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                                                                                            ¿QUÉ SIGNIFICA EL SÍMBOLO ARROBA “@”?

Eric Alonso Hermida Quora

Arroba es el símbolo que se representa con “@” y es indispensable para poder crear direcciones de correo electrónico y sirve como prefijo para localizar usuarios en la red.

Además, se ha popularizado su uso en textos incluyentes buscando referirse a sujetos femeninos y masculinos al mismo tiempo, práctica que la Real Academia Española de la Lengua ha declarado esta práctica como un error gramatical.

La palabra arroba como su símbolo vienen de Arabia (árabe ar), siendo su origen el término “Ar-roub” que significa “cuarta parte”.

La forma de una “a” rodeada de un círculo se debe a que los escribanos que copiaban los libros en latín, encontraron la forma de ahorrar tiempo en su trabajo fusionamos la “a” y la “d” creando la forma latina “ad” que significa “hasta” o “hacia”.

Con el tiempo, las personas fueron aprendiendo la forma correcta de usar “ad” y comenzaron a escribirlo en sus cartas antes del nombre del destinatario, por ejemplo: @Robert, que era lo mismo que decir que esa carta estaba dirigida “hacia Robert”, pero más simplificado, ahorrándose mucho tiempo al momento de escribir.

Para el siglo XVI, la @ pasó a ser una unidad de medida que variaba dependiendo de lo que se estuviera midiendo. Es decir, no eran lo mismo dos @s de aceite que dos @s de vino, siendo la bebida alcohólica la que mayor cantidad presenta en este caso. El precio unitario común del arroba era de 100 duros, la moneda antecesora del euro.

Durante todo el siglo XVI siguió usándose como unidad de medida hasta que a mediados del siglo XIX, España prohibió el uso de la palabra arroba con tal propósito, instaurando el sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales.

Se siguió utilizando cuando se inventaron las máquinas de escribir en 1872 por Christopher Sholes, Carlos Glidden y Samuel W. Soulé, e incluyeron la tecla de @ en su invención. Sin embargo, con el paso del tiempo se usaba la arroba cada vez menos como unidad debido a que resultaba muy difícil establecer la cantidad exacta de producto que representaba y la facilidad con la que se podían dar las estafas.

Otro motivo por el que la @ casi se pierde por completo es porque la gente empezó a dejar de aprender latín; en el siglo XIX se convirtió en un idioma que sólo los miembros de clase social alta podían educarse para hablarlo y estudiar libros religiosos en su idioma original.

Pero para la mitad del siglo XX, las personas se interesaban más en aprender francés, inglés e italiano, solo los sacerdotes y demás miembros de la Iglesia seguían aprendiendo latín para misas especiales y estudiar textos antiguos.

Ray Tomlinson, el hombre que le dio un nuevo propósito a la arroba. Raymond Samuel Tomlinson fue un programador informático e inventor graduado del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) lugar donde desarrolló, junto a su equipo de trabajo, el programa SNDMSG que enviaba mensajes entre distintas terminales de una computadora.

En 1971, Raymond adaptó el sistema de la empresa Bolt, Beranek y Newm al programa SNDMSG, permitiéndoles a los usuarios enviarse mensajes entre ellos pero sin usar sus nombres reales. A esto se le conoce como e-mail y la primera dirección de correo electrónico fue la de Raymond: tomlinson@bbn-tenexa y con esa cuenta envió el primer mensaje: “QWERTYIOP” que en realidad no significa nada, pero cumplió su función de probar que la invención de Raymond de verdad funcionaba.

La idea de utilizar la @ para los correos electrónicos fue espontánea. Tomlinson estaba buscando un símbolo que pudiera servir para separar el nombre de quien enviaba el mensaje del lugar desde donde lo enviaba.

Pensó en la coma “,” en los corchetes “[ ]” e incluso el gato, actualmente conocido como hashtag “#”, pero todos ya eran utilizados para fines distintos.

Aunque quedaban varios símbolos más en el teclado, todos eran fácilmente identificables y ya se usaban para acciones muy específicas.

Pero también quedaba la “@” que ya no se utilizaba para nada. Sabiendo que en la antigüedad fue usada como unidad de medida y para indicar direcciones, Raymond decidió retomar este símbolo para ser el separador del e-mail.

Si el correo electrónico fuera un lenguaje, la traducción literal de las direcciones de correo electrónico sería algo así: El correo usuario@servidor.com significaría “usuario en servidor.com”, lo que quiere decir que cualquier email que usuario mande, lo está haciendo desde un servidor en específico. En inglés se lee igual, sólo cambiando la pronunciación de “arroba” por “at”.

De esta manera, Raymond se hizo con la posesión del símbolo de arroba, aunque nunca lo patentó. Según la licencia Creative Common en su Atribución 3.0, se les permite a los usuarios copiar y compartir información sobre arroba siempre y cuando se dé el crédito correspondiente.

Raymond Tomlinson falleció el 5 de marzo de 2016 dejando un gran legado detrás de él, aunque en algún momento confesó que creó la forma de comunicación más importante del mundo de su tiempo por mera diversión.

Uso de la arroba “@”. Como es de esperarse, el principal uso del símbolo @ se remite a la programación y los servidores de red, además de la creación de direcciones de correo electrónico para el registro en plataformas y redes sociales.

Como ya se había mencionado antes, Raymond Tomlinson le dio la función de ser el separador entre el nombre del remitente que envía el correo electrónico y su localización.

Sobre sus antiguos usos, los estudiosos del latín lo aprenden y en Cuba se utiliza como unidad de medidas para comprar caña de azúcar.

El símbolo de arroba es la herramienta predilecta de los usuarios para etiquetar y encontrar a otros en en redes sociales, principalmente en Facebook, Twitter e Instagram.

Mientras que el hashtag “#” es la manera de indexar temas, a través de un vínculo generado por una palabra o frase sin espacios, precedida por este símbolo.

El arroba guía la búsqueda a una persona en específico, si se quiere encontrar a alguien en cualquier red social, sólo es necesario escribir “@Nombre” y aparecerá de inmediato. Si es un nombre muy genérico o no se tiene el nombre de usuario completo, habrá que localizar entre las opciones que despliega el buscador a la persona con la que se busca establecer comunicación.

En el caso de que el usuario que ya forme parte de una lista de contactos, pueden ser “etiquetados” en varias publicaciones en redes sociales para que la misma llegue directamente a ellos.

El símbolo de arroba también se usa en las Matemáticas y la Ingeniería. Se utilizaba en los libros de texto de la mitad del siglo XX como la representación del área y en Ingeniería, se utiliza para describir porqué los datos de una operación son válidos.

También se puede utilizar en su minoría para el diseño gráfico, por ejemplo, el software de diseño asistido por computadora AutoCAD lo usa para denotar coordenadas cartesianas relativas.

De un modo más coloquial, cuando en 2005 surgió Windows Live Messenger los jóvenes comenzaron a utilizar la arroba como si fuera una letra más del abecedario y aunque era parte del juego, hay muchas personas que están convencidas de que se le puede dar un uso al símbolo de arroba en la gramática.

Con el auge de la Igualdad de género, participantes del movimiento feminista fomentan el uso gramatical de la @ como reemplazo de la “a” y de la “o” para referirse a las formas masculina y femenina de las palabras, quedando así: Hij@s, Niñ@s, Ingenier@s, etc.

La justificación que dan para usar el arroba como signo lingüístico es “establecer la igualdad de género en un idioma machista en cuyas palabras prevalece la forma masculina”.

La Real Academia Española de la lengua rechaza completamente el uso de @ en las palabras para incluir ambos géneros, argumentando que aunque haya palabras que terminen con “e” u “o” se están englobando las formas masculina y femenina.

Por ejemplo: Doctores, ingenieros, niños, padres, etc. Sin mencionar que existen también palabras con formas femeninas que igualmente incluyen a hombres y mujeres como lo son: Policía, salvavida, psiquiatra, terapeuta, etc.

Además de la forma “tod@s”, la RAE ha rechazado igualmente el uso de “todes”, “todxs”, “todos y todas”, a pesar de las demandas que reclaman su uso en pro de la igualdad de género.

“@en_resumen…”. El símbolo de arroba es una parte importante de nuestras vidas y ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo.

Se usó para facilitarle el trabajo a los escribas que copiaban libros de texto, fue una unidad de medida en el siglo XVI que casi desaparece en el siglo XIX, formó parte de las primeras máquinas de escribir, Raymond Tomlinson lo eligió para cambiar al mundo a la mitad del siglo XX e inclusive actualmente causa polémica porque quieren usarlo en la gramática para englobar las formas masculina y femenina de la lengua española.

El signo arroba estuvo a punto de perderse para siempre hasta que le encontraron un uso inolvidable, así que vale la pena comenzar a apreciar más al signo por el que cualquier texto está disponible para nosotros con sólo registrarnos y que siempre está ahí para nosotros cuando queremos acceder a nuestras redes sociales o algún sistema de correo electrónico.

Finalmente, recuerda también que el símbolo de arroba tiene muchos usos para la programación, las matemáticas y la web, pero hay que evitar usarlo en la gramática.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                    GENERAL CHEYRE: CÓMPLICE DE UN DELITO O                           VÍCTIMA DE LA JUSTICIA

Gerardo Varela

El Mercurio, Columnistas, 06/01/2024

”Tanto la Corte como algunos defensores del fallo usan los engañosos verbos “intervenir” y “participar” para inculparlo, pero olvidan el dolo. El mozo que sirve los cafés o la secretaria que tipea lo que le dictan también “participan” pero no cooperan dolosamente”.

Cincuenta años después, el excomandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, ha sido condenado a 5 años de prisión por ser “cómplice” en la comisión de un delito. Esta es la historia.

En octubre de 1973, en Chile gobierna una junta militar presidida por el comandante en Jefe del Ejército. Se han suspendido la Constitución y las garantías personales; el Congreso Nacional está disuelto; el Poder Judicial intimidado y el aparato militar del gobierno de la UP está todavía activo y luchando.

Para todos los efectos, el Ejército se considera en guerra y no hay estado de derecho.

En esas circunstancias, portando órdenes del comandante en Jefe del Ejército, llega a La Serena una comitiva militar comandada por el general Sergio Arellano.

Esa comitiva se reúne con el comandante del regimiento de La Serena. En esa reunión examinan los expedientes de varios detenidos y resuelven fusilar a 15 personas.

El entonces teniente Cheyre entra y sale de esa reunión. No opina, no participa ni le piden su opinión. Se limita a hacer lo que se le ordena: llevar y traer expedientes.

Cheyre tiene 25 años de edad. Es hijo de militar y está en el Ejército desde los 15 años. Él ha sido entrenado para obedecer órdenes. Si éstas le parecen inoportunas, innecesarias o inconvenientes, a nadie le interesa y debe cumplirlas.

En el Ejército no se evalúan las órdenes, sólo se ejecutan. Y en estado de guerra no hacerlo es castigado severamente.

Al teniente Cheyre le ordenan traer un archivo y lo hace; le ordenan llevárselo y cumple; le piden un café y lo trae. Y si le ordenan que le eche azúcar sólo pregunta: ¿cuántas cucharadas?

Acordada y ordenada la ejecución de esas 15 personas, la autoridad militar redacta un bando para publicarse en el diario. Cheyre no participa de la decisión de los oficiales superiores, ni de la ejecución, ni de la vigilancia de los fusilamientos. Tampoco redacta el bando.

Una vez firmado, se le ordena llevarlo al diario de La Serena para publicarlo, dando cuenta de que por orden de un Tribunal Militar en Tiempo de Guerra se han condenado y fusilado a 15 personas. Eso es una mentira.

Esa reunión no constituye un Tribunal Militar ni lo acordado es una sentencia. Lo que se acordó en esa reunión fue un asesinato. Pero el teniente Cheyre no lo sabe ni menos puede evitarlo.

Esto lo recoge la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema al eliminarlo como autor, señalando: “Sin duda, el sentenciado no aparece tomando parte en la ejecución inmediata en los homicidios, ni se advierte su inducción a otros para que lo ejecuten ni tampoco se evidencia un concierto de su parte con otros sentenciados para facilitar los medios con que se llevó a efecto el delito o lo presenció sin tomar parte inmediata en él. Tal no es la discusión, sino más bien ella se encuentra en la frontera entre la complicidad y el encubrimiento”.

Cheyre hace dos cosas. Primero, entra y sale de la reunión llevando y trayendo papeles según se le ordena.

Y segundo, hace de estafeta, transportando un bando militar que contiene una mentira jurídica para ser publicada en el diario.

¿Esto lo ubica según los jueces en la frontera entre el encubrimiento y la complicidad? ¿En serio?

Encubridor es quien oculta o esconde un delito o al delincuente. Cómplice es quien “coopera dolosamente” en la comisión de un delito.

Cheyre no oculta nada ni a nadie. Tampoco coopera dolosamente con ninguna decisión criminal.

Tanto la Corte como algunos defensores del fallo usan los engañosos verbos “intervenir” y “participar” para inculparlo, pero olvidan el dolo. El mozo que sirve los cafés o la secretaria que tipea lo que le dictan también “participan” pero no cooperan dolosamente.

Por eso mi homenaje al voto disidente que estuvo por absolverlo. Ese juez actuó en un país democrático, protegido por la Constitución y podía disentir sin arriesgar su vida.

En cambio, el teniente Cheyre estaba en medio de una dictadura en estado de guerra, no deliberaba y desobedecer una orden le podía costar su vida.

El fallo ignora la cultura y disciplina militar, el contexto jurídico y político y la propia ley penal.

La verdad es que el general del “Nunca más” fue condenado por un tribunal del país del nunca jamás. Le pido excusas en nombre del derecho, de la justicia y del país.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                           El PC en la subsecretaría de FF.AA. y el manejo de información sensible.

Pablo Thauby. Magíster en Ciencia Política, Academia de Guerra Naval, Chile.

La experiencia histórica ha demostrado que el PC es un partido totalmente incapaz de gobernar por la vía democrática, a menos que lo haga por medio de la violencia.

Hoy por hoy, nos arrea como ovejas al matadero, agravado por un Partido Republicano hostil a sus intereses, y la estupidez y sinvergüezura de sus socios frenteamplistas.  La anomía, la anarquía callejera, o la abierta subversión guerrillera son su único camino posible hacia el poder.

Tras el fallido golpe de estado octubrista de 2019, las circunstancias lo llevaron a un incómodo camino democrático constitucional no deseado por ellos, ya que no creen en él.

Por otro lado, dado que el gobierno dejó al PC fuera de los principales ministerios con los que es factible acceder al poder total, ya que son precisamente los que los Maestros del Arte de la Estrategia, desde muy antiguo, han calificado como los “instrumentos del Poder Nacional”, entregándoselos al socialismo.

Los ministerios e instrumentos del Poder Nacional en cuestión, están dados por:

Frente interno y psicopolítico: Con Tohá, PPD, a la cabeza.

Frente económico: Controlado por Marcel, Socialista.

Frente Diplomático: Liderado por Van Klaveren, PPD.

Sistema de Defensa y Seguridad: Dirigido por Maya Fernández, Socialista.

Lo anterior, sólo le ha permitido al PC adueñarse de las respectivas subsecretarías, donde entraba y dificulta todo intento del gobierno por salirse de los dogmas marxistas del mencionado partido.

En lo que al frente interno se refiere, con la seguidilla de errores no forzados y con los forzosos, el PC ha optado por mantenerse en una posición de presión política sobre el gobierno, y de obtención de recursos financieros provenientes, entre otros, de los desfalcos de Jadue y de las fundaciones de Revol. Democ., dada la disminución de transferencias desde Venezuela, en consideración a las presiones norteamericanas sobre el gobierno de Maduro, a través de la explotación, uso y goce del petróleo venezolano por parte de EE.UU.

En ese contexto, como hemos mencionado en otros blogs, el PC necesita mantener, renovar y aumentar su stock de armamento y munición disponible, si consideramos que de lo internado por Carrizal Bajo, sólo un porcentual de dicho material pudo ser desplazado a la zona central.  Ahora bien, la única vía posible de efectuar lo anterior, es por medio de compras en el mercado negro, lo que evidentemente implica altas sumas de dinero.

En cuanto al sistema de defensa y seguridad se refiere, el PC controla la subsecretaría de FF.AA. Mediante esa posición no tiene injerencia directa en aspectos internos de las Fuerzas, lo que quedó demostrado más allá de toda duda con la intentona de Edelstein por intervenir los planes de estudio, activando todas las alarmas internas de cada Institución de la Defensa.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la “actividad de Inteligencia y Contrainteligencia” no se encuentra normada, recordemos que la “Ley de Inteligencia” duerme en el Congreso desde Piñera 2, y que la “Comunidad de Servicios de Seguridad” establecida durante el gobierno de las FF.AA. y Carabineros de Chile, fue desbaratado por los gobiernos de la Ex-Concertación dado el resquemor que les producía, debilitando gravemente ese ámbito de obtención de información sensible para la seguridad nacional.  Luego, hoy no existe capacidad de Inteligencia real para anticipar actos subversivos al interior de nuestro país.

Con ese escenario, el PC está en una posición inmejorable para obtener desde la subsecretaría de las FF.AA. inteligencia relativa a las Unidades y Reparticiones de la Defensa desplegadas en el territorio Nacional, en cuanto a su ubicación, tamaño, características, y cantidad de personal que opera en ellas, entre otras cosas.

En base a lo anterior, le resulta muy fácil al PC determinar la capacidad defensiva sobre infraestructura crítica, en caso de activación de Estados de Excepción Constitucional.  En ese contexto, hablamos de instalaciones marítimo portuarias, aeroportuarias, aeródromos, torres de telecomunicaciones, torres de alta tensión, subestaciones eléctricas, carreteras, puentes, viaductos, carreteras, estaciones y puentes ferroviarios y de Metro tren, servicios de distribución de agua potable, etc.

Por lo anteriormente expuesto, es que el PC no se gastará en hacerle un golpe a este gobierno, sino que lo apoyará y esperará, mientras efectúa la necesaria mantención, renovación y aumento de stock de armamento y munición, a que el próximo gobierno asuma el cargo, para iniciar la ofensiva guerrillera en su contra, y evitar, de ese modo, el proceso de recuperación nacional.

Un aporte del Pas presidente Humberto Julio Reyes

                                                        Indultos particulares

            El que un mandatario haga mal uso de una facultad, no es razón suficiente para eliminarla.

            La facultad presidencial para otorgar indultos particulares debe ser mantenida, a fin de abrir espacio a la clemencia y a la misericordia, y para dejar sin efecto penas dictadas por sentencias erróneas o contra leyes expresas y vigentes.

Adolfo Paúl Latorre

Carta al Director publicada el 31 de diciembre de 2023 en El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Facultad”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                           UNA ABOGADA TRABAJA EN EL MINISTERIO DEL                                                                     INTERIOR: EL PERFIL DE JURISTAS TRAS LA QUERELLA                                                         POR LA QUE SE FORMALIZARÁ AL GENERAL YÁÑEZ

El Líbero, 05/01/2024

La causa contra el alto mando de Carabineros fue presentada por abogados cercanos al oficialismo. Una de estas juristas es la actual coordinadora de la División Jurídica del ministerio dirigido por Carolina Tohá. La situación no sólo complica al general director, sino que también al Ejecutivo, pues desde que la seguridad es el principal tema de la agenda, Yáñez es visto como un aliado.

Un incómodo escenario es el que vive el gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong decidieran pedir la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por el supuesto delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el contexto del estallido de 2019, cuando el uniformado era director Nacional de Orden y Seguridad.

Y es que si bien en el pasado tanto Boric como varios miembros de su gabinete fueron los más duros críticos de Carabineros y de los generales al mando de la institución, desde que la seguridad se instaló como tema principal de la agenda, el gobierno ha visto en la policía uniformada y en Yáñez a un aliado.

De hecho, según el abogado del general director de Carabineros, el Mandatario llamó a Yáñez “y le manifestó todo su apoyo, tanto como Presidente de la República, como persona”.

Pero lo paradójico es que la formalización de Yáñez que hoy complica al gobierno se desencadenó por una querella interpuesta por abogados cercanos al oficialismo. De hecho, una de estas profesionales trabaja actualmente en el Ministerio del Interior y otra pasó por el Ministerio del Deporte.

Se trata de Javiera Corvalán Schindler y Natalia Bravo Peña, por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem); Karinna Fernández Neira, Sebastián Velásquez Díaz y Magdalena Garcés Fuentes, por “Londres 38, casa de la memoria”; y Miguel Astudillo Lara y Francisca Hernández Mardones, del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Coordinadora de la División Jurídica de Interior. Javiera Corvalán Schindler estudió en la Universidad de Chile y juró como abogada en 2019, siendo socia de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).

Trabajó como procuradora en Carey y como interrogadora en Abusleme Pinto Muñoz & Campos, pero en 2019 entró a trabajar como asociada en el área de litigios penales y civiles Chaves Awad Contreras Schürmann; con Miguel Schürmann y Alejandro Awad, quienes durante 2023 también acapararon prensa al ser los abogados de Rodrigo Topelberg, uno de los involucrados en el Caso Audio, y defender al ex ministro Giorgio Jackson en el Caso Convenios.

El actual bufete de ambos, (BACS, junto a Antonio Bascuñán, Esteban Barra y Marcos Contreras), es uno de los favoritos del gobierno, que también es el escenario laboral de la hija de la periodista Mirna Schindler.

En efecto, según DFMás, fue desde BACS que recomendaron a Javiera y a otra jurista para trabajar en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública cuando abogados de la División Jurídica fueron desvinculados en abril de 2022.

Cuando llegó a Jurídica, Corvalán estaba trabajando como asesora legal de Izkia Siches.

El que fuera titulada de la Universidad de Chile, dice la publicación, fue un plus, pues compartía el alma mater con otros importantes asesores de gobierno.

Su llegada a Interior como asesora del Área Judicial de Interior a inicios de 2022 no pasó inadvertida, pues aunque no era coordinadora, críticos de su arribo aseguraron que hacía lo mismo que el desvinculado coordinador Carlos Flores (funcionario desde 2004), en quien recaía la presentación y seguimiento de las querellas en que el ministerio se hacía parte, entre ellas, las del estallido.

Durante este gobierno se retiraron 139 acciones judiciales relacionadas a ese tiempo.

A noviembre de 2023, Corvalán figuraba en Transparencia como coordinadora de la División Jurídica de Interior, teniendo a su cargo la “tramitación, conducción y completa consecución de investigaciones criminales y causas judiciales” en que el ministerio o las delegaciones presidenciales intervengan.

Antes de llegar al gobierno en marzo de 2022 -cuando renunció a ser querellante de esta causa contra el general Yáñez- apoyaba con retuits la reforma de Carabineros, daba a conocer irregularidades y apoyaba la idea de que el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos.

Deportes y feminismo. Natalia Bravo Peña también es abogada de la Universidad de Chile y trabajó en el gobierno de Gabriel Boric.

Fue jefa de gabinete de la ministra del Deporte cuando ese cargo lo ostentaba la exfutbolista Alexandra Benado y el área no era desconocida para ella, pues en 2020 fue abogada de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, labor que compatibilizó con su rol de directora de la comisión de derecho al trabajo en Abofem.

A raíz de esa mezcla de fútbol con derecho laboral, escribió algunas columnas de opinión en medios.

Pero así como la gestión de Benado no estuvo exenta de críticas, el paso de Bravo por Deportes también lo fue, pues se levantaron voces que consideraban “excesivo su protagonismo”, lo que habría dificultado la relación de la exministra con las federaciones.

Durante el estallido social, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile convocó a Abofem a trabajar con la Defensoría Jurídica que habían levantado y en ese marco, Bravo fue la “coordinadora de comisarías”.

En esa labor en terreno, dijo haber constatado “que los agentes del Estado nos vulneran. ¿A quiénes? a niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidades LGBTI e incluso hombres. En ese contexto, nosotras hemos constatado humillaciones, vejaciones, abusos sexuales, violaciones”.

Según su LinkedIn, actualmente sigue trabajando de manera independiente como socia principal de Bravo Abogadas.

Candidata a fiscal nacional y a relatora de la ONU. Tras incursionar en esta mediática querella, Karinna Fernández, que es abogada de la Universidad de Valparaíso, siguió trabajando en la materia a la que se ha dedicado durante toda su carrera: derechos humanos.

Sin embargo, tuvo una especial visibilidad en 2022, cuando postuló para ser la primera mujer de América Latina en ser Relatora de la ONU sobre tortura y fue una de las 17 candidatas a fiscal nacional. Lo primero no prosperó y a lo segundo terminó renunciando al tercer proceso que buscaba reemplazante para Jorge Abbott, acusando “guerra sucia”.

Al igual que Corvalán y Bravo, tuvo un paso por el gobierno, pero no en el actual, sino entre la administración de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera (2009-2010). “Cuando terminé mis estudios entré a trabajar en un Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y llevé causas de la dictadura, tratando de darle un enfoque vinculado a Valparaíso y el rol de la fuerza marítima en la dictadura”, contó en El Mostrador.

Durante el estallido defendió casos como el del Colectivo Las Tesis, que resultaron absueltas de atentados contra la autoridad y amenazas contra Carabineros.

Ella sigue representando a Londres 38. El año pasado incluso le pidió una reunión a la ministra Carolina Tohá sobre las medidas que se adoptaron para que el general Yáñez fuera a declarar, “pero se me negó esa reunión”. Ayer, en tanto, opinó que Yáñez debía renunciar.

En su carrera ha representado a familiares y víctimas en casos como “Caravana de la muerte”, “Operación Cóndor”, “Calle Conferencia” y fue parte de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional.

También es asesora jurídica de organismos internacionales como Forest Peoples Programme (Reino Unido), y asesoró la reforma policial que hubo en Ucrania, según ella misma contó en radio Bío Bío.

Fernández trabajó con otra de las querellantes contra el alto mando de Carabineros el año pasado en una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata de Magdalena Garcés Fuentes, también abogada de derechos humanos que sigue representando a Londres 38.

La jurista de la Universidad de Chile y doctora en Derecho también trabajó en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y en el Instituto Nacional de DD. HH, donde ejerció como abogada de la Unidad Jurídica y Judicial cuando el Instituto lo dirigía Lorena Fries (2011).

Es querellante en la causa Caravana Valdivia y Neltume 81. Fue parte del equipo técnico del GIEI Bolivia (Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes) creado por acuerdo de la Comisión Interamericana de DD. HH y el Estado Plurinacional de Bolivia para investigar hechos de violencia ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Abogado con breve paso por el INDH y una trabaja en el Ministerio Público. Sebastián Velásquez Díaz, que también representaba a Londres 38, entre enero y marzo de 2022 trabajó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como “profesional analista especialista en protección sede regional metropolitana”.

En diciembre de 2021 firmó una “Declaración de Abogad@s de DD.HH” en apoyo a la candidatura de Gabriel Boric, pues miraban “con extrema precaución la candidatura de Kast”.

Junto a Karinna Fernández y Magdalena Garcés también aparece firmando una carta rechazando la ley antisaqueos en 2019.

En tanto, Miguel Astudillo, que se hizo parte de la querella representando al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidente de esa organización entre 2020 y 2021, cuando se definía de izquierda y “frenteamplista”, pero no tuvo mayor connotación pública desde entonces.

Después del estallido, su compañera de la Universidad de Chile que también patrocinó la querella, Francisca Hernández, hizo su práctica en la Defensoría Penal Pública, una pasantía en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, fue oficial de la IV Corte de Apelaciones y desde julio de 2023 es asesora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público, donde colaboró en la factura del “Manual para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio)”.

En pandemia acusaba tiempos en que “el fracaso, ineficiencia y crueldad del modelo socio económico no pueden ser más explícitas” y cuestionaba criterios para aplicar prisión preventiva.

En sus redes sociales no existen publicaciones del año 2019 y en 2021 renunció a ser querellante en la causa.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                     APARECE UN SEXTO CONDENADO EN EL                                                                                      ESTALLIDO QUE RECIBE PENSIÓN DE GRACIA:                                                                         GOBIERNO OTORGÓ BENEFICIO A HOMBRE QUE                                                  SAQUEÓ DOS TIENDAS EN CORONEL

Danilo Barra

La Tercera, 05/01/2024

Luego de los 5 casos reportados sobre condenados por hechos de violencia en el estallido, se puso en cuestionamiento el filtro a la hora de otorgar estas ayudas. Por lo mismo, este viernes el gobierno ingresará indicaciones para que estas sean revocables. A esta lista, ahora se suma Sandro Jerez Salas, quien fue condenado por dos delitos de robo en lugar no habitado tras saquear dos tiendas en Coronel, en la Región del Biobío.

Cinco son los casos que hasta ahora se han reportado sobre personas que han sido condenadas por hechos de violencia durante el estallido social que reciben pensión de gracia.

A estos ahora se suma un nuevo detenido durante la crisis social de 2019, quien fue condenado luego de haber participado en dos saqueos aquel año.

Pese a aquello, el hombre identificado como Sandro Jerez Salas, recibe un pago mensual tras ser calificado como una víctima de violación a los derechos humanos debido a un disparo que recibió en las manifestaciones de hace cuatro años.

La revelación de cinco casos, dada a conocer por Ex Ante, donde personas que tuvieron una sentencia condenatoria por delitos durante la crisis social del 2019 y que han estado recibiendo una pensión de gracia, otorgada por el gobierno, activó la discusión en torno a este aporte económico entregado por el Estado.

Ante eso, el gobierno reaccionó ingresando indicaciones para poder hacer que estas sean revocables.

La discusión abierta por el medio ocasionó la rápida respuesta de la oposición quienes no tardaron en referirse a la situación, lanzando duras críticas al Ejecutivo.

Para este viernes La Moneda, según lo anunció el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, ingresarían las indicaciones que buscan generar un mecanismo para establecer las condiciones en las que se puede revocar una pensión de gracia.

Y es que hasta ahora, según establece la ley, las personas que tienen el derecho a recibir una pensión del Estado, de forma vitalicia, la pueden perder sólo cuando la condición médica que generó este beneficio se revierte. Escenario judicial que Interior buscaría cambiar.

El conocimiento de la entrega de pensiones de gracia abrió un flanco con la oposición, la cual incluso solicitó que el gobierno revirtiera de forma inmediata la entrega de estos dineros.

Monsalve, por su parte, explicó que se revisó el asunto y explicó que la idea es: “Uno, para revocar beneficios, para que la autoridad tenga la facultad de revocar (estos) beneficios, y otra, para que tenga la obligación de tener a la vista, antes de la entrega del beneficio, los antecedentes penales”.

“Doble delito de robo en lugar no habitado”. La lista no termina en los cinco casos revelados anteriormente, ya que, según pudo conocer La Tercera, Sandro Iván Jerez Salas es la sexta persona con prontuario que recibe este aporte.

La sentencia ejecutada por el Juzgado de Garantía de Coronel le imputa a “dos delitos de robo con fuerza en las cosas cometido en lugar no habitado”, cometidos en la madrugada del día 20 de octubre de 2019 y, el segundo, el día 12 de noviembre de 2019.

El 25 de julio del 2022 el Juzgado de Garantía de Coronel lo sentenció a “dos penas de ciento veintidós días de presidio menor en su grado mínimo” por los “delitos de robo con fuerza en las cosas cometido en lugar no habitado”.

El primer hecho que se le imputa ocurre en la madrugada del 20 de octubre, antes que recibiera la herida de bala, cuando junto a una gran masa de gente ingresaron hasta una tienda Easy ubicado en la calle Manuel Montt, en la comuna de Coronel.

Se constató que el ingreso se hizo después del forcejeo con la reja que protegía al recinto, llevándose desde ahí distintas especies que vendía el centro comercial. Junto a Jerez se condenó a otras dos personas por el mismo hecho, pero solo él es quien recibe la pensión de gracia.

El segundo hecho por el cual se le condenó a la persona que posteriormente recibiría una pensión de gracia, es del 12 de noviembre del mismo año, cuando, en compañía de la misma persona condenada por el hecho descrito anteriormente, y de otra masa de gente sin identificar, ingresan a una tienda Johnson ubicado en la misma comuna para saquearlo.

El Ministerio Publico acusó a los responsables por los “delitos en grado de consumados, atribuyéndoles a los acusados participación de autores”.

Por lo que Jerez pasó “a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva con fecha 14 de noviembre de 2019, la que fue sustituida por la cautelar de arresto total con fecha 31 de marzo de 2020, la que a su vez fue dejada sin efecto el 21 de julio pasado. En consecuencia, Jerez permaneció privado de libertad, en la forma señalada, por el lapso de doscientos cincuenta y un (251) periodos”, dice la sentencia decretada.

Las razones por las que recibe el aporte. A Sandro Salas Jerez se le otorgó la pensión de gracia el día 14 de junio del 2022, por haber sido víctima de vulneración de derechos humanos.

Luego de aquello, según consta en los registros públicos del Ministerio del Interior, en agosto del 2023 se le aumentó la pensión tras ser una víctima calificada de vulneración de derechos humanos.

El hecho que llevó a Jerez a ser víctima de estos hechos ocurrió el domingo 20 de octubre del 2019, en Coronel. Ese día se encontraba en una concentración en contexto de las manifestaciones masivas que se producían en todo el país.

Mientras estaba cercano a una bencinera del sector Camilo Olavarría, recibió una bala que entró por la axila y se alojó en la columna. Todo esto ocurrió durante el toque de queda.

La herida se le agravó luego de que no se haya podido extraer la bala. Durante su hospitalización, pasó a ser detenido acusado de saqueo y receptación, hechos por los que finalmente fue condenado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó una querella por homicidio frustrado en contra de quien resulte responsable. Hasta ahora, no existe un imputado por dicha causa.

Pese a aquello, según consta en la resolución que le otorgó la pensión de gracia de por vida a Jerez, se le calificó como una víctima de violación a los derechos humanos que debe recibir 1,5 ingreso mínimo mensual no remuneracional, lo que corresponde a una pensión de $ 444.766.

Hasta ahora, se han otorgado 418 pensiones de gracia a víctimas del estallido social hasta el 31 de diciembre del 2022.

De estas, 148 fueron otorgadas durante la administración de Sebastián Piñera, las otras 270, por el actual Mandatario.

Además, del total, 40 pensiones corresponden a personas con antecedentes penales, de las cuales 17 de ellas se otorgaron por el gobierno anterior, y 23, por Boric.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel