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ELIZALDE VS. DE URRESTI: PROYECTO DE REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO TENSIONA AL OFICIALISMO

Carlos Saldivia, Periodista de El Mostrador – El Mostrador, 04/12/2024

En mayo de este año, el senador Alfonso de Urresti tenía listo el proyecto de reforma al sistema político y reunía consenso en la obra gruesa con el PPD y Chile Vamos.

Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric lo llamó por teléfono para solicitarle esperar un poco antes de presentarlo para la discusión en la Comisión de Constitución del Senado.

El jefe de bancada de los socialistas, Daniel Melo, manifestó molestia por no conocer el contenido del proyecto, ni el momento en que iba a ser presentado. Otros afirman que el proyecto de De Urresti es concreto, tiene los votos del Senado y apoyo opositor; mientras el de Elizalde se desconoce.

Lo anterior, porque la propuesta de De Urresti había generado controversia y críticas en partidos más pequeños, entre ellos, el Partido Comunista (PC) y la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS). Mientras que, en el caso de la oposición, también en Demócratas y Amarillos.

Si bien en el Senado se contaba entre los socialistas, el PPD y la UDI, RN y Evópoli con los 29 votos para la reforma constitucional, en la Cámara de Diputadas y Diputados faltarían votos para llegar a los 89 necesarios.

El debate sobre la fragmentación y los problemas de gobernabilidad, a juicio de los firmantes del pacto, se debía a la cantidad de pequeños partidos y los 40 independientes, que fragmentaban la negociación con el Gobierno y los sectores políticos con mayor cantidad de legisladores.

En ese contexto, a fines de la semana pasada, diputados y senadores y la mesa del Partido Socialista se reunieron para abordar el proyecto de reforma al sistema político presentado el jueves pasado.

En una serie de reuniones sobre el tema, algunos legisladores señalan que hubo tensión entre el ministro Elizalde y los senadores, porque el secretario de Estado advirtió que sería un insumo más que el Gobierno consideraría para presentar su propio proyecto.

Según los presentes, el ministro no precisó fecha de presentación, sino que solo hizo hincapié en conversar para lograr un entendimiento en la Cámara Baja con los partidos más pequeños, donde –sostienen legisladores– faltarían a lo menos 10 votos.

“Por lo menos este proyecto se va a debatir y se va a tratar en la Comisión de Constitución del Senado y es el que va a llegar a la Sala, esperamos dentro de la primera semana de enero, para que tengamos entonces unas dos semanas de indicaciones y a ver si alcanzamos la última semana de enero a aprobarlo en el Senado. Y correrá en paralelo la reforma de Elizalde, que no ha llegado y no sabemos cuándo llegará ni se vislumbra cuándo pueda llegar. No hay tensión con Elizalde, él sabe que es necesario que haya una reforma”, puntualizó el senador Gastón Saavedra (PS).

Algunos parlamentarios del Socialismo Democrático afirmaron que se habían sorprendido cuando el jueves se enteraron por la prensa de la presentación de la moción de De Urresti.

El jefe de bancada de los socialistas, Daniel Melo, manifestó molestia por no conocer el contenido del proyecto ni el momento en que iba a ser presentado. Del mismo modo, señalan que otros parlamentarios también exhibieron su molestia.

“En el caso de la Cámara no se nos consultó absolutamente nada”, afirmó Melo en La Tercera. Consultado si este lo puso al tanto, Melo afirmó: “Llegaron solo los titulares (…). Nunca lo tuve a la mano (el documento). Uno esperaría un poco más de diálogo, más conversación, que es a lo que aspiramos todos en democracia”, indicó el diputado.

No obstante, el senador Alfonso de Urresti se mostró sorprendido por la molestia de algunos diputados, ya que afirmó que “en la reunión que sostuvimos senadores, diputados y la mesa del PS, en una cena el martes, se les informó a todos el contenido y que se presentaría”.

Parlamentarias del Socialismo Democrático afirman que el único descontento es de parlamentarios elegidos por arrastre y que obtuvieron menos del 2 % de los votos.

“Esta es una propuesta de reforma acotada, pero necesaria. Va a encontrar oposición en los diputados del 1%, en partidos uniparlamentarios y en los partidos que actúan como pymes familiares. Los denominados partidos fungi, que no representan prácticamente a nadie, pero se sientan a las mesas a pedir cupos y cargos, y andan vendiendo sus votos en cada votación importante como bandidos”, sostiene una legisladora.

El proyecto que impulsó De Urresti que logró apoyo opositor. Según el proyecto que se indica en la web del Senado, una de las principales modificaciones es la adición de un nuevo inciso al artículo 47, que establece que el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) deberá actualizar la asignación de escaños de diputados cada diez años. Esta actualización se realizará conforme a la ley orgánica y no podrá alterar el número total de diputados.

Además, se introduce un nuevo artículo que estipula que solo los partidos que obtengan al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en las elecciones de la Cámara de Diputados podrán participar en la distribución de escaños.

Según se desprende del texto, los votos de los partidos que no consigan escaños se asignarán proporcionalmente a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Los candidatos independientes en listas de partidos también seguirán las mismas reglas. La ley determinará los requisitos para la formación y disolución de partidos, así como las normas sobre financiamiento público.

La reforma también contempla la modificación del artículo 60, que incluye nuevos incisos que disponen que un diputado o senador cesará en su cargo si renuncia al partido que declaró su candidatura.

Los diputados o senadores independientes que cambien de partido o renuncien a su comité, también perderán su cargo. En estos casos, los reemplazos serán designados por el partido que declaró la candidatura.

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FELIPE HARBOE: “EL MINISTRO DE SEGURIDAD VA A TENER MENOS PODER QUE EL ACTUAL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR”

Este miércoles la Cámara aprobó -con 91 votos a favor, 28 en contra y seis abstenciones– la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que entrará en funciones en junio de 2025, y que busca combatir la delincuencia, dirigir a las policías y mantener el orden público.

Así, el gobierno se anotó un logro con la creación de este nuevo ministerio, que tendrá como prioridad el resguardo de la seguridad y el orden del país, la prevención del delito, y la atención y asistencia a víctimas, e implicará la creación de una nueva institucionalidad, junto con cambios en el actual Ministerio del Interior.

En entrevista con El Líbero, el exsubsecretario del Interior criticó la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad. A su juicio, “cuando se logra un acuerdo con una mala solución no hay mucho mérito”, ya que aseguró que “llegó tarde y el próximo gobierno va a tener que corregir el proyecto”. “Se podría haber hecho una limpieza de la burocracia mucho más inteligente que la que quedó”, agregó.

Entrevistado en “Mirada Líbero”, el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, abordó sus principales reparos respecto a la creación de este ministerio.

– ¿Cuál es la evaluación que hace sobre la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública?

– Hay un gran consenso político y técnico en la necesidad de contar con una autoridad 24/7 dedicada a la principal preocupación de la ciudadanía, la inseguridad. Y por tanto, la creación del ministerio como estructura parece adecuada (…), pero el problema radica en torno a cómo quedó el texto del Ministerio de Seguridad.

– ¿Quedó con deficiencias el texto?

– Estamos creando un Ministerio de Seguridad que si bien, y esto es positivo, consagra la existencia de un sistema de seguridad donde participan las policías, el Ministerio Público, y el gobierno, este ministro de Seguridad va a tener menos poder que lo que hasta ahora tenía el subsecretario del Interior (…).

Eso es un problema, porque en materia de seguridad se requiere poder, mando único, decisión y capacidad de inteligencia y operativa. Entonces, desde el punto de vista práctico, en la bajada territorial, vamos a tener un ministro de Seguridad que va a tener dos subsecretarios.

Primero, no se justifica la existencia de dos subsecretarías, podría perfectamente eliminarse una, porque la Subsecretaría de Prevención del Delito, como la conocemos hoy día, no tiene justificación de existir, en la medida que es obvio que la prevención del delito es parte estructural del Ministerio de Seguridad.

– ¿Usted eliminaría esa subsecretaría?

– Yo habría eliminado una subsecretaría, habría dejado un solo subsecretario de Seguridad a cargo de todo, incluida la prevención del delito. Luego, en la bajada territorial de las regiones se va a crear la figura de un seremi de seguridad.

¿Cuál es el problema acá? Que el seremi de seguridad va a depender del ministro de Seguridad Pública y va a coordinar a las policías en materia de seguridad pública, pero no va a depender del ministro de Seguridad Pública, sino del ministro del Interior, a través del delegado presidencial, cuando sean temas de orden público, es decir manifestaciones…

La pregunta es por qué un seremi tendría que tener dos jefes. Además, va a poner al subsecretario del Interior a cargo de las policías para el orden público y al subsecretario de Seguridad a cargo de las policías para la seguridad. Es decir, no va a haber dos subsecretarios vinculados a las policías, va a haber tres: el de Interior, el de Seguridad y el de Prevención del Delito.

Entonces, hay un problema estructural. Esta solución es una mala solución en términos prácticos.

– ¿Esto podría confundir a las policías?

– Esto va a confundir a las policías, esto va a generar que el seremi de Seguridad tenga dos jefes, que muchas veces puede ser incluso contradictorio, y lo que es peor, ese seremi, además va a tener que lidiar con los gobernadores regionales, porque si bien no tienen potestades en temas operativos, tienen la billetera…

Y hoy día los que financian los vehículos policiales, las comisarías, son los gobiernos regionales. Entonces, va a llegar el gobernador regional y va a decir, ‘mire, ¿sabe qué? Yo no mando a las policías, pero si no me hacen caso en un plan regional de seguridad que yo voy a hacer, no financio un peso a las policías’.

Entonces, las policías van a estar entre el que las financia, el gobierno regional, del cual dependen los ascensos, el ministro de Seguridad Pública, del cual depende el orden público, que es por donde caen presos. Entonces, no es una buena solución institucional.

“Se podría haber hecho una limpieza de la burocracia mucho más inteligente que la que quedó”

– Hay quienes proponen también eliminar el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, ¿está de acuerdo?

-Sí, aquí se buscó una fórmula para mejorar la gobernanza en Chile, pero aquí se pudo haber hecho mucho más. No tiene razón de existir la Secretaría General de la Presidencia si es que usted va a considerar que el ministro del Interior va a ser el coordinador político y se le encargará la agenda legislativa. Usted podría haber eliminado el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia o el cargo del ministro, y haber pasado eso al Ministerio del Interior… Y ahí realmente se transforma en el jefe de gabinete, porque tiene la coordinación interna. Se ahorra completo otro ministerio. Es decir, se podría haber hecho una limpieza de la burocracia mucho más inteligente que la que quedó.

Al crear otro ministerio quedaremos con 25, ¿se aumenta la burocracia estatal con la creación de más cargos públicos?

-Obvio, y además, yo habría aprovechado de que todos los nuevos cargos del Ministerio de Seguridad Pública debieran haber estado bajo la modalidad de contrato del trabajo, porque esta cosa de que vayan apernando gente los diferentes partidos que se van metiendo en la subsecretaría, los van dejando con contrato y después quieren que sea inamovible. Y, al final del día, en materia de seguridad, un ministro de Seguridad, un subsecretario de Seguridad requiere de personal capacitado, de personal de confianza, porque finalmente las labores de seguridad requieren una sintonía muy fina entre quien es el encargado de dirigirla y el encargado operativo.

“Cuando se logra un acuerdo con una mala solución no hay mucho mérito”

– ¿Y cree usted que en un futuro se podrían eliminar ministerios o esto ya quedó estipulado?

– Yo me imagino que el próximo Presidente debiera corregir ciertas cosas, porque esta bajada territorial no va a ser buena. Cuando se logra un acuerdo con una mala solución no hay mucho mérito.

Acá hay un problema, que se privilegió mostrar un logro por sobre lo que va a ocurrir en el futuro, que es que la seguridad y la lucha contra la delincuencia sea mucho más eficiente.

En el proyecto de ley de Inteligencia que este mismo gobierno está impulsando, no se le encarga al ministro de Seguridad e inteligencia, sino al ministro del Interior. ¿Cómo se entiende un ministro de Seguridad que no tiene a su cargo la inteligencia?

Si la inteligencia es la base fundamental de la seguridad, entonces creo que hay un problema de diseño.

– Usted dice que se privilegió mostrar un logro, ¿por qué?

– Yo encuentro muy meritorio que le hayan puesto urgencia y que hayan logrado un acuerdo. Políticamente me parece correcto, porque el gobierno tiene que mostrar logros. Pero mirando la experiencia comparada y habiendo estado en la función de seguridad, creo que el mando único de poder y la coordinación regional son claves para poder tener una política mucho más eficiente.

“El próximo ministro de Seguridad no tiene que ser el mejor compañero… A lo mejor hay que temerle”

¿Y usted cree que este proyecto pasa por un tema político? Porque con esto el gobierno se anota un punto y éste se convierte en un logro de la ministra Tohá.

– Ah, obvio. Pero es súper legítimo, eso lo sabíamos siempre. Pero todos los gobiernos tratan de tirar agua a su molino. Lo que pasa es que estamos en una crisis de seguridad tan grande que aquí habría que dejar de lado las proyecciones propias y entender que el próximo ministro de Seguridad no tiene que ser el mejor compañero.

No hay que quererlo mucho, a lo mejor hay que temerle. Con ciertas restricciones y marcos regulatorios para que no abuse, pero tiene que tener potestades.

Y cuando usted empieza a crear consejos ciudadanos en materia de seguridad, cuando empieza a democratizar cada una de las decisiones de la seguridad, déjeme decirles que en la práctica genera o inmovilismo o falta de eficiencia.

Y aquí se requiere mucha eficiencia, porque el crimen organizado está cada día con más presencia en nuestro país.

– Y desde el punto de vista político, ¿esto implica que la actual ministra Tohá se libera de las tareas de seguridad?

– No, yo creo que el juicio ciudadano respecto a la gestión del actual gobierno en materia de seguridad está hecho, es evidente. Hay una gran mayoría de los ciudadanos que consideran que en materia de seguridad lo han hecho mal (…).

Ya tienen un juicio ciudadano negativo en materia de seguridad, por muy loables que hayan sido los esfuerzos del equipo de gobierno en general.

Entonces, pretender decir que la ministra del Interior se va a liberar de la seguridad porque se va a crear el Ministerio Seguridad, que además que se va a crear en junio del próximo año, cuando ya estemos a un mes de la primaria presidencial, creo que esto ya se politizó, estamos en un escenario donde el gobierno va de salida.

Ya el síndrome del pato cojo está instalado, las policías están pensando en quién va a ser el próximo Presidente para ver cómo quedan los ascensos… Entonces esto llegó tarde y el próximo gobierno va a tener que intentar corregir ciertas falencias de este proyecto y del diseño de la gobernanza.

– El plazo que se puso la ministra fue junio del próximo año para que esto entre en vigencia. ¿Estamos preparados para eso realmente? 

– Si la ministra de Interior renuncia para ser candidata presidencial en algún minuto y deja a Luis Cordero como ministro, que más o menos es la sospecha que uno tiene, pueden pretender ponerlo a él de ministro de Seguridad…

Pero lo que alcance a hacer un ministro de Seguridad en seis meses de un gobierno que se va, es bastante poco. La crisis de inseguridad tiene como principal actor al crimen organizado, este no es un lanza, un delincuente común, entonces aquí no se puede poner gente que venga a aprender, a ensayar, el gobierno no es una sala de práctica (…).

Quien realmente va a implementar este ministerio es el próximo gobierno en marzo del 2026.

“El problema es que todo es a la chilean way”

– ¿Y cómo quedará el ministro del Interior con este cambio? ¿Efectivamente se convierte en una especie de primer ministro o jefe de gobierno al estar a cargo de la coordinación política?

– El problema es que todo es a la chilean way, todo queda a medias.

Porque se dice que el ministro de Interior se va a encargar de la agenda política y de la coordinación ministerial, de todos los ministerios, que vamos a tener un primer ministro, pero tiene que ver el orden público, y el orden público le va a llevar al ministro de Interior por lo menos un 30 % o 40 % de la jornada laboral, porque los grandes problemas que ha tenido Chile en el último tiempo han venido por orden público.

Y la seguridad pública, entendida como la delincuencia, queda en el Ministerio de Seguridad, pero el orden público queda en Interior.

Entonces usted va a tener al ministro de Interior a cargo del orden público y al ministro de Seguridad a cargo de la seguridad. La pregunta es, cuando en una manifestación haya delitos y se saquee un local comercial, ¿Qué es eso? ¿Orden público o seguridad? ¿Quién define?

– Entonces, ¿hay que bajar las expectativas por ahora respecto a este nuevo ministerio? 

-Totalmente. Hay que ser muy cuidadoso, porque se va a crear una expectativa de que ahora con el Ministerio de Seguridad se va a disminuir la delincuencia y puede que no mueva la aguja, si es que no logra coordinar el sistema de seguridad.

Columna de Opinión, News

Cartas al director. “Mediación Papal”. Adolfo Paúl Latorre

                                 Mediación papal

Viña del Mar, 25 de noviembre de 2024

La mediación papal le permitió a Argentina una salida relativamente honrosa después de haber estado a punto de iniciar una agresión armada contra Chile y de haber desconocido el Laudo Arbitral de Su Majestad Británica la Reina Isabel II concerniente a la región del canal Beagle, cuyo cumplimiento estaba confiado “al honor de las naciones signatarias” del Acuerdo de Arbitraje o Compromiso firmado en Londres el 22 de julio de 1971.

Lo que disuadió a Argentina de iniciar tal agresión y de llevar a cabo su declarado propósito de apoderarse de parte del territorio chileno austral fue la prudente conducción de la gravísima crisis vecinal por el presidente Pinochet y su decidida, inclaudicable e inequívoca decisión de resistir a toda costa una agresión con todos los medios de fuerza disponibles; junto con el despliegue de todas nuestras fuerzas militares —navales, terrestres y aéreas, con el importante apoyo de carabineros— decididas a defender la soberanía nacional hasta “vencer o morir”.

     Atentamente le saluda.

        Adolfo Paúl Latorre

   Abogado
Magíster en ciencia política

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

Columna de Opinión, News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

Perú: el megapuerto “hecho en China” de Sudamérica se prepara para transformar el comercio. Joe Daniels y Steven Bernard. Diario Finaciero

                                                                    Perú: el megapuerto “hecho en China” de Sudamérica

                                                          prepara para transformar el comercio

El proyecto respaldado por Beijing en el país andino plantea un desafío estratégico para Estados Unidos, mientras Donald Trump se prepara para asumir el cargo en enero.

Por Joe Daniels y Steven Bernard
Chancay / Londres

Antes de la inauguración en el Puerto de Chancay, un megapuerto construido en China en la costa pacífica de Perú que transformará el comercio regional, las grúas no tripuladas ZPMC, fabricadas en China, se alinean en el muelle.

Las camionetas BYD están listas para trasladar a los ingenieros, mientras que las torres de Internet 5G de Huawei se han construido recientemente para manejar la operación automatizada.

“Todo se fabrica en China”, dijo Mario de las Casas, gerente de asuntos públicos del puerto de Cosco Shipping, el gigante naviero estatal chino que operará Chancay una vez que se inaugure este jueves. “Esta es una gran oportunidad no solo para Perú sino para toda la región”, agregó, mientras las banderas peruanas y chinas ondeaban en las farolas.

Los funcionarios peruanos argumentan que el puerto, construido por Cosco con la minera local Volcan, transformará a Perú —un gran productor de cobre y frutas— en el Singapur de Sudamérica y cambiará radicalmente el comercio marítimo a lo largo de la costa del Pacífico, ya que puede acomodar buques más grandes en sus aguas profundas.

Pero analistas y funcionarios expresaron su preocupación de que el proyecto de US$ 3.600 millones, que sigue a una serie de otras inversiones chinas en infraestructura, represente en efecto una cesión de la soberanía peruana sobre el puerto.

Estados Unidos, para quien la creciente influencia china en América Latina representa un problema estratégico, ha advertido que el puerto podría ser utilizado por buques de guerra chinos. Y el desarrollo puede presentar un área de discordia con el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su postura más dura contra China.

“Los riesgos para Perú son múltiples”, dijo Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.“El riesgo número uno es que el país no obtenga los beneficios de sus abundantes recursos y posición geográfica, sino que sean los chinos los que obtengan esos beneficios”.

El Presidente chino, Xi Jinping, que se encuentra en Perú esta semana para asistir a la cumbre de la APEC antes de una visita de Estado, aparecerá con la mandataria peruana, Dina Boluarte, en la apertura de Chancay el jueves a través de un enlace de video desde Lima, a 80 kilómetros de distancia. El mandatario estadounidense, Joe Biden, también estará en la ciudad para la cumbre de la APEC en su primera y última visita a Sudamérica como jefe de Estado, con poco que ofrecer.

En mayo, en medio de una disputa con Cosco, los legisladores peruanos aprobaron una ley que le otorga derechos exclusivos para operar Chancay, algo que Ellis dijo que era “anteriormente impensable y contrario a la esencia misma de la afirmación de soberanía del Perú sobre sus propios puertos, que son su ventana al mundo”.

El ministro de Transporte de Perú, Raúl Pérez-Reyes, desestimó esas preocupaciones y argumentó que Chancay será supervisada por las autoridades aduaneras y portuarias de Perú.

“En este caso se trata de una inversión de capital chino, pero es exactamente igual que si fuera capital británico o norteamericano… en ningún caso se pierde nuestra soberanía”, afirmó Pérez-Reyes.

Dijo que el puerto permitirá que el pujante sector agrícola de Perú siga creciendo. “Lo que hará Chancay es redireccionar una parte de la carga y enviarla directamente a Asia”.

Cuatro países de APEC concentran el 86% de las exportaciones de cobre de Perú

Presencia china

De los US$ 3.600 millones que costó la construcción, US$ 1.300 millones se habían invertido en la fase inicial, dijo Cosco. El puerto de aguas profundas puede recibir a algunos de los buques de transporte más grandes del mundo, con una capacidad de 22.000 unidades equivalentes a veinte pies, o TEUs, un estándar de la industria para contenedores. Ningún otro puerto en la costa del Pacífico de América del Sur puede recibir barcos de este tamaño.

Chancay ahorrará al menos 10 días de lo que anteriormente era un viaje de 35 días a China desde Perú, lo que significa que los barcos ya no necesitarán hacer escala en el puerto de Manzanilla, en México, o en Long Beach, en California.

Los cargamentos brasileños, que a veces viajan hacia el este hacia Asia o a través del Canal de Panamá, también ahorrarán al menos 10 días de tiempo de viaje, dijo Cosco.

Una ley de cabotaje aprobada en mayo permitirá que la carga se mueva entre puertos peruanos antes de llegar a tierra, ahorrando el tiempo que se pierde en las carreteras. Cosco ha dicho quelos barcos pequeños de Ecuador, Chile y Colombia podrían enviar mercancías a otros puertos de Perú. Esas mercancías luego serían trasladadas a Chancay y exportadas desde allí.

Brasil también se beneficiará, dijo Pérez-Reyes, con el uso de la Carretera Interoceánica Sur, que pasa por los centros agrícolas brasileños de Acre y Rondônia antes de llegar a la costa peruana del Pacífico.

Chancay, parte de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Beijing,se suma a una cartera de inversiones chinas que incluye la mina de cobre más grande de Perú, Las Bambas, propiedad de MMG, una minera china.

En abril de 2023, China Southern Power Grid adquirió el negocio eléctrico peruano de Enel, que suministra energía a la zona norte de Lima, la capital del país. El resto del suministro eléctrico de Lima se vendió en 2020 a la empresa china Three Gorges Corporation, que también posee una represa hidroeléctrica peruana.

En marzo, Perú otorgó una concesión para construir y operar un puerto en el sur a una subsidiaria de la compañía china Jinzhao, que opera una mina de hierro cerca de Ica.

Por el contrario, la ministra peruana de Comercio, Úrsula León, dijo que Estados Unidos estaba perdiendo una oportunidad de invertir. Tanto Beijing como Washington tienen acuerdos de libre comercio con Lima y se espera que el primero fortalezca su TLC durante la visita de Xi.

China es el principal socio comercial de Perú; el cobre, el hierro y la harina de pescado representan la mayor parte de sus exportaciones por un valor total de US$ 23.100 millones en 2023. Las exportaciones con destino a Estados Unidos ascendieron a US$ 9.100 millones.

“Hay algunas oportunidades que (EEUU) está perdiendo, por eso es importante que conozcan un poco más nuestro mercado”, dijo León.

León afirmó que Estados Unidos “también tiene oportunidades” de invertir en megaproyectos, entre ellos el puerto de Corío, en el sur del país. “Por eso no podemos generalizar y decir que Perú prácticamente se está volviendo dependiente de China”, afirmó.

Estados Unidos había discutido sobre Chancay con Perú, dijo el Departamento de Estado, y planteó “la importancia de una adecuada supervisión, seguridad, regulación y competencia justa para todos los proyectos clave de infraestructura”.

“No estamos pidiendo a los socios que elijan entre Estados Unidos y (China), pero estamos demostrando los beneficios de la asociación” con Estados Unidos, dijo el funcionario.

China es actualmente el mayor socio comercial de Sudamérica y un importante inversionista en proyectos cruciales de minerales, transporte y energía. Beijing insiste en que sus proyectos en el extranjero apuntan al beneficio mutuo, un enfoque que contrasta con lo que llama la búsqueda de hegemonía y ventaja geopolítica por parte de Washington.

Inicialmente, Chancay podrá manejar entre 1 millón y 1,5 millones de TEU al año, así como 6 millones de toneladas de carga suelta, antes de aumentar esa capacidad a 3,5 millones de TEU al año. El puerto del Callao, el principal puerto de Perú, fue ampliado este año y tiene una capacidad anual de 3,7 millones de TEU, dijo el Ministerio de Transporte.

Pero la capacidad portuaria de América Latina está muy por detrás de Asia, América del Norte y Europa, que tienen múltiples puertos con un rendimiento de más de 10 millones de TEU cada uno.

Lo que hay detrás

Para evitar la congestión en la ciudad de Chancay —hasta hace poco una tranquila comunidad pesquera visitada por turistas los fines de semana— Cosco construyó un túnel de 1.830 metros, el más largo de Perú, para que los camiones pudieran pasar por allí. Los residentes se han quejado del ruido que proviene del puerto y de lo que dicen son amenazas a las reservas de peces y a los humedales.

Cosco planea un parque empresarial junto al puerto, donde el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, BYD, ha expresado interés en abrir una planta de ensamblaje.

Los legisladores están considerando otorgarle a las instalaciones exenciones fiscales exclusivas, aunque eso ha enfrentado resistencia debido a la ventaja que le daría a Chancay sobre Callao, el puerto estatal pero operado de manera privada a 73 kilómetros de distancia.

“Invertir en Chancay ya es suficientemente atractivo sin necesidad de ofrecer exenciones impositivas”, dijo Adriana Tudela, congresista de la oposición. “En esencia, estamos creando una enorme desventaja para otros puertos”.

Antes de dejar su puesto como jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que cubre América Latina y el Caribe, la general Laura Richardson advirtió que Chancay podría ser utilizada por la marina china. “Esta es una estrategia que hemos visto en otros lugares”, dijo Richardson.

Alfredo Thorne, exministro de Finanzas que dirige una consultoría económica, dijo que si bien las inversiones chinas benefician las exportaciones peruanas, “conllevaron importantes riesgos políticos, incluido el acceso al mercado estadounidense”.

El Presidente electo de Estados Unidos, Trump, dijo Thorne, podría arrastrar a Perú a cualquier disputa con Beijing, ya que se espera que implemente políticas proteccionistas y adopte una línea dura contra China. Trump ha propuesto un arancel del 60% a los productos chinos.

Thorne dijo: “No veo cuál sería el interés de China en seguir apostando por Perú cuando tiene que enfrentarse a Trump”

Un aporte de  nuestro socio Raúl Godoy

 

Fuente: Diario Financiero

 

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Tratado de paz y amistad y plataforma continental. Jorge Guzmán. La Prensa Austral

 

                                                                                 TRATADO DE PAZ Y AMISTAD Y PLATAFORMA CONTINENTAL

Jorge Guzmán – La Prensa Austral, 24/11/2024

La conmemoración de los 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad con Argentina (TPA, 29 de noviembre) vuelve a poner la atención sobre el asunto pendiente de la delimitación de las respectivas soberanías sobre los recursos vivos y no vivos del suelo y subsuelo marinos del Mar Austral y la Antártica.

Si bien en principio se trata de un diferendo acotado a cierto sector del Mar Austral, en contexto geopolítico sabemos que el problema de fondo se refiere a la proyección chilena hacia la Antártica y, de por medio, a nuestra soberanía de los recursos naturales de cientos de miles de km2.

Se trata de un problema limítrofe originado en pretensiones argentinas que datan de hace un siglo, esta vez “vestidas” de “reclamo” al amparo de la normativa sobre plataforma continental hasta y más allá de las 200 millas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Como ya es de público dominio, bajo ese precepto (y junto con una “reinterpretación de su reclamo antártico”), en 2009 Argentina “reclamó soberanía” sobre el suelo y subsuelo marino de varios archipiélagos del Mar Austral Circumpolar (Georgia, Sándwich y Orcadas del Sur), además de una “medialuna” que sobrevuela “el martillo” de la delimitación marítima del TPA, para, en este caso, “reaparecer” más allá del Mar de la Zona Austral (así lo designa el TPA) y prolongar el límite internacional con Chile a lo largo “el meridiano del cabo de Hornos”.

A estas alturas “es pasado” lo establecido en el TPA respecto que la delimitación en él contenida constituye “el confín definitivo e inconmovible” entre ambos países y que, consecuentemente, estos se comprometen a no presentar nuevas “reivindicaciones” territoriales. En 2009, de jure y de facto, el vecino reinterpretó sus compromisos con el tratado de 1984.

En 2020 la Cancillería notificó a su par argentina que tal pretensión nos resultaba “inoponible” y, acto seguido, la Armada “actualizó” la Carta Marina de la región austral para ilustrar la proyección de la “plataforma continental legal de 200 millas” de las islas del cabo de Hornos y Diego Ramírez (solamente). Esa proyección se sobrepuso a la proyección de “plataforma continental más allá de las 200 millas” proyectada desde el extremo sureste de la Tierra del Fuego argentina.

En 2022 el gobierno argentino protestó ante el secretario General de Naciones Unidas indicando que los actos afirmativos chilenos constituían violaciones del TPA y, en el último cuarto de 2022, invocó el “Procedimiento de Conciliación” previsto en su texto para invitar a Chile a comenzar a resolver el problema.

Si bien se sabe que en mayo de 2023 el gobierno designó representante ante dicho ente, no sabemos si los asesores respectivos (previstos en el TPA) fueron también designados, ni tampoco si el presidente de la misma fue acordado con Argentina o, como establece el Tratado, éste fue nombrado por la Santa Sede.

En definitiva, aunque sus deliberaciones son reservadas, la opinión pública no sabe si la Comisión de Conciliación fue finalmente establecida para abocarse en el plazo previsto (6 meses) a la cuestión de la plataforma continental magallánico-antártica más allá de lo pactado en 1984.

Por largo tiempo Chile subestimó la complejidad del reclamo de plataforma continental argentino adyacente al área marítima delimitada con el TPA, ignorando que, antes que una cuestión técnico-jurídica, se trataba de un asunto de profundas implicancias geopolíticas.

Bajo la “doctrina” que en un “excanciller progresista” calificó de “importancia ninguna”, Chile no sólo permitió que las aspiraciones argentinas comenzaran a consolidarse, sino que otorgó a la contraparte el argumento del “plazo vencido”.

Sin duda Argentina alegará que la actualización de la proyección de la plataforma continental de las islas del cabo de Hornos y Diego Ramírez ocurrió después de mayo 2019, ergo más de 10 años contados desde mayo 2009, plazo previsto en la normativa sobre plataforma continental.

Y aunque -por razones de forma y fondo- esto no es necesariamente así, lo concreto es que Argentina utilizará este argumento para forzar a Chile a rechazarlo.

Con esto en consideración, todo indica que Argentina ya comenzó a prepararse para un diferendo mucho más largo que, en su primera fase, considera “quemar” la etapa del procedimiento de conciliación del TPA para, en definitiva, elevar el asunto o al “procedimiento arbitral” previsto en el mismo tratado o, “saltándose” ese trámite, directamente recurrir a un tribunal internacional establecido.

Como sea, con la Comisión de Conciliación activa o no, parecería que no sólo para la cuestión de la plataforma continental magallánico-antártica, sino que, parafraseando al poeta uruguayo Mario Benedetti, para todas las delicadísimas cuestiones australes con Argentina, Chile no tiene “ni táctica ni estrategia”.

Sin duda un enorme hándicap que, por ejemplo, quedó al descubierto en el “audio de la Cancillería”, en el que diplomáticos profesionales refieren ciertos “favores a Argentina” que comprometen no sólo la libre navegación, sino que la neutralidad del estrecho de Magallanes.

Dicho “audio” no sólo dejó entrever liviandad e ignorancia, sino que, en un contexto político, jurídico y geopolítico más amplio, ilustró la superficialidad con la que se entienden en Santiago los problemas del austro chileno.

La evidencia señala que, para el conjunto del interés nacional, la cuestión de la plataforma continental magallánico-antártica tiene complejos y urgentes desafíos. El más inmediato es aquel de rechazar, de una vez por todas, la pretensión argentina de limitar la proyección chilena hacia el Polo Sur a la longitud del cabo de Hornos.

Chile debe derrotar el llamado “principio bioceánico” argentino, y para eso debe emplear a su favor no sólo sus recursos jurídicos, sino que debe aprovechar tanto la conformación del suelo y subsuelo marino del Mar Austral Circumpolar, como las fórmulas geo-científicas de la Convención del Mar. Allí está la clave.

Para eso, sin embargo, es necesario mucho trabajo y una clara voluntad política. Por ahora seguimos “al debe”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

Los protagonistas de la histórica mediación Papal que evitó la guerra. Valentina González. El Mercurio

                                                                              LOS PROTAGONISTAS DE LA HISTÓRICA MEDIACIÓN

                                                                   PAPAL QUE EVITÓ LA GUERRA

Valentina González – El Mercurio, Reportajes, 24/11/2024

POLÍTICOS, MILITARES Y EXPERTOS.

El intenso trabajo diplomático que consiguió asegurar la paz entre Chile y Argentina requirió la dedicación de distintos personajes que, desde sus respectivos campos de acción, dedicaron años a estas negociaciones. Ernesto Videla pasó a la historia como el hombre clave tras el acuerdo, mientras que las gestiones del canciller Cubillos y la experticia de embajadores y asesores de Cancillería fueron fundamentales.

ERNESTO VIDELA, EL GRAN ARTÍFICE DEL ACUERDO

Cuando en 1976 Augusto Pinochet le comunicó a Ernesto Videla que al día siguiente debía presentarse en el ministerio de Relaciones Exteriores, el militar quedó extrañado. Le planteó de vuelta que no tenía nada de diplomático, pero Pinochet le replicó “¡Por eso lo mando!”

Jefe de la Dirección de Planificación y Subsecretario de Relaciones Exteriores

Esa sorpresa inicial marcó su llegada a Cancillería como director de Planificación, con 38 años y el grado de teniente coronel.

Allí comenzó una carrera que se extendería por más de una década, donde también tuvo el rol de subsecretario y jefe de la delegación chilena ante la mediación papal en la disputa con Argentina.

Previo a los intensos años que culminaron con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 con Argentina, Videla ya había construido una extensa trayectoria pública. Militar de carrera -además de diplomático y académico-, ingresó a la Escuela Militar en 1953, estuvo en la Academia de Guerra y luego viajó a especializarse a Estados Unidos.

De vuelta a Chile, estuvo en la dirección de Operaciones del Estado Mayor del Ejército y en el Comité Asesor de la junta de Gobierno. En esta última instancia se encontraba en 1976, cuando fue destinado a la Cancillería.

Llegada con los civiles. Quienes trataron con él en esos años lo recuerdan inteligente, caballeroso e imaginativo. Dicen que destacaba por las diversas características que coincidían en él: era militar pero, a la vez, tenía modos y comportamientos que daban cuenta de un nivel político “poco habitual de encontrar”, describe un colaborador.

Evidencia de estas cualidades es la buena relación que tuvo con contrapartes como Marcelo Delpech, jefe de la delegación argentina, con quién forjó una amistad.

Se entendía muy bien con los civiles y además tenía un conocimiento importante del diferendo. Había sido parte de las conversaciones previas y de los diálogos presidenciales en Mendoza y Puerto Montt, por lo que previo a la mediación, ya estaba involucrado en la materia.

En los años de mediación papal, Videla encabezó en todo momento al equipo que trabajaba en Santiago, cuyos miembros se desplazaban a Roma cuando era necesario. Julio Philippi, Helmut Brunner, Francisco Orrego, Patricio Pozo y Patricio Prieto eran parte del grupo, en que también colaboró Santiago Benadava.

En 1988, año en que fue designado vicecanciller, solicitó su retiro voluntario del Ejército con el rango de general de Brigada. Continuó como analista de temas políticos e internacionales; realizó diversas publicaciones y en el primer gobierno de Sebastián Piñera fue asesor del canciller Alfredo Moreno.

Cumplió este rol hasta su fallecimiento en2013.

EL EQUIPO DE ABOGADOS QUE TRABAJÓ JUNTO A VIDELA EN LA DELEGACIÓN CHILENA

La posibilidad de tener un contacto más directo con el Gobierno fue uno de los factores para decidir que la delegación más extensa estuviera en Santiago, liderada por Ernesto Videla.

Julio Philippi, Helmut Brunner, Francisco Orrego Vicuña, expertos en materias internacionales y colaboradores de la Cancillería, eran parte del grupo. Había experiencia directa con el diferendo: Philippi (exministro de Jorge Alessandri), por ejemplo, estuvo encargado de las conversaciones con el general argentino Osiris Villegas tras el laudo y Orrego encabezó otra comisión, donde la delegación transandina era encabezada por el general Ricardo Echeverry Boneo.

Philippi, Brunner, Orrego, Pozo, Prieto y Benadava

Otros dos funcionarios muy valorados por su preparación y criterio estaban en la delegación: el ministro consejero Patricio Pozo y el abogado de la Armada Patricio Prieto.

Santiago Benadava, internacionalista, diplomático y dos veces embajador en Israel, también formó parte del grupo y, más tarde, estuvo a cargo de la misión en Roma, como embajador alterno.

Alta experiencia. Del grupo se destaca especialmente su conocimiento y rigurosidad De Brunner y Benadava, en particular, se comenta su extrema precisión en el uso del lenguaje, al punto que algunos describen sus correcciones en los documentos como “terribles”, para así dar con conceptos que eliminaran cualquier duda.

DELPECH, LA CONTRAPARTE ARGENTINA DE VIDELA

Entre los diversos representantes de Argentina, Marcelo Delpech, abogado, diplomático y académico, tuvo un rol especialmente relevante. Se desempeñó como jefe de la delegación argentina en la mediación papal, por lo que jugó el rol de contraparte directa de Ernesto Videla.

En la representación argentina

En 1984, mientras se encontraba en la delegación de su país en las Naciones Unidas en Ginebra, Delpech fue convocado para esta misión dado su manejo en las materias jurídicas y su conocimiento del diferendo.

La relación que construyó con Videla fue, a juicio de distintos conocedores del proceso, un factor importante para influir confianza y fluidez al diálogo entre sus respectivos equipos. “Nos hicimos amigos casi desde el principio y nos tuvimos confianza mutua. Cuando uno de los dos decía voy a llevar este tema a la Cancillería, lo hacía. Nos caímos tan bien que nos tuteamos casi de entrada y siempre hablamos como dos amigos. Es un milagro, un pequeño milagro. Parece mentira a veces que temas como un tratado dependen de cuestiones totalmente ajenas a lo intelectual. Simplemente es el buen contacto humano” contó Delpech a “El Mercurio” en 2014.

Los nombres del presidente Raúl Alfonsín y el canciller Dante Caputo, en sus cargos al momento de firmar el tratado, también quedaron inscritos en la historia de la mediación.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.