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                                                                          El valor estratégico de Taiwán y la  estabilidad

                                                                en Asia para América  Latina 

En el contexto de la amplitud de los vínculos a través del  comercio, la inversión y el apoyo al desarrollo, las  perturbaciones a gran escala que causaría una guerra de gran  envergadura en Asia repercutirían negativamente en  Hispanoamérica  

Porr. Evan Ellis  

11 Jun, 2024 03:45 a.m. EST El valor estratégico de Taiwán y la estabilidad en Asia para América Latina (REUTERS/ARCHIVO)  El 7 de junio de 2024, tuve el privilegio de participar como ponente en  un evento en Miami, Florida, organizado por la Misión Presidencial  de América Latina, que reunió a tres ex presidentes latinoamericanos,  altos funcionarios gubernamentales y diplomáticos latinoamericanos  actuales, y a más de 100 personas de Estados Unidos y de la región. El  evento se centró en la relación estratégica entre América  Latina y Asia, el papel específico de Taiwán y otros socios asiáticos  individuales en dicha relación, así como en cuestiones técnicas como  la transición hacia una energía verde. El siguiente trabajo se basa en  mi intervención en dicho evento y en las interacciones que mantuve  allí con sus distinguidos participantes. 

A nivel popular, la imagen de Asia en América Latina está dominada  por la esperanza de beneficiarse del acceso a los mercados de  la República Popular China (RPC) y asociarse con sus empresas. La  mayoría busca distanciarse de lo que ocurre en la región en nombre de  mantenerse al margen de la “competencia entre grandes potencias”.  Sin embargo, América Latina tiene un enorme interés, aunque en gran  medida no reconocido, en la dinámica económica y política de  Asia. Por la región pasan 3,4 billones de dólares del comercio  mundial, incluido el 70% del comercio marítimo mundial.  

Según el Fondo Monetario Internacional, el comercio de América  Latina con Asia en 2022 ascendió a 819.000 millones de dólares, de  los cuales sólo un poco más de la mitad (488.000 millones)  correspondieron a la República Popular China. La región alberga una  serie de industrias críticas para el funcionamiento de la economía  latinoamericana y mundial, como los chips semiconductores; la  empresa TSMC, con sede en Taiwán, produce el 60% de estos chips a  nivel mundial, y el 90% de los chips más avanzados utilizados en  aplicaciones como la inteligencia artificial.  

Más allá del papel de la República Popular China y sus empresas  estatales en América Latina, las empresas de Taiwán, Japón y Corea,  incluidas Hyundai, Posco, Samsung, SK, LG, Mitsubishi, Toyota y  Mitsui, entre otras, han operado en la región durante más de tres  décadas, empleando a un número significativo de latinoamericanos y,  en general, con un buen historial de responsabilidad social  corporativa.  

En el ámbito del desarrollo, la Agencia Japonesa de Cooperación  Internacional (JICA), la Agencia Coreana de Cooperación para las  Inversiones en el Extranjero (KOICA), el Banco de Desarrollo de  Japón (JDB) y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de las  Inversiones de Taiwán (ICDF) han realizado importantes contribuciones al avance de la región, entre otras cosas ayudando a  proporcionar cualificaciones y oportunidades a los grupos marginados  y a mejorar su situación. 

En el contexto de la amplitud de dichos vínculos a través del  comercio, la inversión y el apoyo al desarrollo, las perturbaciones a  gran escala que causaría una guerra de gran envergadura en Asia  repercutirían negativamente en América Latina no sólo a través de la  economía y el sistema financiero mundiales, sino también  directamente a través de la interrupción de la logística comercial y de  numerosas cadenas de suministro y operaciones empresariales que  conectan América Latina con la región.  

Especialmente teniendo en cuenta lo que está en juego, América  Latina no puede permitirse el lujo de descartar como  “preocupaciones lejanas” los crecientes riesgos de conflicto militar  que genera la postura cada vez más agresiva de la RPC hacia  Taiwán y sus vecinos asiáticos. Dos días después de la toma de  posesión del presidente democráticamente elegido de la República de  China (ROC), Lai Ching-te, el Ejército Popular de Liberación llevó a  cabo un gran ejercicio militar “Espada Conjunta 2024A” en torno a  Taiwán, a modo de ensayo, y de mensaje sobre su invasión de  Taiwán. En los últimos años ha llevado a cabo este tipo de  ejercicios a gran escala con una frecuencia cada vez mayor,  incluso tras la visita a la República Popular China de la presidenta de  la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en  agosto de 2022, y de nuevo en abril de 2023 como repulsa a un viaje a  Estados Unidos del vicepresidente taiwanés, William Lai. El  “nombramiento” de la RPC del ejercicio actual, y la designación  “2024A” parecen indicar su intención de regularizar tales actos de  intimidación, y tal vez llevar a cabo más de uno por año.  

Estas acciones de la RPC complementan su actividad cada vez más  agresiva en los mares de China Meridional y Oriental, incluido el establecimiento de instalaciones militares a gran escala en arrecifes y  bajos disputados en el mar de China Meridional, su afirmación de  reivindicaciones marítimas prácticamente hasta las costas de sus  vecinos en la región a través de su “línea de 10 rayas”, en violación de  las sentencias de los tribunales internacionales sobre la Convención de  las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), además del  despliegue por parte de la RPC de la “Guardia Costera China” y la  milicia marítima para hostigar a los buques gubernamentales y  comerciales que operan en esas aguas, incluido el ataque a buques de  la Armada filipina que intentan reabastecer su posición en el 2nd  Thomas Shoal con ráfagas de cañones de agua de fuerza  potencialmente letal y estructuralmente dañina, así como la realización  de maniobras peligrosas contra buques y aeronaves estadounidenses y  sus aliados que llevan a cabo operaciones de libertad de navegación  (FONOPS) en la zona.  

América Latina debería tomar nota de estos comportamientos de la  RPC, a pesar de la retórica pacífica y deferente que acompaña el  cortejo de China a su propia región, como prueba de cómo se  comporta la RPC cuando opera desde una posición de fuerza  persiguiendo su interés nacional, y de cómo podría operar a medida  que su posición de fuerza comercial, política y militar continúe  expandiéndose en América Latina.  

El riesgo de una guerra entre la RPC y Occidente no surge  únicamente de la perspectiva de una invasión de Taiwán por parte de  la RPC, sino también de un error de cálculo, que implique un posible  intento de la RPC de bloquear Taiwán, o incidentes en los que sus  acciones provoquen incidentes como el derribo de aviones  occidentales o el hundimiento de sus barcos durante tales maniobras  agresivas.  

Más allá de los trastornos económicos, la guerra con la RPC  involucraría a América Latina, a pesar de su deseo de no tomar posición en nombre de “mantenerse al margen o sacar ventaja de la  competencia entre grandes potencias”. Sería impensable para los  capaces planificadores del Ejército Popular de Liberación (EPL) no  considerar todas las formas en que podría utilizar su creciente posición  comercial y sus relaciones militares en América Latina contra EEUU.  Tal explotación podría incluir el aprovechamiento de la proximidad de  sus puertos comerciales y otras instalaciones para interrumpir las  instalaciones en las costas este y oeste de EEUU, utilizadas para el  despliegue y sostenimiento de fuerzas en el Indopacífico. Esto incluye  tanto instalaciones como Bejucal, Cuba, donde ya tiene presencia  militar, puertos que opera cerca de estas zonas, e islas cercanas a  EEUU como Antigua y Barbuda, donde tiene una presencia  comercial significativa y la influencia política asociada.  

El EPL podría explotar aún más sus conocimientos comerciales y su  presencia en la zona del Canal de Panamá, de forma superficialmente  negable, para cerrar el Canal durante un conflicto. Del mismo modo,  podría utilizar las instalaciones previstas en el sur de Argentina para  poner en peligro la navegación a través del Estrecho de Magallanes y  el Paso de Drake, explotar su acceso a las instalaciones espaciales del  hemisferio occidental para apuntar a satélites estadounidenses y  comunicarse con sus propios activos espaciales utilizados para  observar o atacar a Estados Unidos, además de utilizar los puertos que  controla, como su nuevo puerto de aguas profundas de 15 muelles en  Chancay, Perú, o un futuro complejo logístico que abarcará desde El  Salvador hasta Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca, para  repostar y reabastecer a sus buques de guerra con el fin de proyectar  fuerza militar contra EE.UU. desde el Pacífico Oriental.  

En el cálculo de la RPC de si, y cuándo, actuar contra Taiwán, el éxito  en “voltear” a los estados que reconocen a Taiwán, para que  reconozcan a la RPC en su lugar, podría envalentonarla. El gobierno  de Santiago Peña en Paraguay, el estado geográficamente más grande  que reconoce a Taiwán, se ha comprometido a mantener esas relaciones. Sin embargo, en Guatemala, el otro Estado  hispanohablante del hemisferio en reconocer a Taiwán, la posición  diplomática está en peligro, a pesar de las garantías del presidente  Bernardo Arévalo de que mantiene su compromiso con Taiwán. El  riesgo proviene tanto de los izquierdistas del partido de Arévalo,  Semilla, como de los conservadores, resentidos por lo que  consideran una presión excesiva de Estados Unidos contra las  instituciones guatemaltecas para impedir el bloqueo de la elección y la  toma de posesión de Arévalo, que ahora miran hacia la RPC, como  una protección contra futuras acciones legales de Estados Unidos  contra ellos, si vuelven al poder.  

Dentro de América Latina, los cambios de Taiwán a la RPC han  producido empíricamente rápidos avances en la influencia y presencia  de la RPC en el país que cambia. Ese rápido avance se ve facilitado  por la firma de numerosos memorandos de entendimiento y la  negociación de tratados de libre comercio, la apertura de los mercados  locales a empresas con sede en la RPC en sectores que van desde la  construcción a la electricidad, pasando por las telecomunicaciones,  además de acuerdos para formar a personal gubernamental en cómo  relacionarse con China, viajes de un gran número de periodistas a la  RPC auspiciados por el Partido Comunista Chino y, en el caso de  Nicaragua, incluso la formación de personal militar y policial.  

En Centroamérica en particular, es particularmente preocupante el  avance de la RPC en proyectos de infraestructura, actividades de  carácter estratégico en países geográficamente cercanos a EEUU y  expuestos a trabajar con la RPC a través de instituciones débiles. En  Honduras, la capacitación de periodistas y funcionarios  gubernamentales se complementa con la propuesta de trabajo en el  corredor del “canal seco” CA4, que conectará el puerto de San  Lorenzo en el Golfo de Fonseca, a ser mejorado por los chinos, con  instalaciones en el Atlántico, a ser conectadas por los chinos con el  continente a través de puentes mejorados. Estas infraestructuras complementarían proyectos de la RPC como el nuevo aeropuerto de  Punta Huete, en el noroeste de Nicaragua, y un eventual enlace  ferroviario desde Corinto, en la costa del Pacífico, hasta Bluefields, en  el Atlántico, y darían nueva vida al desarrollo chino del puerto de La  Unión, en el lado norte del golfo de Fonseca, creando un grupo de  regímenes dominados por la RPC geográficamente cercanos a EEUU,  operando puertos estratégicos y otras infraestructuras que permitirían  a las fuerzas de la RPC y otros activos desplazarse del Atlántico al  Pacífico en tiempo de guerra. Un vuelco de Taiwán a la RPC por parte  de Guatemala, como se ha señalado anteriormente, complicaría aún  más esta situación.  

Aparte de sus efectos en el aumento de la probabilidad de una guerra  en el Indopacífico, y el avance de la influencia de la RPC en América  Latina, los cambios en el reconocimiento de Taiwán a la RPC han  proporcionado históricamente poco o ningún beneficio a los países  latinoamericanos que hacen el cambio. Empíricamente, cuando se  considera la pérdida de ventas a través de Taiwán, prácticamente todos  los países que han cambiado han perdido más exportaciones de las que  han ganado en los años siguientes al reconocimiento, incluso mientras  las importaciones de productos de la RPC han aumentado,  perjudicando a los productores locales. La figura 1, a continuación,  con datos del Fondo Monetario Internacional, muestra la trayectoria  de las exportaciones a la RPC más Taiwán, desde el año anterior hasta  dos años después del cambio de reconocimiento. En la mayoría de  los casos, el crecimiento del comercio es insignificante. En el caso  de la República Dominicana y El Salvador, las exportaciones netas  disminuyen.  

Figura 1  

Este resultado es especialmente comprensible para los pequeños  Estados de América Central y el Caribe, cuyos principales productos  de exportación son el café y otros productos agrícolas perecederos.  Dichos productores no pueden competir con proveedores de bienes similares más cercanos a China, como Filipinas o Vietnam, cuando los  productores latinoamericanos tienen que enviar sus productos al otro  lado del mundo en aviones o contenedores refrigerados. Para agravar  la desventaja de los productores latinoamericanos a la hora de acceder  al mercado de la RPC, el tamaño de su capacidad de producción  tradicionalmente sólo permite exportar pequeños lotes de  mercancías de atractivo limitado para las necesidades del  mercado de la RPC. Además, las agencias nacionales de promoción  de las exportaciones de los pequeños Estados centroamericanos y  caribeños carecen naturalmente de experiencia en la realización de  negocios en el complejo mercado de la RPC, tan distante cultural y  geográficamente.  

Como complemento a los retos a los que se enfrentan los exportadores  de los países que “cambian” sus relaciones, los proyectos de  infraestructura proporcionados por la República Popular China a los  gobiernos que acaban de reconocer sus derechos suelen aportar pocos  beneficios a la economía local, debido a la insistencia de la República  Popular China en utilizar principalmente trabajadores y equipos  chinos, en lugar de locales, para dichos proyectos, y a los contratos, a  menudo unilaterales, que los chinos firman con socios  latinoamericanos cuyas burocracias carecen de la sofisticación  técnica y la posición negociadora necesarias para negociar un  mejor acuerdo para sí mismos. 

Las dificultades para la nación que cambia las relaciones también  incluyen los frecuentes problemas y efectos medioambientales  colaterales asociados a la ejecución china. Ejemplos de ello son los  trabajos chinos en la autopista de la Ruta 32 en Costa Rica, sumida en  batallas legales y aún sin terminar más de 17 años después de que  Costa Rica cambiara el reconocimiento a la RPC, la refinería de  Recope, cancelada por Costa Rica después de que China National  Petroleum Corporation intentara tres veces utilizar su propia filial para  el estudio técnico que justificaba el gasto costarricense en el proyecto, la biblioteca de El Salvador, cuyo coste anual para operar la  mastodóntica instalación, es casi superior a los 50 millones de dólares  que costó a los chinos construirla, imponiendo una carga a la estresada  situación fiscal salvadoreña, y las dos plantas de tratamiento de aguas,  en las que los chinos intentaron aumentar el precio después de  ofrecer el proyecto inicial, representado públicamente como una  “donación”.  

En contraste con los problemas de los socios latinoamericanos para  obtener los beneficios esperados de la RPC, los Estados que  abandonan Taiwán pierden el valor de su contribución como socio.  Tradicionalmente, éstas han incluido proyectos de desarrollo  concebidos para mejorar la situación del socio local. La cultura de  Taiwán como democracia también es especialmente importante, sobre  todo cuando proporciona ayuda en asuntos delicados como la  formación de fuerzas policiales, periodistas y funcionarios del  gobierno. Permitir que sea la RPC, con su cultura autoritaria, la que  imparta dicha formación, podría dar ejemplos y lecciones a la policía  sobre cómo tratar a los manifestantes civiles, o a los periodistas sobre  cómo relacionarse con el gobierno, lo que sería incoherente con las  normas de las democracias bajo presión en la región.  

Los patrones ilustrados en esta sección sugieren la importancia de  que América Latina preste mayor atención a la dinámica de Asia,  incluyendo el impacto de la agresión de la RPC en la región, y  cómo podría afectar en última instancia a América Latina y el  Caribe. También sugiere que la posición de Taiwán en América  Latina debe ser salvaguardada, tanto por su impacto en la estabilidad  de Asia, como por su beneficio como socio de aquellos que lo  reconocen. América Latina ha tenido una historia compleja en su  relación con Estados Unidos durante la Guerra Fría y antes. No debe  confundir los imperativos del mundo interdependiente de hoy, y las  realidades de la RPC, con esa experiencia. Abdicar de los imperativos  de sus propios intereses materiales y morales bajo el lema de no “involucrarse en la competencia entre grandes potencias” no es una  opción. A América Latina le conviene estar atenta a lo que ocurre  en Asia, a las realidades de la colaboración con la RPC y a la  importancia estratégica de la supervivencia de Taiwán como  Estado democrático autónomo y socio. 

https://www.infobae.com/opinion/2024/06/11/el-valor-estrategico-de-taiwan-y-la-estabilidad-en asia-para-america-latina/