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                                                                               FISCALÍA FORMALIZA EN AUSENCIA Y PIDE EXTRADICIÓN

                                                                                DE DOS LÍDERES DEL TREN DE ARAGUA IMPLICADOS EN

                                                                                                EL CRIMEN DE RONALD OJEDA

José Carvajal Vega – La Tercera, 28/01/2025

La mañana de este martes en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago continuó la formalización y reformalización de los 19 integrantes de la célula del Tren de Aragua en Chile, Los Piratas de Aragua, organización criminal sindicada por el Ministerio Público como la responsable del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en febrero del año pasado.

Durante esta segunda jornada, la Fiscalía imputó por el homicidio del exmilitar a Rafael Gámez Salas -alias el “Turko”- y a Carlos Gómez Moreno –“Carlos Bobby”-, quienes están detenidos en el extranjero. Para el Ministerio Público, la extradición de ambos sujetos es una pieza clave, ya que podrían colaborar y entregar evidencia directa con el régimen de Nicolás Maduro.

Durante esta segunda jornada, los fiscales del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Héctor Barros y Alex Cortés, presentaron los antecedentes y formalizaron en ausencia a dos de los líderes de la organización, y altos jerarcas de la banda de origen venezolano, Rafael Gámez Salas -alias el “Turko”– y Carlos Gómez Moreno –“Carlos Bobby”-.

Ambos imputados fueron encausados luego de que fueran detenidos en el extranjero por órdenes vigentes en Chile, tras huir y ser identificados como quienes ordenaron el crimen de Ojeda. Esto, como la misma Fiscalía ha sostenido, previo encargo del régimen de Nicolás Maduro, específicamente del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La formalización en ausencia es un paso clave para que Chile pueda pedir la extradición de Gámez y Gómez, quienes fueron detenidos las últimas semanas en Estados Unidos y Colombia, respectivamente. Ahora, y tras la autorización del tribunal, será la Corte de Apelaciones de Santiago la que -de aprobarla- deberá remitir los antecedentes judiciales para que el Ministerio de Relaciones Exteriores dé curso a la petición ante los mencionados países.

El lunes pasado, cabe hacer presente, sólo se alcanzaron a revisar las incidencias plateadas por las defensas de los imputados, la que logró que tres sujetos sean formalizados el próximo martes 4 de febrero; entre ellos, detenidos que ya están en prisión preventiva por otros delitos.

Los líderes. Durante la audiencia de formalización de este martes -que se realizó bajo reserva-, la Fiscalía imputó a los dos líderes de Los Piratas, una variedad de delitos. Y es que el Ministerio Público apunta a que Gámez y Gómez son quienes ordenaron al resto de la banda la ejecución de una serie de secuestros, homicidios y extorsiones.

Según antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, en total, el Ministerio Público le imputará a los integrantes de la célula del Tren de Aragua en Chile, siete hechos, perpetrados a lo menos desde el 2023.

Así, la Fiscalía calificó a Carlos Bobby como el líder de la organización criminal a nivel latinoamericano y al Turko, como el encargado de la operación en Chile. Según pudo conocer este medio, ambos imputados son quienes impartieron las instrucciones, extorsionaron, fijaron las medidas para los miembros de la banda y eran quienes distribuían las funciones.

En el caso del Turko, además, se le imputa haber sido quien elegía a las víctimas de los secuestros y extorsiones, incluso directamente a los familiares de las víctimas. Gámez, además, era quien encabezaba el grupo de WhatsApp que tenían los integrantes de Los Piratas de Aragua, chat donde se planificó -en parte- el crimen de Ojeda.

Además de Gámez y Gómez, la jornada de este martes la Fiscalía también formalizó en ausencia a Dayonis Orozco, un ciudadano venezolano apodado “Boti”. Este sujeto, además de ser miembro de la banda, también es imputado en la causa por el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez y quien fue detenido en Colombia luego de huir de Chile tras el crimen del funcionario policial.

