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                                                                          EL COMPLEJO ESCENARIO JUDICIAL QUE TIENE ENTRE LAS                                                                              CUERDAS AL GOBERNADOR PATRICIO VALLESPÍN

Catalina Batarce

La Tercera PM, 23/11/2023

En las próximas semanas el Ministerio Público resolverá cuál es la situación procesal del exmilitante DC. Esto, luego de que el cerco de los investigadores se fuera estrechando a su alrededor y esta semana se concretara la detención de una de sus colaboradoras de confianza, más otra funcionaria de la Gobernación Regional de Los Lagos.

En absoluta reserva se han mantenido las diligencias de la Fiscalía Regional de Los Lagos en torno a la investigación de una serie de traspasos realizados por el Gobierno Regional a al menos nueve fundaciones privadas, entre ellas Kiñe Fuxa Ruka Kimün y Participa, las cuales recibieron, cada una, $1.200 millones para la ejecución de proyectos.

Y es que, aunque inicialmente las autoridades de la zona defendieron la entrega de recursos, con el correr de las semanas se fueron advirtiendo una serie de irregularidades. Entre ellas, que las transferencias realizadas a las mencionadas ONG “se realizaron mediante asignación directa de recursos, sin que los actos administrativos pertinentes que autorizaron tal método de otorgamiento se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron”, como informó Contraloría tras la realización de una auditoría.

Aquello también fue advertido por el Ministerio Público, entidad que tempranamente ordenó la detención del asesor de Kimün, Diego Ancalao, y del representante legal de la misma, Jaime Huincahue.

En medio de las pesquisas, además, se habría constatado que funcionarios del Gobierno Regional y otros jefes de servicio habrían promovido el acuerdo con ellos.

Por lo mismo, estallado el caso, el gobernador Patricio Vallespín(ex-DC) ha recibido una serie de cuestionamientos, aunque al poco andar decidió poner término anticipado al citado contrato.

Eso, sin embargo, no logró disipar el manto de dudas que se instaló en torno a su gestión, puesto que además se constató que entre las fundaciones con las que mantenían tratos estaba Chiquihue, que es encabezada por él mismo por atribuciones del cargo.

En el intertanto, además, la Fiscalía ha ordenado distintos allanamientos a dependencias del Gore y Contraloría declaró que 22 convenios que suscribieron son “ilegales”, lo que ha hecho que los reproches en su contra sigan en escena.

Así, el cerco situado por el Ministerio Público a su alrededor se ha ido estrechando. De hecho, la jornada del martes 21 de noviembre efectivos de la PDI concretaron la detención de una de sus personas de confianza y de una exfuncionaria.

Se trata de la administradora del Gore de Los Lagos, Viviana Godoy, y de la exjefa de la División de Fomento e Inversión de la misma entidad, Gloria González.

Ante ello, sin embargo, Vallespín ha mantenido su postura en torno a que él no estaría involucrado en irregularidades. “Por respeto a las personas que son investigadas y sus familias, y por el compromiso irrestricto que hemos tenido como Gobierno Regional de colaborar con el Ministerio Público en todo este proceso (…) comentar, especular u opinar al respecto no corresponde”, manifestó en un punto de prensa donde no aceptó consultas.

Y agregó: “Seguiremos colaborando con el Ministerio Público, como lo hemos hecho hasta la fecha, en todo lo que se nos pida para facilitar eso, pero no emitiremos más opiniones al respecto por el resguardo de este mismo proceso, para que así el Ministerio Público pueda llevar a cabo esta investigación lo más rápido posible y más efectiva posible”.

Con todo, fuentes conocedoras del caso aseguran que aunque él aún no es citado a declarar, todo indica que la Fiscalía estaría ultimando detalles para citarlo y así definir su situación procesal.

Las irregularidades en el Gore. De acuerdo con el informe emanado por Contraloría, durante 2022 el Gore de Los Lagos ejecutó más del 80 % de su presupuesto para programas con fundaciones u organismos públicos, en diciembre. O sea, en 31 días desembolsaron $30.917 millones, lo que llamó la atención de los evaluadores.

Junto con ello, determinaron que hubo discrecionalidad en la selección de las fundaciones Kimün, El Canelo y Participa, y que transfirieron recursos sin contar con el control previo de legalidad del mismo ente contralor.

Se señaló, en el mismo sentido, que no solicitaron ni realizaron revisión de documentación que sustentara que las referidas fundaciones contaran con la experiencia y capacidades demostrables, a fin de asegurar las competencias exigidas.

Asimismo, se detectaron debilidades generales de control interno, ya que no hubo un procedimiento concursal para la selección de las entidades a las que se les realizaron las transferencias, tampoco se encontraron manuales de procedimiento para las rendiciones de cuenta; se advirtió que el control de las rendiciones se llevaba mediante Excel o Sheet.

Entre los puntos más graves, Contraloría también hizo presente que se constató una diferencia por $183 millones entre el análisis de las 22 resoluciones que aprobaron modificaciones presupuestarias realizadas durante 2022, y el Estado de Situación Presupuestaria del GORE Los Lagos al 31 de diciembre de la referida anualidad.

En medio de todo el caso, dadas las irregularidades, Vallespín dispuso la salida del jefe del Departamento Jurídico, Alejandro Macías; del jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Mauricio Saavedra, y de la jefa de División de Fomento Productivo, Gloria González. Aquello, como detallaron en su momento, para fortalecer sus procedimientos.

“Debemos asumir que los desafíos de hoy no son los mismos de cuando iniciamos esta gestión, estar a la altura de esta responsabilidad implica una constante adaptación y mejora de la institución en todos sus procedimientos, cuyos logros y retrasos son de todos quienes hoy la componen”, indicaron en ese entonces.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                    “EL SALDO ACTUAL ES DE $0″: FISCALÍA, CDE Y VIVIENDA                                                                                 SIGUEN LA RUTA DE DINEROS DE PROCULTURA TRAS                                                                                         DESCUBRIR  VACÍO TOTAL DE CUENTA BANCARIA

Catalina Batarce y Leslie Ayala

La Tercera PM, 21/11/2023

Tras solicitar la retención de los recursos, se determinó que la entidad fundada por Alberto Larraín mantenía cero pesos en la cuenta creada para los cuatro convenios que suscribieron con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Pese a eso, el CDE busca alternativas para retener otros bienes y también solicitó al Ministerio Público que indague cuándo se movieron los dineros. Desde Vivienda, en tanto, el ministro Carlos Montes indicó: “Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados por algunos inescrupulosos”.

A cuatro meses de que se cumpliera el plazo de los cuatro convenios que la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió con la Fundación ProCultura, por un total de $500 millones, la cartera encabezada por Carlos Montes decidió poner término anticipado a los mismos.

Esto, por graves incumplimientos. Junto con ello, además, iniciaron el proceso para que la ONG restituyera los fondos comprometidos.

Con miras en ese objetivo, hace algunas semanas el Consejo de Defensa del Estado solicitó al 1° Juzgado de Letras de Antofagasta la retención de los dineros que la entidad tuviera en la cuenta creada a propósito de los convenios. Sin embargo, tras diligencias realizadas por el receptor judicial Carlos Bonilla, se comprobó que el saldo que mantenía el organismo fundado por el Alberto Larraín era de cero pesos.

“A siete de noviembre de 2023, siendo las 14:31 horas, certifico: haberme constituido en el Banco Santander con el objeto de proceder a la retención de bienes decretada en autos, específicamente de los dineros que se encuentran depositados en la cuenta corriente N° 63883611, diligencia que no pude cumplir por haberme informado el agente de dicha entidad bancaria que la demandada no tiene fondos en su cuenta”, se lee en el escrito firmado por el funcionario y al cual tuvo acceso La Tercera.

Si bien la situación generó sorpresa y molestia -más ahora que la institución privada comunicó que pusieron fin a sus actividades- entre las distintas reparticiones del Estado que han seguido el caso, la orden fue que, en primera instancia, se buscaran todas las alternativas para asegurar cualquier tipo de bien que la fundación pudiese tener para así intentar recuperar dineros que no se usaron para los fines que fueron entregados.

En paralelo, además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó de inmediato al Ministerio Público -que pesquisa a la citada ONG desde mediados de año- que realizaran diligencias para determinar cuándo y bajo qué modalidad los fondos fueron retirados. Esto, para dilucidar si los retiros se hicieron de manera progresiva o si los movimientos se realizaron ya estallado el caso denominado ‘líos de platas’.

Los caminos. Una vez confirmado que no hay dinero en la cuenta de ProCultura por los convenios de Antofagasta, y considerando que Vivienda les está exigiendo la restitución de fondos, desde el CDE comentan hay distintas alternativas para asegurar que haya devoluciones.

En primer lugar -comentan a este medio quienes saben de las tratativas- se evaluarán los bienes que la ONG tenga a su nombre y se podría pedir al mismo juzgado civil que decrete medidas cautelares sobre ellos. Aquello, para que no puedan venderlos ni traspasarlos a nombre de terceros.

Si no existieran esos bienes o su valor no fuera suficiente para cubrir el monto exigido, de acuerdo con las mismas fuentes, habría que esperar lo que ocurra en la vía penal, ya que ahí se podría retener bienes a imputados, eventualmente los representantes legales de la fundación.

Consultado sobre los caminos que seguirán para recuperar dineros mal utilizado, el ministro Montes indicó a La Tercera: “Desde un principio hemos dicho que vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados, por algunos inescrupulosos, para enriquecerse y no para ir en ayuda de los miles de chilenos y chilenas que necesitan una vivienda”.

“De esta premisa que tenemos como Ministerio no escapa ninguna fundación que haya actuado de forma cuestionable, cometiendo irregularidades o faltas administrativas. De hecho, lo hemos demostrado al cerrar diferentes convenios con diferentes organizaciones, entre ellas ProCultura, y confiamos en que el Consejo de Defensa del Estado nos seguirá representando, con la misma seriedad y eficiencia que hasta ahora lo ha hecho, frente a los Tribunales de Justicia”, complementó el secretario de Estado.

Y en el mismo sentido, agregó que “el mensaje que queremos dejar como Ministerio y como gobierno es claro: no tendremos tolerancia ante la corrupción, las irregularidades o las faltas administrativas, quienes hayan cometido alguna o todas estas anomalías deberán responder ante la ley”.

. De acuerdo Improcedencia de los gastos con la petición que ingresó el CDE intentando resguardar los fondos que fueron entregados a ProCultura, la entidad incurrió en varias faltas consideradas graves.

Como se lee en el escrito de 11 carillas, “se informó que la fundación ha presentado rendiciones desde noviembre de 2022 hasta agosto de 2023, encontrándose todas rechazadas debido a gastos improcedentes, errores contables y retrasos en la entrega de las mismas”. Además, agregaron que la ONG “incurrió en un gasto improcedente por gasto de arriendo ascendente a $54.200.000 que se ordenó reintegrar, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a esta obligación”.

Asimismo, se hizo presente que en los cuatro convenios solo presentaban un 20 % de avance, lo que contraviene las cláusulas estipuladas en los mismos. Igualmente, se precisa que no entregaron los informes técnicos semestrales a tiempo y que en lugar de darlos a conocer en abril, los entregaron en agosto. Tampoco, como se indica, cumplieron con las rendiciones técnicas y financieras que se les solicitaban.

En el documento, además, el CDE expone que ProCultura “cuenta con un patrimonio exiguo y con recursos que solo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado, siendo un hecho público y notorio que sus últimas actividades han sido duramente criticadas, en términos tales que días pasados el Gobierno Regional de Antofagasta interpuso una querella contra su representante por el delito de apropiación indebida de dineros ascendentes a $373.002.500″.

Así las cosas, agregaron, la fundación en cuestión “enfrenta un dificilísimo escenario judicial, que en términos dinerarios asciende a $873.002.500 ($500.000.000 por el término de los convenios celebrados con la Seremi de Vivienda y Serviu, y $373.002.500 por el término del convenio celebrado con el Gore de Antofagasta), para lo cual solo cuenta con un inmueble avaluado en $9.982.366″.

[1] Nota: Alberto Larraín, fundador de ProCultura.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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