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                                                                            CINCO MANERAS DISTINTAS DE EVALUAR EN TIEMPOS DE LA

                                                           INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Francisco Javier Ulloa Cortez, Maestro en Tecnologías de la Información, Profesor de tiempo completo del depto. de Ingenierías del Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara – The Conversation 01/07/2025

En los últimos años han surgido muchísimas herramientas de inteligencia artificial generativa que hacen sencillísimo el uso de esta tecnología para cualquier persona sin conocimientos informáticos. Las más populares son ChatGPT, MidJourney, Claude AI, Synthesia, DALL-E, Perplexity y DeepSeek.

La facilidad de acceder a estas herramientas ha planteado importantes desafíos éticos y de autoría, que generan intensos debates y temas de regulación. Por ejemplo, en cuanto a la “ayuda” que podamos recibir de la IA para la redacción de tareas o incluso tesis y el uso no ético, sin revisar ni editar lo generado, que le pueden dar los estudiantes.

El uso –y a veces abuso– constante de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes nos obliga a replantear los métodos de enseñanza, pero sobre todo los de evaluación. Tenemos que reconsiderar qué es lo que se debe de aprender y con qué fin, además de cómo vamos a evaluar el aprendizaje.

Cambios en el proceso educativo. La inteligencia artificial ha modificado el acceso a la información y la elaboración de contenidos. Es más sencillo buscar, escribir, resumir o resolver problemas matemáticos, aunque esto también nos plantea la cuestión de si estamos realmente adquiriendo habilidades o simplemente dejando la responsabilidad a la IA.

A menudo, los resultados entregados por los estudiantes nos hacen dudar. Antes de la IA, un trabajo con buena redacción, buena sintaxis y sin faltas de ortografía era bien visto o bien valorado; actualmente, algunos preferimos encontrarnos y corregir trabajos con errores ortográficos o limitados en cuanto ideas, porque son señales de que puede ser un trabajo auténtico del alumno.

Las universidades y los docentes hemos transitado rápidamente por varias etapas y reaccionado de diferentes maneras: desde la prohibición, pasando por el rechazo y llegando al uso crítico y aprovechamiento de las ventajas que ofrece esta tecnología.

Impacto en los métodos de evaluación. Cada día es más común encontrarnos a estudiantes que presentan buenos trabajos pero que no entienden realmente lo que entregaron. Esto no significa que el uso de la IA deba prohibirse, sino que es necesario replantear la forma de evaluar.

A continuación, se presentan algunas metodologías y actividades recomendadas para evaluar y aprender con la inteligencia artificial:

1. Aprendizaje basado en proyectos: los estudiantes trabajan en un proyecto real o simulado; implica resolver una situación compleja, fomenta la creatividad. Se sugiere una evaluación continua, no solo del producto final.
2. Portafolios: son una recopilación de trabajos, productos o actividades realizadas por los estudiantes a lo largo del curso. Se utilizan para dar seguimiento al proceso de aprendizaje. Permiten verificar la autenticidad y el desarrollo personal y académico.
3. Coevaluación: incorporación de dinámicas de evaluación entre iguales a lo largo del proceso de trabajo, incluyendo valoraciones y reflexiones cualitativas. Por ejemplo, realizar una presentación de avances de un proyecto en equipos, cada equipo muestra el avance a otro equipo y el segundo debe ser quien evalúe.
4. Exámenes orales: ayudan a comprobar el conocimiento auténtico del estudiante y ofrecen una medición real del nivel de aprovechamiento. No obstante, debemos identificar a los estudiantes que sí saben pero se ponen nerviosos.
5. Gamificación: aporta actividades lúdicas con niveles, retos o insignias. Presenta una competencia amistosa, estimula la participación y mejora la atención de los estudiantes, haciendo más dinámica la clase. Además, ofrece retroalimentación inmediata, lo que les ayuda a identificar aciertos y errores en tiempo real. Si bien la gamificación no es exactamente una evaluación, puede ayudar a complementarla.

Encontrar el equilibrio. La inteligencia artificial no puede ni debe ser prohibida o eliminada del aula, sino que la respuesta debe ser reflexiva y de adaptación por parte de los profesores. Es importante encontrar un equilibrio para usarla como herramienta que no reemplace los roles de profesor y estudiante en el proceso educativo.

Evaluar hoy en día no implica solo medir las tareas o resultados que presentan los alumnos, sino también acompañar el proceso completo. Es necesario valorar los errores más que los trabajos perfectos. Para la UNESCO, la alfabetización básica, la aritmética elemental y la alfabetización científica básica seguirán siendo claves en la educación del futuro.

Contexto y sentido. La labor del docente no será sustituida siempre que su didáctica sea innovadora, que aporte valor al contexto del estudiante y le dé sentido a la enorme cantidad de información a la que se tiene acceso.

Una de las responsabilidades de los profesores de hoy consiste en crear entornos de aprendizaje significativo. Aunque siempre han existido herramientas para buscar información y datos, lo que realmente ayuda a aprender es reflexionar, conectar lo que ya sabemos con lo nuevo y saber aplicar lo aprendido.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección. son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente en pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

                                                                             UN ACUERDO HISTÓRICO CON SOMBRAS: GIBRALTAR,

                                                                              ENTRE LA COOPERACIÓN Y LA CESIÓN SIMBÓLICA

Armando Alvares García Júnior, PDI. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – The Conversation 12/06/2025

El acuerdo político alcanzado entre España, el Reino Unido y la Comisión Europea sobre el futuro de Gibraltar marca un antes y un después en la relación de este enclave con Europa.

Tras años de negociaciones desde el Brexit, este pacto prevé la eliminación de la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) del Peñón, la incorporación parcial de Gibraltar al espacio Schengen y la supresión de los controles de personas y mercancías.

Más allá de los gestos simbólicos, este entendimiento trae consigo consecuencias jurídicas, económicas y políticas que España no puede permitirse ignorar.

Para muchos españoles, sobre todo en la comarca andaluza de Campo de Gibraltar, la noticia tiene un tono de alivio. Entre 10.000 y 15.000 trabajadores transfronterizos, en su mayoría de nacionalidad española, dependen de la fluidez del paso para mantener sus empleos y su calidad de vida.

La demolición de barreras físicas, la armonización fiscal y la cooperación judicial prometen una mayor integración y, quizás, prosperidad para una de las regiones más castigadas por el desempleo estructural en Andalucía.

El acuerdo incluye también fondos europeos para formación, medioambiente y cohesión social, lo que podría traducirse en mejoras tangibles a corto plazo.

La falta de certezas. Lamentablemente, no todo son certezas. El texto aún no ha sido traducido en un tratado jurídicamente vinculante, lo que deja varios elementos clave abiertos a interpretación y posible disputa.

¿Qué tipo de fiscalidad se aplicará finalmente en Gibraltar? ¿Cómo se garantizará una competencia leal en el comercio, especialmente en sectores sensibles como el tabaco y los servicios financieros? ¿Qué papel jugará España en el control de un aeropuerto cuya soberanía reclama desde hace décadas?

El Gobierno español, que durante años ha defendido una postura firme sobre la soberanía del Peñón, presenta ahora el acuerdo como un logro diplomático. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, España asumirá el control de acceso al espacio Schengen, mientras que la policía gibraltareña mantendrá sus funciones dentro del territorio.

En la práctica, los pasajeros que lleguen al puerto o al aeropuerto de Gibraltar deberán someterse a un doble control: uno por parte de las autoridades españolas, encargadas de garantizar la entrada al espacio Schengen, y otro por parte de la policía gibraltareña, que gestiona los procedimientos internos en nombre del Reino Unido. La cooperación en materia de seguridad y justicia entre ambas partes también se verá reforzada en este nuevo marco.

Pero esta fórmula, si bien funcional, puede verse como una cesión política. Para los sectores más conservadores del Reino Unido, el hecho de que ciudadanos británicos tengan que mostrar su pasaporte a la policía española para entrar en su “propio territorio” es una humillación.

En España, ciertos sectores ven el pacto como una renuncia simbólica a la reivindicación de soberanía plena sobre el territorio. Aunque el acuerdo declara que no afecta a las respectivas posiciones jurídicas de Londres y Madrid, en la práctica se configura una soberanía compartida de facto, sin resolver totalmente el conflicto histórico.

La desaparición de la Verja, convertida en símbolo de confrontación durante décadas, tiene una carga emocional fuerte. Pero no debemos perder de vista que el acuerdo se produce en un contexto más amplio de redefinición de fronteras, flujos migratorios y competencias entre Estados en Europa.

Gibraltar se convierte así en un laboratorio político: fuera formalmente de la UE, pero funcionalmente integrado en varias de sus estructuras clave. En este híbrido jurídico, España gana influencia operativa, pero también carga con responsabilidades adicionales.

El acuerdo tampoco soluciona el futuro uso civil y comercial del aeropuerto de Gibraltar, construido sobre un istmo cuya soberanía España nunca ha reconocido. El Gobierno británico ha recalcado que sus instalaciones militares seguirán bajo control exclusivo del Reino Unido, un punto que preocupa a Madrid por las implicaciones estratégicas que puede tener en un momento de tensión geopolítica internacional.

Un pacto que aún debe ser ratificado. El pacto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y el británico. Al tratarse de un instrumento mixto, que incluye decisiones sobre fronteras exteriores (espacio Schengen), fiscalidad, cooperación judicial y seguridad, requiere también la aprobación del Congreso de los Diputados y del Senado español. Esto es así porque el acuerdo no se limita únicamente a cuestiones comerciales o técnicas gestionadas directamente por la Unión Europea, sino que afecta directamente competencias soberanas y estratégicas de España.

La eliminación física de la Verja no supone la desaparición total de controles, sino su traslado hacia puertos y aeropuertos mediante un sistema conjunto hispano-gibraltareño.

En definitiva, el acuerdo sobre Gibraltar es un logro técnico y un acto de pragmatismo diplomático. Pero su ejecución conlleva a una serie de dilemas estructurales para nuestro país: cómo combinar soberanía, integración y cooperación sin ceder legitimidad ni eficacia. El tiempo dirá si se trata de una solución estable o de un parche más en una frontera que, aunque invisible, seguirá siendo política.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección. son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente en pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

                                                                                    NUEVA ARISTA POR LICENCIAS: CONTRALORÍA DETECTA

                                                                                A 3.500 FUNCIONARIOS CON REPOSOS DADOS POR

                                                                            MÉDICOS INVESTIGADOS POR FRAUDE

Ignacia Canales – La Tercera, 30/06/2025

Este lunes se agregó un nuevo capítulo a la teleserie de las licencias médicas: la Contraloría General de la República(CGR) identificó que un total de 3.532 funcionarios públicos presentaron permisos médicos emitidos por alguno de los 44 facultativos que son investigados penalmente por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones.

El informe detalla que el 79 % de estas licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, lo que en total significó 192.781 días de reposo autorizados repartidos entre todos los funcionarios.

Además, todos los médicos investigados son de nacionalidad extranjera. Entre ellos, 10 se desempeñaron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, y cinco de ellos lo hicieron sin contar con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), requisito obligatorio para ejercer en el sistema público.

Las licencias fueron emitidas a trabajadores de distintos estamentos públicos distribuidos por todo el país, incluyendo municipalidades, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, SLEP, Gendarmería y otras entidades, tanto públicas como privadas.

A esto se suma que, según la CGR, 5.284 funcionarios que ya habían hecho uso de licencias médicas entre 2020 y 2022 volvieron a presentar nuevos permisos entre 2023 y 2025. De estas últimas, 1.208 fueron otorgadas por seis de los médicos actualmente bajo investigación.

Este nuevo hallazgo se suma al primero que reveló el organismo encabezado por Dorothy Pérez a mediados de mayo, cuando se informó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica.

Esa situación desató una serie de críticas y consecuencias, como la salida de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, o la implementación de nuevas estrategias para reforzar el control y la fiscalización de estos permisos.

Sanciones y multas. Consultados por el nuevo hallazgo, desde el Ministerio de Salud explican que en agosto de 2024 tomaron conocimiento de que funcionarios del sistema público de salud habían recibido licencias médicas emitidas por médicos que, en paralelo, estaban siendo investigados por un fraude masivo relacionado con la emisión de estos documentos entre 2020 y 2022.

Frente a eso la cartera dice que ordenó un análisis interno en todas las instituciones del sector. La revisión permitió identificar a 1.697 funcionarios que, en esos años, recibieron un total de 3.001 licencias otorgadas por los médicos hoy cuestionados.

El impacto económico de estas licencias se estima en más de $ 1.100 millones en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL). Con estos antecedentes sobre la mesa, el ministerio decidió iniciar procesos disciplinarios para determinar si hubo o no responsabilidades administrativas.

“Hemos actuado con celeridad y transparencia para identificar y abordar las posibles responsabilidades administrativas de sus funcionarios. El proceso disciplinario se encuentra en distintas etapas y continúa en desarrollo, cumpliendo con el debido proceso y la normativa administrativa vigente”, concluyen desde la cartera.

Mientras, desde el Parlamento aseguran que este caso es una señal más de la necesidad de seguir avanzando en medidas para evitar el mal uso de las licencias médicas, combatir su emisión fraudulenta y fortalecer las sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

“Todo este escándalo por las licencias médicas fraudulentas sin ninguna duda va a generar modificaciones tanto reglamentarias como legales y en la Comisión de Salud la estamos revisando. Ya hemos tomado conocimiento de lo que han sido los informes de Contraloría, pero siguen apareciendo sorpresas. Vamos a conversarlo con el gobierno porque hay materias que son privativas del gobierno y nosotros no podemos inmiscuirnos en aquello, pero tenemos que hacerlo en conjunto”, afirma el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC)

Por su parte, la presidenta de la misma instancia, pero en la Cámara de Diputados, Helia Molina (PPD), afirma que “con este nuevo informe queda en evidencia que son unos pocos mafiosos los que han dañado el sistema, resulta irrisorio que 44 médicos emitan más de 10 mil licencias en tres años. A estas personas, todas extranjeras, ya están siendo investigadas por la Fiscalía Nacional y debe caerles todo el peso de la ley”.

Vale recordar que el pasado 24 de mayo entró en vigencia una nueva ley que refuerza el control y endurece las sanciones frente a la emisión fraudulenta de licencias médicas. La norma establece que solo médicos, odontólogos y matronas habilitados y registrados pueden otorgar estos documentos, bajo condiciones más estrictas, incluyendo requisitos para la telemedicina.

Además, fortalece la fiscalización, permitiendo a la Compin y a la Superintendencia de Seguridad Social exigir antecedentes de los permisos y aplicar suspensiones temporales de hasta 30 días a quienes no respondan.

También endurece las sanciones para quienes cometan este fraude de forma reiterada con multas que pueden superar los $ 38 millones (600 UTM) y la inhabilitación permanente para emitir licencias en casos de fraude reiterado.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección. son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente en pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

                                                                           JARA ENTREGÓ $120 MILLONES A ENTIDADES DEL PC PARA

                                                                         CURSOS DE EDUCACIÓN PREVISIONAL: CONTRALORÍA

                                                                           DETECTÓ QUE PUSIERON A FALLECIDOS ENTRE LOS

                                                                  BENEFICIARIOS

Renato Gaggero – El Líbero, 25/06/2025

“La cancelación del XI Concurso del Fondo para la Educación Previsional era previsible en consideración a que la actual subsecretaria (María José Zaldívar), que es quien debe adjudicarlo, formaba parte de un proyecto que estaba postulando, y por cierto a la hora de selección de los proyectos esto habría generado un claro conflicto de interés”.

La frase la dijo Jeannette Jara (PC) en una entrevista con La Tercera el 11 de abril de 2018, justo un mes después de haber dejado su cargo de subsecretaria de Previsión Social del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Lo que no sabía la actual candidata presidencial del PC, es que cuatro meses después de su entrevista, en agosto de 2018, la Contraloría General de la República publicaría una auditoría al X Concurso del Fondo para la Educación Previsional 2017, que le tocó asignar a ella como subsecretaria.

¿El resultado? Varias organizaciones que recibieron recursos públicos en ese concurso cometieron irregularidades. Pero las más graves fueron del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), ambos ligados estrechamente al Partido Comunista.

De hecho, el director del ICAL, Fernando Carmona, es hoy el jefe del equipo programático de la campaña de Jara.

Los 120 millones que fueron a los organismos ligados al PC. El propósito del Fondo para la Educación Previsional (FEP) es “promover una cultura previsional apoyando financieramente proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones”.

El año 2017, con la resolución exenta N° 60 del 18 de abril firmada por Jeannette Jara, la Subsecretaría de Previsión Social otorgó montos de entre $15.700.000 y $60.000.000 a 50 entidades que postularon.

Entre los organismos que se llevaron $60 millones figura el ICAL, el centro de estudios del PC que fue dueño de la quebrada Universidad Arcis.

Actualmente el organismo es dirigido por Fernando Carmona -hijo del timonel de la tienda Lautaro Carmona-, quien es uno de los principales miembros del comando de Jara.

El lazo es evidente. Las redes sociales del think tank están inundadas de contenido promocionando la candidatura de la militante comunista que en el pasado les asignó los millonarios recursos para realizar los cuestionados cursos de educación previsional.

Cuenta de Instagram de ICAL. En la página web de ICAL, en la sección “intelectuales y políticos” ligados al instituto, figuran los nombres de los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, del exministro Marcos Barraza y de los fallecidos Guillermo Teillier y Gladys Marín.

El CENDA, por su parte, también ganó $60 millones en ese concurso dirigido por la actual candidata presidencial que se medirá en primarias el próximo domingo.

El organismo fue creado en 1995 y una de sus caras más visibles es su vicepresidente, Manuel Riesco, militante del Partido Comunista que está casado con la diputada Carmen Hertz.

El tema previsional no le es ajeno a Riesco, pues entre 1994 y 1996 fue junto a Luis Mesina (de No+AFP) director de la AFP Futuro, obteniendo magros resultados para sus cotizantes (ver nota aquí). Durante el actual gobierno de Gabriel Boric, en tanto, el think tank ha facturado boletas por realizar tests de VIH.

Las irregularidades detectadas por Contraloría: Rut de personas muertas. El Informe Final N° 304 del 30 de agosto de 2018 presentado por Contraloría fue lapidario. Además de encontrar un desorden administrativo y dineros que no se habían devuelto a la Tesorería General de la República por parte de la subsecretaría a cargo de Jeannette Jara, el órgano señaló que “en cuanto a los beneficiarios que aparecen en los listados de asistencia a las actividades implementadas por los ejecutores; entre ellos existen casos de personas identificadas como fallecidas; inconsistencias en la individualización; y personas que afirman no haber asistido”.

Sobre los “asistentes fantasmas”, en el informe dice que “se detectó que seis personas fallecidas con anterioridad al periodo de ejecución del proyecto fueron incluidas en los listados de asistencia correspondientes a las actividades sobre previsión social”. Cuatro de esos fallecidos estaban en las listas entregadas por el ICAL y uno en la lista del CENDA.

El informe también detalló que se detectaron 21 personas cuyos RUT “pertenecen a nombres distintos a los indicados en las planillas de asistencia de las actividades desarrolladas por los ejecutores y que fueron rendidas al FEP como parte de los beneficiarios directos de las mismas. Resulta pertinente consignar que 19 de estos RUT pertenecen a individuos ya fallecidos”. Según pudo ver El Líbero en los anexos, dos pertenecen a ICAL y tres al CENDA.

En la auditoría llevada a cabo por Contraloría se eligió una muestra de supuestos participantes de cursos FEP y se les llamó para ver si efectivamente habían asistido. El resultado fue que “12 personas indicaron no haber asistido a las actividades”. Seis estaban en las planillas del CENDA y los otros seis en las planillas de ICAL.

Campaña de No+AFP con fondos públicos. En la indagación también se dio cuenta que tres beneficiarios de cursos “que participaron en las actividades realizadas por los organismos ejecutores Fundación CENDA (2) y ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (1), señalaron que durante su desarrollo, se trataron temas referidos al movimiento denominado No+AFP”.

“Los casos referidos en el párrafo precedente, corresponden a una charla informativa del día 24 de octubre, en calle Manuel Bulnes N° 1855, ciudad de Punta Arenas, una actividad de Cierre de Proyecto, de fecha 13 de noviembre, en calle Vergara N° 578, ciudad de Santiago, ambas impartidas por Fundación CENDA, y un Diálogo Participativo, efectuado el 15 de noviembre, en calle Los Carrera N° 757, ciudad de Copiapó, desarrollado por la ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz”, señaló Contraloría.

Además, se agregó que uno de los beneficiarios informó al ente contralor que en una de las actividades no sólo se trataron temas de No+AFP, sino que “se presentaron como oradores personas que son reconocidas con dicho movimiento, a fin de tratar dichas materias, quienes por lo demás, no aparecen inscritos como parte integrante del equipo de trabajo presentado en la propuesta de adjudicación por parte de ese ejecutor”.

A juicio de Contraloría, tratar estas temáticas en esas instancias contravenía el fin del programa.

Un aporte del director de la revista  UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección. son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente en pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional