CÁMARA APRUEBA LEY NAÍN-RETAMAL CON EL OFICIALISMO DIVIDIDO Y REDUCE MARGEN DE MANIOBRA DEL GOBIERNO EN EL SENADO
José Miguel Wilson
La Tercera, 29/03/2023
Un minuto de silencio por la muerte de un dirigente sindical de Doñihue fue uno de los pocos momentos de paz que tuvo la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles en la mañana.
A pesar de que la Cámara aprobó con amplia mayoría las distintas disposiciones de la llamada Ley Naín-Retamal (iniciativas fusionadas que recuerdan a dos carabineros asesinados en actos de servicios), el debate no fue pacífico.
Por el contrario, la discusión -presenciada desde las tribunas por las viudas y deudos del sargento Carlos Retamal y de los cabos Eugenio Naín y Juan Florido- fue áspera y cargada de recriminaciones.
Incluso, al usar la palabra la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue interrumpida seis veces mientras trataba de explicar cuál era el plan para mejorar el proyecto, que -a juicio del gobierno- no estaba bien organizado ni regulaba correctamente la protección de las policías.
A la sexta interrupción, la vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), tuvo que intervenir para pedir orden en la sala.
Sin embargo, en vista de que el Ejecutivo quedó sin margen de maniobra para presentar indicaciones en la Cámara -luego de una jugada reglamentaria de las bancadas de derecha que añadieron el texto de la anterior Ley Retamal dentro de la Ley Naín-, Tohá reiteró que apostarán a perfeccionar el nuevo proyecto en el Senado.
Luego, en forma sorpresiva y a pesar de la resistencia que existe en sectores de izquierda, la ministra hizo un llamado a aprobar las mociones fusionadas, cuyo punto más delicado es un artículo que concede a los funcionarios una presunción de uso justificado de su arma de servicio (legítima defensa privilegiada), cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito.
“Cuando se considere que es racional el uso del arma, no se podrá culpar al carabinero”, dijo la titular del Interior, quien añadió que “creemos que ese mismo objetivo (que persigue la Ley Naín-Retamal) se puede obtener con otras formulaciones mucho más precisas, pero nuestra indicación es que este proyecto hoy día tenga respaldo, se apruebe, le demos los votos y sigamos en el Senado mejorándolo”.
El llamado de la ministra tuvo un leve efecto. Si bien la iniciativa tenía el respaldo desde el PS al Partido Republicano para ser aprobada en forma íntegra, el planteamiento de Tohá y las gestiones personales que hizo la ministra general de la Presidencia (S), Macarena Lobos, lograron atenuar los rechazos.
El punto más controvertido es un artículo que facilita a los policías el uso de su arma de servicio cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito. Esta materia recibió el respaldo transversal desde el PS al Partido Republicano, mientras que el PC y casi todo el Frente Amplio optaron por rechazar, abstenerse o ausentarse. Si bien la ministra Tohá reiteró que el Ejecutivo pretende perfeccionar la iniciativa, en la Cámara Alta el oficialismo negociará en condiciones de minoría. Incluso se corre el riesgo de que la propuesta alternativa de La Moneda sea rechazada.
Finalmente, el PC y el Frente Amplio optaron por abstenerse o ausentarse en algunas de las 24 votaciones que se dieron ayer para dirimir el contenido del proyecto, artículo por artículo.
No obstante, en el punto más delicado de la jornada -la disposición sobre legítima defensa de parte de policías- el quiebre del oficialismo fue más evidente. Ese artículo se aprobó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.
Entre los rechazos, la mayoría eran del Frente Amplio (10 de 20 miembros de la bancada). También votaron en contra todos los comunistas que estaban en la sala (siete de 12 diputados), al igual que una PS (Emilia Nuyado), una legisladora de Acción Humanista (Ana María Gazmuri) y cuatro independientes (entre ellos Pamela Jiles).
En el debate, la diputada Maite Orsini (Frente Amplio-RD) acusó que “si este proyecto hubiese sido ley cuando la senadora (Fabiola) Campillai recibió una lacrimógena en el rostro, ella hubiese tenido que probar que no hizo nada para provocar la reacción del policía que atentó contra de su vida”. No obstante, a pesar de la gravedad de su afirmación, Orsini se abstuvo en este punto.
La diputada Camila Rojas (Frente Amplio-Comunes) también argumentó el mismo caso de Campillai, pero ella sí votó en contra.
El único voto de Apruebo Dignidad en favor de la disposición sobre legítima defensa fue la frenteamplista Marcela Riquelme.
Además, hubo otros puntos que expusieron la división oficialista, pero de forma más atenuada, ya que la mayoría de los legisladores de Apruebo Dignidad decidió abstenerse.
Entre esas materias, figuró la disposición que liberaba a los funcionarios de la suspensión administrativa por el uso de su arma de servicio, el artículo que añadía la expulsión como pena adicional a extranjeros que cometan delitos contra policías, las normas que elevaban penas y la que permitía el registro de ocupantes de un vehículo.
Precisamente el uso del arma de servicio por parte de Carabineros y sus consecuencias era una de las principales inquietudes para la policía. La propia ministra del Interior, Carolina Tohá, lo explicó así este miércoles.
“El problema que hay es que mientras se investiga, inmediatamente el policía cae en esta condición de imputado, muchas veces apartado de la institución, y los fiscales interpretan que si este funcionario usó su arma, y hay un herido o fallecido, desde ese momento queda imputado. Entonces, la dimensión procesal de esto es dónde está el verdadero problema”, dijo en Radio ADN.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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