News, Seguridad y defensa

EL CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR Y LAS 10 LECCIONES QUE DEJA PARA EL ESTADO CHILENO. Pablo Zeballos, Experto en crimen organizado, consultor internacional en materias de seguridad

 

                                                                           EL CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR Y LAS                                                                           10 LECCIONES QUE DEJA PARA EL ESTADO                                                                                 CHILENO

Pablo Zeballos, Experto en crimen organizado, consultor internacional en materias de seguridad

El Mostrador, Análisis, 10/01/2024

El crimen organizado ya ganó esta batalla. Las operaciones criminales contra un canal de televisión fueron solo parte de un mensaje planificado. Los criminales sabían que serían detenidos, pero no eran kamikazes. Entregarían a los rehenes y regresarían a la cárcel, su centro de mando y control.

En 2015, y por segundo año consecutivo, Ecuador fue reconocido como “el mejor lugar para vivir para extranjeros”, según la encuesta Expat Insider Survey de InterNations, Connecting Global Minds.

Se consideraban factores como la alta calidad de vida, la seguridad, oportunidades de trabajo y facilidades para movilizarse internamente, destacando la amabilidad de su gente. En 2017, mantenía la tasa más baja de homicidios de América Latina, junto con Chile.

Los eventos criminales que se han registrado recientemente en Ecuador, en los que se ha demostrado la capacidad de dominación territorial y desafío al Estado por parte de grupos criminales, no son lamentablemente hechos aislados o novedosos en nuestra región.

Hace solo un año, en Culiacán, México, vimos una respuesta criminal de capacidad militar extraordinaria. Luego de la detención temporal de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” y líder de una facción del Cartel de Sinaloa, cientos de soldados del crimen organizado bloquearon todos los accesos a la ciudad con autos y camiones blindados, adaptados para llevar armamento de guerra con capacidad de destruir aviones y helicópteros en el aire.

El resultado fue una treintena de personas asesinadas, múltiples secuestros de militares y policías, destrucción de cuarteles, etc., que provocaron que la capital del Estado de Sinaloa fuera tomada de rehén por el crimen organizado.

Una negociación no reconocida oficialmente y con ribetes de sumisión por parte del gobierno federal liberó vergonzosamente al “Chapito” y las fuerzas paramilitares criminales de a poco fueron entregando la ciudad, no sin antes celebrar por mucho tiempo por sus calles, disparando, bebiendo, gritando y amenazando.

Estas acciones demuestran la incapacidad del Estado en orden a enfrentar una criminalidad que controla territorios y que pone en riesgo la seguridad de las personas y la estabilidad de las instituciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador y ha ordenado a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares para neutralizar a los grupos criminales.

En los próximos días veremos cuál será la correlación de fuerzas entre el Estado y la criminalidad. Sin embargo, lo que queda claro es que la población civil quedará atrapada en medio de este conflicto, vulnerable e intimidada.

El crimen organizado ya ganó esta batalla. Las operaciones criminales contra un canal de televisión fueron solo parte de un mensaje planificado. Los criminales sabían que serían detenidos, pero no eran kamikazes. Entregarían a los rehenes y regresarían a la cárcel, su centro de mando y control. Lo único que importaba era enviar un mensaje al país y a otros criminales.

Lo mismo ocurre con los policías penitenciarios asesinados, cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales. Son parte de la estrategia de comunicación del crimen.

Es probable, lamentablemente, que estos rehenes no sean liberados y pronto veamos mensajes más horribles, sangrientos y despiadados, dirigidos esta vez a policías y soldados. Como escribió Maquiavelo, “quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas”.

La oleada de violencia que sacude a Ecuador se precipitó por el intento del gobierno de trasladar a una cárcel de máxima seguridad con un régimen especial a líderes de las principales organizaciones criminales del país.

Al menos dos de ellos, pertenecientes a las pandillas Los Choneros y Los Lobos, se fugaron con el aparente apoyo de miembros de las fuerzas penitenciarias. En esa lógica, es probable que esa cárcel de máxima seguridad también sea controlada por las estructuras criminales en poco tiempo. Como lo dijo Pablo Escobar: “Por plata o por plomo”.

En una columna anterior, escribía que hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a un experimentado policía ecuatoriano sobre las emergentes oleadas criminales en el Puerto de Guayaquil, un tema que empezábamos a investigar con gran interés.

Su respuesta fue: “La mejor forma de saber cómo enfrentar el crimen es entender claramente qué tipo de crimen estamos enfrentando”. En Ecuador, estos eventos iniciales escalaron hasta convertirse en la peor oleada de violencia irracional que sacude al país y que aún se mantiene. La tasa de homicidios en el país cerrará el año 2023 como la más alta de su historia.

Sin embargo, creo que Ecuador tenía al momento del inicio de su pico de violencia más claridad que nuestro país respecto a las organizaciones que enfrentaba.

Estas, pandillas locales, avanzan a convertirse en estructuras más poderosas y transnacionales. Con estas acciones, su marca comienza a transarse en la bolsa de la delincuencia organizada.

Por ello, se requiere atención a los vínculos que comencemos a observar en Chile con grupos ecuatorianos como Las Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones, todos los cuales fueron ayer catalogados como organizaciones terroristas.

Por cierto, la situación que se vive en Ecuador puede entregar al menos 10 lecciones a la cuales deberíamos prestar atención en Chile:

Lección 1: No olvidemos nuestras cárceles. Invirtamos ahora, no solo en infraestructura, sino también en el recurso humano de Gendarmería. Trabajemos en sus mecanismos de control interno y profesionalicemos a sus funcionarios.

Lección 2: Entendamos a qué nos enfrentamos. El crimen organizado es una amenaza compleja que requiere una respuesta integral.

Lección 3: No politicemos más un tema que es de Estado. Sumémonos al esfuerzo. No se trata de ganar o perder elecciones, ni de culpar a otros. Exijamos autoridades competentes.

Lección 4: Cuidado con las medidas extremas, si no entendemos sus efectos o no estamos dispuestos a asumir sus consecuencias.

Lección 5: Todo modelo exitoso se replica. Cuidado con los efectos imitativos.

Lección 6: Nuestras autoridades deben creer de verdad lo que dicen. Es necesario que sus actos reflejen sus palabras.

Lección 7. Cuidado con la corrupción y la entrega de territorio por la falta de presencia del Estado.

Lección 8. Cuidado con nuestros puertos. Son una puerta de entrada para el crimen organizado.

Lección 9. Se requiere total apoyo, capacitación y protección a nuestros policías. Ellos son los que enfrentan diariamente esta realidad (el policía de nuestras calles, no las figuras circunstanciales políticas o institucionales). Hay que cursar las más drásticas sanciones a la corrupción o el abuso.

Lección 10. No hay que convertir a la delincuencia en símbolos, no hacer crecer su marca: al contrario de lo que creemos, su alza de estatus es un incentivo para el ingreso de nuevos miembros.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión, News

PIROLA: ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA NUEVA VARIANTE DE COVID-19?. Scarleth Núñez

 

                                                                PIROLA: ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA                                                                             NUEVA VARIANTE DE COVID-19?

Scarleth Núñez

La Tercera, 09/01/2024

La enfermedad ha llegado a diferentes lugares del mundo, por lo que se recomienda estar al día con las vacunas, así como también utilizar mascarillas.

Pirola, también conocida como BA.2.86, es una variante del coronavirus que ha llegado a diferentes países del mundo y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha aumentado su prevalencia lentamente.

No obstante, la OMS indica que el riesgo que esta implica para la salud pública es evaluado como bajo, ya que “la actual inmunidad de la población a nivel mundial sigue teniendo una alta reacción cruzada con esta variante”.

A pesar de lo anterior, la entidad indica que, actualmente, resulta más complicado determinar si es que la Pirola podría llegar a ser peligrosa, ya que se deben realizar estudios adicionales.

Por este motivo, hasta el momento, la OMS señala que su nivel de riesgo es bajo debido a que no existen informes en los que se exprese que esta variante aumente la gravedad de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de Pirola? Las personas contagiadas con Pirola, la nueva variante de Covid-19, podrían experimentar los siguientes síntomas, de acuerdo con el sitio de salud Patient del Reino Unido:

  • Dolor de garganta.
  • Dolor de cabeza.
  • Temperatura alta.
  • Secreción nasal.
  • Cambios en el sentido del gusto o del olfato.
  • Erupciones cutáneas.
  • Cambios en la boca o lengua como úlceras o dolor.
  • Dolor en los dedos de las manos o pies.
  • Picazón en los ojos.

En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, o si se tiene sospecha de contagio, se recomienda que las personas visiten un centro asistencial para que así un profesional determine el diagnóstico y tratamiento adecuado.

¿Cómo evitar el contagio? Para poder evitar el contagio de la nueva variante del Covid-19, Pirola, existen dos métodos de cuidado.

Una de estas, según la plataforma Health, es estar al día con las dosis correspondientes de la vacuna contra el coronavirus y la otra, es utilizar mascarillas.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

News, U al dia

Primera reunión del Directorio de la Unión 2024

                                 Primera reunión del Directorio de la Unión 2024

En la sede de la Unión y presidida por nuestro nuevo presidente, el 08 de enero a las 11.00 horas se dió inicio a la primera reunión del Directorio correspondiente al mes de Enero del 2024.

El Presidente CDA Jaime Parra Santos, saludo a los integrantes del Directorio, señalando la importancia que asumir este nuevo desafío, le significaba.

Posteriormente se inició por intermedio del Secretario, la lectura de los temas incluidos en la agenda de la reunión:

  • Se señaló que el acta correspondiente al mes de diciembre se había corregido con las 2 observaciones presentadas.
  • Se hizo presente que se deben iniciar los tramites con la Municipalidad para el cambio de presidente.
  • Se dió lectura a la correspondencia llegada, en ella se hizo una petición para poder incluir en nuestro sitio web propaganda. Se concluyo que ello no era factible.
  • También se informó de lo recibido respecto a las visitas a nuestro camaradas privados de libertad y de la calendarización que se está haciendo al respecto.
  • Como todos los meses, se recibieron las revistas de Carabineros de Chile.
  • El Secretario da cuenta de la situación de socios, no habiendo movimientos respecto al mes anterior.
  • El Tesorero informa de la situación de fondos al mes de diciembre del 2023.Uno de los temas tratados en esta parte y que el CA Barria verá fue lo relacionado con los fondos acumulados a para apoyar a marinos que se encuentran sometidos a proceso o privados de libertad. Se expresaron diferentes opiniones, pero el Pas presidente Barria, lo verá personalmente en la Sede Valparaíso con Francisco Alomar, considerando cual es el objetivo para el uso de esos recursos.
  • Se muestra la maqueta de a revista UNOFAR, correspondiente al número 50. Se resuelve que deberán considerarse 600 ejemplares.
  • Se fija la fecha para la Asamblea General de socios para el 12 de abril a las 12.00 hrs. en la sede de la Unión.
  • La reunión de Directorio del mes de marzo, para el día 11 a la hora normal.
  • Finalmente y ante de entrar a Varios, se señala que la sede de la Unión, permanecerá cerrada durante el mes de febrero.
  • En varios, se solicitó una mayor cooperación para el sitio web de la sede Valparaíso.
  • Se presentan los tomos adquiridos para la biblioteca sobre la “Historia Militar del Siglo XX”
  • Se conversa sobre la adquisición de una Van para Colina I que será entregada en comodato a Gendarmería, resolviendo su apoyo a tal iniciativa.Aproximadamente a las 13.15. horas se dio término a la reunión.

 

Columna de Opinión, News

LA ALAMEDA DE SANTIAGO, ESA GRAN TESTIGO DE NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA NACIONAL. Humberto Eliash Díaz, Arquitecto, profesor titular de la Universidad de Chile

 

                                                                      LA ALAMEDA DE SANTIAGO, ESA GRAN TESTIGO DE NUESTRA MEMORIA                                                                                          HISTÓRICA NACIONAL

Humberto Eliash Díaz, Arquitecto, profesor titular de la Universidad de Chile

El Mostrador, Opinión, 04/08/2024

La “madre” de todas las calles de Chile ha conocido desde chozas a palacios, desde álamos a palmeras, desde festejos militares a deportivos y, así como ha sido testigo de nuestra historia, también ha sido receptora de las expresiones de malestar de la ciudadanía.

En 1774, la autoridad prohibió tirar basura en un espacio urbano residual que posteriormente sería un paseo.

De basural se fue transformando en una sencilla cañada y posteriormente fue una calle colonial de la precaria ciudad de Santiago del Nuevo Extremo.

En el siglo XIX se convirtió en la avenida símbolo del espíritu republicano, sueño de O’Higgins, paseo de carácter afrancesado para dejar atrás el pasado hispánico, la Alameda de las Delicias, eje de la Línea 1 del Metro de Santiago y del (in)olvidable Transantiago.

Lugar de convocatorias ciudadanas, la Alameda Bernardo O’Higgins es un testigo insobornable, como decía Octavio Paz, y un resumen lineal de nuestra historia como República.

Miguel Laborde destaca como un hito en esa historia de 250 años la llegada a la Alameda de las fuerzas triunfantes del general Manuel Bulnes en 1839, que la consolida como una imagen de espacio urbano de primera categoría.

Junto al asentamiento de terratenientes, comerciantes y nuevos capitalistas, se introduce la arquitectura neoclásica de matriz francesa.

Benjamín Vicuña Mackenna será quien la transforme en un verdadero paseo ciudadano con palacios, fuentes, esculturas y que marcará su imagen urbana de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX.

Gabriela Mistral decía que la Alameda era “linda vista desde los cerros con su pincelada ancha y delicadísima; mejor aún caminada, pues de raya decorativa pasa a ser compañía de la marcha, a comadre siseadora que trota al costado nuestro”.

La “madre” de todas las calles de Chile ha conocido desde chozas a palacios, desde álamos a palmeras, desde festejos militares a deportivos y, así como ha sido testigo de nuestra historia, también ha sido receptora de las expresiones de malestar de la ciudadanía, como el estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019, cuyas heridas aún están presentes en su entorno.

El proyecto Nueva Alameda impulsado por el Gobierno de Santiago contempla la remodelación de Plaza Italia, el Nodo Pajaritos y el Parque Bueras, además de la recuperación del espacio público y una ciclovía de alto estándar, que buscan restituir sus valores patrimoniales y ponerla a tono con el presente de la ciudad y sus proyecciones hacia el futuro.

Uno de los planes consiste en la restauración de las esculturas de la Alameda. A pesar de que Roberto Merino señala que la relación de la ciudad de Santiago con sus monumentos ha sido históricamente mediocre, la avenida más icónica de Chile se resiste a ese destino fatal.

Una y otra vez ha superado inundaciones, incendios y experimentos arquitectónicos, urbanos y sociales.

De oriente a occidente la habitan personajes de nuestra historia convertidos en estatuas: desde Balmaceda de Samuel Román al Baquedano de Virgilio Arias; el San Martín de Carlos Brandt; el Fermín Vivaceta de José Caroca; la escultura de la Colonia italiana, hasta el Padre Hurtado de Francisca Cerda.

Estos son solo algunos de los 51 monumentos públicos ubicados a lo largo de ocho kilómetros de la Alameda que se están recuperando para darle una nueva cara a este eje que para muchos representa el corazón de Santiago.

Este plan comenzó con la limpieza y mantención de fachadas de los edificios públicos y privados, y hoy se encuentra en una segunda etapa con foco en reponer el valor patrimonial de la columna vertebral de la capital del país.

Y es que más allá de la importancia que tiene sentir orgullo por su ciudad para que sus habitantes sientan ganas de visitarla y recorrerla, está el cuidado y la preservación de los monumentos históricos, lo que nos representa y da cuenta de nuestra identidad, lo que hemos vivido y nos ha marcado en distintas etapas.

No solo se trata de esculturas que tienen un valor estético en sí mismas, sino que son piezas que nos sirven para recordar, conectarnos con nuestra historia y que siga viva para las nuevas y futuras generaciones.

Este tipo de iniciativas son clave, pero requieren del compromiso de toda la sociedad para que se mantengan. De nada vale invertir en la recuperación de elementos que fueron hechos con un propósito y tienen una carga histórica muy valiosa, si no los vamos a cuidar.

De todos nosotros depende conservar esta memoria viva de nuestra vida republicana y moderna. El Gobierno de Santiago dio el primer paso, sigamos nosotros para mantener vigente nuestro patrimonio histórico, porque una Nueva Alameda la merecemos todos los chilenos y chilenas.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

Columna de Opinión, News

¿QUÉ SIGNIFICA SER “VERDADEROS CHILENOS”. Fabián Bustamante Olguín, Doctor en Sociología

 

                                                                           ¿QUÉ SIGNIFICA SER “VERDADEROS CHILENOS”?

Fabián Bustamante Olguín, Doctor en Sociología, académico Departamento de Teología Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

El Mostrador, Opinión, 03/01/2024

La preservación del entorno natural de Chile y la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad se tornan cruciales para el bienestar del país. Un genuino chileno no comprometería el ecosistema en aras del lucro, comprendiendo la necesidad de salvaguardar los recursos naturales.

A raíz de las declaraciones formuladas en noviembre del año pasado por la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, respecto de los “verdaderos chilenos”, haciendo referencia a un periódico del norte de Chile (La Bandera Tricolor) datado en 1833, surge la interrogante sobre qué implica ser genuinamente chileno.

Este análisis no es carente de complejidad, ya que la concepción de patria parece abordarse de manera tangencial en los discursos políticos, sin recibir la consideración que su esencia requiere.

En un contexto político marcado por la descalificación y la polarización entre las élites políticas, así como por la desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes, se vuelve imperativo contar con elementos cohesionadores que propicien la unidad nacional en torno a valores compartidos.

Es evidente que los “verdaderos chilenos” no se reducen simplemente a aquellos que respaldan posturas antiizquierdistas, favorecen a las clases altas, defienden la liberalización del mercado y poseen conocimiento acerca de la historia y la cultura de Chile, además de manifestar amor y respeto por la bandera y los símbolos nacionales.

Es pertinente ampliar y resaltar otros aspectos que enriquezcan esta noción de autenticidad chilena.

En este sentido, sostengo en esta columna la importancia de considerar el respeto por la diversidad como un criterio fundamental. Un “verdadero chileno” debería apreciar y respetar las diversas perspectivas y contribuciones de todos los ciudadanos, desde Arica hasta Magallanes, de la cordillera al mar (pues Santiago no constituye la totalidad de Chile).

Asimismo, destaco la participación cívica como elemento esencial. La involucración activa en la vida política, expresada a través del voto en elecciones, la información sobre asuntos públicos y la participación en debates constructivos, contribuyen al desarrollo y la salud democrática, erigiéndose como una característica distintiva de quienes pueden considerarse “verdaderos chilenos”.

La preservación del entorno natural de Chile y la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad se tornan cruciales para el bienestar del país.

Un genuino chileno no comprometería el ecosistema en aras del lucro, comprendiendo la necesidad de salvaguardar los recursos naturales.

En paralelo, destaco la relevancia de la educación y el desarrollo personal. La búsqueda del conocimiento y el crecimiento personal no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye al progreso del país. Es esencial que los estudiantes en las universidades comprendan que su desarrollo personal repercute directamente en el crecimiento de la nación, trascendiendo la mera búsqueda de ganancias económicas.

La solidaridad y la ayuda mutua son aspectos que contribuyen al bienestar de la sociedad chilena. La preocupación por el prójimo y la participación en acciones beneficiosas para la comunidad definen a aquellos que pueden considerarse auténticos chilenos.

Además, la defensa y promoción de valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad constituyen pilares fundamentales para el bienestar de Chile.

El cumplimiento de las responsabilidades cívicas y legales emerge como un imperativo crucial para el eficiente desenvolvimiento de las instituciones y, primordialmente, para salvaguardar la armonía y estabilidad de la nación.

Lamentablemente, en esta esfera, se percibe una falta de correspondencia con las expectativas depositadas en políticos y empresarios.

En última instancia, la reverencia hacia los símbolos patrios, tales como la bandera y el himno nacional, se erige como una manifestación concreta de afecto hacia la patria.

La propuesta efímera de un convencional, en determinado momento, de modificar el nombre de la composición nacional constituyó un error significativo, desacreditando así un movimiento que aspiraba a transformar la nación a lo largo de varios años.

Los símbolos nacionales, por ende, ostentan un carácter tangible de amor por el país, una lección que la izquierda radical debería internalizar, considerando que términos como patria, bandera o himno no connotan necesariamente un correlato con el “fascismo” (término de amplia ambigüedad semántica), a pesar de que algunos aún no hayan captado esta premisa.

En conclusión, los “verdaderos chilenos” no se cierran a críticas constructivas ni ignoran los desafíos que enfrenta Chile, sino que se comprometen activamente en la construcción de un futuro mejor para todos los ciudadanos.

No deberíamos esperar a que un extranjero resalte las virtudes del corazón de Chile.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

News, Seguridad y defensa

LAS ZONAS GRISES DEL CONTROL DE ARMAS EN CHILE . Silvia Peña Pinilla, Periodista

 

                                                                        LAS ZONAS GRISES DEL CONTROL DE ARMAS                                                                            EN CHILE

Silvia Peña Pinilla, Periodista

El Mostrador, País, 08/01/2024

Hoy la atención mediática está en el crimen organizado, los homicidios, las drogas. Pero de las balas que arrebatan vidas, cruzan plazas, atraviesan paredes, se sabe poco. ¿De dónde vienen, cuántas armas hay, quién las carga? Un solo dato: de las incautadas, más del 80% está inscrito por civiles.

En las últimas semanas las balaceras se han tomado varias comunas y, con ellas, la vida de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Aumento de la delincuencia, ajustes de cuentas, nuevos delitos, crimen organizado, aparecen como las causas.

Petición de más carabineros, vigilancia privada, Estado de Excepción, son las reacciones de algunos políticos, principalmente alcaldes –quienes, de paso, ven una oportunidad electoral con miras a las próximas elecciones municipales–. Sin embargo, poco y nada se habla y analiza sobre lo que es el común denominador de todos los delitos mencionados: las armas de fuego.

Todas las investigaciones relacionan el aumento de la tasa de homicidios con el incremento del uso de armas de fuego.

Según el Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “más del 50 % de los homicidios que se producen cada año en el mundo se llevan a cabo con un arma de fuego. El 40 % de ellos tiene lugar en América Latina, que tan solo posee el 8 % de la población del planeta”.

En Chile los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito señalan que, entre el 2019 y 2020, los delitos con armas de fuego aumentaron en un 87 %. A su vez, entre el 2021 y 2022, los homicidios muestran un alza de 27 %.

Pero al ratificar las fuentes, resulta que el registro de armas es una estadística del OS9 de Carabineros y las cifras de homicidios dan como fuente a la Policía de Investigaciones (PDI). Por su parte, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) muestra un peak de homicidios para 2022 de 934 y, para 2023, de 699, una disminución aproximada del 25 % respecto del año anterior. No cuadra.

Esta ensalada de datos es uno de los problemas de base del universo de las armas existentes en Chile. Falta información tanto de la cantidad de las mismas que hay “dando vueltas” como de su origen, propiedad, tipo, ubicación…

Y de las que están identificadas e inscritas, muchas tienen paradero desconocido, evidencian graves errores de inscripción, como estar registradas a nombre de fallecidos o menores de edad o con direcciones inexistentes.

A esto se suma que no existe un registro unificado del material incautado, de los procedimientos, de las investigaciones… Cada institución maneja sus números, sus métodos. Y en algunas hay que acudir a la Ley de Transparencia para, con suerte, obtener algunas respuestas.

Si ya sabemos que hay más homicidios que antes y que se usan cada vez más armas de fuego, la pregunta es: ¿con qué armas se asesina en Chile?

Responde el profesor de Criminología de la Universidad de Chile, Patricio Rosas Ortiz, quien además es doctor e investigador en Política Criminal y Análisis Delictual, y fiscal de Control de Armas en el Ministerio Público.

“La ausencia de información es, realmente, una triste evidencia de la falta de insumos mínimos institucionales para poder hacerse cargo del problema de las armas de fuego. Pero, a partir del universo muestral estadístico, se puede decir que las armas que más se utilizan para matar en Chile son armas inscritas por civiles que se desvían hacia la delincuencia”.

De acuerdo con la PDI, estas armas llegan a manos delictuales a través de testaferros, robos a armerías o particulares, desvío de armas y municiones –realizado por algunas personas que mantienen calidad de deportista, en caza o coleccionistas–. También hay armas hechizas, modificación de armas de fogueo, internación desde el extranjero.

“Del total de armas incautadas en la Fiscalía Metropolitana Sur en 2018, el 84 % estaba inscrito. Es relevante mencionar que la laxitud de control de armerías, y municiones, así como la falta de marcación de municiones fiscales, son un factor criminógeno favorable a la corrupción y al tráfico de las mismas”, agrega Rosas.

Cifras y promesas

“Un país que tiene menos armas en las manos equivocadas es un país más seguro, por eso hoy vamos a destruir 25 mil armas y otros accesorios. De estas, 8 mil fueron decomisadas por policías y tribunales de justicia”, señaló el Presidente Boric, el pasado 12 de diciembre.

Ese día se realizó la destrucción de 25.015 armas y otros accesorios metálicos que fueron recolectados durante 2022, “la más numerosa desde el año 1990”. Hito al que también asistieron la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El desglose de la cifra dice que, del total, 9.384 corresponden a piezas incautadas: 6.997 armas y 2.387 accesorios; 11.998 pertenecían a armas entregadas voluntariamente por civiles y 3.663 a armas fiscales dadas de baja (por desuso o deterioro), 2.517 de Carabineros y 1.116 de la PDI.

O sea, del total, un 32 % de ellas fue sacado de las manos de delincuentes (histórico de los últimos 5 años elaborado por la DGMN).

Lo que no señalan las estadísticas es la antigüedad de las armas, como tampoco si efectivamente estaban en función o deterioradas. Porque, al comparar estas estadísticas con el registro del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), base de datos del Ministerio Público sobre la incautación de armas, para 2022 (las quemadas) serían 5.278, pero cada institución tiene datos propios.

Según el Ministerio Público, el total de incautaciones en el país entre 2018 y 2023 suma 31.286 armas. Y al 19 de diciembre de 2023 se habían incautado 5.499 (3.267 de fogueo, 1.869 de fuego, 125 hechizas).

Si en Chile no existe información detallada y sistematizada sobre las armas en general, menos la hay sobre el mercado de armas de fuego ilegales y/o usadas en la comisión de delitos.

“La incautación de armas en procedimientos policiales nos entrega algunas luces del origen de las armas utilizadas para delinquir. Por ejemplo, entre 2020 y mayo del 2022, la PDI ha incautado más de 1.500 armas de fuego que, dadas sus características, todas deberían estar inscritas. Sin embargo, la misma PDI indica que en el 26 % de las armas incautadas, no fue posible identificar si estaban inscritas o no, ya que tenían el número de serie borrado. Por otro lado, el 43 % de las armas incautadas no están inscritas y, más alarmante aún, el 30 % sí lo están”, describe el documento de fundamentación del Plan Menos Armas Más Seguridad del Gobierno.

Y reafirma el hecho de que “existen armas legalmente inscritas que se están utilizando para delinquir y, además, hay evidencia del contrabando de estas cuando se encuentran armas con número de serie que no están registradas en la DGMN”.

Según datos del Ministerio del Interior, del total de armas inscritas, un 8 % de estas se ha declarado de la siguiente forma: extraviada, hurtada o robada. Es decir, existen al menos 61 mil armas sin paradero conocido.

De acuerdo con la estimación realizada por la organización internacional Small Arms Survey, en nuestro país existirían 1.456.818 armas sin registro circulando. Esta cifra es un estimado de expertos y no está construida sobre datos disponibles.

Las armas de Chile. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) es la autoridad central de coordinación de control de armas y explosivos en el país. Según esta institución, existen 767.752 armas inscritas activas al 30 de noviembre de 2023, pertenecientes a personas naturales. El 35 % corresponde a escopetas, el 30 % a revólveres, 24,7 % a pistolas.

Casi la mitad (322.152) son de la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Valparaíso (90.546); Biobío (57.689) y Maule (57.503). Y el 7 % de sus propietarios está compuesto por mujeres.

Pero existe un patrón paralelo y fantasma de aproximadamente otras 750.000 armas que no están inscritas, donde se encuentran las hechizas y modificadas, con números de serie borrados, internadas ilegalmente.

La auditoría realizada a la DGMN por la Contraloría General de la República (CGR) en 2018 (con informe en 2021), encontró anomalías como: que de la totalidad de inscripciones de armas vigentes, 1.083 estaban registradas a nombre de menores de edad (requisito exigido en la ley es ser mayor de edad, con la excepción de menores inscritos como deportistas de tiro); ni la DGMN ni Carabineros verifican la autenticidad de la documentación presentada por personas naturales y jurídicas ante las autoridades fiscalizadoras; faltaba comprobación de domicilios; se dio cuenta de la inexistencia de revisiones al libro de entregas voluntarias de armas; ausencia de trazabilidad de las armas en el proceso de inutilización para la destrucción; se constató también la existencia de 72 casos en que, habiendo un RUN válido, la fecha de inscripción era previa a la fecha de nacimiento registrada; 132.921 personas fallecidas figuran con un total de 182.898 inscripciones vigentes; hay 316 inscripciones de armas autorizadas por la DGMN cuyos certificados de aptitud física y psíquica fueron extendidos por personas sin título de médico inscrito en la Superintendencia de Salud; la DGMN mantiene 10.677 armas agrupadas bajo la denominación “RUT cero”, por no contar con antecedentes que permitan la identificación del tenedor.

De aquellas, 9.088 inscripciones se encuentran vigentes; 3.755 civiles cuentan con más de 2 armas de defensa personal inscritas a su nombre, las que están en diferentes estados: vigentes, robadas, extraviadas y hurtadas (la ley señala que se permiten hasta 2 armas por civil), entre otras faltas graves.

Después de este informe, se instruyeron sumarios: la CGR inició un procedimiento disciplinario en la DGMN y en Carabineros de Chile. El Mostrador consultó por el cumplimiento de las sanciones en la Contraloría, sin obtener respuestas.

Cómo avanzamos. La Ley 17.798 (Control de Armas) fue creada en 1972 por el entonces Presidente Salvador Allende, respondiendo a una realidad muy diferente a la actual. Esta se modificó parcialmente en enero de 2022, después de 15 años de tramitación en el Congreso, y “nació anticuada”, a juicio de los especialistas.

El Presidente Gabriel Boric se comprometió –desde el programa de gobierno de su campaña– a impulsar un nuevo sistema de control de armas y municiones.

Y en la Cuenta Pública del 1 de junio de 2022 lo reiteró: “La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal”, dijo, junto con solicitar al Congreso “todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que al mismo tiempo fortalezca la institucionalidad”.

El Mostrador pidió el avance del señalado Plan a la Subsecretaría del Interior y hasta el cierre de esta nota no había respuesta.

Entre los objetivos del programa está disminuir el tráfico ilegal transnacional de armas, partes, piezas y municiones; aumentar la fiscalización de armas inscritas a un 10 % del total de estas, a través de una matriz de riesgo –en la actualidad se fiscaliza un 5 %–; reducir la cantidad de armas extraviadas y/o hurtadas. Estos y otros aspectos deberían estar ejecutados antes del 2026 por el demorado Ministerio de Seguridad.

Patricio Rosas explica que hay que partir solucionando la impureza de los datos. “Luego, desde una nueva institucionalidad, las armas deberían ser abordadas en tres aspectos: controlar la producción y la importación legal de armas (poner ojo en Aduanas), poner un cuño del banco de prueba para tener trazabilidad y saber dónde está y quién la tiene.

Pero no solamente hay que estar supervisando el ingreso, la importación y distribución de armas, también la acreditación en la inscripción de los propietarios. Hay que poner mucho ojo en el control de requisitos para obtener una licencia. Y una vez que el arma está en manos de un propietario, hay que hacer una fiscalización eficaz.

Hay que cerrar la llave en las inscripciones y aumentar las fiscalizaciones. Con eso tendríamos un alto porcentaje de solución”, recalca.

Añade que se debe trabajar una matriz de riesgo fina. Realizar un mínimo de análisis sobre el patrimonio de los civiles que inscriben. “Si llega alguien de 18 años como coleccionista, con varias armas de un millón de pesos… es raro. Hay que fiscalizar y fiscalizar”.

Hace un paralelo con el registro de vehículos motorizados y los bienes raíces. “Al igual que con los vehículos y las propiedades, las armas de fuego son parte de los sistemas de registro estatal. Todos inscribimos las casas y los autos. Sobre estos últimos, rendimos exámenes para renovar la licencia. Se los mostramos al Estado una vez al año –en las plantas de revisión técnica– para demostrar que están funcionando bien, pagamos un permiso, tenemos un seguro obligatorio por responsabilidad civil. Y si lo roban, lo denunciamos. Eso mismo podría darse con las armas”, señala Rosas.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Ver cuaderno completo en el siguiente link: https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/cdt/article/view/1056

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión, News

DERECHO GERIÁTRICO Y JUSTICIA EN MATERIA DE DDHH: ¿UNA DIALÉCTICA SIN SOLUCIÓN?. Carla Fernández Montero, abogada Derecho Penitenciario

 

                                                   DERECHO GERIÁTRICO Y JUSTICIA EN MATERIA DE DDHH:                                                       ¿UNA DIALÉCTICA SIN SOLUCIÓN?

Carla Fernández Montero, abogada Derecho Penitenciario

Diario Constitucional, Cartas al Director, 05/01/2024

Que a propósito de la publicación del día 3 de enero de 2024 del medio radial Cooperativa.cl, en la cual refiriéndose al reciente fallo de alzada de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el cumplimiento domiciliario de mi defendido Raúl Iturriaga Neumann, donde -bajo el título “Quería arresto domiciliario”– se refiere a él como un “delincuente” y como un “violador de DD. HH. con 200 condenas acumuladas”, inmerecedor de la gracia del Estado, pese a su edad (85 años) y grave condición de salud, que lo tiene actualmente con un riesgo cierto de muerte, resulta pertinente traer a colación algunas reflexiones dogmáticas entorno al derecho geriátrico y la necesidad de abordar este fenómeno de la prisión y vejez, especialmente, en materia de condenas por causas de DD. HH., donde, según datos entregados recientemente por Gendarmería de Chile, el 96 % de los reclusos de sexo masculino de la “tercera edad” de la Región Metropolitana, están cumpliendo condena por este tipo de delitos, siendo todos ellos personas de más de sesenta años, la mayoría septuagenarios y octogenarios, e incluso varios de ellos, nonagenarios, algunos de los cuales ni siquiera son autovalentes y requieren la atención 24/7 de otros internos.

Que la vejez, dice la doctrina especializada, se caracteriza por constituir una etapa de la vida en la que natural y paulatinamente se detonan una serie de procesos degenerativos y carencias vinculadas al desarrollo físico y psicológico del individuo (MARCHIORI, 2012).

Se considera a la vejez como un “proceso” vinculado a la idea de “deterioro”, referido específicamente a diversas condicionantes que inciden negativamente sobre las capacidades de desempeño autónomo del individuo y el cual avanza paulatinamente hacia condiciones que le impiden valerse por sí mismo (ABAUNZA, 2014, KEMELMAJER, 2006).

Que existe una serie de efectos físicos y psicológicos derivados de la vejez, como, por ejemplo, una disminución en las capacidades funcionales del cuerpo, asociadas a una menor fortaleza de su estructura ósea (con incidencia en reumatismos o artritis), dental, en el tono muscular y en la energía o fuerza, así como el desgaste que presenta la estructura y funcionamiento de órganos vitales -como el aparato digestivo o respiratorio- con incidencias que también afectan a la capacidad funcional de los sentidos -con particular énfasis en la audición y la visión-.

Ahora bien, todos estos deterioros detonan una mayor en el padecimiento de enfermedades crónicas (que presentan necesidades de atención médica diversas y más frecuentes), una merma en la capacidad de recuperación física y en la necesidad de recurrir a permanencia a numerosos suplementos farmacológicos o medicamentos, todo lo cual incide en rutinas de vida que incrementan los efectos restrictivos que provienen de su condición física.

Por otro lado, en lo referido a su desarrollo psíquico, destacan pérdidas similares en sus capacidades funcionales, asociadas específicamente a limitaciones en la memoria, en la retención de corto y mediano plazo, en la fluidez de su desempeño cognitivo y en la estabilidad emocional, afectando con ello el funcionamiento del sistema nervioso, del sueño (insomnio), la orientación espacio-temporal y el campo de los interese vitales asociados a su capacidad motivacional (ABAUNZA, 2014, KEMELMAJER, 2006, HUENCHUAN, 2009, CRAWLEY, 2005, BRANK, 2007).

Que se podrá advertir, que este conjunto de características les provoca a las personas ancianas una mayor dificultad para adaptarse a situaciones complejas, fortuitas y especialmente nuevas, y hace que sus conocimientos sean obsoletos en corto tiempo, todo lo cual provoca una mayor inestabilidad y desconfianza para enfrentar su desempeño vital, decantando en una sensible merma en las capacidades de dominio y desempeño autónomo, favoreciendo la percepción de que son individuos dependientes y vulnerables, lo cual se afirma con total independencia del padecimiento de patologías que afecten a su salud física o psíquica (KEMELMAJER, 2006, FERNÁNDEZ, 2011, BRANK, 2007).

Que lo relevante de todo este asunto relacionado al concepto de “vejez”, es que este conjunto de consecuencias físicas y psicológicas inherentes a la condición de “adulto mayor”, provoca múltiples impactos en el desarrollo de la vida en prisión, en aspectos materiales simples como la compatibilización entre estos déficits connaturales a su condición de “viejo” (sin considerar las enfermedades de base que la mayoría acarrean y que por sí solas agravan su situación de adaptabilidad al medio carcelario) y la utilización y distribución de espacios y con las rutinas que son propias del régimen de encierro.

Que como acertadamente señala la eximia jurista argentina Aida Kemelmajer, la cárcel incrementa y acelera el proceso degenerativo (de carácter físico y psicológico) que los reos experimentan de forma natural, pues “el aislamiento, la soledad, el no ejercitar las capacidades y la autonomía propia generan más incapacidad”.

Agrega esta profesora trasandina, “la cárcel provoca un “envejecimiento mayor”, pues el encierro carcelario constituye per se un régimen degenerativo. Lo dicho excede el plano propio de la “desocialización” en tanto también provoca incidencia en el plano físico” (KEMELMAJER, 2006).

Que, es un hecho notorio que el sistema carcelario chileno está dotado de una infraestructura “franciscana” en lo que dice relación al cuidado y la atención de la salud de los internos “viejos”, además de encontrarse totalmente colapsado a raíz del hacinamiento que está siendo objeto actualmente, y en la mayoría de los casos, la situación de los internos está en contradicción palmaria con los derechos humanos más elementales.

Que la política y jurisprudencia nacional -pese a la existencia de esta problemática- no ha permitido una liberación geriátrica de estos presos por causas de DD. HH. -ni siquiera de aquellos enfermos graves como Raúl Iturriaga Neumann o de enfermos terminales, como fue el caso reciente de Emilio Robert de la Mahotiere.

¿Qué hacer frente a este escenario? ¿aceptar simplemente el trágico destino de estas personas condenadas por causas de DDHH, aun cuando ello vulnere nuestra Constitución Política y las propias normas internacionales de DD. HH. que protegen a los adultos mayores privados de libertad y que los querellantes suelen traer a colación para justificar su vindicta? o por el contrario, ¿instar una y otra vez, a que la política tome nota de este desastre humanitario que está ocurriendo al interior de nuestras cárceles y decida finalmente alcanzar un acuerdo respetuoso de los DD. HH. de las personas condenadas por este tipo de delitos?

.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)