Categoría: Seguridad y defensa

 

                                                                 ESTADO DE SITIO Y LAS RUF: MEDIDAS INÚTILES, SI…

Jorge P. Arancibia Reyes, Miguel A. Vergara Villalobos, Rodolfo Codina Díaz, Edmundo González Robles, Enrique Larrañaga Martin, Julio Leiva Molina, Almirantes (r), excomandantes en jefe de la Armada; Osvaldo Sarabia Vilches y Ricardo Ortega Perrier, Generales del Aire (r), ex C. J. FACh

El Mercurio, Columnistas, 01/05/2024

”Así, quienes quieren destruir el alma de nuestro país lo habrán logrado, con el apoyo de aquellos que quieren ese modelo de sociedad y la falta de coraje de quienes no se atreven a oponerse”.

Luego del cruel asesinato de tres carabineros en Cañete, con justa razón, se ha acrecentado la sensación de vulnerabilidad ante la delincuencia, carteles e insurgentes terroristas.

Otros, también con recta intención, piden desesperadamente declarar estado de sitio en la zona, creyendo que esto traerá la anhelada paz.

Nuestra experiencia nos dice que este estado de sitio no servirá para los propósitos que se desean, mientras las FF. AA. y Carabineros carezcan del respaldo jurídico, con leyes que protejan a quienes deban imponer la ley (con resistencia armada de los insurgentes, terroristas o delincuentes) en lugares de nuestro territorio nacional donde no impera el Estado de Derecho.

De paso, no sirven para nada los grandilocuentes respaldos retóricos de las autoridades nacionales. Nadie cree que serán efectivos y la experiencia así lo demuestra. Basta ver lo ocurrido con los infantes de marina en el caso Yordan Llempi.

¿Cómo lograr ese indispensable respaldo jurídico? Lo primero es entender que no se necesitan las RUF para regular el accionar de las fuerzas del Estado, basta cumplir los eximentes de responsabilidad del Código de Justicia Militar (art. 208) y aquellos contenidos en el Código Penal referentes a la defensa propia o a terceros amenazados.

También es bueno recordar que las FF. AA. se forman, entrenan y equipan para la guerra y no tienen equipo para control de orden público como carros lanzagua, gas pimienta, escopetas o lumas; su armamento son fusiles, pistolas y carros blindados. Punto.

Sin embargo, como existen fiscales del Ministerio Público que, sesgadamente, se han negado a aplicar las mencionadas leyes vigentes, han perseguido y procesado a militares y carabineros —sin considerar ni investigar en profundidad a quienes atacan vilmente a civiles y militares—, se requiere un segundo paso: que se devuelva a los tribunales militares la competencia de juzgar a militares y carabineros cuando en un enfrentamiento haya víctimas civiles, producto del cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad política responsable, en períodos de estado de excepción constitucional o decreto presidencial para protección de infraestructura crítica o resguardo de fronteras o elecciones.

Si no se cumplen las dos condiciones anteriores, todo lo que se haga respecto de la tramitación de leyes como las RUF o declarar estados de sitio u otros será totalmente inútil.

Las FF. AA. y policías estarán completamente atadas de manos, sin respaldo jurídico y no podrán cumplir con lo que se espera de ellas.

Así, quienes quieren destruir el alma de nuestro país lo habrán logrado, con el apoyo de aquellos que quieren ese modelo de sociedad y la falta de coraje de quienes no se atreven a oponerse.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

                                                                                PRESIDENTA DE LA ONG QUE DEFIENDE A UNIFORMADOS:                                                                              «EL USO DE LA FUERZA NO PUEDE SER PROPORCIONAL»

Gracia Rodrigo

El Líbero, 01/05/2024

Alejandra Cruzat, de Nos Importan, cuenta a El Líbero que existe mucha tristeza y frustración ante el asesinato de los tres carabineros en Cañete, pero recuerda que desde hace un tiempo los funcionarios se están inhibiendo de usar sus armas por miedo a una persecución penal que, denuncia, tiene sesgo ideológico desde el Ministerio Público. Sobre la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza y la amnistía que propuso la UDI, sostiene que estas no se pueden convertir en una “camisa de fuerza” y que la idea del gremialismo es ideal, pero en este momento, poco viable.

Al día siguiente de conocerse el asesinato de tres carabineros tras una emboscada en Cañete, Alejandra Cruzat, la presidenta de la ONG Nos Importan, que apoya legalmente a uniformados que deben enfrentar la justicia por su actuación durante el estallido, escribió una carta al director en El Mercurio.

Allí recordaba que en 2021 y en la misma comuna, un grupo de carabineros fue atacado a tiros por desconocidos, por lo que pidieron apoyo a la Armada, institución a cargo del estado de excepción de la zona y cuya actuación terminó con la muerte de una persona y un infante de marina formalizado por homicidio, arriesgando 15 años de cárcel.

A su juicio, el caso es un ejemplo en que el Ministerio Publico ha mostrado un sesgo ideológico respecto al apoyo que se le pide a las Fuerzas Armadas en materia de orden y donde, denuncia, Fiscalía ha desconocido las eximentes que les brinda la ley respecto al uso de armas y por el contrario, ha invocado la Ley de Control de Armas contra algunos funcionarios.

Lo que subyace a ese caso y al del asesinato de los carabineros Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid el fin de semana, es la duda acerca de si usaron o no sus armas, o si ni siquiera tuvieron tiempo para evaluarlo.

En el caso de 2021 “los carabineros no dispararon para defenderse. Lo único que tiraron fue una lacrimógena”, relata Cruzat a El Líbero luego de que el martes en la mañana se desarrollara la audiencia de preparación de juicio oral de ese cabo de la Armada.

Según su relato, ese día fue de conmoción: comenzó con la detención del hermano de la víctima fatal circulando en una camioneta robada y portando municiones de escopeta, hubo barricadas e incluso se quemó un paradero y a los carabineros trataron de atropellarlos. El ataque bajo el que se mantuvieron los carabineros se prolongó durante casi dos horas y, cuando llegó la Armada, recordó, los uniformados primero dispararon salva. Luego usaron elementos antidisturbios y, como medida final, utilizaron armas de fuego, en una intervención que se extendió por un lapso similar.

“Yo estoy hablando ahora con gente de La Araucanía y les pregunté: ‘¿es normal que a ti te ataquen y no disparen?’ Y me dijeron que sí. Es tanto el susto que tienen a disparar, que prefieren no hacerlo. O sea, es efectivo que se inhiben de disparar por la persecución penal”, cuenta Cruzat y reflexiona que “pensar que los carabineros (de Cañete) eventualmente se inhibieron de disparar y defenderse, produce mucha frustración”.

A su juicio, no sólo falta mayor preparación de fiscales y jueces sobre la materia militar, sino que también debe haber un consenso respecto a que la fuerza que deben usar los uniformados tanto para enfrentar los delitos comunes como para el crimen organizado, debe ser superior a la del delincuente: “La proporcionalidad no tiene sentido, sí la racionalidad”.

• ¿Debería ser la justicia militar la que investigue estos casos y no la civil? De hecho es un punto de discusión en las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)…
• El que la eximente (del uso de armas) esté en el Código de Justicia Militar no significa que no lo puedan aplicar los jueces que están en el sistema no militar.
• Pero no lo han aplicado. ¿Es algo de voluntad o de conocimiento?
• Es de voluntad. Ellos tienen dos eximentes de responsabilidad que están súper claras y definidas en la ley. Uno es el artículo 208 del Código de Justicia Militar que dice “será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida” y el número 10 del artículo 10 del Código Penal (“El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”).

Entonces ¿cuál es la consigna recibida? la misión es controlar el orden. En este caso es seguramente detener o controlar a francotiradores civiles. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con el único medio que tienen, que es su arma, de lo contrario, muere él.

¿Entonces, por qué la justicia no le está reconociendo este eximente de responsabilidad que está en el Código de Justicia Militar clarísimamente establecido? Ahora no importa si es justicia militar o no militar, la justicia tradicional también tiene que reconocerlo.

Creo muy importante que haya tribunales especializados en el tema, de la misma manera que hay tribunales laborales y de familia. El análisis de las causas post estallido social nos ha demostrado que la disparidad de criterios a nivel del Ministerio Público y de los tribunales (para hechos similares) es enorme.

Desgraciadamente todavía existe una connotación negativa asociada a los tribunales militares, como si aquello significara impunidad, pero si pretendemos sacar a las FF.AA. a la calle tenemos que darles garantías de un juicio justo y profesional. Podemos tal vez cambiar el nombre, para generar menos anticuerpos”.

• ¿Y por qué no estaría aplicando las eximentes?
• Bueno, ese es el tema. Porque el Ministerio Público actúa de manera muy discrecional. Y para nosotros, el gran problema acá está en la discrecionalidad del Ministerio Público. Porque si tú tienes un fiscal que entiende o que comparte esto, simplemente no te acusa de asesinato.

Entonces, le interesa que el militar está cumpliendo un deber y que para cumplir ese deber necesita hacer uso de su arma y por ende tenemos que asumir que cuando usen las armas, puede haber determinadas consecuencias no queridas, como la muerte de alguien.

• En la experiencia de ustedes, ¿esto es porque ellos no están lo suficientemente preparados en esta área o más bien se trata de un sesgo que puede ser político?
• Un sesgo, absolutamente. Porque a todo abogado defensor de los militares o de incluso Carabineros, le sacan las eximentes. No necesitamos nuevas leyes para esto, necesitamos voluntad para aplicarlas (…). El Ministerio Público y eventualmente los jueces hacen caso omiso de las eximentes de responsabilidad ya contenidas en Código Penal y en el Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Generalmente es por un tema absolutamente intencional e ideológico.

En esa línea, Cruzat recuerda que incluso se ha invocado la Ley de Control de Armas a dos carabineros y a dos miembros de las FF. AA. para negarles solicitudes de cumplimiento alternativo de penas, siendo que la norma “está pensada para el control de armas ilegales, pero cuando un carabinero o un militar usa su arma, él la está portando de manera legal, no sólo legal, sino que la ley lo obliga a portarla y a usarla cuando sea necesario. Es una aberración legal impactante (…). Si tú le empiezas a aplicar eso a cada militar que usa su arma, mayor razón para inhibir usar el arma. Y volvemos a lo mismo: ¿Hay ideologización acá? La hay. Ese tipo de condenas, sólo responde a ideologización, de todas maneras”.

• ¿Ustedes valoran que exista esta actualización de las RUF? ¿Les preocupa cómo se van a aplicar, cómo se va a juzgar con ellas?
• Para mí las RUF mientras más claras sean, mejor. Pero siempre en el entendido que no puedes con esto inhibir el uso de la fuerza cuando sea necesario aplicarla. Entonces si tú haces RUF con advertencia uno, dos, tres y hasta el 10, haces una camisa de fuerza. Eso no sirve. No pueden ser una camisa de fuerza.
• ¿Los uniformados tienen miedo a usar las armas?
• Los uniformados tienen más miedo a la persecución judicial que a enfrentar a los delincuentes más violentos. Es un contrasentido.
• Parece cada vez más inminente que las Fuerzas Armadas van a salir a las calles, ya sea para resguardar infraestructura crítica o no, pero van a salir con el mismo armamento de guerra…
• Lo que quedó claro para el estallido social es que los uniformados no pueden salir al control de la calle para controlar manifestaciones violentas. No pueden salir porque el armamento que tienen es un armamento letal y tú para controlar las manifestaciones no puedes ir con armamento letal. Un caso muy específico de la consecuencia haber salido con armamento letal, es el caso de Pedro Lavín en Colina o el de los militares en La Serena.

En ambos casos por haber tenido que disparar para cumplir la misión que les habían encomendado, terminaron condenados uno a siete años y en el caso de La Serena, a cinco, 10 y a 15 años.

Es tanto así que no están preparados para el control de orden público, que Cruzat recuerda que no hay carabineros condenados por muertes por uso de armamento durante el estallido social, pero sí hay militares condenados por ello (casos Kevin Gómez y Romario Veloz).

• Hay alcaldes del Frente Amplio pidiendo militares en algunos lugares de la ciudad, pero luego el oficialismo no los respalda en el uso de su implementación y preparación. ¿Cree que hay un doble estándar en ese sentido?
• Son peticiones que tienen mucha hipocresía, porque claro, sabemos todos que está todo el mundo muy preocupado con el tema de la delincuencia y la violencia. Pero tenemos que ser súper claros y realistas: también sabemos que en el minuto que tengamos a los militares en la ciudad, si ellos tienen que disparar y hieren a alguien, nadie los va a proteger y siempre van a decir que usaron la fuerza de manera excesiva.
• Ahí entramos en el tema de la proporcionalidad, también en las RUF
• La proporcionalidad en realidad no tiene sentido, es obvio, que el uso de la fuerza no puede ser proporcional, por último habla de racional.

Usemos el sentido común. La fuerza tiene que ser eventualmente algo superior para lograr tu objetivo. No puede estar el militar o el carabinero a la misma altura que el delincuente. Si esto es una batalla ¿quién la gana? La gana el que tiene más poder de fuerza, eso es también sentido común.

Entonces, qué pasa si tú llevas militares a las estaciones de buses. ¿Los vas a llevar con qué tipo de armas? ¿Los vas a dejar usar su elemento letal contra la ciudadanía?

Porque si nos ponemos todos de acuerdo y les damos la garantías para que lo hagan, estamos OK, pero yo dudo -porque lo he visto en los tribunales- que realmente tengan las garantías y se les vaya a respaldar en el minuto que la tengan que usar.

Distinto es contra el crimen organizado (…). Si queremos controlar el terrorismo en La Araucanía, tenemos que darle todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas.

Respecto al mismo tema, Cruzat agrega que personas de las FF.AA. “nos dicen que ‘si a nosotros nos dejaran actuar con fuerza, esto sería muy diferente y podríamos eventualmente controlar La Araucanía. Pero para eso necesitamos un respaldo político total y hoy en día no contamos con eso’”.

La propuesta de amnistía y nuevos casos ligados al estallido

• Los parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de ley para amnistiar a los carabineros y militares condenados y formalizados en el contexto del estallido. ¿Qué les parece la iniciativa?
• Yo creo que si queremos de verdad lograr una paz social y reconciliarnos post 18 de octubre, sería una buena medida, me hace sentido, pero tengo claro que no lo van a lograr, así que yo creo que es un poco más más mediático que realista.

“Creo que sí es importante que la gente sepa que todavía hay muchas causas que están recién siendo formalizadas del 18 de octubre, en el fondo esto sigue hoy día y muy activo”, dice Cruzat recordando que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de tres mil querellas y que hay 45 carabineros condenados por diversos delitos de la época, entre siete y ocho militares y más de 150 uniformados formalizados.

En efecto, cuenta que recientemente acaba de conocer dos casos en que carabineros recién fueron informados de que su escopeta antidisturbios emanó un balín que hirió a una persona: “A ambos se les decretó prisión preventiva y no tenían ningún conocimiento de los hechos”.

“¿Qué te demuestra esto? Dos cosas: todavía está muy activo el tema y, segundo, que hubo mucha querella irrelevante y falsa. Al final no se concentraron en las querellas que eran reales e importantes, porque cuando tú inflas tanto el número, no sabes discernir cuáles eran las que eran graves y cuáles eran denuncias muy menores. Entonces, ¿qué opino de una amnistía? Creo nuevamente que para lograr la paz social, sería el ideal, sería ideal cerrar este capítulo ya (…). Es un quiebre muy grande en nuestra convivencia, pero siendo realista, con el gobierno que tenemos, dudo muchísimo que se logre avanzar un paso en eso. ¿Entonces yo qué pido? Que seamos más activos en los juicios que se están llevando actualmente, de los carabineros que están recién siendo formalizados para que esto no siga creciendo”, agrega.

Donde Cruzat sí ve una posibilidad de abordar un indulto para quienes debieron usar las armas “es en un futuro gobierno o una futura campaña, que yo creo que va a ser así”.

• ¿Cuál es el sentimiento general de los familiares de los carabineros y los militares ante lo que pasó este fin de semana y respecto a lo que se viene para adelante?
• Es una mezcla de pena, tristeza, rabia, frustración e impotencia y muchos me han comentado que la angustia más grandes es pensar que los carabineros eventualmente se inhibieron de disparar y defenderse. Eso les causa mucha tristeza. Tienen un sentimiento de frustración, de que ‘nos tienen las manos amarradas

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

                                                                              LA ÚLTIMA SEÑAL DE GPS DE LA PATRULLA, UNA                                                                                                 CAMIONETA ROJA Y SOSPECHAS HACIA LA WAM: LAS                                                                                    PISTAS QUE SURGEN A TRES DÍAS DEL TRIPLE HOMICIDIO A                                                          CARABINEROS EN CAÑETE

Víctor Rivera y Leslie Ayala

La Tercera, 29/04/2024

Los equipos a cargo de la investigación del crimen trabajan sobre distintos antecedentes para dar con los autores del atentado, donde la revisión de medidas cautelares de un imputado por porte ilegal de arma y droga aparece como clave. Además, se detectó que desde el vehículo fiscal en el cual se movilizaban las víctimas se activó una señal por última vez en un domicilio ubicado Quidico-Costa y no el sector donde fueron quemados.

Llevaban su uniforme y elementos de protección cuando el teniente de Carabineros Sebastián San Martín los encontró en el pick up de la camioneta, fallecidos y calcinados por las llamas.

Era algo nuevo, nunca se había presentado algo de esa magnitud en la zona y es por eso que le costó salir del shock, no solo a él, sino que a prácticamente toda una institución que aún no puede reponerse de lo que califican el mayor atentado contra sus uniformados en sus 97 años de historia.

Es que el triple homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, ocurrido en la madrugada del 27 de abril en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío, fue calificado como un “asesinato horrible, cobarde y cruel, un ataque al alma de Chile”, en palabras del propio general director de la institución, Ricardo Yáñez.

Para Carabineros, el gobierno y el Ministerio Público dar con los responsables del crimen es prioritario. Y, por lo mismo, se han despachado equipos investigativos desde Santiago hasta el Biobío para ayudar en las pesquisas.

Es más, también se sumó la PDI para ayudar en la investigación.

Tanto así que anoche efectivos de la PDI allanaron algunas comunidades en la comuna de Tirúa y así apoyar en las labores de búsqueda de los sospechosos.

La Fiscalía, por ahora, no tiene los nombres concretos de quiénes realizaron el atentado, pero sí sospechas de quiénes podrían estar detrás del homicidio, a partir de una serie de pistas levantadas desde el sitio del suceso.

El primer dato que surgió en la investigación fue la camioneta siniestrada, y donde fueron arrojados los carabineros ya fallecidos, antes de prenderles fuego. El vehículo fue encontrado en la peligrosa ruta P-72-S, a la altura del kilómetro 24, específicamente en el sector Antiquina.

Fue en ese punto que el vehículo policial AP-2875 fue hallado con cuatro disparos en sus puertas y totalmente quemado.

Sin embargo, la Fiscalía y el personal investigativo de Carabineros comenzaron a seguir otras pistas, como, por ejemplo, la señal de GPS que se activó por última vez desde la camioneta. No está claro si esta se emitió por el mismo vehículo o bien desde uno de los celulares de las víctimas.

Pero lo que sí se ha determinado es que esa señal se activó por última vez en Quidico-Costa, específicamente dentro de una comunidad donde los policías iban a realizar el control de medidas cautelares.

Esa fue la última vez que el GPS se reportó como encendido, por ende, su última fijación fue allí.

Un “sujeto de interés” detenido. Lo que creen los investigadores es que fue en ese lugar donde los policías fueron baleados, para luego ser trasladados en su camioneta hasta la ruta P-72 donde fueron encontrados. Allí los quemaron y eliminaron todo atisbo de huellas dactilares.

En ese sector, según la información recabada por Carabineros, se encuentran cuatro comunidades radicales: Juan Segundo Marilao, Segundo Huenuman de Lautaro, Antiquina y Lebtraru.

Quienes conocen las pesquisas, además, agregaron que por la zona donde habría sido el atentado las pistas apuntan a la organización Weichan Auka Mapu (WAM), la cual funciona de manera “paramilitar” desde el 2016 y se han dedicado al ataque de forestales, predios, escuelas e iglesias, y también se les atribuye una serie de homicidios.

Las sospechas sobre esta organización radican en que la zona de Quidico-Costa está dentro de su “zona de control”, aunque más específicamente entre el kilómetro 29 y 38.

Sin embargo, en la policía también advierten sobre otra organización que podría estar detrás: Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), tanto por el lugar del atentado y por las características de este.

Su última “gran aparición” fue el ataque al molino Grollmus, en agosto del 2022, donde incendiaron la casa patronal y dispararon a los dueños de casa. El propio Presidente Gabriel Boric calificó ese hecho como un “acto de carácter terrorista”.

Además de diligencias en Tirúa y Quidico, los policías también están cercando la zona de Lebu, pues manejan un dato no menor: se busca una camioneta roja, la cual sería de propiedad de la persona que sería controlada por la medida cautelar. Esta tenía encargo por robo y era utilizada por el imputado que sería controlado por los policías fallecidos, quien mantenía causas vigentes por porte de armas y drogas.

Por ahora, además, la policía está haciendo un exhaustivo control de identidad, lo que ayer en la tarde arrojó un primer resultado.

A las 18:50 de la tarde, personal del OS-9 detuvo en la ruta que une a Cañete y Tirúa a un imputado asociado a una causa de lesiones graves, pero que mantiene algunos nexos en la zona que podrían ayudar en las pesquisas.

“El detenido es considerado sujeto de interés investigativo por parte de Sipolcar Arauco, con vinculación a delitos de connotación social cometidos en sectores rurales de Cañete, perteneciente al grupo criminal dedicado al robo de vehículos denominado ‘Los Pablitos’”, consigna parte del mensaje policial que registró su arresto.

Otra de las pistas que buscan los investigadores es saber qué pasó con el armamento que portaban los carabineros, pues dado su calibre significa que quienes perpetraron el crimen hoy cuentan con un importante contingente armado. Los uniformados portaban tres pistolas marca Taurus, dos ametralladoras Uzi, una escopeta marca Winchester y una cámara GoPro Hero 5.

A 48 horas del crimen, fiscales y policías cercan una zona que no es fácil, donde se cree que los sospechosos no han salido de la provincia, en una táctica que siempre les rinde frutos al momento de esconderse.

El objetivo, ahora, es acceder a sus comunicaciones y las horas previas de un atentado de máxima gravedad.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                              SISTEMA DE INTELIGENCIA. CARTA AL DIARIO EL                                                                        MERCURIO

Jorge Villarroel Carmona

El Mercurio, Cartas al director, 29/04/2024

Señor Director:

Con gran pesar y dolor nos hemos enterado los chilenos del alevoso asesinato de tres carabineros, el mismo día que esa prestigiosa institución cumplía 97 años.

La actual situación en materia de seguridad nos impacta, por el permanente grado de incertidumbre y temor que se experimenta en el país, máxime si a Carabineros, quienes profesionalmente les corresponde mantener el orden y la seguridad interior, los atacan y asesinan cobardemente.

Algo anda mal y la preocupación surge, en primer lugar, porque estos asesinatos no son hechos aislados, en estos dos últimos años han asesinado a más de una decena de policías uniformados; un poco antes de lo ocurrido este 27 de abril, el país se consternó cuando delincuentes mataron a un joven oficial de ese cuerpo policial, y hace aproximadamente un mes estábamos impactados por el secuestro con resultado de muerte de un exoficial venezolano, quien se encontraba como refugiado político en nuestro país, etcétera.

Mañana podría ocurrir un evento de mayores proporciones y, al parecer, solo recibiremos declaraciones de las autoridades en las que comunicarán que no habrá impunidad y que se dará con el paradero de los autores.

¿No sería conveniente realizar un exhaustivo análisis estratégico de seguridad, al objeto de determinar la búsqueda de soluciones que eviten continuar reaccionando?

Digo esto porque nuestro país ya no está para seguir escuchando todo el tiempo sobre las medidas a adoptar, necesitamos que definitivamente adopten medidas ya, mediante la coordinación y conformación de un sistema de inteligencia que permita anticiparse a las amenazas, no estar ciegos en materia de seguridad, para efectivamente procesar y estudiar datos, transformar en información útil, y con ello, disponer de inteligencia para evitar sorpresas delictuales y terroristas mediante una acción preventiva y proactiva, como todo país que busca satisfacer la tranquilidad y seguridad de su población.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

                                                                                 TRES CARABINEROS FUERON ASESINADOS Y                                                                                                                         QUEMADOS  EN CAÑETE

Mesa de noticias de El Mostrador, 27/04/2024

Se trata de policías de la Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Álamos, quienes fueron acribillados y, luego, sus cuerpos fueron acomodados en el pick up de la camioneta en se movilizaban, tras lo cual les prendieron fuego.

En uno de los peores ataques de que se tenga memoria en contra de Carabineros, tres suboficiales fueron asesinados esta madrugada en el camino entre Cañete y Tirúa, en la Provincia de Arauco, Región del Bío Bío.

De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de tres funcionarios de la Comisaría de Orden Público (COP) que se encontraba efectuando un patrullaje en el camino a eso de la 1 de mañana, de los cuales se perdió comunicación, luego de lo cual su camioneta fue encontrada en llamas en el sector de Antiquina, con los cuerpos de los tres con impactos de bala y quemados, en el pick up del vehículo.

Por medio de su cuenta de X, Carabineros informó que las víctimas fatales son el sargento primero Carlos Cisterna Navarro y los cabos primero Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid. En el mismo mensaje, se indica que “fueron cobardemente asesinados” cuando realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete.

Ante el hecho, el gobierno decretó un duelo oficial de tres días y el presidente Gabriel Boric encabezó una reunión de emergencia durante la madrugada en el palacio de gobierno.

El mandatario viajará al sur del país durante la mañana, junto con el presidente del Senado, José García Ruminot, y la presidenta de la cámara baja, Karol Cariola, además de otras autoridades.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también viajó hacia la Provincia de Arauco y al llegar al aeródromo Las Misiones, en Cañete, dijo que “no puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda”. Aseveró que “tenemos los mejores equipos acá” y que no “esto no fue casual, no fue al azar”. Por cierto, fueron suspendidas todas las actividades de celebración del aniversario de Carabineros.

Por cierto, este hecho ocurrió justo en la celebración del 97 aniversario de la fundación de Carabineros y ante ello, la institución señaló que “en esta fecha tan significativa una vez más cargamos con tristeza el luto por quienes da la vida por los demás”.

LA TENSA NOCHE QUE SE VIVIÓ EN LA MONEDA TRAS EL TRIPLE CRIMEN DE CAÑETE

Mesa de noticias de El Mostrador, 27/04/2024

La Moneda comenzó a llamar senadores de madrugada y centró sus esfuerzos en tres áreas: aparecer al lado de Yáñez y no en contra; aprobar esta semana dos leyes significativas en materia de seguridad para no perder el control de la agenda, y contener ola de críticas opositoras en año electoral.

La primera reacción del Gobierno se dejó ver dos horas después de la emboscada donde murieron tres carabineros en la provincia de Arauco.

A las 03.15 horas, senadores y diputados de las comisiones de Seguridad y Defensa -del oficialismo y la oposición- recibieron varios llamados del ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, para preguntarles si podían acompañar al presidente en un vuelo que se esperaba saliera a las 7 de la mañana a Concepción, idealmente junto a autoridades del Poder Judicial, para que estuvieran los tres poderes del Estado en la visita a Cañete.

Quienes atendieron el llamado en sus celulares o Whatsapp entendieron que había consternación y desconcierto en La Moneda. Según explican, el gabinete político no estaba preparado para evaluar un estado de sitio y la continuidad del general director Ricardo Yáñez como una reacción política en la víspera del acto del Día del Carabinero y donde las primeras informaciones el hecho apuntaban -a ojos del Gobierno- a los días previos a conocerse la sentencia contra Héctor Llaitul.

Minutos, después el Presidente Boric pudo comunicarse con el general Yáñez, instancia en la cual habrían abordado por primera vez la posibilidad de su continuación en el cargo más allá del 7 de mayo.

Ello, luego de que en los últimos días desde Presidencia se estuvieran analizando las opciones para su sucesión en Carabineros.

Paralelamente, Elizalde se comunicó con varios jefes de bancada para abordar otro asunto: postergar la semana distrital y sesionar en comisiones el lunes y martes próximos, y votar el jueves y viernes en sala las Reglas de Uso de la Fuerza y, si se podía, la Ley de Inteligencia.

Mientras, indican en el oficialismo, el subsecretario Monsalve se comunicaba con diversas unidades policiales de la Región del Bío Bío para conocer más detalles de la situación y coordinar el viaje.

Según explican cercanos al cetro del poder, en La Moneda había preocupación, porque anticipaban que sectores de la oposición buscarían endurecer su discurso sobre la ineficacia del Mandatario en la agenda de seguridad, sin alcanzar a reponerse de días que habían sido muy complejos.

En ese contexto, la estrategia del Ejecutivo estaría centrada en buscar formas de postergar la audiencia de formalización en contra de Yáñez, con lo cual -con cierta incomodidad- se “soterraría” la doctrina Tohá, acerca de que toda autoridad formalizada debía abandonar su cargo.

Aunque se estima que sepultar la instrucción de la ministra del Interior le producía una pérdida de capital político, de no hacerlo, el Gobierno prevé que la oposición levantará la continuidad de Yáñez como una bandera de lucha.

Cercanos a Elizalde y Monsalve explican que, para La Moneda, el triple homicidio es una situación política mucho más complicada que el asesinato de otros carabineros, porque el oficialismo se sitúa en medio de un año electoral, en el pináculo del debate por la seguridad y la presencia del Tren de Aragua, y con una de las más bajas evaluaciones del gabinete en las encuestas.

Incluso, algunos dirigentes comienzan a hablar “del fin de la agenda progresista”.

“Este puede ser el comienzo del fin de la era Boric. El comité político va a quedar magullado, porque el crimen ocurre en el Estado de Excepción que el Frente Amplio cuestionó y después debió aceptar en medio de su discurso sobre el Wallmapu, porque es un nuevo homicidio atípico, como el de Ronald Ojeda, que ocurre en medio de una campaña electoral, y esto aumenta la percepción del problema de la delincuencia. Todo indica que se dejará a Yáñez para evitar una acusación constitucional contra Tohá. Este tema va a durar hasta las primarias de julio, al menos”, señala un parlamentario a El Mostrador.

Así, La Moneda centró sus esfuerzos en tres áreas: aparecer al lado de Yáñez y no en contra, aprobar esta semana dos leyes significativas en materia de seguridad antes de perder el control de la agenda y, en tercera lugar, tomar la mayor distancia posible de escalar a un Estado de Sitio, el regreso de la pena de muerte y una espiral de propuestas alejadas de la línea política que representa al bloque de gobierno.

“Creo que es complejo sacar al general en este escenario, por lo que la doctrina Tohá va a ser puesta a prueba y su liderazgo también, en medio de esta crisis”, dice un senador oficialista.

CARTA DE CRISTIÁN WARNKEN A LA IZQUIERDA CHILENA

Cristián Warnken

Radio Pauta, 27/04/2024

“La izquierda se hizo cómplice de una insurrección que estuvo a punto de tirar la democracia por la borda”, dice Cristian Warnken: “Que no se laven las manos los pirómanos verbales de las declaraciones incendiarias de entonces”.

La quema y asesinato de tres carabineros en una emboscada en Cañete, en el sur de nuestro país, no es un acto aislado, o solo una brutalidad de un grupo de terroristas dementes.

Para haber llegado a este punto, se conjugaron muchos factores y, entre ellos, la complicidad pasiva o incluso activa de una generación de jóvenes políticos que han jugado con fuego desde octubre del 2019.

Sí, han jugado con fuego y el fuego, una vez desatado, tomó fuerza propia y ha ido devastando todo lo que ha ido encontrando a su paso.

Ahora se espantan, y en buena hora, de lo que puede hacer el fuego de la “revuelta” que ellos mismos atizaron y aceleraron, y eso hay que celebrarlo si nace de una convicción y una conversión profunda y si no es una postura oportunista o pasajera.

Es cierto que esta es la hora de la unidad de todo el Estado sin fisuras, de todas las fuerzas políticas, como acaba de decir el Presidente Boric, (hay que aplaudir esa declaración y creerla) pero no puedo dejar de compartir con ustedes, miembros de la izquierda, esta reflexión, porque, para que la violencia nunca más encuentre un terreno fértil en una sociedad para su acción destructiva, es clave que cada uno reconozca su propia responsabilidad y haga una revisión profunda del propio actuar.

Así, el viraje de postura no será un acto camaleónico ni oportunista y cuando vuelvan a darse las circunstancias, no se volverán a cometer los mismos errores, causas de los horrores a los que hoy asistimos.

Los hechos son demasiado recientes para olvidarlos: los ataques verbales y descalificaciones de autoridades de la República (diputados y otros) contra la institución de Carabineros, la justificación teórica e intelectual de la violencia como arma legítima para producir transformaciones en la sociedad chilena, la sistemática votación en contra de los diputados de izquierda contra las leyes para reforzar la seguridad, la romantización del terrorismo en La Araucanía apelando a discursos  identitarios indigenistas, el “perro matapacos”, en fin, todo ese relato que se inventó para decirnos que este era un país en ruinas y que había que refundarlo, si era necesario con revuelta, con más calle y también con una nueva Constitución en que el Chile que conocemos todos dejaba de ser Chile para convertirse en un imbunche a la medida de los delirios de grupos radicales y en el que, entre otras cosas, Carabineros debía también ser refundado.

Esta es la hora para una inflexión profunda y honesta de la izquierda chilena en su postura ante la violencia. Yo vengo de esa izquierda y en octubre del 2019, ante la violencia callejera que asolaba nuestras ciudades, escribí una columna cuyo título era “Soy de izquierda y rechazo la violencia”, declaración que me valió la descalificación, la funa, de quienes me acusaron de haberme vendido a la derecha.

Después, fui a un matinal, y condené el ataque de un furgón de carabineros inermes ante una turba que los atacó para derechamente matarlos: bastó eso para que en las redes sociales se me linchara.

Oponerse a la violencia era, entonces, ser un traidor, un “facho”, oh paradoja, cuando el fascismo se estaba viviendo en las calles, con quemas de bibliotecas, iglesias, y ataques de turbas a comisarías de carabineros. Los carabineros eran los victimarios y los primera línea, las víctimas.

Todo está ahí, en las redes, en los medios de comunicación: la izquierda se hizo cómplice de una insurrección que estuvo a punto de tirar la democracia por la borda.

Nada volvió a ser igual después del 2019. Y, por eso, no debemos sorprendernos de lo que estamos viviendo hoy.

Que no se laven las manos los pirómanos verbales de las declaraciones incendiarias de entonces, uno de los cuales dijo que dada las injusticias en la sociedad, “daban ganas de ir a quemarlo todo” (sic). Bueno, pues se quemó no todo, pero sí mucho. Y hoy el fuego asesino se ha llevado a tres funcionarios de carabineros.

No lo olvidemos: se perdió el respeto a la autoridad, se intentó demoler toda forma de autoridad (porque ésta supuestamente era “patriarcal”, entre otras cosas), se atacó física y verbalmente a Carabineros, se le hizo un daño enorme demonizándolos, burlándose de ellos y ahí está el resultado.

Hoy día, muchos de esos incendiarios dirigentes están en el gobierno. Y les toca vivir el otro lado de la moneda: ser autoridad.

¿Significará esa experiencia que cuando vuelvan a ser oposición -que es lo que espera la mayoría del país- serán una oposición responsable, constructiva, adulta o volverán a sus trincheras adolescentes, a su amor por las barricadas y el fuego?

Hoy Héctor Llaitul, un terrorista que sembró el terror en La Araucanía está a punto de ser condenado. No olvidemos que algunos conspicuos intelectuales y políticos participaron en lanzamientos de sus libros, lo alabaron, hicieron líricas declaraciones sobre su persona y su causa; me imagino que estarán guardando silencio en estas horas y espero estarán revisando y cuestionándose en el fondo de sus conciencias.

Y el general director de Carabineros será formalizado en los próximos días y uno se pregunta ¿cuántos Fiscales y jueces no se han hecho eco del discurso demonizador de Carabineros que ha permeado nuestro mundo intelectual y universitario?.

¿Ha sido una parte de la Justicia inmune a la ideologización que relativiza algunos hechos de violencia y sube la vara cuando se trata de juzgar a la policía? Para el país va a ser difícil entender que el jefe de la policía pueda ser condenado, mientras la mayoría de los delincuentes y terroristas andan sueltos por las calles de nuestro país.

Para que se cumpla el deseo del Presidente de la República y logremos esa unidad sin fisuras ni ambigüedades ante la violencia y el terrorismo, nuestra izquierda debe hacer en esta hora su propio descenso, su revisión, su autocrítica profunda y valiente, y el dejar atrás sus complejos con el uso legítimo de la violencia por parte del Estado.

Tiene que ser una conversión honesta, de verdad, no sólo una puesta en escena. Si ello ocurriera, estaríamos ante la inflexión que Chile necesita.

Y, tal vez, la trágica muerte de estos tres mártires y héroes de la República podría haber servido para algo.

Los saluda, Cristián Warnken.

 

TRES CARABINEROS MUEREN TRAS EMBOSCADA EN CAÑETE

Rodrigo Gómez S.

La Tercera, 27/04/2024

El hecho ocurrió en el sector de Antiquina, donde desconocidos habrían disparado contra la patrulla y posteriormente la quemaron con los funcionarios en su interior. El general director, Ricardo Yáñez, se trasladó a la zona durante la madrugada.

La madrugada de este sábado, tres carabineros de Control de Orden Público (COP) murieron tras ser emboscados en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

De acuerdo a antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en el sector de Quilaco Antiquina.

En el lugar, antisociales habrían disparado contra la patrulla con los tres funcionarios a bordo para luego prenderle fuego con ellos en su interior, lo que fue hallado por Bomberos de la zona.

El delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, detalló que “ha ocurrido un lamentable atentado contra una patrulla del COP de Carabineros, que permanentemente y todos los días y las noches hacen patrullajes en este sector. Están en estos momentos las policías haciendo las averiguaciones respecto a cómo ocurrieron los hechos. Lamentablemente y con mucho dolor tenemos que decir que tenemos tres carabineros fallecidos. Lamentablemente fueron quemados también al interior del vehículo”, según consignó Radio Bío-Bío.

Según la información preliminar las víctimas son un sargento 1° y dos cabo 1°, de la Cuarta Comisaria C.O. P de Los Álamos.

Durante la madrugada, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se trasladó hasta la zona de los hechos y dispuso, además, el traslado del director nacional de Orden y Seguridad, general Enrique Monrás; el director de Investigación Criminal, general Jaime Velasco, y del director de Inteligencia, general Julio Jaramillo.

Asimismo, se informó que el general Yáñez ordenó la suspensión de la ceremonia del aniversario 97° de Carabineros.

MÁS DE 10 AÑOS DE SERVICIO Y CON HIJOS PEQUEÑOS: QUIÉNES ERAN LOS TRES CARABINEROS ASESINADOS EN CAÑETE

Esperanza Navarrete

La Tercera, 27/04/2024

Los tres funcionarios de la institución policial fueron emboscados mientras realizaban un patrullaje por la zona y el vehículo en el que se transportaban fue incendiado.

La madrugada de este sábado, tres carabineros de Control de Orden Público (COP) fallecieron tras ser emboscados en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

En el sector Quilaco Antiquina, antisociales habrían disparado contra la patrulla con los tres funcionarios a bordo para luego prenderle fuego con ellos en su interior. Los funcionarios de Carabineros de Chile fueron encontrados muertos por voluntarios de Bomberos.

Se trata de Carlos José Cisterna Navarro, Misael Magdiel Vidal Cid y Sergio Antonio Arévalo Lobo.

Carlos Cisterna Navarro. El mayor de los mártires era Carlos Cisternas, sargento primero de la cuarta Comisaría COP de Los Álamos. Tenía 43 años al momento de su muerte, y 24 de ellos los había dedicado a la institución. Era padre de un niño de 6 años.

Su primera destinación fue en la segunda Comisaría de Collipulli y la extenencia de Ercilla. Tras pasar por diversas unidades en La Araucanía, en junio de 2013 dejó esa región y llegó al Biobío, a la segunda Comisaría de Lebu.

En enero de 2016 comenzó a ser parte de la comisaría en donde se desempeñaba hasta la actualidad.

En septiembre de ese mismo año, repelió un ataque de 15 individuos armados, que ingresaron a un fundo en la comuna de Contulmo y atacaron a personal forestal. Dicha acción le valió una felicitación en su hoja de vida por su “alto grado de profesionalismo”.

Su último ascenso, al grado de sargento primero, se registró en mayo de 2022. Cisterna contaba con cursos de estrategia y tácticas policiales de operaciones rurales, además fue capacitado en derechos humanos y técnicas de intervención policial durante el 2023.

Sergio Arévalo Lobo. Por su parte, Sergio Arévalo era cabo primero, estaba casado y tenía 14 años de servicio. Falleció a la edad de 34 años y dejó un hijo de solo 1 año.

Comenzó su carrera en la quinta comisaría de Quirihue en junio de 2011. En enero de 2016 llegó a la comisaría en donde ejercía hasta esta madrugada, antes del ataque.

Al poco tiempo de llegar a Los Álamos recibió una condecoración por su “alto grado de profesionalismo, eficacia, compromiso y entrega”, tras lograr la detención de un sujeto que mantenía en su poder municiones de distinto calibre.

El 2018 recibió una segunda felicitación por su rol en un procedimiento por cortes de ruta y ataque con armas de fuego. Luego, en marzo de 2019, logró una tercera felicitación al participar en la recuperación de ganado sustraído en un delito de abigeato. En 2022 fue condecorado nuevamente.

Misael Vidal Cid. El menor de los funcionarios fallecidos era Misael Vidal, quien tenía 30 años y era cabo primero de la misma comisaría.

Ingresó a la institución el 16 de enero de 2014 y llevaba 10 años de servicio. Estaba casado y, al igual que sus compañeros, tenía un hijo de 3 años.

Su primera destinación fue en la 54ª comisaría de Huechuraba y, en marzo de 2016, llegó a la cuarta Comisaría COP Los Álamos, en donde se desempeñaba hasta el momento de su muerte.

En 2022 recibió una felicitación por su “alto grado de profesionalismo, eficacia, compromiso y entrega”.

 

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

                                                               JUSTICIA MILITAR PARA MILITARES Y POLICÍAS

Richard Kouyoumdjian Inglis

El Líbero, 24/04/2024

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, las FF. AA. y las policías toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Ha quedado claro para muchos que, de no haber cambios en la situación de seguridad interna, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que tomar un rol más activo es cada vez más real, y es por ello por lo que debemos ver qué cosas hay que arreglar si es que su uso llega a ser requerido.

La equivocada estrategia del gobierno en materia de seguridad que coloca los acentos en ejes que no necesariamente tienen impacto o no aplican a la realidad local, como es el caso de infraestructura crítica no habiendo amenazas terroristas que la pongan en riesgo, o de reglas de uso de la fuerza -que buscan impedir su uso por parte de agentes del Estado-, olvida resolver lo que es el problema principal de cara a poder usar efectivamente la fuerza de las armas que está en manos de militares y las policías.

El problema al que me refiero es la justicia que reciben los militares y policías cuando actúan como agentes del Estado en labores de seguridad interior como las que se generan en estados de excepción constitucional, las que se podrían dar bajo el concepto de infraestructura crítica o toda vez que deben actuar en contra del crimen organizado, insurgentes, terroristas, violentistas y revolucionarios como son por ejemplo los que actuaron en octubre del 2019.

Entendiendo que nadie está por sobre la ley y que la ley debe ser justa, se acepta que sea ciega, pero que en ninguna circunstancia pierda su esencia de ser justa y darle a cada uno lo que le corresponde, incluyendo por cierto a militares y policías que actúan por cuenta y bajo órdenes del Estado de Chile, su Presidente o quienes pertenezcan legalmente a la cadena de mando.

Lamentablemente la justicia militar no tuvo su mejor desempeño durante el gobierno militar, razón principal por la que en tiempos más recientes se haya limitado mucho su campo de acción.

Esa reducción es la que deja fuera de su ámbito los casos en que se vean involucrado civiles, sean actuales como son los casos de Robledo, Crespo o los infantes de marina que tuvieron que actuar en Cañete en el 2021, o bien casos antiguos del 73 en que hay jueces designados para investigar y dictar sentencia bajo el antiguo sistema procesal penal.

Puede que las autoridades de la época hayan visto lo anterior como necesario, pero la verdad es que en lo actual el sistema falla, así como también en los casos de casi 50 años de antigüedad.

Me parece que nadie tiene dudas de las injusticias sufridas por Robledo o Crespo, o las que puedan afectar al general Yáñez, o al carabinero acusado por el caso del puente Pío Nono.

Todos son ejemplos de la actuación de militares y policías en que el Estado de Chile les ha ordenado intervenir objeto restablecer el Estado de Derecho, siendo ellos acusados por hacerlo con demasiada fuerza o detrimento de los derechos humanos de los victimarios, olvidando que a ellos los atacaban, o bien debían disponer de las fuerzas que se hacían cargo del problema, como era el caso de los principales mandos de Carabineros del 2019 a los que las autoridades políticas dejaron en el más completo abandono, y con los cuales algunos de la ultraizquierda se quieren festinar.

Evidentemente esos casos recién nombrados, así como los que indicaré a continuación de épocas más pasadas habrían sido mejor atendidos por justicia militar, que se especializa en los casos que involucran a militares y policías, y que al igual que cualquier otro tribunal en Chile, tiene la supervisión de instancias superiores, ya que por un lado está la Corte Marcial (integrada por una mayoría de ministros de corte de apelaciones), y por sobre ella, la Corte Suprema, lo que quita los argumentos de falta de independencia y de 100 % militarizados que algunos le asignan con el fin de quitarles mérito y que vuelvan a ser usados para casos en que hay civiles involucrados.

En columnas anteriores podrán encontrar más detalles de los casos del soldado conscripto Robledo y del teniente coronel Crespo. Estos son casos actuales que están siendo manejados entre el Ministerio Publico y tribunales civiles, a diferencia de un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron dos jóvenes y que involucra a trece militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito su delito.

Por alguna razón bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.

Las reaperturas no se hicieron bajo la justicia militar. Se hicieron asignando casos a ministros en visita que operaban bajo el sistema de justicia antiguo en que el magistrado investiga, procesa y dicta sentencia, en clara ausencia del debido proceso.

De los 13 a los que se les condena en octubre del 2023, sólo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, más de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo, para nada justo. Es mandarlos a morir a la cárcel.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones, o bien cumplir órdenes superiores.

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Es de esperar que en algún minuto vuelva el sentido común y todos los casos en que militares y policías actúan como agentes del Estado de Chile, y en que se determine que debe actuar la justicia, sea la justicia militar la que actúe, ya que la que se está usando actualmente parece no estar dando garantías de justicia, transformando a los buenos en malos, condenando a personas como el general Cheyre por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, o que es incapaz de demostrar compasión y clemencia con personas que están entrando a la cuarta edad, encarceladas o pronto a serlas, por casos en que no son responsables o bien sólo son culpables de cumplir órdenes superiores.

Para cerrar, espero que esta columna dé esperanzas a los que están siendo afectados por la injusticia y sufriendo el pago de Chile. No están solos y somos muchos los que queremos que reciban justicia y un trato digno.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional