Categoría: Seguridad y defensa

                                                                              LA VOTACIÓN EN QUE EL PRESIDENTE DEL CDE DESIGNADO POR

                                                                                              BORIC DECIDIÓ NO QUERELLARSE EN CONTRA

                                                                                                                    DEL GENERAL YÁÑEZ

Víctor Rivera

La Tercera, 28/03/2024

El 28 de enero se reunió el Consejo para resolver qué decisión tomar en cuanto a la situación judicial del general director de Carabineros. Allí se expusieron los antecedentes que remitió la fiscal Ximena Chong, como también las acciones de mando de los generales para mejorar los protocolos de actuación durante el estallido social. Con todos estos antecedentes, finalmente, se acordó no hacerse parte del caso, por 7 votos contra 2.

La situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no es fácil, ni para el gobierno, ni para las filas internas de la institución. Es que la arremetida de la Fiscalía lo mantiene en una posición endeble al mando de Carabineros.

El 2 de enero, el Ministerio Público pidió formalizarlo por su responsabilidad de mando como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros.

La incómoda situación del uniformado empeoró el 14 de marzo, cuando el jefe de la PDI, Sergio Muñoz, enfrentó cargos por filtrar antecedentes al abogado Luis Hermosilla, lo que gatilló su renuncia ese mismo día.

El caso de Muñoz puso nuevamente el foco sobre Yáñez, quien había logrado mantener su caso al margen. El jefe de la PDI renunció y el gobierno quedó en entredicho, luego de que afirmara que esperaría la realización de la audiencia de formalización contra el general director de Carabineros, antes de tomar decisiones sobre su permanencia en las filas uniformadas.

En la interna institucional repiten que su caso no es homologable al de su par de la PDI. Las imputaciones son distintas, donde además la posición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) le dio un crédito diferente.

En La Moneda recuerdan que cuando el CDE se querelló contra Muñoz, el mismo viernes 14 de marzo, se vieron prácticamente obligados a comunicar públicamente sobre la renuncia del detective. Era la señal que faltaba para oficializar su salida.

Pero con Yáñez no ha pasado lo mismo y es ahí donde en el gobierno, y también en Carabineros, advierten las diferencias de ambas situaciones.

Aunque hacen un punto no menor: el CDE ya decidió no querellarse y cómo se desarrolló esa votación es más que relevante, advierten en Palacio y la policía.

El Consejo y el delito que se le imputa al jefe policial. Fue el 30 de enero que se reunieron los consejeros del CDE para su quinta sesión del año. Allí había varios puntos sobre la mesa, pero el primero fue el relativo a la causa en que se indaga el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio, en contra de Yáñez; su antecesor, Mario Rozas; y el exsubdirector, Diego Olate.

Ese día, según el registro de esa sesión en la página web del Consejo, estuvieron presentes los ministros: el presidente del CDE, Raúl Letelier; y los consejeros y consejeras, Paulina Veloso, Ana María Hübner, Jaime Varela, Daniel Martorell, Juan Antonio Peribonio, Sebastián Soto, Alberto Espina y Ruth Israel. Quienes no participaron fueron Carlos Mackenney, Rodrigo Quintana y Mariana Valenzuela.

Quien partió exponiendo fue el consejero Martorell, quien preside el comité penal del CDE. El abogado dio cuenta que el comité había rechazado la idea de querellarse en la causa en que la Fiscalía pide formalizar a los generales.

A partir de entonces, expuso todos los hechos que se consideraron, y los entregó al Consejo.

Dio cuenta de los antecedentes reunidos por la fiscal del caso, Ximena Chong, como también de los oficios que había respondido Carabineros en la indagatoria, además de la orden de apertura de sumarios que pidió Carabineros durante el estallido social, como también las modificaciones de protocolo para el control del orden público.

Así, al igual que ocurrió en el comité penal, se inició una discusión “netamente jurídica” -explica uno de los consejeros- donde el punto central fue si procedía o no la aplicación del artículo 150 D en el caso de los generales de Carabineros.

Es este el artículo por el cual se formalizará a Yáñez, Rozas y Olate, y por lo mismo, el CDE inició un debate al respecto. “El empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que en el ejercicio de sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo”, dice la norma.

El comité penal había resuelto días antes no querellarse, tras considerar que este artículo no era aplicable a autoridades, como los generales de Carabineros, en este caso. Ello, pues se interpretó que es cuando el oficial está en el lugar de los hechos y ve la comisión del delito y no hace nada para que no ocurra.

Esa votación fue 2 votos contra 1. Martorell y Espina votaron en contra de querellarse y, Ruth Israel, a favor. Sin embargo, hubo un cuarto voto, el del presidente del CDE, Raúl Letelier, quien integró el comité para oponerse a que el Consejo iniciara una acción judicial en el caso de Yáñez.

En el Consejo, la tónica de la votación fue similar. Fueron siete los consejeros que votaron en contra: Ana María Hübner, Jaime Varela, Daniel Martorell, Juan Antonio Peribonio, Sebastián Soto, Alberto Espina y el presidente Raúl Letelier. El contra: Ruth Israel y Paulina Veloso.

Según consigna el acta de acuerdo, se decidió “no intervenir en la causa (…) por entender que, del estudio de los antecedentes existentes, no hay elementos que justifiquen un cambio en la decisión adoptada en sesión de Consejo de 28 de septiembre de 2021″. Esa vez se había resuelto: “Conforme a los antecedentes recabados y analizados, no existen indicios suficientes para intervenir en los términos requeridos”.

El rol de Letelier. La votación de Letelier llamó la atención en tres frentes: en el mismo CDE, en La Moneda y Carabineros. La razón: el presidente del Consejo es cercano a la centro izquierda y fue designado por el presidente Boric para asumir el cargo, luego de ser nombrado consejero en 2017 por la exPresidenta Michelle Bachelet.

Sin embargo, es parte de la institución desde el 2000.

Al interior del Consejo ven como una señal potente el hecho de que Letelier haya votado a favor de la decisión de no querellarse, pues mantiene una afinidad política muy cercana con el Frente Amplio y el PS y, por ende, con el gobierno.

Por ejemplo, la noche del miércoles 20 de abril del 2022, cuando la Convención Constitucional aprobó el catálogo de derechos sociales, convocó a un asado en su casa. Esa reunión quedó consignada en el libro La Constituyente, historia secreta de Chile, del exconvencional Jorge Baradit.

El entonces constituyente por el distrito 10, sostiene en las líneas de su texto que Letelier, apoyó voluntaria y “aperrada” el proceso. Según detalló el autor, en esa ocasión el ahora presidente del CDE los convocó a un asado esa noche, donde “nos abrazamos y lagrimeamos un poco por un cambio histórico”.

En Carabineros su votación también entrega una señal interna relevante, pues no solo diferencia aún más el caso de Yáñez con el de Muñoz, sino que también entrega un punto político en cuanto a que la causa, para ellos, aún no logra determinar una supuesta conducta ilícita del general director.

En la policía creen que nada está dicho. Aún.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                                            CASO LLAITUL: LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS                                                                                             PROTEGIDOS  QUE EL LÍDER DE LA CAM PIDIÓ EXCLUIR DEL JUICIO.

Jorge Poblete

ExAnte, 26/03/2024

Ejecutivos y profesionales del área forestal declararon —como testigos con identidad reservada— cómo el 12 de marzo de 2021 dos carabineros fueron heridos al acompañar a trabajadores que buscaban ingresar a un predio tomado. Sus testimonios concordaron con otros que sí fueron identificados con sus nombres completos, en casos similares. Según expuso la fiscalía, el motivo para mantener en reserva las identidades fue su seguridad. Un excarabinero —tampoco identificado— dijo reconocer a Llaitul en una usurpación violenta, por sus características físicas y voz, pese a estar encapuchado.

Qué observar. El 18 de abril de 2023, durante la audiencia de preparación del juicio oral al cofundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, el abogado Humberto Serri, de la Defensoría Penal Mapuche, planteó al tribunal que la fiscalía estaba incurriendo en un “vicio formal”.

• Argumentó que 5 de los 76 testigos presentados por el Ministerio Público sólo estaban identificados con números en la acusación contra Llaitul.
• En ese documento, la fiscalía acusó al líder del grupo radical de incitación y apología a la violencia bajo la Ley de Seguridad del Estado, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación violenta. Pidió 25 años de cárcel para él.
• La página 59 de la acusación —la última del documento firmado por el fiscal regional Roberto Garrido— mencionó a quiénes se referían esos números. Ésta detalló que se adjuntaba “un sobre cerrado con la individualización de los testigos con identidad protegida como medida de protección, a fin de que Uds. arbitren las medidas necesarias para su debida custodia”.
• La jueza Viviana García del juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud del defensor y resolvió que la “fiscalía subsane este vicio, debiendo entregar la identidad a la defensa”.
• El fiscal Garrido ingresó el día siguiente un escrito de 12 páginas a la Corte de Apelaciones de Temuco, oponiéndose a la decisión de la jueza. Su argumento fue que la seguridad de los testigos protegidos estaba en riesgo si se conocían sus identidades.
• Más allá de la argumentación formal, el líder de la CAM ha cuestionado que no conocer el nombre de sus denunciantes afecta su derecho a una correcta defensa.
• La Corte Suprema fue de otra opinión. “Es posible afirmar la gravedad de la potencial afectación de la vida e integridad física que causaría la divulgación de la identidad mantenida en reserva hasta ahora”, dijo el máximo tribunal el 2 de junio de 2023, manteniendo la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco.
• Es incierto si estos testigos protegidos se presentarán finalmente en el juicio.

Las declaraciones de los testigos protegidos. Cuatro ejecutivos y profesionales del área forestal declararon en 2022 en calidad de testigos de identidad reservada, mostró la carpeta de investigación. Sus testimonios concordaron con otros sí identificados con sus nombres completos, en casos similares. Un carabinero en retiro —tampoco identificado— dijo reconocer a Héctor Llaitul en una usurpación violenta, por sus características físicas y su voz, pese a estar encapuchado. También, dijo, iba armado. A continuación, el detalle:

• “No pudimos ingresar más al fundo”.A las 09:30 am del 14 de septiembre de 2022, declaró el primer testigo protegido de la causa; un ejecutivo del área forestal.
• “El día 1 de marzo de 2021 hice un ingreso al predio Los Pastales, de la comuna de Chol Chol. Es un predio de alrededor de 300 hectáreas, con 150 plantadas, de las cuales 50 tienen plantaciones de eucaliptus y, las 100 restantes, son de pino”.
• “Había árboles de pino volteados, y del recorrido encontré también tocones, lo cual evidentemente también significaba que ya habían sustraído madera. Al cálculo, pude determinar que habían sustraído alrededor de 0,5 hectáreas, lo cual es avaluado aproximadamente en $11.000.000”.
• “Alrededor del 12 de marzo de 2021, personal de la empresa intentó ingresar al fundo, y fueron atacados con disparos por sujetos que estaban al interior del predio. Luego intentaron ingresar nuevamente con apoyo de Carabineros, pero estos sujetos los estaban esperando y los volvieron a atacar con armas de fuego, resultando heridos dos carabineros”.
• “No pudimos ingresar más al fundo (…). La empresa decidió adquirir un drone para poder realizar seguimientos y poder calcular el avance de la sustracción de madera. De acuerdo a los sobrevuelos realizados, y al seguimiento al mes de agosto de este año, van 30 hectáreas sustraídas, las cuales tienen un valor aproximado de $425.000.000”.
• “Hemos podido ver en redes sociales que la CAM apoya la usurpación del predio”.
• “Fuimos atacados con armas de fuego”. A las 09:30 am del 15 de septiembre de 2022, un profesional externo de una forestal, declaró como testigo con su identidad reservada: “Deseo ratificar las denuncias y declaraciones que he realizado ante Carabineros y la Policía de Investigaciones en esta investigación”.
• “Respecto al hecho del día 12 de marzo de 2021, en el cual al llegar al predio Los Pastales, de la comuna de Chol Chol, fuimos atacados con armas de fuego por sujetos que se encontraban al interior del fundo, y producto del cual terminaron lesionados dos funcionarios de Carabineros, la empresa se vio obligada a cambiar su forma de administrar los predios que están a su cargo, haciendo lo que venían haciendo las empresas Arauco y Mininco hace ya un tiempo: esto es, comprar drones para poder sobrevolar los predios y así evitar exponer a su personal”.
• “Las personas ya no quieren trabajar por miedo”.A las 09:30 am del 21 de septiembre de 2022, un ejecutivo forestal declaró —como testigo con identidad reservada—, que “los trabajadores de la empresa que concurren hasta nuestros predios han sido atacados con armas de fuego o intimidados por sujetos miembros de comunidades radicales o de movimientos radicales”.
• “Y por este motivo es que las personas ya no quieren trabajar por miedo a lo que les pueda ocurrir”.
• “De hecho, nuestros trabajadores prácticamente ya no se dedican al trabajo forestal propiamente tal, sino que más bien a resguardar las plantaciones y a verificar si los predios han sido tomados”.
• “Las declaraciones que hizo este sujeto”. A las 10:15 am del 21 de septiembre de 2022 un ejecutivo forestal afirmó —como testigo con identidad reservada— que “lo ocurrido en marzo del año 2021, donde trabajadores de la empresa y Carabineros fueron atacados por sujetos armados que estaban participando de la usurpación y sustracción de madera en el predio, marcó un hito, ya que fue la primera vez que trabajadores de la empresa fueron atacados con armas de fuego y, por otro lado, desde ese hecho que la empresa perdió control total del predio”.
• “Como consecuencia de estos actos de violencia, los cuales han aumentado luego de las declaraciones que hizo este sujeto el año 2020, nuestra actividad comercial se ha visto afectada”.
• El testimonio del excarabinero. Un informe de la Policía de Investigaciones del 3 de febrero de 2022 incluyó el testimonio de un policía retirado, quien dijo haber reconocido a Héctor Llaitul en un terreno tomado.
• “Respecto a su consulta, debo señalar que respecto a las características de cómo puedo reconocer (que) la persona que conversó conmigo el día en que se realizó la usurpación del fundo San Sebastián fue Héctor Llaitul, es porque por conocimiento previo, debido a las funciones que cumplí como funcionario de Carabineros, podría señalar en un 90 % que es Héctor Llaitul quien participó en la usurpación del fundo debido a su contextura física, rasgos físicos y su forma pausada de hablar”.
• “Debo señalar que el día de ocurridos los hechos todos los participantes se encontraban encapuchados y armados”.

La declaración de Llaitul. El 12 de marzo, en el inicio del juicio en su contra, Llaitul declaró que la “guerra no la declaramos nosotros” y que, por tanto, se consideraba un “preso político”. Luego fue interrogado por el fiscal Héctor Leiva, ante quien reconoció que los “combatientes” de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la CAM, a quienes denominan “weichafe”, usaban armas de fuego para repeler a Carabineros.

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                     EL SOLDADO OLVIDADO

Gerardo Varela

El Mercurio, Columnistas, 30/03/2024

”Si la política quiere que los militares salgan a la calle a resolver los problemas de violencia que ella creó, tiene que partir por revisar las decenas de casos de uniformados injustamente perseguidos por un Estado que debió protegerlos”.

Uno de los mejores libros acerca de la Segunda Guerra Mundial es la autobiografía de Guy Sajer, “El soldado olvidado”.

Sajer, un alsaciano de madre alemana y padre francés, es enrolado por el ejército alemán a los 17 años y enviado al frente oriental. El libro se inicia con su relato del viaje por la estepa rusa a Stalingrado en un tren de abastecimiento.

Él iba a la intemperie, a muchos grados bajo cero, custodiando unas piezas de artillería. La descripción del frío, la soledad y la desolación es desgarradora. Un niño enfrentado a una experiencia adulta.

Sajer pelea por toda Europa. Termina capturado por los ingleses, quienes lo entregan a los franceses que lo enrolan en su ejército.

Esta es la historia de tantos jóvenes que son obligados a servir en el Ejército y que sus vidas no les pertenecen, sino que son peones en el gran ajedrez de la política.

El domingo pasado me acordé de ese libro cuando, en este diario, leí la carta de María Olguín, una abnegada madre chilena que sola crio a dos hijos.

En ella relata la historia de uno de ellos, Carlos Robledo, de 17 años, que ella autoriza para que haga el servicio militar, sirva a su patria y aprenda un oficio. Ella confía en que el Estado lo va a proteger y educar.

Ese niño es apenas entrenado en el uso de armas. Antes le enseñan a marchar y obedecer. En octubre de 2019 es enviado, junto con una patrulla, a contener el saqueo del mall de La Serena.

Octubristas consternados con el cambio climático, indignados con el patriarcado abusador y ofendidos por la desigualdad, robaban electrodomésticos y destruían todo a su paso.

El soldado portaba un fusil con balas de fogueo y de guerra. El capitán a cargo de su patrulla le ordena disparar fogueos y todos percutan lo que presumen son fogueos. El resultado es un muerto y dos heridos.

Dos años después los jueces, sin periciar el arma y mediante presunciones derivadas de videos y análisis acústicos, le atribuyen a Robledo el disparo de una bala. Sostienen los jueces que la protesta era pacífica (como si una protesta no autorizada que saquea, interrumpe el tráfico y destruye propiedad pública lo fuera) y que Robledo no cooperó con la investigación, a pesar de que dijo todo lo que sabía.

Y lo condenan a 10 años de cárcel.

Esa madre no cuenta que su otro hijo murió también trágicamente. Mientras tanto, los instigadores de esa revuelta habitan los salones de La Moneda y los pasillos del Congreso y se llenan la boca con la empatía, la justicia social y los derechos humanos. Pero ninguno de ellos y ninguna feminista han visitado a esa madre para consolarla.

Pero Robledo no está solo. Ahí están el capitán Maturana, condenado a 12 años por supuestamente haber impactado con una bomba lacrimógena a Fabiola Campillai, quien “transitaba pacíficamente” por una protesta violenta; Claudio Crespo, enfrentando un juicio donde la Fiscalía pide 12 años de cárcel (paradojalmente pide 4 años para el comunista Luis Castillo, indultado por Boric y sorprendido secuestrando a un inocente) por haber disparado una escopeta antidisturbios, lesionando accidentalmente a don Claudio Gatica, quien también “asistía pacíficamente” a una protesta que destruía Santiago.

Los casos de uniformados perseguidos por contener la violencia octubrista tienen en común la soledad en que quedan frente al Estado; la indiferencia de la política y la falta de solidaridad de quienes pedían que salieran a la calle a mantener el orden. Esos uniformados no eran violadores de DD. HH., no salieron por propia voluntad y muchos estaban precariamente entrenados.

El relato de la izquierda es que no cumplieron con manuales que ni conocían, que enfrentaron protestas pacíficas, que los accidentes no existen y que dispararon contra inocentes que casualmente asistían a los saqueos. A estos uniformados los condenan por un guion macabro donde, cual teleserie de mala muerte, cambian el elenco y el decorado, pero la trama es la misma y el desenlace conocido.

Si la política quiere que los militares salgan a la calle a resolver los problemas de violencia que ella creó, tiene que partir por revisar las decenas de casos de uniformados injustamente perseguidos por un Estado que debió protegerlos y han sido condenados por una justicia que se ensaña con ellos.

Así, alguno de ellos podrá mirar a los ojos a María y pedirle perdón por haberles fallado a ella y a su hijo.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                              “Algunos alcances sobre la Responsabilidad de Proteger”

                                                                  Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos. ANEPE 

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                                                                          LAS RUF Y EL DESCALABRO DE LAS FF. AA.

Julio Leiva y John Griffiths

La Tercera, 21/03/2024

De acuerdo con la legislación vigente, principalmente el artículo 208 del Código de Justicia Militar, los militares se encuentran —y siempre se han encontrado, por la vigencia del código— afectos a las “causales eximentes de responsabilidad penal, cuando cumplan funciones de guardadores del orden y seguridad públicos”.

Más aún nuestra actual legislación y código penal chileno consagra el derecho a la legitima defensa a todo evento, cuando ocurran algunas de las siguientes circunstancias:

• Agresión ilegitima;
• Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
• Que se establezca una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

De allí que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en cumplimiento a misiones de seguridad interna, en los denominados estados de excepción constitucional, deban contar como piso con las atribuciones y respaldo legal anteriormente explicitado.

Ninguna “Regla del Uso de la Fuerza” (RUF), puede degradar o afectar este legítimo y mínimo derecho jurídico. Más aún, cuando las FF. AA. se despliegan por orden presidencial y ratificación del poder legislativo. De esta manera se alinean responsabilidades y atribuciones, protegiendo a la fuerza de sus derechos básicos.

La actual propuesta de RUF, en la que se definen un gran número de condiciones, definiciones, deberes, principios, grados de resistencia y clasificación del agresor o de la agresión, etapas de uso de la fuerza, modelos para subir o bajar su uso y los correspondientes medios para cada modelo, afectan considerablemente el principio sobre el que se establece una RUF.

Dicho principio sanciona conductas y no condiciones, muchas veces difíciles de discernir o identificar, máxime en condiciones de alta complejidad.

A modo de ejemplo, no es relevante la condición de origen, género u otra del que comete la agresión, sino precisamente el hecho y conducta de querer causar daño a quienes están velando por la seguridad y el orden público.

A mayor abundamiento, analizadas en estudio comparado las distintas reglas del uso de la fuerza, tanto en la fuerza pública, como en despliegues de operaciones de paz, ninguna afecta —como base o piso— el derecho a la legítima defensa de los representantes del Estado.

Adicionalmente, las RUF poseen como característica principal ser claras y objetivas, basadas en principios de apreciación general y no pueden contener un conjunto de detalles que al ser aplicadas inhiban el cumplimiento de la misión principal. Vale decir, en situaciones extraordinarias donde autoridades políticas y fuerzas de orden y seguridad están sobrepasadas.

Por otra parte, las RUF cuando operan en estados de excepción constitucional deben estar sujetas a la competencia de tribunales militares, dada la naturaleza de la decisión que requirió su empleo, no debiendo quedar al amparo de tribunales ordinarios de tiempo de paz y normalidad, con fiscales que establecen responsabilidades, obviando el contexto que dispuso su empleo.

Así las cosas, si las Reglas de Uso de la Fuerza que se proponen al país se mantienen, serán completamente inútiles, inhibirán a quién se espera deba aplicarlas y, en caso de su empleo, solo producirán como consecuencia la persecución penal y el encarcelamiento de militares, mientras los delincuentes ampliarán su actividad criminal a límites inimaginables, por las ventajas concedidas.

Apelamos a que, en esta materia, nuestras fuerzas de orden y seguridad, así como las FF. AA., cuenten con los vitales respaldos políticos y jurídicos, para que puedan contribuir a recuperar el estado de derecho y la grave situación de seguridad que afecta a toda la sociedad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                     ¿LOS MILITARES AL PAREDÓN?

Vanessa Kaiser

El Líbero, 18/03/2024

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF.AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.

Imagine que en Chile hay varios alcaldes pidiendo al gobierno que los militares salgan de sus cuarteles y pasen tiempo en las calles para colaborar con Carabineros en funciones de orden público.

Imagine también que uno de esos alcaldes twitteaba el 23 de octubre lo siguiente: “Cuesta dormirse viendo tanto video de abusos de poder y violencia de parte de carabineros. Velar por la defensa de DD. HH. debe ser nuestro foco principal hoy. No podemos permitir que se siga normalizando esta situación”.

La situación era ni más ni menos que un golpe de Estado dado por dos titanes: cierto sector político que intentó derrocar al fallecido Presidente Piñera en el Congreso mientras apoyaba la violencia y el crimen organizado.

Este último actuó volando bajo el radar del derecho gracias al estallido social que se desató en paralelo.

La pregunta sobre cuál es el vínculo entre los dos titanes se ha silenciado sistemáticamente. Otro interrogante que se silencia es por qué los comunistas, frenteamplistas y medios de comunicación necesitaban desprestigiar a las fuerzas de Orden y Seguridad Públicas.

Siempre en el mundo imaginario del que hablamos al principio de esta columna, creo que el desprestigio de Carabineros era clave para derrocar al gobierno por la fuerza del caos, puesto que contaban con la negativa de las FF. AA. a inmiscuirse en la medida de que se trataba de un “estallido social”.

El trabajo fue de joyería. Como nunca se habló de un golpe de Estado (y hasta hoy pocos quieren asumir la verdad, aunque muchos tiritaban de miedo en las semanas posteriores al 18-O), las FF. AA. no tenían espacio para la acción.

Sólo quedó una delgada línea verde entre la caída del gobierno, su reemplazo por algún miembro del grupo golpista y la imposición de un proceso constituyente bolivariano muy bien diseñado por ciertos intelectuales de la nueva izquierda que todos conocemos.

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF. AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.

No sólo porque tras su sacrificio para salvar la República han sido perseguidos -por ejemplo, el INDH interpuso querellas en contra de más de 3.000 efectivos- y, algunos, ya están tras las rejas sentenciados por jueces y fiscales con claro sesgo ideológico, sino porque quienes ahora piden militares en las calles podrían estar jugando un doble juego que sirva al golpe final del proceso revolucionario iniciado el 18-O.

Para entender a qué me refiero es necesario preguntarse: ¿qué significa la introducción hecha por la ministra Tohá a la ley que se discute sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), estableciendo especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores?

¡Ideología! Gritan muchos, como si con eso se libraran de sus efectos prácticos e implicancias políticas. Por ideología se apoyó el golpe de Estado, se retiraron las querellas por Ley de Seguridad Interior, se indultó y dieron pensiones de gracia a criminales, se puso freno a todas las leyes que dificultaban el avance del crimen organizado, se firmó un acuerdo de “seguridad” con una narcodictadura, se ha perseguido a carabineros y militares violando principios fundamentales como la igualdad ante la ley y se trajo en líneas aéreas a miles de haitianos de forma ilegal.

También, “por ideología” se dejan las fronteras abiertas y se autoriza, pocos días antes del comienzo de los incendios en la Quinta Región, a criminales de la Cárcel de Alta Seguridad a hacer videollamadas. Podría seguir ad infinitum desde los asesores cubanos de Manuel Monsalve hasta el intento de desarme de la población civil que ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley para tener un arma.

Echarle la culpa de lo que hacen quienes detentan el poder a sus convicciones ideológicas, como si con eso los aliviáramos de la responsabilidad por haber convertido a Chile en la tumba no sólo del neoliberalismo, sino, además, de la seguridad, la educación, la salud y de la moral y las buenas costumbres, no sólo es irresponsable; es poco inteligente.

¿Se imagina que uno fuera a decirle a un cubano preso político, o sumido en la eterna miseria, que Fidel Castro igual era buena persona, lo que pasa es que, en realidad, el problema era su ideología?

Eso es exactamente lo que está sucediendo en Chile y es patético. ¡Justamente de ideología se trata la política! Y si, siguiendo en nuestro mundo imaginario, tenemos un sector político que avanza su proyecto de destrucción del país, aunque fue rechazado y ha hecho alianzas con una narcodictadura y sus secuaces, entonces, ¿cómo podemos entender el llamado a que los militares salgan de su cuartel?

Voy a ser malpensada porque estoy aburrida de la cerrazón, genuflexión y buenismo de quienes debiesen estar denunciando todo lo que sabemos y guardan incómodo silencio. Una imaginación muy nutrida me lleva a creer que quizás no es tan descabellado pensar que el propósito de sacar a los militares de sus cuarteles no tenga nada qué ver con la seguridad de los ciudadanos, sobre todo teniendo a la vista la indicación de la ministra Tohá a las RUF. Y es que no hay que ser muy inteligente o imaginativo para juntar algunas piezas del puzle.

Primero, si salen a la calle no tendrán respaldo político para hacer nada. Segundo, si hacen algo, terminarán presos, basta con tener a la vista el nombramiento del Presidente Boric de 95 jueces octubristas en la Corte de Apelaciones y de 12 en la Corte Suprema.

En consecuencia, si son agredidos por miembros del crimen organizado tendrán dos opciones, o se dejan asesinar o terminan tras las rejas. En otras palabras, sacar a los militares a la calle bajo este gobierno sólo puede significar una cosa: su neutralización definitiva.

Y no sería extraño, dado que, a diferencia de otros lugares del mundo, nuestras FF. AA. no han sido penetradas por esa “ideología” culpable de tantas cosas malas que hacen los niños “puros” y “buenos”, tan faltos de experiencia política.

La verdad, es que tienen el país como sartén por el mango. Solo les falta desarmar definitivamente a la población civil, saber en qué casa hay miembros de las FF. AA. y de Orden, terminar de socavar las relaciones con Israel para pasar a ser miembros de la esfera iraní -cuyos líderes están estrechamente vinculados con Bolivia y Venezuela- y el golpe de gracia: llevar a los militares al paredón que integran jueces y fiscales activistas.

Una vez neutralizados, el camino quedará libre de cualquier obstáculo para cumplir con el sueño de una “vanguardia” tan mal comprendida por el pueblo.

Lo más grave del asunto es que, quienes debiesen oponer resistencia, denunciar y hacer uso de todos los instrumentos legales de que aún disponemos, están convencidos de que el octubrismo fracasó.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                           EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

Miguel Navarro Meza, Abogado y cientista político. Académico de la ANEPE y vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial.

El Mostrador, 19/03/2024

Ante la necesidad cada vez más consensuada de contar con una arquitectura de seguridad nacional, moderna y funcional, centrada en un genuino “Consejo de Seguridad Nacional”, la experiencia comparada constituye una guía para el fortalecimiento de su estructura superior de seguridad y defensa.

Los debates previos y posteriores a la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en febrero pasado, y acontecimientos ulteriores, han reactivado la discusión en torno a la institucionalidad superior de la seguridad y la defensa en Chile.

El tema ha sido discutido antes, pero, en esta oportunidad y por razones muy atendibles, la polémica ha sido más intensa e incisiva y se ha focalizado, fundamentalmente, en la naturaleza del Cosena y sus atribuciones.

El Consejo de Seguridad Nacional está actualmente establecido y regulado en el Capítulo XII de la Constitución. En su forma original era un componente del “Poder de Seguridad”, una suerte de mecanismo de tutela sobre el funcionamiento del sistema político, pero que, objetivamente, resultaba incompatible con un régimen democrático.

En definitiva, el “Poder de Seguridad” no se incluyó en la Constitución de 1980, pero algunos componentes suyos, incluyendo el Cosena, subsistieron en su texto.

Sucesivas reformas modificaron su composición y atribuciones, proceso que culminó el 2005 con la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050 de 2005.

En definitiva, el Cosena quedó integrado por una mayoría civil y su atribución principal es asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. Además, es de convocatoria eventual, a discreción del Jefe del Estado.

Las sucesivas reformas hicieron al Cosena compatible con un sistema democrático, pero, irónicamente, lo alejaron de lo que en los sistemas políticos comparados se entiende por un consejo de seguridad nacional.

En los últimos 25 o 30 años, muchos países han creado “consejos de seguridad nacional” casi siempre con esa denominación o con una muy similar.

Las crecientes complejidades de la seguridad internacional y domésticas han cimentado la necesidad de una visión holística sobre el tema, así como la conveniencia de coordinar a la totalidad de las agencias públicas responsables y/o relacionadas con la seguridad exterior e interior del Estado.

Hoy, más de 60 países cuentan con cuerpos colegiados de este tipo en su institucionalidad superior de seguridad y defensa, incluyendo naciones tan distintas como la República Islámica de Irán, Indonesia, Grecia, el Reino Unido, Angola o Japón.

Aunque cada consejo obedece a las peculiares políticas, estratégicas e históricas del país, su análisis comparado permite identificar ciertos rasgos comunes tanto en su naturaleza como en sus cometidos y funciones, cuanto en su integración. Todo esto ha sido sintetizado en una renovada producción académica acerca de las estructuras superiores de seguridad nacional en el sistema internacional.

Desde luego se trata de organismos permanentes, con una estructura organizacional igualmente estable, ubicada en el entorno de la jefatura del Estado y/o del Gobierno.

Sus funciones principales son la estructuración de una estrategia nacional de seguridad y defensa, planificación estratégica de alto nivel, definiciones basales de política de defensa y de política exterior, coordinación interagencial de todos los entes involucrados en la seguridad nacional, externa y doméstica (la aproximación “whole-of-government”), análisis político de coyuntura y prospectiva, doméstico e internacional, además –por cierto– de asesoría al más alto nivel político, al jefe del Estado y/o de Gobierno.

Las funciones de los consejos de seguridad nacional orientan asimismo su composición. Normalmente, sus integrantes son miembros del Ejecutivo, ministros y funcionarios de alto nivel. De igual modo, pueden integrar a otros funcionarios, conforme a sus necesidades coyunturales, bajo diversas modalidades. Además, tienen una muy limitada presencia castrense como integrantes titulares, en muchos casos ninguna, aunque sí hay militares (y policías) en cometidos de asesoría.

Esto, naturalmente, se explica por la naturaleza eminentemente política de los consejos de seguridad nacional, lo que se contrapone con la condición apolítica de los militares, así como con la subordinación castrense a las autoridades civiles.

Esto mismo explica que los consejos usualmente tampoco tengan integración de miembros de otros poderes del Estado, por cuanto su presencia afectaría el principio de separación de poderes inherente al sistema democrático y, bajo ciertas circunstancias, podrían trabar su acción.

Aunque la ausencia de integrantes de los otros poderes del Estado pudiera parecer contraintuitiva, considerando los fines de coordinación interagencial de los consejos, la experiencia comparada es conteste en este aspecto por las razones indicadas.

Por otra parte, en el ámbito funcional los consejos tienen un staff permanente, ya sea de origen propio o comisionado de otras agencias públicas, o mixto. Este staff profesional proporciona la continuidad de gestión y la memoria histórica de cada consejo, de modo que su funcionamiento no se vea afectado por los cambios en sus integrantes titulares.

En muchos países, asociado al consejo de seguridad nacional existe la figura del “consejero de seguridad nacional”. Aunque sus cometidos y responsabilidades varían ligeramente de caso a caso, el consejero siempre está ubicado en el nivel más alto del Gobierno, junto al jefe del Estado y/o de Gobierno a quien asesora e informa.

De igual modo, efectúa la coordinación cotidiana en temas de seguridad nacional, política de defensa, política exterior e inteligencia. Asimismo, usualmente este consejero se desempeña como coordinador ejecutivo del consejo mismo.

Es una figura que, progresivamente, ha tomado mayor relevancia en las estructuras de seguridad nacional de muchos países, por cuanto constituye una forma ágil y funcional de asesoría al más alto nivel.

Además, el cargo de consejero de seguridad nacional es en cierto modo tributario del prestigio de quienes lo han servido en Estados Unidos, primer país en el que se instaló la figura: McGeorge Bundy, Kissinger, Brzezinski, Condeleezza Rice y varios otros, lo que ha contribuido a su difusión.

De todo lo expresado, resulta evidente que el Consejo de Seguridad Nacional del Capítulo XII de la Constitución nunca ha tenido las facultades propias ni la integración de un consejo según se entiende tal organización en los demás países. Tampoco ha existido la figura del consejero de seguridad nacional.

Todo esto ha constituido, objetivamente, un eslabón débil en la seguridad nacional, tal como ha quedado demostrado en los debates actuales acerca del Cosena. Pero ante la necesidad cada vez más consensuada de contar con una arquitectura de seguridad nacional, moderna y funcional, centrada en un genuino “Consejo de Seguridad Nacional”, la experiencia comparada constituye una guía eficaz para desarrollarla, en la medida que todo lo expresado se aplicaría en la especie a Chile en una eventual modernización.

La complejidad de la problemática de seguridad de la República hace de este ejercicio algo, diríase, casi urgente.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional