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Columna de Opinión, News, Seguridad y defensa

DESDE ENCAPUCHADOS ARMADOS HASTA VECINOS CON QUEROSENO: CUÁLES SON LAS QUERELLAS PRESENTADAS EN EL BIOBÍO POR INCENDIOS INTENCIONALES

DESDE ENCAPUCHADOS ARMADOS HASTA VECINOS CON QUEROSENO: CUÁLES SON LAS QUERELLAS PRESENTADAS EN EL BIOBÍO POR INCENDIOS INTENCIONALES

Ex-Ante, 18/02/2023

Qué observar. El ministro Juan Carlos García de Obras Públicas se refirió este jueves a la intencionalidad de los incendios, que hasta las 3:24 pm del viernes habían destruido 439 mil hectáreas en el país durante la temporada 2022-2023, según mostraron cifras de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

  • Al dejar su labor de enlace en la Región del Biobío afirmó que “están todas las condiciones para deducir que han sido intencionales. Intencionales por diferentes razones, algunas serán ideológicas, otras por piromanía, otras por pasadas de cuentas, y entre uno que otro, sin duda tendremos que investigar cada uno de ellos”.
  • Sin embargo, una revisión en el Poder Judicial de las querellas presentadas por la delegación presidencial, encabezada por la delegada Daniela Dresdner, arrojó pocas luces sobre quiénes estarían detrás de los incendios que derivaron en que se decretara este mes estado de catástrofe en la región. Una situación similar se registra en La Araucanía.
  • La delegación del Biobío figuraba hasta este sábado como querellante en 10 hechos vinculados a incendios durante 2023. Dos de las querellas están duplicadas, por lo que corresponden a 8 casos.
  • Allí mencionan a encapuchados armados que impidieron la acción de brigadistas en Los Álamos; rayados dejados por desconocidos en un container forestal incendiado en Lebu; una mujer sin casa detenida por provocar un incendio en la misma comuna de Lebu; un vecino de Concepción sorprendido a orillas del río Biobío con un bidón con restos de queroseno quemando basuras y pastizales y un hombre haciendo una quema no autorizada en Tirúa por la que ardió una hectárea de pastizales y eucaliptus.
  • La delegación también se querelló contra el empresario que, de acuerdo con la denuncia, impidió que los helicópteros sacaran agua de su piscinaen Yumbel; un hombre que soldaba un cerco metálico en Arauco soltando chispas y un grupo que habría estado realizando un asado en un sector boscoso de Los Ángeles.
  • A continuación, el detalle de las acciones presentadas en la región.

Los encapuchados armados. “El día viernes 10 de febrero de 2023, en horas de la mañana, un grupo de Brigadistas Forestales de la empresa Molinos del Sol, contratista de empresas Arauco, se encontraba al interior del predio de ésta última, ubicado en el sector Antihuala, comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, realizando labores de contención del fuego mediante la confección de cortafuegos, instantes en que llegaron al lugar un grupo de encapuchados debidamente armados con armas cortas y largas, amenazándolos y obligándolos a detener las faenas y retirarse del lugar”, consignó la querella por porte ilegal de arma de fuego.

Encapuchados armados que impidieron la acción de brigadistas en Los Álamos; rayados dejados por desconocidos en un container forestal incendiado en Lebu; una mujer sin casa detenida por provocar un incendio en la misma comuna de Lebu; un vecino de Concepción sorprendido a orillas del río Biobío con un bidón con restos de queroseno quemando basuras y pastizales y un hombre haciendo una quema no autorizada en Tirúa por la que ardió una hectárea de pastizales y eucaliptus. Esas son las querellas presentadas por la delegación en relación con los incendios intencionales durante 2023, las que arrojan pocas luces sobre los megaincendios de la región.

La detenida en situación de calle. “El día 06 de febrero de 2023, alrededor de las 14:30 horas, la querellada, en un sitio eriazo ubicado o emplazado en el sector Lebu, sector Lebu Norte, Las Dunas, Playa Larga, superficie compuesta de arena y tierra con vegetación, arbustos y pastizales, procedió a prender fuego en dicho lugar provista de un encendedor, en forma intencional, el que se propagó rápidamente dada las condiciones atmosféricas existentes, produciéndose a consecuencia de lo anterior un incendio que provocó daños a la arboleda y vegetación existente en una superficie aproximada de 380 metros cuadrados”, registró la querella por incendio contra Johana Ruiz Canales, de 45 años.

  • La detenida estaba en “situación de calle”, consignó Carabineros.
  • El tribunal decretó su arresto domiciliario total en una casa de Lebu.

El rayado realizado por desconocidos. “Siendo las 07.30 aproximadamente del día 03 de enero del año 2023, al interior de una faena forestal de la empresa Foraction Chili S.A., ubicada en el sector el Rosal Norte, camino interior de la ruta P-40, de la comuna de Lebu, se presentó en dicho lugar el jefe de la faena de cosecha don R.J.G.V. constatando que un contenedor metálico, utilizado como oficina y bodega de insumos forestales, estaba totalmente incinerado producto de la acción del fuego producto de la acción de terceras personas, encontrando en el lugar una pizarra color blanco con un rayado que dice ‘Fuera las Forestales’ junto a un rayado de símbolos mapuches. Los daños se avalúan en la suma de $6.500.000”.

Limpieza con fuego en Tirúa. “Con fecha 04 de febrero del año 2023, don Antonio Flores Peralta se encontraba en un predio ubicado en el sector Las Misiones de la comuna de Tirúa, específicamente a la altura del kilómetro 62 de la Ruta P-72F, instantes en que procedió a realizar en dicho predio labores de limpieza usando para ello el fuego, pero sin las autorizaciones correspondientes e incumpliendo toda medida de seguridad, considerando las condiciones climáticas existentes y la realidad que vive el país, por lo que rápidamente perdió el control del mismo propagándose con facilidad, resultando totalmente quemada una hectárea compuesta de pastizales y plantación de eucaliptus. El actuar imprudente y temerario del querellado dañó el medio ambiente, la propiedad ajena y puso en riesgo la vida e integridad física de los vecinos”.

El vecino sorprendido con un bidón con queroseno. “Con fecha 8 de febrero de 2023, siendo las 10.25 horas aproximadamente don Fabián Alberto Rojas Tapia fue sorprendido a la altura del puente Juan Pablo Segundo sector costanera de la comuna de Concepción, específicamente, a orillas del río Biobío con un bidón azul de restos de kerosene, quemando basuras y pastizales al interior del predio de la comunidad Lolcura”[1], consignó la querella contra del vecino de Concepción, con domicilio en el sector de Chillancito.

  • [1] El tribunal decretó para el imputado la medida cautelar de firma quincenal y prohibición de acercarse a los puentes de Concepción.
  • Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

VÓRTICE POLAR: EL EXTRAÑO FENÓMENO QUE ESTÁ CAMBIANDO EL CLIMA EN CHILE

 

VÓRTICE POLAR: EL EXTRAÑO FENÓMENO QUE ESTÁ CAMBIANDO EL CLIMA EN CHILE

Carlos Montes

Que Pasa, 11/01/2023

 

C

hile y la Antártica han sido uno de los mayores afectados por las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global.

Prueba de esto es que durante 2022, el continente blanco registró una serie de fenómenos climáticos que afectaron seriamente su realidad y entorno.

Así lo indica un reciente estudio de la Universidad de Santiago, investigación que analizó lo sucedido en materia climática en el extremo más austral del país, señalando que existe un evidente contraste entre el Interior y la periferia, debido a que en el primero, se apreciaron temperaturas bajas, mientras que en el segundo, fueron altas, afectando incluso a la isla Rey Jorge.

Uno de estos fenómenos climáticos se debe a un fuerte vórtice polar, que tiende a confirmar el aire frío al interior del continente, evitando fugas hacia a la periferia. “Es posible que este fenómeno haya contribuido a que 2022 haya sido un nuevo año seco en Chile (continental), especialmente en la primavera”, indica Raúl Cordero, climatólogo de la Usach.

Además, el promedio anual de temperatura estuvo casi 2°C sobre valores típicos y de los diez años más cálidos desde 1980, seis han ocurrido en las últimas dos décadas.

Cordero explica que las temperaturas récord también fueron influidas por otro fenómeno, vientos circumpolares anormalmente intensos, “los que facilitaron la llegada al continente de masa de aire relativamente cálida, a veces de origen tropical, y contribuyeron a tener el peor registro anual de hielo marino, es decir, el agua de mar que se congela en torno al continente”.

“Aunque presentó déficits en cada uno de los últimos 12 meses, las cifras fueron particularmente malas en el Invierno austral, que cerró con un déficit de casi un millón de kilómetros cuadrados”, añade Cordero.

Además, el invierno extraordinariamente cálido en la Isla Rey Jorge contribuyó a que por tercer año consecutivo las aguas de la Bahía Files, donde se encuentran emplazadas las bases chilenas Escudero y Frei, no se congelaran.

Estudio de la Universidad de Santiago determinó que la Antártica ha sido víctima de una serie de condiciones climáticas, afectando seriamente a todo el país.

Olas de calor: dos intensos eventos. Dos eventos de altas temperaturas (olas de calor), ambos asociados a la llegada de ríos atmosféricos, se registraron en la Península Antártica, lo que marca un nuevo fenómeno climático.

El primero hizo colapsar a mediados de enero la plataforma de hielo marino que desde hace más de una década se encuentra en la bahía Larsen B.

El segundo causó temperaturas récord en varias estaciones. En la Base Carlini se registraron +13,6°C, batiendo el récord previo que tenía hace solo tres años, mientras que, 400 kilómetros más al sur, se percibieron +11,5ºC en la base Vernadsky, rompiendo marca previa que databa de 1988, indica la investigación.

En términos de temperatura máxima diaria, 2022 quedó entre los cinco años más cálidos registrados en las últimas tres décadas en la Isla Rey Jorge.

Desafortunadamente, las perspectivas no son buenas. “Es una de las zonas del mundo que mas se ha calentado en las últimas décadas y es probable que este rápido calentamiento continúe. El récord de calor establecido en 2022 no durará mucho”, estima el climatólogo.

En términos de temperatura máxima diaria, 2022 quedó en el top 5 de años más cálidos.

En febrero, la temperatura máxima diaria en la Isla Rey Jorge alcanzó los +7,7°C, considerada la temperatura más alta del año, y entre las diez máximas registradas en la Isla Rey Jorge en un mes de febrero.

Por segundo año consecutivo el invierno meteorológico fue extraordinariamente cálido. Los inviernos de 2021 y 2022 fueron lo más cálidos en los últimos 32 años (desde 1990), y las altas temperaturas se extendieron hasta el inicio de la primavera (septiembre quedó entre los diez meses más cálidos), pero se moderaron poco después, señala el documento de la Usach, liderado por Raúl Cordero.

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

EL DRAMÁTICO RETORNO A EUROPA DE UCRANIA

EL DRAMÁTICO RETORNO A EUROPA DE UCRANIA

Víctor Manuel Amado Castro, Profesor Agregado del Departamento de Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

The Conversation, 16/02/2023

El 25 de diciembre de 1991 Mijaíl Gorbachov cesaba como presidente de la URSS. Ese mismo mes, los ciudadanos de Ucrania habían proclamado su independencia con un apoyo del 90 %.

Desde entonces, el devenir político y social de Ucrania ha caracterizado de manera dramática lo que supone ser un estado pivote, un limes entre dos culturas políticas: una que aspira a vincular su desarrollo en el marco de la UE y, en menor medida, de la OTAN, y otra que entiende su existencia en un espacio de relaciones más estrechas con la Federación Rusa.

Aunque esa visión dicotómica nunca nos da una imagen completa de la realidad, sí ha caracterizado el desarrollo de ese país tras su independencia.

Durante el mandato de Leonid Kuchma (1994-2005) se mantuvo un equilibrio entre las dos visiones, equilibrio que los acontecimientos habidos en Europa, como la adhesión de ocho países del antiguo bloque socialista (más Chipre y Malta) a la UE en mayo de 2004, terminaron por diluir.

El segundo capítulo de la nueva Ucrania estuvo marcado por la conocida como Revolución Naranja. Ese ciclo de protestas se dio entre noviembre 2004 y enero 2005 e impugnó una contienda electoral fraudulenta que otorgó la victoria a un político heredero de la línea Kuchma: Víktor Yanukóvich.

Al frente de la protesta estaba Víktor Yúshchenko y, si bien el elemento central de la misma tenía que ver con la corrupción de un sistema político heredero de los usos de la antigua URSS, planteaba de nuevo la encrucijada ucraniana.

Finalmente, y con la mediación polaca, la repetición electoral puso al segundo de los Víktor al mando de un gobierno que enfocaría el futuro de Ucrania en su integración en la UE y, de manera menos evidente, en la OTAN.

Euromaidan: un punto de no retorno. El 2010 y con un mal sistémico de ese país como es la corrupción horadando las estructuras del mismo, Víktor Yanukóvich ganaba unas elecciones que la observación electoral desplegada en el territorio certificó como limpias y justas. Eso supuso una revisión del enfoque pro-UE, lo cual ahondó en la polarización de la sociedad ucraniana y terminó por estallar en noviembre de 2013, cuando el ya presidente Yanukóvich no ratificó el acuerdo de asociación y libre comercio con Bruselas.

Eso provocó un segundo ciclo de protestas (euromaidan) en el que, ahora sí, una parte de la sociedad, en torno al 37,8 %, apoyaba su integración en la UE, frente al 38 % que prefería una unión comercial con Rusia.

Ese episodio de carácter muy violento acababa el 20 de febrero con la huida de Yanukóvich a Rusia y la creación de un gobierno de transición, proceso político ese, con más oscuros que claros, que Bruselas avaló sin ambages.

El mandato de Petró Poroshenko (2014-2019) se caracterizó por la guerra civil en el este de Ucrania cuando dos áreas de la región del Donbas, Donetsk y Lugansk, se autoproclamaron independientes en abril de 2014.

A eso había que añadir que en marzo habían hecho lo mismo Crimea y Sebastopol, en ese caso pidiendo directamente su anexión a la Federación Rusa.

Actos todos ellos unilaterales que, en principio y por no ser consecuencia de un acuerdo, son contrarios al Derecho Internacional que prima la integridad territorial de los estados salvo en casos muy excepcionales.

Guerra civil en Ucrania e invasión rusa. En junio de 2015, el premier ruso Medvedev proclamaba la total anexión de esos últimos territorios a la Federación Rusa, quedando físicamente unidos en 2018 tras la construcción del puente sobre el estrecho Kerch.

Frente al argumento de que esa acción suponía una violación del iuris internacional, el Kremlin los justificó aludiendo al caso de Kosovo en 2007-2008.

Moscú, que ya en 2008 había invadido Georgia creando los dos nuevos estados de Osetia del Sur y Abjasia, empezó a desarrollar una estrategia en la que no desdeñaba el uso de la fuerza para conseguir sus objetivos geopolíticos. Es en ese marco en el que hay que insertar de lleno la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

La llegada de Volodimir Zelensky al poder en Ucrania en mayo de 2019 supuso un intento de recuperar las relaciones con Rusia: fue en vano porque, entre otras cosas, la guerra civil en el Donbass había penetrado ya tanto que reconducirla era casi imposible.

Los fallidos acuerdos de Minsk I y Minsk II (septiembre de 2014 y febrero de 2015, respectivamente), supervisados por la OSCE, demostraron los límites que ya para aquel tiempo tenía la diplomacia en una guerra en la que el gobierno de Poroshenko no dudó en utilizar milicias paramilitares de autodefensa como las de Azov, Donbas o el Cuerpo de Voluntarios Ucraniano (DUK), todas ellas susceptibles de haber cometido crímenes de lesa humanidad y que ya en plena guerra han sido incorporadas a las fuerzas armadas del país.

Así, la tensión entre Ucrania y Rusia, que pedía garantías de la no adhesión de la primera a la OTAN, fue en aumento, más aún en 2021, cuando tropas rusas comenzaron a acumularse en las fronteras de Ucrania con Rusia y con Bielorrusia.

El 24 de febrero de 2022, a las 6 de la mañana, las tropas rusas entraban en Ucrania, en lo que Putin denominó “operación especial”, cuyo principal objetivo era la “desnazificación” del país y la “protección” de la población de Lugansk y Donetsk, vulnerando una vez más la legalidad internacional.

La repercusión internacional. La invasión rusa de Ucrania supone una violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que obliga a los estados a abstenerse de todo uso o amenaza de fuerza armada en las relaciones internacionales.

Además, y en base a las resoluciones del mismo organismo 2625/1970 (referente a la adquisición de territorios bajo la fuerza) y 3314/1974 (relacionada con la definición de agresión), esos actos carecen de validez jurídica.

Así las cosas, en el seno de la sociedad internacional se dieron al menos dos tipos de reacciones. Por una parte, los países de la UE, con las reservas de Hungría, condenaron la acción de Putin y mostraron su apoyo a Ucrania de distintas maneras: concediendo al país el estatuto de estado candidato a miembro de la Unión en junio del 2022 y prestándole ayuda financiera, humanitaria y legal, además de apoyo a las fuerzas armadas ucranianas.

Junto a eso, Bruselas ha implementado un conjunto de sanciones contra Rusia: en total nueve, hasta diciembre de 2022.

En la misma dirección se alinearon los Estados Unidos, con una aportación militar sustancialmente superior a la europea.

De otra parte, estaría aquel conjunto de países que, sin dar un apoyo explícito a Rusia, hacen llamamientos a la no escalada. Esos, y en un conjunto muy heterogéneo, irían desde China hasta Turquía e Israel, pasando por Irán y Arabia Saudí, entre otros.

Más allá de las repercusiones en la esfera de la geopolítica mundial, esa guerra ofensiva de Moscú está teniendo otro tipo de consecuencias. En primer lugar, el número de víctimas, difícil de establecer, pero que seguro serán aterradoras.

La segunda repercusión ha sido el encarecimiento del mercado de la energía, que ha condicionado las economías de no pocos países y que se ha traducido en unos índices generalizados de alta inflación.

Por último, esa guerra, junto con otras causas, ha provocado un desabastecimiento del mercado del grano, generando así una situación de emergencia humanitaria.

¿Un nuevo tiempo en las relaciones internacionales? A la historiografía le cuesta mucho utilizar ese tipo de afirmaciones sobre hechos del presente por carecer de perspectiva histórica para afirmarlo. Aun así, no es descabellado pensar que la invasión de Ucrania por Rusia abre un nuevo tiempo en el escenario mundial.

La ruptura tan abrupta por parte de Putin de la legalidad internacional presagia un tiempo de tensión entre al menos los Estados Unidos y la UE en sus relaciones con Moscú, con las inercias que eso conlleve.

Esa nueva época estaría macada por la absoluta desconfianza mutua que se traduciría, en el mejor de los casos, en una escalada armamentística de carácter disuasorio.

Siguiendo con el escenario optimista, si algo nos ha enseñado la historia reciente es que la supervivencia de una situación como esa puede transformase en un sistema que, aunque peligroso, sea predecible y, por tanto, más estable. En eso se convirtió la guerra fría con el paso de los años y de las tensiones.

En ningún caso eso supone que nos estemos moviendo en un escenario como aquel, ya que si algo lo caracterizó fue su fisonomía bipolar, aspecto ese que en la actual sociedad internacional no se da, ya que es multipolar.

En lo que respecta a Europa, de la que Rusia forma parte, es muy difícil pensar que en un futuro a medio plazo no se establezca un mecanismo de, al menos, cohabitación “ordenada”, bien sea en un marco como el de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) o en otro que garantice una interlocución directa y franca entre la UE y Rusia.

Escenarios inmediatos. Pero, todo eso, si lo es, sucederá en el medio plazo, ya que hoy estamos en un contexto de guerra total convencional. En ese sentido, la evolución de la situación actual en el corto plazo dependerá, ente otros, de tres factores:

  1. El primero, la evolución de la propia contienda, en la medida que esa se desarrolle en el campo del armamento convencional y no precipite una situación que implique la intervención de la OTAN.
  2. El segundo tiene que ver con el mantenimiento o no de una visión común en el seno de la UE, más allá de la excepción Orban. Las agendas de países como Polonia y Alemania, aunque partiendo del mismo enfoque, carecen, sin embargo, de hojas de ruta coincidentes como se ha visto en el caso de los tanques Leopard.
  3. Por último, otro elemento que se antoja relevante es el calendario electoral en los Estados Unidos. Con las elecciones presidenciales a la vista para noviembre de 2024, la guerra en Ucrania será un elemento clave. Todo eso sí, como es razonable pensar tras los últimos acontecimientos de carácter militar (envío de tanques y posiblemente recursos aéreos a Ucrania por parte de la UE y los Estados Unidos), ese conflicto sigue vigente el primer martes después del primer lunes de noviembre.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Columna de Opinión

“INCREMENTARON EL VALOR EN CASI $ 5 MIL MILLONES”: ASOCIACIÓN DE TASADORES CRITICA TRABAJO DE PERITOS CONTRATADOS POR HASSLER EN EL CASO DE EXCLÍNICA SIERRA BELLA

“INCREMENTARON EL VALOR EN CASI $ 5 MIL MILLONES”: ASOCIACIÓN DE TASADORES CRITICA TRABAJO DE PERITOS CONTRATADOS POR HASSLER EN EL CASO DE EXCLÍNICA SIERRA BELLA

Catalina Batarce y Israel Durán

La Tercera PM, 17/02/2023

La compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago sigue dando que hablar. Pues ahora, conocida la defensa que esgrimió el equipo de la alcaldesa Irací Hassler ante la Contraloría, donde relevaron el rol de los peritos que valorizaron el inmueble, la Asociación de Tasadores de Chile (Asatch) salió a cuestionar la tasación y la fórmula que siguieron los profesionales para completar la labor encomendada.

Como sostuvo en conversación con La Tercera PM el presidente de la entidad, Teodosio Cayo, en medio de la compra se estaría incrementando el valor del suelo sin justificación.

“Al revisar las tasaciones quedan muchas dudas del procedimiento realizado. Primero, porque las tasaciones con que se está justificando esta compra no cumplen ni se ajustan a lo que establece la norma chilena vigente. No cumplen con algo tan básico como es definir adecuadamente el mecanismo de valoración acorde a los principios que sustentan el valor y los enfoques que establece la norma. Por lo tanto, las descripciones del trabajo no son consistentes con los cálculos realizados” manifestó el profesional.

Como explicó, la tasación del inmueble en cuestión parte de la base de que es un terreno para desarrollo inmobiliario, con lo que debería tomarse “el valor como un todo”, según detalló.

Sin embargo, a eso se le sumó construcciones y costos de reposición sin sustento, lo que permitió -como indicó- “incrementar el valor del suelo en casi cinco mil millones de pesos sin justificación”.

“Desconocemos cómo fue el proceso de contratación de estos profesionales, pero si uno hace una tasación de acuerdo a la norma chilena e internacional, estas debiesen tener el sustento adecuado, lo que acá no existe. Si se mira el valor del suelo como un todo, ese debería ser el valor de la clínica, pero que a eso le hayan agregado cinco mil millones por valores de reposición sin justificación no es entendible. Adicionalmente, los referentes que usan para valorar el suelo, están sin homologación ni ajuste. De hecho, yo revisé una de las referencias que se usa y está a seis kilómetros del lugar del inmueble”, complementó Cayo.

Dada la situación, el presidente de Asatch concluye: “Las instituciones que solicitan los informes -en este caso el municipio- no están pidiendo que los mismos se ajusten a la norma; que los profesionales que hacen las tasaciones no consta que cuenten con capacitaciones vigentes; que los profesionales o las empresas a las que prestan servicios no cuentan con la certificación que corresponde; y que estas personas no están al alero de una regulación ética profesional como la que tenemos en Asatch”.

A pesar de que la alcaldesa Irací Hassler ha defendido las labores realizadas por el municipio para la adquisición del inmueble, el presidente de Asatch, Teodosio Cayo, aseguró que debieron haber hecho una revisión más exhaustiva de las labores de los profesionales que contrataron, ya que, a juicio del organismo, no se respetaron las exigencias de la ley. El profesional puso en tela de juicio una de las principales defensas de la alcaldesa, que es la idoneidad de la valoración del cuestionado inmueble.

¿Quiénes tasaron la clínica? Tras el cuestionado monto de adquisición, como quedó de manifiesto en las contestaciones que ha hecho Santiago a Contraloría, hay dos arquitectas y un arquitecto: Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha.

Cárcamo se tituló como arquitecta en 2012 en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), actualmente trabaja como tasadora en la empresa privada Tinsa S.A., donde ha realizado aproximadamente 236 tasaciones según su Currículum. Además, ha trabajado en proyectos en las municipalidades de Paine y La Granja.

El 13 de diciembre de 2022 entregó su tasación de Sierra Bella a la municipalidad, indicando que el valor de compra debía ser de 232.842,2 UF.

Por otro lado, María José Sepúlveda hizo entrega de su informe el 14 de diciembre del año pasado, tasando la clínica en 234.248,00 UF. Ella tiene 38 años, se tituló el 2017 en la Universidad de Chile y actualmente elabora informes de tasaciones bancarias para BCI y el Banco de Chile desde la consultora Karvic, y cumple funciones en Colliers, EGIS Alegría y construcción Felipe Durandeau.

Respecto de ella, además, se destaca que cuenta con un diplomado de tasación inmobiliaria de la PUC, y que anteriormente se desempeñó como tasadora en las cortes de Antofagasta, Valparaíso y Valdivia.

A las dos profesionales se suma Patricio Gajardo Rocha, quien tiene 55 años y se tituló de arquitectura en 1995 en la Universidad de Chile, donde se desempeña como coordinador en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Además, trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago y Talca y en el Avance Hospitales Red Maule y Constitución. En esta ocasión, Gajardo valorizó la exclínica en 235.600.00 UF.

Así las cosas, en la respuesta de la alcaldesa Hassler ante Contraloría, se argumenta que los profesionales elegidos para realizar las tasaciones de Sierra Bella cuentan con la experiencia necesaria para hacer una valoración correspondiente del inmueble: “Estos profesionales han acreditado expertiz, tanto en el desarrollo profesional y laboral como en el diseño de estudios de inmuebles, tanto en bancos, cortes superiores de Justicia y órganos de la Administración del Estado y en algunos casos con varias décadas de esta actividad, cumpliendo con ello los requisitos establecidos por el legislador para la realización de la mentada tarea”, se lee en el documento.

Pese a esto, para el presidente de la asociación de tasadores, el trabajo que desarrollaron en esta oportunidad “carece de las formalidades que exigen las normas nacionales e internacionales”.

Más allá de las dudas. Pese a los cuestionamientos, de acuerdo con lo expuesto por la concejala Virginia Palma (PC), los profesionales contratados por el municipio cumplirían con todos los requisitos para desempeñarse. “Poner en duda el profesionalismo de los tasadores con trayectoria, con estudios, personas capacitadas para hacer este tipo de trabajos es gravísimo. Han tenido una exposición pública gratuita y en un tenor que siempre tratan de vincular a algo irregular”, comentó.

“Son personas de alto nivel profesional, que quién podría llegar a cuestionarlos desde el nivel profesional, incluso si vamos más allá, yo he llegado a revisar más antecedentes de otras cosas que han hecho y tienen vínculos bastante importantes con lo social. Creo que es una vergüenza que se esté llegando a tal punto de querer frenar esto que hasta personas terceras involucradas que serían los profesionales tasadores estén cayendo en esta sobreexposición y cuestionamientos que los están inventando para desprestigiar esta compraventa”, agregó.

Por su parte, el concejal Santiago Mekis (RN), expresó: “Acá lo importante es explicar si existe o no un sobreprecio en la compra de la exclínica Sierra Bella, por eso hemos pedido revisiones en el concejo y en la Contraloría. Debieron hacerse tasaciones por alguna entienda bancaria y del Ministerio de Bienes Nacionales, y si se encuentra alguna irregularidades, hay que suspender la compra”.

Desde el municipio, en tanto, insistieron en que “las tasaciones fueron efectuadas por profesionales de vasta y reconocida trayectoria, con total apego a lo que establece la normativa para este tipo de procedimientos, lo que permitió establecer el valor comercial promedio del inmueble para que el municipio pudiera hacer una oferta por la propiedad, por un monto inferior a lo requerido por su dueño”.

“El promedio de las 3 tasaciones solicitadas por el municipio corresponde a UF 234.230.333 y la oferta enviada a la empresa fue de UF 234.124.000, la que se realizó el 26 de diciembre y fue aceptada al día siguiente”, agregaron.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Columna de Opinión

¿CUÁNTO VALE EL JUICIO SQM? DOS FISCALES EXCLUSIVAS CON MÁS DE $ 1.200 MILLONES EN SUELDOS Y VIÁTICOS EN 10 AÑOS

¿CUÁNTO VALE EL JUICIO SQM? DOS FISCALES EXCLUSIVAS CON MÁS DE $ 1.200 MILLONES EN SUELDOS Y VIÁTICOS EN 10 AÑOS

José Carvajal Vega

La Tercera PM, 17/02/2023

“Detrás mío hay 10 fiscales con dedicación exclusiva, con altísimos sueldos (…). Son fiscales de Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, donde hay problemas de delincuencia y narcotráfico, son fiscales que han pospuesto esto sin parar”.

La frase es de Marco Enríquez-Ominami -imputado en la causa- durante el frustrado y postergado inicio del juicio oral del caso SQM a comienzos de febrero.

Este lunes comenzó finalmente el juicio que se espera se extienda por los próximos dos años y que ha generado cuestionamientos de las defensas de los imputados por los recursos destinados a este proceso. Esto, porque la fiscalía cuenta con dos fiscales con dedicación exclusiva, lo que generaría en total un gasto superior a los $1.500 millones para el Ministerio Público.

El inicio del juicio por el caso de supuesto financiamiento ilegal de la política estaba fijado para el 1 de febrero. Sin embargo, debido a la falta del auto de apertura (el texto que envía el juzgado de garantía al tribunal con los antecedentes de la causa) hizo que se postergara, una vez más, la recta final del caso que se inició el 2015, como una arista derivada del caso Penta.

Lo anterior derivó en la intervención de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ofició al tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago para que el juicio iniciara el día 13 de febrero, lo que finalmente ocurrió.

Además de eso ordenó un sumario para determinar las responsabilidades de los jueces de primera instancia por la postergación del juzgamiento de los imputados, entre los que se encuentra el exministro Pablo Longueira, además del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

La fiscalía pide 818 de cárcel y multas para el exmilitante de la UDI, mientras que para el fundador del PRO el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel. Ninguno de ellos arriesga pena efectiva de cárcel.

El largo tiempo de tramitación de esta causa ha generado un fuego cruzado entre los imputados -junto a sus defensas- y el Ministerio Público.

Joanna Heskia, abogada de Longueira, asegura que los recursos que se han destinados para seguir esta causa, de parte de la fiscalía, le parece “un gasto completamente excesivo, no solo desde la perspectiva de la cantidad de fiscales y abogados asistentes involucrados, peritajes, policías y tiempos de jueces y audiencias, sino que por temas de proporcionalidad”. Esto, porque según explica, “las penas requeridas son bajas y, además, respecto a los delitos tributarios, ya existe un precedente de la Corte Suprema de que, así como se dieron, las conductas no son constitutivas de delito. Y a esto sumar la cantidad de abogados del Estado, CDE y SII”.

Tras el fracasado inicio del juicio el 1 de febrero, la fiscal Claudia Perivancich sostuvo que “nosotros no hemos hecho sino lo indispensable para poder avanzar en el procedimiento, a diferencia de lo que han hecho las defensas, controvirtiendo incluso los antecedentes de la acusación, pidiendo que volviéramos a entregarle copias de los antecedentes que ya tenían, pidiendo foliar una carpeta que ya tenían, obstando a que se iniciaran las audiencias de forma remota, en todos aquellos casos”.

La causa por el caso SQM en algún momento llegó a tener 180 personas investigadas por la fiscalía. Desde entonces, algunas han sido sobreseídas y en el transcurso de este tiempo 10 personas han sido condenadas. A la etapa final del caso llegan ocho imputados, entre los que se encuentra MEO y Longueira.

Este lunes, y tras ocho años de investigación, comenzó el juicio oral del caso SQM, en que se persigue el presunto financiamiento irregular de la política y cohecho. Esta etapa se espera que se extienda por dos años, lo que ha generado cuestionamientos desde la defensa de los imputados. Esto, porque en la causa existen dos fiscales con dedicación exclusiva desde hace ocho años y que estarán 100% dedicadas a esta causa por otros dos. Todo aquello tiene un gasto proyectado superior a los mil millones de pesos a lo largo de la década que durará esta indagatoria, en que ninguno de los imputados arriesga pena efectiva de cárcel. Abogados acusan desproporción y gasto innecesario del Estado.

El costo para la fiscalía. Para esta causa, según información solicitada a través de Transparencia a la cual tuvo acceso La Tercera PM, existen dos fiscales con dedicación exclusiva a esta causa. La primera de ellas es la fiscal Carmen Gloria Segura, quien asumió esta labor en abril del 2015.

Por su trabajo y según el grado que mantiene al interior del Ministerio Público, Segura recibe un sueldo mensual de $ 5.994.456. Considerando que el juicio se extendería hasta febrero de 2025, la fiscal dedicaría 118 meses al interior de la fiscalía a realizar esta investigación, lo que equivale a un total de $ 707.345.808, sin considerar los reajustes salariales que habría en este periodo.

En ese mismo rol también está la fiscal Paola Castiglione, quien percibe una renta mensual de $ 4.645.184 por su labor en la fiscalía, la cual desde enero de 2016 es perseguir de manera exclusiva la arista de SQM.

Considerando el tiempo que faltaría, Castiglione pasaría en total 109 meses de trabajo dedicada a este caso, lo que significaría un costo de $ 506.325.056 de parte del Ministerio Público.

En total de sueldos entre ambas fiscales exclusivas, suma $ 1.213.670.864 en los 10 años que duraría el caso.

A juicio del abogado defensor de Patricio Contesse, Samuel Donoso, “esta defensa ha estado disponible para un juicio abreviado que ahorraría mucho dinero al Estado, lo que es razonable, más aún si mi representado tiene la pena cumplida, el castigo ya ha sido más que suficiente para un hombre de 72 años. No obstante, ello la fiscalía ha incurrido en un derroche de recursos del estado brutal (…) El 1 de febrero había cerca de 10 fiscales de Valparaíso en la sala, incluida la fiscal regional, ¿Quién atendía a las víctimas en Valparaíso? ¿O allá no hay delincuencia?”.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron a La Tercera PM que el Ministerio Público “trabaja con el mayor sentido de responsabilidad en el uso de los recursos. Los actos de corrupción agreden y amenazan la democracia. La persecución penal en esta materia trasciende al perjuicio fiscal que la comisión de estos delitos puede haber originado”.

El abogado penalista y académico de Derecho de la UDP Mauricio Duce explica que es posible que en casos complejos las causas tomen mucho tiempo, aunque 10 años -a su juicio- da cuenta de cierta deficiencia, aunque en ese periodo de todas maneras debe considerarse la pandemia y consigo la postergación de las audiencias.

De todas maneras, explica que estamos frente a un caso de “alta connotación pública y extremadamente sensible (…) y por tanto todos los sistemas jurídicos, aun cuando en casos de este tipo se arriesguen penas bajas, van a hacer esfuerzos para invertir recursos para esclarecer por el impacto que tienen no sólo para el caso concreto, sino que el caso futuro”.

Sin embargo, sostiene que esto “produce impactos en derechos y garantías de las personas sometidas a la investigación. No es inocuo para ellas tampoco y es otro tema que obviamente hay que cuidar”.

Personal de apoyo. La labor de las fiscales exclusivas del caso también ha contado con la colaboración de otros funcionarios al interior de la fiscalía. Según la información entregada vía transparencia por parte del Ministerio Público, hay tres funcionarios de apoyo.

Estos funcionarios, de los cuales dos fueron contratados a honorarios, suman un sueldo de $ 2.768.102 desde enero del 2015. Considerando todo el tiempo que tardaría este caso, en este apartado costaría $ 334.940.342 hasta febrero de 2025.

Ciro Colombara, abogado de ME-O, sostiene que el juicio mismo le provoca al Estado un perjuicio económico mayor a lo que va a obtener: “el Ministerio Público pretende que se condene a Marco a una pena remitida y a una multa de $ 26 millones, pero resulta que para esto tiene abogados y asistentes dedicados de manera exclusiva a este caso desde hace 8 años, con remuneraciones altas y además viáticos diarios de casi $ 200.000, porque la mayoría son de la Región de Valparaíso”.

El abogado apunta a una responsabilidad de la fiscalía al agrupar 10 casos distintos. “Mientras los acusados, el caso y el juicio oral se han transformado en una tortura y una condena anticipada, para algunos abogados del Ministerio Público se ha transformado en un negocio, aunque sea duro decirlo”, afirma.

A pesar de eso, el defensor sostiene que esto no es responsabilidad del Poder Judicial, “sino que se ha debido única y exclusivamente a algunos profesionales de la fiscalía, a los que les conviene que este caso no termine nunca. Y han arrastrado al Poder Judicial, al CDE y al SII a destinar cuantiosos recursos humanos y económicos a un caso cuyo mayor logro serán penas remitidas”.

Además de las remuneraciones, a las fiscales del caso también le corresponde los viáticos por los viajes que realizan desde la Región de Valparaíso -donde radica la causa- a los tribunales en Santiago.

En el caso de la fiscal Castiglione, según la información entregada por fiscalía, sus viáticos en promedio mensual son de $ 255.812, lo que resultaría -al término de la causa el 2025- un costo de $ 27.883.487 durante los 109 meses que estaría dedicada al caso.

En el caso de la fiscal Segura, los gastos por este concepto tienen un promedio mensual de $ 13.427, lo que calculado a los 121 meses que dedicaría a la causa suman $ 1.584.362 en los 10 años que duraría la causa.

En total, durante la década que se tramitaría la causa, las persecutoras sumarían viáticos -proyectados- por $ 29.467.849.

En total, considerando los sueldos destinados para esta causa, además de los viáticos, y proyectándolos a los años que podría tomar toda la causa, el Ministerio Público tendría un gasto que llega a los $ 1.578.079.055.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

Columna de Opinión

¿ES LA EJECUCIÓN POR FUSILAMIENTO DE CAROLINA DEL SUR LA ÚLTIMA RECREACIÓN DE LA GUERRA DE SECESIÓN?

¿ES LA EJECUCIÓN POR FUSILAMIENTO DE CAROLINA DEL SUR LA ÚLTIMA RECREACIÓN DE LA GUERRA DE SECESIÓN?

Mark M. Smith, Carolina Distinguished Professor of History, University of South Carolina

The Conversation, 15/02/2023

 

A los estadounidenses les encanta recrear el pasado, especialmente las batallas de la guerra civil (o guerra de Secesión) de Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1861 y 1865. En un esfuerzo por revivir la guerra interna más sangrienta de su historia, miles de personas se visten con uniformes azules y grises y se reúnen en campos donde los lejanos ecos de la guerra ya se han desvanecido.

Hay docenas de recreaciones así cada año. Los participantes se las toman muy en serio. La comida, los uniformes, incluso los olores, todo se reproduce para dar autenticidad a los acontecimientos. Las balas y los proyectiles son lo único no “real”.

Ahora, los apasionados de las recreaciones en Estados Unidos suman un posible nuevo miembro: el estado de Carolina del Sur.

Esto se debe a su decisión en 2021 de permitir que los reclusos en el corredor de la muerte puedan elegir la opción de ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Con esta medida, Carolina del Sur ha decidido aplicar una forma de pena capital que no se utilizaba en el estado desde la guerra de Secesión.

Una diana sobre su corazón. La razón por la que Carolina del Sur ha incorporado el pelotón de fusilamiento es sencilla. Al parecer, el estado tiene problemas para conseguir suficientes fármacos para ejecutar a los presos con la inyección letal. Eso solo deja como opción la silla eléctrica. Y, ahora, el pelotón de fusilamiento.

Este último método aún no se ha utilizado y actualmente está en apelación en el Tribunal Supremo del estado. Soy testigo experto en el caso e historiador de la guerra civil norteamericana.

El Departamento de Correccionales de Carolina del Sur ha redactado los protocolos del fusilamiento. El pelotón estará formado por tres miembros elegidos entre el personal de la prisión. Se colocarán detrás de un muro, con los tres fusiles cargados con munición real y apuntando al recluso a través de una abertura en el muro.

Tras entrar en la cámara, el recluso será atado a una silla, se le colocará una capucha sobre la cabeza y una diana sobre el corazón.

En ese momento, el alcaide leerá en voz alta la orden de ejecución. A continuación, los miembros del pelotón dispararán sus rifles. Tras declarar muerto al recluso, los testigos se podrán marchar.

Castigo exclusivamente militar. Las ejecuciones por fusilamiento son extremadamente raras en la historia de Estados Unidos.

En la actualidad, solo cuatro estados las pueden aplicar: Carolina del Sur, Mississippi, Oklahoma y Utah. Sólo Utah lo ha utilizado. Desde 1976, se han llevado a cabo tres ejecuciones por fusilamiento en ese estado.

De hecho, la ejecución por fusilamiento nunca ha sido habitual en la historia de Estados Unidos. Aunque el término firing squad (“pelotón de fusilamiento” en inglés) se puede encontrar en los periódicos estadounidenses antes de la guerra civil, la frase se utilizaba normalmente para describir una costumbre diferente, parecida a un homenaje, cuando se disparaban armas al aire para honrar a una persona importante tras su muerte.

El uso del pelotón de fusilamiento también fue poco frecuente durante la guerra civil. Se utilizaba principalmente para castigar a los soldados que desertaban del ejército de la Unión o del Confederado.

Según el estudio de Thomas P. Lowry y Lewis Laska de 2009 Confederate Death Sentences: A Reference Guide, de los 26.015 soldados de la Unión juzgados por deserción, aproximadamente 1.243 de ellos, o el 4,8 %, fueron condenados a morir fusilados.

En el ejército confederado de Virginia del Norte, el 12,4 % de los soldados juzgados por deserción fueron condenados a muerte por este método.

Aparte de las ejecuciones de Utah, no existen casos de fusilamiento en Estados Unidos después de la guerra civil. Era una forma de castigo exclusivamente militar.

Dado que el pelotón de fusilamiento estaba diseñado para disuadir a los desertores durante la guerra, a menudo se llevaba a cabo de forma ritual. Casi siempre se hacía en público y con la intención explícita de infundir terror.

Sorprendentes similitudes entre antes y ahora. Las similitudes entre los pelotones de fusilamiento de la guerra civil y los propuestos por el estado de Carolina del Sur son sorprendentes.

Al igual que los guardias de la prisión, el pelotón de fusilamiento de la guerra civil se seleccionaba entre los soldados. Normalmente ejecutaban el castigo a las órdenes de un ayudante del preboste o preboste mayor, que es un oficial del ejército a cargo de la policía militar.

El pelotón de fusilamiento solía situarse a varios metros del soldado condenado y apuntaba a una diana colocada sobre su corazón. En la mayoría de los casos, se colocaba una venda sobre los ojos del condenado y se le ataban las manos.

‘Una ceremonia horrible’. Había, por supuesto, diferencias entre entonces y ahora. No todos los soldados del pelotón de fusilamiento durante la guerra civil tenían munición real. Uno de los rifles podía ser de fogueo, ahorrando a estos soldados curtidos en la guerra la certeza de haber matado a un hombre desarmado.

En general, el fusilamiento tenía lugar en un lugar público, como una carretera, una plaza o un campo de batalla. Evidentemente, este no es el caso en el anteproyecto propuesto para Carolina del Sur, aunque había reporteros durante las ejecuciones de la guerra civil y se permitirá a un miembro de la prensa presenciar los fusilamientos en Carolina del Sur.

Algunas comparaciones siguen siendo difíciles de establecer.

¿Ofrecerá el fusilamiento de Carolina del Sur una muerte inmediata e indolora? Sabemos que los fusilamientos de la guerra no siempre tenían un efecto inmediato. Por ejemplo, según un informe de 1864 de una ejecución de un pelotón de fusilamiento publicado en el Vicksburg Herald, un soldado del 49º Regimiento de Infantería de Color “tuvo que ser despachado a pistola, al no producirse la muerte inmediata por las heridas de los mosquetes”.

¿Sufrirá el reo psicológica y emocionalmente al ser ejecutado en Carolina del Sur? De nuevo, la guerra civil proporciona pistas. Harper’s Weekly dijo de una ejecución masiva por fusilamiento en 1863: “Mentalmente, todos sufrieron terriblemente, y mientras marchaban a su propio funeral se tambaleaban con agonía mortal como un borracho”.

Los testigos también podrían encontrar el espectáculo difícil de ver. Según el Louisville Daily Journal en 1863, “La escena estaba resultando dolorosa para los espectadores, y muchos se dieron la vuelta, no queriendo presenciar más aquella horrible ceremonia”.

A veces, los soldados encargados de disparar las balas mortales fallaban deliberadamente, ya que la responsabilidad al matar de esta manera resultaba demasiado grande.

Los apasionados de las recreaciones de la guerra civil conocen los límites de lo que hacen. No intentan recrear el fatal hundimiento en 1864 del submarino confederado H.L. Hunley en el puerto de Charleston. Tampoco intentan recrear asedios mortales de un mes de duración, como el de Vicksburg en 1863. Ni recrean fusilamientos.

Sin embargo, el estado de Carolina del Sur está dispuesto a reproducir literalmente una práctica de la historia más sangrienta del país, una práctica que algunos soldados, incluso en medio de la mayor carnicería que ha vivido esta nación, se vieron incapaces de llevar a cabo.

RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

POLÍTICA EXTERIOR Y NEUTRALIZACIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

POLÍTICA EXTERIOR Y NEUTRALIZACIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Jorge G. Guzmán

El Mostrador, Opinión, 16/02/2023

Siguen sin aclararse comentarios de funcionarios de la Cancillería relativos a cierto buque inglés al que —se entiende — se impidió recalar en Punta Arenas. Se trataría de un patrullero de alta mar de pabellón británico con base en Port Stanley, que pretendía acceder a los astilleros de ASMAR- Magallanes.

Sería entonces de una nave para monitoreo de actividades pesqueras (conservación de los recursos marinos) y búsqueda y rescate (seguridad de vida humana en el mar), no una fragata con destino a Valparaíso.

Constituiría un caso de negación de servicios portuarios, luego que en años recientes Chile comenzara a tolerar que Argentina dificultara el acceso de naves británicas al Estrecho de Magallanes (libre navegación).

Con la cooperación chilena, Argentina ha terminado con el más que centenario vínculo marítimo entre Magallanes y las islas Falkland. Si en 1916 las naves de dicho archipiélago no hubieran podido ser recibidas en Punta Arenas, entonces sir Ernest Shackleton no hubiera solicitado la ayuda chilena para que la escampavía Yelcho rescatara desde la Antártica a los náufragos de la Endurance.

Las medidas y tolerancia chilena son parte del apoyo político a lo que Argentina denomina la causa de Malvinas. Estamos en presencia de un hecho consumado que afecta el estatus de neutralización permanente del Estrecho de Magallanes (al cual ambos países están jurídicamente obligados).

El Estrecho de Magallanes es chileno. En 1843 el Estado estableció un asentamiento permanente en el estrecho (Fuerte Bulnes), cuya población fue enseguida trasladada al sitio que ocupa Punta Arenas. En esta acción afirmativa chilena se originan los problemas limítrofes con Argentina en la zona austral: a partir de entonces, dicho país pretendió que el estrecho (y sus dos orillas), le pertenecían.

Si bien en 1881 un Tratado de Límites confirmó la pertenencia de dicho pasaje interoceánico a la soberanía nacional, años antes, en 1873, Chile ya había notificado a la comunidad internacional su soberanía sobre el mismo, explicando además que el Estrecho de Magallanes se hallaba, primero, abierto a la navegación de todas las banderas y, segundo, neutralizado.

Los testimonios de los negociadores de 1881 indican que se trató de un aspecto central para facilitar la transacción en la que Chile, unilateralmente, renunció a su Patagonia Oriental y a la parte oriental de Tierra del Fuego, a cambio del reconocimiento argentino de nuestra soberanía sobre toda la extensión del estrecho.

Mientras el episodio del barco inglés aconseja que -sin dilación- los responsables sean convocados al Congreso Nacional para explicar la circunstancia y los potenciales efectos sobre nuestras las obligaciones con la neutralización del Estrecho de Magallanes, resulta fundamental que dicha política de Estado sea, desde ya, considerada asunto constitucional.

Respecto de lo segundo — en el contexto de la época — esa transacción reiteró que Chile no debía utilizar el estrecho en favor o en contra de ningún país que fuera parte de algún conflicto o disputa, esto es, lo “neutralizó permanentemente” (Artículo V).

La neutralización del estrecho fue nuevamente asunto para el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA). Junto con delimitar el área del Mar de la Zona Austral, ese instrumento creó una infraestructura para la relación política y la integración bilateral.

Para prevenir problemas en esta última, el TPA específicamente estableció que “la delimitación aquí convenida en nada altera lo establecido en el Tratado de Límites de 1881, de acuerdo con el cual el Estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones” (Artículo 10).

Esa fórmula jurídica —tal cual está reproducida en la publicación del TPA en el Diario Oficial (14 mayo 1985)- no admite interpretaciones: el estrecho no debe ser objeto para tomar parte de una disputa, por ejemplo, en favor de Argentina y/o desmedro del Reino Unido.

Es más, al momento de ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1995), Argentina unilateralmente ratificó su compromiso con el Artículo V del Tratado de 1881, insistiendo en que el estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad.

En la misma circunstancia (1997), Chile dejó expresa constancia que, con el TPA, Argentina había reiterado su compromiso de respetar “permanentemente y en cualquier circunstancia el derecho de las naves de todas las banderas a navegar de forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia o desde el estrecho de Magallanes”.

El audio de la Cancillería que menciona ciertos favores a Argentina en la forma de limitaciones impuestas a un buque inglés indica que esto no ha sido necesariamente así.

El Estrecho de Magallanes y la causa de Malvinas. La neutralización permanente del Estrecho de Magallanes ha sido progresivamente afectada desde que se conociera el interés por la plataforma continental de las islas Falkland/Malvinas por parte de algunas compañías petroleras. A partir de entonces Argentina ha relativizado su observancia de lo pactado y comprometido en 1881, 1984 y 1995.

Paralelamente, y especialmente desde los gobiernos Bachelet I y Piñera I, Chile contribuyó a la relativización de esas obligaciones. Con referencias cada vez más explícitas a la solidaridad con la causa de Malvinas, se ha logrado que nuestra diplomacia aceptara relativizar lo que Diego Barros Arana hubiera llamado la correcta doctrina chilena en las relaciones de límites con Argentina.

Este es, en definitiva, el trasfondo jurídico, político y diplomático del episodio del barco inglés.

El desuso de la correcta doctrina de límites. Para que ello ocurriera nuestros diplomáticos olvidaron que el siglo XIX, ergo en 1873 y 1881, a la neutralidad de un país y la neutralización de un territorio se asociaba la imparcialidad y, a su complimiento, la reciprocidad y el honor a la palabra empeñada.

Del respeto irrestricto del Tratado de 1881 derivó la doctrina de la intangibilidad de nuestras fronteras, el mismo elemento doctrinal empleado durante la negociación e implementación del Tratado de 1904 con Bolivia, y el Tratado de 1929 con Perú.

La inobservancia de esa correcta doctrina explica fenómenos políticos tales como el Tratado de 1998 sobre el Campo de Hielo Sur, la ausencia de prioridad en materia de los límites exteriores de la plataforma continental magallánico-antártica y/o el descuido de la frontera del extremo norte, hoy pasadizo de inmigrantes ilegales y celebridades del crimen trasnacional.

En esta práctica diplomática debe también buscarse la oportunidad para la reiteración de una antigua tesis argentina en la actual Directiva de Política Defensa (abril 2021), que tipifica al Estrecho de Magallanes como espacio compartido.

Con la relativización de lo pactado en 1881 y 1984 son solidarios todos los últimos gobiernos. Por ejemplo, aquel que en noviembre de 2010 (Piñera 1) suscribió una Declaración de UNASUR que declaró ilegal a la bandera de las islas Falkland, permitiendo —sin reflexionar — que más tarde ese compromiso político sirviera para relativizar la obligación jurídica con la neutralización permanente del Estrecho de Magallanes.

La hora del Congreso y de la Convención Constitucional. El episodio del barco inglés revela que la correcta doctrina en materia de límites —uno de los pilares de nuestra política exterior (política de Estado) — ha caído en desuso.

Ha sido reemplazada por la obligación de firmar algo durante una vista presidencial, generar un titular durante un momento complejo para el gobierno de turno, o por la ambición del presidente o Canciller del minuto de dejarnos un legado.

Junto con la Cancillería, a ese fenómeno han contribuido asesores históricos y entidades públicas, incluidas algunas de la defensa, que no ha sido capaces de representar a los políticos de turno las consecuencias de las inconsecuencias de nuestra política exterior en materia de intangibilidad del territorio nacional.

Mientras el episodio del barco inglés aconseja que —sin dilación — los responsables sean convocados al Congreso Nacional para explicar la circunstancia y los potenciales efectos sobre nuestras las obligaciones con la neutralización del Estrecho de Magallanes, resulta fundamental que dicha política de Estado sea, desde ya, considerada asunto constitucional.

Solo eso asegurará la —ahora urgente — refundación de la Cancillería, para evitar que prácticas diplomáticas nocivas para el interés permanente del país queden al arbitrio de funcionarios indolentes.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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