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                                                                                  EL HURACÁN DOROTHY: EN SU PRIMER DÍA COMO                                                                                              CONTRALORA SUBROGANTE ELIMINÓ SEIS JEFATURAS Y                                                                                    REESTRUCTURÓ POR COMPLETO EL ORGANISMO

Leslie Ayala

La Tercera PM, 18/12/2023

Alta tensión se vivió durante la mañana de este lunes 18 de diciembre en la Contraloría General de la República. La abogada Dorothy Pérez, actual subcontralora del organismo, asumió como subrogante tras la partida de Jorge Bermúdez y lo primero que hizo fue dictar una resolución en la que modifica de forma estructural el funcionamiento del ente fiscalizador. La situación causó sorpresa debido a que su cargo es transitorio hasta que el Gobierno proponga un nombre al Senado. Junto con esto, decidió crear una división especial para perseguir actos de corrupción en municipalidades y Gobiernos Regionales. Con todo, las aguas están lejos de calmarse al interior de Teatinos 56.

El lunes 20 de agosto de 2018 el entonces contralor Jorge Bermúdez le pidió la renuncia a la subcontralora Dorothy Pérez. ¿El motivo? La pérdida de confianza, ya que había sido citada como testigo en la investigación del fraude en Carabineros.

La abogada se negó a dejar su cargo y se generó un litigio que llegó hasta la Corte Suprema que le dio la razón y la dejó como una inamovible del organismo.

Un estallido social, un proceso constituyente, una pandemia y cinco años pasaron hasta que este lunes 18 de diciembre Dorothy Pérez hizo su llegada triunfal al edificio de Teatinos 56 como contralora general de la República subrogante.

Había expectación de cómo sería su arribo. Llegó a primera hora y se reunió con su círculo más cercano. Su primera medida fue pedir la renuncia del jefe de gabinete Tomás Mackenney.

¿La segunda? Dictar dos resoluciones en las que restructura por completo el funcionamiento del organismo. Una de ellas cuestiona la gran cantidad de funcionarios que existían en la “era Bermúdez” en la jefatura de gabinete, por lo que decidió pasar de 9 unidades a sólo tres y para ello argumentó el buen control de los recursos públicos.

“Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaria General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 o 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones. Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional, que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”, se lee en la resolución.

Junto con esto Pérez desliza una férrea crítica a cómo se utilizó el personal de su exjefe. “el Gabinete de la Contraloría General fue creado para desarrollar labores de apoyo a la jefatura de servicio. Sin embargo, pese a que sus tareas son principalmente de soporte y no sustantivas de línea, en la actualidad, luego de las diversas adecuaciones que le han sido realizadas (…) ha llegado a contar con una dotación funcionarial de 133 personas, que representan un 6,09 % de la dotación total de la institución, por lo que dicho equipo se advierte sobredimensionado, tanto en su estructura como en su composición, pues además cuenta con 9 unidades y 10 jefaturas, como se aprecia en su organigrama”.

Esta resolución provocó el primer batacazo: sacó seis unidades de gabinete. El personal, según la resolución, se irá a labores en regiones o a la nueva división estrella creada esta mañana: División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Esta última, comentan, busca adaptar la fiscalización a los actos de corrupción de los gobiernos locales y regionales que tanto han impactado a la opinión pública, como lo que ocurre con el caso “líos de platas” y los alcaldes hoy formalizados por mal uso de recursos fiscales.

“Conforme a la presente resolución sus unidades bajaran de 9 a 3 y se reducirá su dotación destinando parte de ella a realizar labores directas de fiscalización, jurídicas, o de control de personal, ya sea en las Contralorías Regionales, en la nueva División de Gobiernos Regionales y Municipalidades o en otros equipos de línea”, se lee en la resolución que deja un organigrama más reducido.

Una nueva división. Pese a que todas estas resoluciones resultan transitorias, ya que un nuevo contralor o contralora podría revertir las medidas, se sabe que la nominación de una nueva autoridad fiscalizadora será difícil por el consenso que debe buscar La Moneda con el Congreso.

Es por eso que no pocos aventuran que el “reinado” de Pérez podría extenderse. Por eso los primeros movimientos de la abogada causaron alta tensión en Teatinos 56, una entidad que suele estar alejada de las polémicas.

Aprovechando además la contingencia, Pérez y su equipo decidieron poner énfasis en auditorías a municipios y gobiernos regionales.

“Tres dependencias de la Contraloría General cuentan con cerca de 60 jefaturas superiores e intermedias a cargo de equipos de trabajo cuyas labores son principalmente de soporte y coordinación. Es decir, realizan tareas diversas de las actividades sustantivas de línea y esenciales de control que la Constitución y la ley mandatan realizar, por lo que se debe modificar la estructura organizacional, a fin de optimizar el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles, para el cumplimiento directo de las funciones institucionales, y de manera que también resulte más coherente con el proceso de descentralización del país”, se lee en los argumentos de Pérez.

Para la contralora (S) era necesario dotar al organismo de una “dependencia especializada y robusta en el ámbito de la regionalización y descentralización administrativa del país, que se encargue del control jurídico, contable y financiero de los gobiernos regionales y de los municipios. RESUELVO: Crease la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, como dependencia de la Contraloría General de la República”.

Entre las funciones, se lee en la resolución, está “fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos y respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría General de la República”.

Su círculo de hierro. Junto a Pérez arribaron esta mañana quien oficiará como su jefe de gabinete, Alejandro Riquelme, además de quien reemplazará a Camilo Mirosevic en la División Jurídica, el abogado Víctor Hugo Merino.

Se espera que también durante este mandato transitorio asuman funciones su ex jefa de prensa Helena Martínez, el exjefe informático Luis Lara y la abogada Priscilla Jara quien podría ser la nueva “sheriff” de la división para perseguir corrupción municipal.

Todos estos cambios en un escenario de fin de año mantienen en alerta a los funcionarios del organismo, muchos de los cuales creen serán enviados a labores en regiones.

La última palabra la tendrá Pérez o el Ejecutivo si es que acelera el proceso de un nuevo contralor o contralora.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                    LA SOCIEDAD CONTRA LA CONSTITUCIÓN

Daniel Chernilo, Profesor Titular de Sociología en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y Director del Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas.

El Mostrador, 18/12/2023

Si el triunfo del Rechazo el año pasado había sepultado la promesa refundacional de un Chile “socialista” e “interseccional”, es de esperar que a contar de hoy nadie siga pensando que en el futuro el país consiste en emular a Trump, Bolsonaro o Milei.

Pasó lo peor: el holgado triunfo de anoche del “En contra” nos libró de lo que habría sido a todas luces un retroceso para un país que aún busca asentar su democracia y acercarse a estándares tolerables de desigualdad.

Si el triunfo del Rechazo el año pasado había sepultado la promesa refundacional de un Chile “socialista” e “interseccional”, es de esperar que a contar de hoy nadie siga pensando que en el futuro nuestro país consiste en emular a Trump, Bolsonaro o Milei.

La lección inicial más clara, me parece, es lo mal que intelectuales y políticos han venido interpretando la insatisfacción de una sociedad diversa, compleja y que cambia aceleradamente.

Un punto de partida para corregir la comprensión de lo que está sucediendo es aceptar de una buena vez que la Constitución que nos rige, con todas sus deficiencias, no es hace ya mucho tiempo la Constitución de Pinochet.

Puede ser deficiente y “neoliberal”, pero no es la que el dictador ofreció al país hace más de 40 años, con prohibiciones ideológicas, con sistema binominal, con Doctrina de Seguridad Nacional y cerrojos inamovibles.

Varios lo dijimos en ese momento: el estallido social no debió nunca asociarse al proyecto de una nueva Constitución, sino a reformas estructurales orientadas a resolver al menos algunas de las grandes desigualdades del país.

Si esa noche tensa en noviembre de 2019 hubo disposición para negociar “hasta” un nuevo proceso constitucional –incluida la rebaja de los quórums para futuras reformas constitucionales–, perfectamente pudo (debió) esa noche haberse acordado un programa concreto de reformas en pensiones y salud.

Pero el enamoramiento de los intelectuales de izquierda y centroizquierda con la idea de la “Constitución tramposa” –Fernando Atria, Jaime Bassa, Claudio Fuentes– se tradujo en una trampa para los partidos políticos que la apoyaron: una sociedad no se reduce a su Constitución y las crisis sociales se encauzan, mas no resuelven institucionalmente, pero se impuso la tesis errada de que la Constitución es más importante que la sociedad.

Y eso es lo que estamos pagando aún.

Una segunda lección de este resultado es que Chile no era ni es el paraíso neoliberal donde la preocupación principal de sus ciudadanos es consumir tanto como sea posible.

La elección de Gabriel Boric, aun bajo un padrón electoral diferente al actual, nos mostró que las causas del estallido seguían presentes porque la desigualdad estructural no ha desaparecido.

A ello se suman nuevas preocupaciones, en seguridad y migración, que refuerzan la sensación de que, cuando las cosas funcionan bien, lo hacen solo para algunos.

El rechazo de ambos procesos constituyentes no reafirma sino que refuta las ideas de la derecha, repetidas hasta el cansancio por Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar y Carlos Peña, de que los chilenos no aspiran a otra cosa que a que los dejen hacer su vida en paz.

Pero esas opiniones no alcanzan para comprender que la modernización de la sociedad no se ajusta a trayectorias lineales, preferencias individuales ni formas racionales puras: se trata de procesos complejos, con demandas y conflictos que se superponen de forma inconsistente y de soluciones siempre imperfectas.

Para el ciclo que viene, el desafío para la elite política e intelectual es cómo no quedar atrapados entre la hipocresía del “no lo vimos venir” y la “amenaza” de un nuevo estallido, porque la refundación sigue, ahora sí que sí está a la vuelta de la esquina.

Mientras tanto, la sociedad seguirá su propio camino de demandas por una mejor distribución del ingreso, igualdad ante la ley para una población cada vez más educada y diversa, y equidad en el acceso a los servicios básicos.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel