Categoría: News

DESACUERDOS EN TORNO AL GOLPE

Carlos Peña.

El Mercurio, Columnistas, 09/07/2023

“Frente al Golpe hay que admitir que todos, sean o no víctimas, tienen igual derecho a emitir juicios; aunque deben distinguir entre el juicio fáctico (las causas de lo que ocurrió) y el juicio moral (si debió ocurrir)”.

Las reacciones que suscitaron las declaraciones de Patricio Fernández, sumadas a las declaraciones del diputado Alessandri justificando el Golpe, muestran que hay una discrepancia radical en la forma de enfrentar los hechos de hace medio siglo.

¿Cuál es esa discrepancia?

Es doble. Una de ellas se relaciona con el tipo de juicios que la izquierda y la derecha emiten frente al Golpe, la otra es el papel de las víctimas.

Examinemos cada una en ese orden.

Comencemos con los juicios que la izquierda y la derecha emiten.

Hay quienes, en la izquierda, piensan que la condena moral que merecen el Golpe y las violaciones a los derechos humanos hace inútil atender a las causas que los produjeron. Y en la derecha hay quienes creen que si hay causas que condujeron al Golpe, entonces, como lo acaba de declarar el diputado Alessandri, él está justificado.

Ambos puntos de vista se niegan a aceptar que una cosa es condenar o justificar una acción y otra distinta, explicarla. Y al hacer esto cancelan una de las distinciones más obvias de la cultura y el lenguaje humano.

En efecto, desde muy antiguo se observa que una cosa es preguntarse qué ha ocurrido y otra cosa distinta preguntar si acaso debió ocurrir. Una cosa es constatar los hechos (¿qué causas concurrieron en el Golpe?), otra distinta es valorarlo moral o políticamente (¿fue correcto el Golpe?).

Una cosa son las circunstancias que condujeron al Golpe (su facticidad); otra cosa es que haya debido ocurrir (su moralidad).

Sin distinguir entre lo que es, por una parte, y lo que debe ser, por la otra, ninguna reflexión moral puede emprenderse.

Por eso, si la facticidad tuviera la última palabra (si bastara constatar un hecho o sus causas para aceptarlo), el punto de vista moral no sería posible. Por la inversa, si la moralidad pusiera el punto final (si bastara decir que algo no debió ser para que todo lo demás sobre) es el conocimiento el que estaría de más.

Así entonces, la izquierda debe aceptar que es necesario reflexionar sobre las causas del Golpe (sin perjuicio de condenarlo), y la derecha aceptar que es necesario condenarlo (sin perjuicio de examinar las causas que lo produjeron)

Pues bien, una vez que se acepta esa obvia distinción, resta ahora otra pregunta relativa al lugar de las víctimas; ¿tienen ellas alguna ventaja acerca de la hora de pronunciarse en alguno de esos planos?

Las víctimas, no cabe duda, tienen derecho a la memoria, a la justicia, a la reparación y los sobrevivientes, a hablar por aquellos que ya no pueden hacerlo.

Pero dicho eso, parece obvio que las víctimas no tienen ventaja a la hora de discernir las causas de lo que padecieron o a la hora de emitir juicios morales sobre el proceso histórico en medio del cual ocurrió su tormento.

Sus juicios a ese respecto no son en sí mismos superiores al juicio de ningún otro ciudadano. En una frase, la condición de víctima no concede ninguna ventaja epistémica.

Las víctimas tienen todo el derecho de reclamar memoria, justicia y reparación; pero no deben aspirar al monopolio del juicio moral ni histórico sobre lo que les ocurrió.

Así entonces, frente al Golpe hay que admitir que todos, sean o no víctimas, tienen igual derecho a emitir juicios; aunque deben distinguir entre el juicio fáctico (las causas de lo que ocurrió) y el juicio moral (si debió ocurrir).

Y se pueden discutir las causas del Golpe, pero no su condena.

¿Y por qué —se dirá— si se admite la discrepancia respecto de las causas que condujeron al Golpe, se reclama unanimidad en su condena? ¿Acaso no es posible discrepar en ambos planos, como lo acaba de hacer el diputado Alessandri al sostener que el Golpe estaba justificado?

Lo que ocurre es que en una sociedad democrática es posible discrepar acerca de los hechos o causas de un cierto evento, sin que ello desmedre o deteriore la convivencia; pero lo que no puede ocurrir es que haya discrepancia acerca de las reglas de la comunidad política.

En otras palabras, se puede discrepar acerca de cómo son o cómo fueron estos o aquellos hechos, y acerca de qué circunstancias o acciones contribuyeron a producirlos; pero lo que no puede ocurrir es que los miembros de la sociedad democrática discrepen acerca de cómo deben convivir.

Y es que la convivencia democrática (y no solo ella) requiere ciertos compromisos incondicionales, ciertos imperativos categóricos, principios cuya validez ningún ciudadano, menos un diputado, deberá relativizar.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

CONVENIOS, FUNDACIONES Y SUBSIDIARIEDAD.

El Mercurio, Editorial, 12/07/2023

Si el Estado invadiera todas las esferas, como lo proponen los críticos, sería aún más fácil quebrantar el buen uso de esos fondos.

Ha resultado sorprendente el ataque que han desplegado contra las iniciativas de la sociedad civil diversos grupos de izquierda, a raíz de los escandalosos traspasos de dinero que obtuvieron fundaciones de ese mismo sector político por parte del Estado.

Luego de que figuras vinculadas a partidos de esa tendencia aparecieran en torcidas maniobras por hacerse de recursos estatales, no han faltado los oportunistas que critican a todas las fundaciones que tengan fines sociales.

En sus críticas no se limitan a aquellas que reciben apoyos de los gobiernos, sino que hacen extensivas sus objeciones a todas las iniciativas de bien común que han hecho, y continúan haciendo, distinguidas personas e instituciones.

La lógica de sus planteamientos no es fácil de seguir, pues no pueden eludir que sus observaciones parten de los casos protagonizados por personas de sus mismas tendencias.

Si ellas se empeñan en conseguir fondos de maneras poco escrupulosas, entonces parecieran decir que no es posible que el Estado le entregue fondos a nadie y debe ser el mismo Estado el que realice todas las tareas.

El absurdo de este planteamiento no escapa al juicio de nadie.

Son muchísimas las funciones que realizan fundaciones y corporaciones que han surgido de la iniciativa privada y que cumplen labores que hoy la sociedad estima indispensables, tanto en el ámbito cultural, como social, educacional, de salud y en muchos otros campos.

Casi siempre se trata de áreas que han sido detectadas por personas talentosas mucho antes de que las autoridades públicas hubieran manifestado la más mínima inquietud por ellas.

Los Bomberos de Chile, por poner un ejemplo, surgieron de la necesidad de combatir incendios en Valparaíso, lo que dio origen a manifestaciones ciudadanas que crearon el primer cuerpo de Bomberos. En su trayectoria han logrado crear una mística de voluntarios que raramente se observa en los organismos estatales.

Lo mismo podría decirse de Coaniquem, que nace para la rehabilitación de los niños quemados y hoy, con cuatro centros, atiende a miles de estos niños con un fervor y entusiasmo desconocidos en muchos de los centros del Estado.

Para intentar darle visos de seriedad a su oportunismo, los críticos de las fundaciones han resuelto objetar la subsidiariedad, como si por ella se hubieran producido los fraudes en los convenios estatales, e intentan decir que la Constitución de Chile la proclama como guía, en contraposición con la solidaridad.

Con ello, solo demuestran la debilidad de sus planteamientos, pues ni la Constitución formula ese planteamiento ni la subsidiariedad tiene relación alguna con las presumibles estafas, además de no ser contradictoria con la solidaridad.

El principio solo procura que la autoridad resuelva los asuntos en la instancia más cercana a los interesados y, por tanto, no le corresponde al Estado dedicarse a aquellas actividades que ya son adecuadamente desarrolladas por particulares.

La ampliación del concepto “subsidiario” proviene de la doctrina social de la Iglesia Católica y ha sido útil para organizar a grandes colectividades, como la Unión Europea, que consagra los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en sus tratados.

La solidaridad no es contraria en forma alguna con el principio, y quienes buscan contraponerlas solo revelan una intención manipulativa de estos conceptos.

Más bien, lo que ilustra lo sucedido con los convenios es la debilidad del Estado para custodiar sus recursos, pues pareciera que funcionarios del mismo partido al que pertenecen los recientes fundadores de ciertas organizaciones sociales se hubieran coludido para traspasarse los dineros.

Si el sector público invadiera todas las esferas, como lo proponen los críticos, sería aún más fácil quebrantar el buen uso de esos fondos. Un Estado que no ha desarrollado reglas suficientemente seguras para resguardar sus riquezas, no puede expandirse sin límite utilizando la solidaridad como mera excusa.

Sus deficiencias quedarían a la vista en la mala asignación y utilización de sus inmensos recursos, en especial si fueran las mismas personas que causaron la situación actual quienes actuaran a nombre de los poderes públicos.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional