembros del MIR y del FPMR- lo cierto es que el criterio de nuestro máximo tribunal de declarar que las acciones y la penas se encuentran prescritas -evitando que el Estado ejerza su jurisdicción penal- nos parece una regla correcta, no solo por el largo período de tiempo transcurrido desde los hechos y el valor supremo de la paz social, sino además, porque una aplicación estricta del principio de irretroactividad penal, haría imposible declarar esos delitos terroristas como de lesa humanidad, ya que la Ley 18.314 fue promulgada varios años antes del Estatuto de Roma y de la Ley 20.357, que recién el año 2009 incorporó a nuestro orden jurídico este instrumento.

Sin perjuicio de lo anterior, el respeto irrestricto al principio de igualdad en dignidad y derechos y las razones humanitarias que proclama el derecho internacional, así como los principios cardinales del derecho penal que consagra nuestra Carta Política, y la concretización del principio pro reo en la aplicación de una analogía in bonam partem, exige que este criterio jurisprudencial que por años ha beneficiado a los miembros del MIR o del FPMR se aplique también a los militares condenados por causas de DD. HH., a quienes se les sigue juzgando y condenando en base al Estatuto de Roma o las normas de ius cogens, con flagrante infracción a los principios de tipicidad e irretroactividad penal.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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