Los formalizados. El miércoles 22 de enero, hace una semana, Fiscalía y PDI irrumpieron en la toma Santa Marta, en Maipú, para detener -en total- a seis personas. Una de ellas correspondía un integrante de Los Piratas de Aragua, quien tiene participación directa en el crimen de Ojeda.

El detenido corresponde a Julio Iglesias, un hombre de nacionalidad colombiana que tendría un grado de participación posterior a la muerte del exmilitar venezolano, específicamente en enterrar su cuerpo en la toma de Maipú, donde finalmente fue encontrado Ojeda el 1 de marzo del 2024.

A Iglesias se le imputó el delito de secuestro con homicidio, al igual que al resto de los integrantes de Los Piratas que participaron del ataque al refugiado migrante venezolano en Chile. La misma calificación jurídica por la que se le comunicaron cargos en su contra a Anthony Barboza, un ciudadano venezolano que actualmente se encuentra privado de libertad en la Cárcel Santiago 1 por otro hecho delictual.

Barboza -que no es imputado en el caso de Ojeda-, a juicio de la Fiscalía, tiene participación en varios delitos de secuestros cometidos por Los Piratas. En concreto, al menos en un hecho, fue el encargado de contactar a una víctima para conseguir información de esta, con tal de poder secuestrarlo posteriormente por el resto de la organización.

El mensaje del Turko. Parte de los antecedentes que ventiló la Fiscalía durante la audiencia de formalización, fueron mensajes enviados por el Turko a la banda que encabezaba. Incluso, según han podido determinar policías y fiscales, fue -junto a Carlos Bobby- quien pidió al resto de los implicados en el crimen que dejaran el país y huyeran.

En una ocasión, según dio a conocer La Tercera este lunes, Gámez reunió a los integrantes de Los Piratas en la toma Santa Marta para mantener una videollamada con ellos.

Un testigo reservado en la causa expuso que el Turko habría regañado a la organización, tras el asesinato de Ojeda, apuntando a que “el trabajo había salido mal, retándonos y señalándonos que el ‘Mudo’, el ‘Jose Carlos’ y el ‘Gordo Ale’ habían hechos las cosas mal, motivo por el que todos los que habían participado en el secuestro del militar debían salir de Chile por instrucción del ‘Bobby’”.

Pero el enojo del líder de Los Piratas en Chile habría durado poco. El 24 de marzo de 2024 -23 días después del hallazgo del cuerpo de Ojeda-, el Turko escribió a través de un estado de WhatsApp un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaban en el mundo delictual.

“Hoy quiero darle gracias a mis hermanos que han estado desde el minuto 0 conmigo, en las buenas y las malas conmigo”, decía el mensaje, que -según fuentes de La Tercera- será expuesto durante la audiencia de formalización que se desarrolla durante estos días. “De un pan comemos todos y que no nos llamamos nada, que siempre todos en la cama o todos en el piso”, continuaba la publicación.

A eso, El Turko agregó: “Bendiciones, vida y salud para todos ustedes siempre de corazón nunca por enveniencia…Aquí no nos importa quien sea el más velocista si no el que conduzca como debe ser. Feliz día bendiciones para todos” (sic), mensaje que era acompañado de los emojis “” en alusión al nombre de la organización.

Días después, el 30 de marzo, el líder de Los Piratas volvió a usar la misma aplicación de mensajería. Esta vez para publicar una fotografía con seis armas que fue subida a sus historias acompañada del texto “puros piratas no más”.

La investigación también ha podido determinar que luego de que el 21 de septiembre del 2023 se hiciera un allanamiento a la cárcel de Tocorón, Venezuela, donde estaban recluidos los principales líderes del Tren de Aragua, el Turko publicó “tumbaron a castillo más no al rey. Así que el juego sigue”.

Una huida ordenada. Diferentes testigos que han declarado ante la justicia aseguran que, tras cometido el crimen de Ojeda, el propio Gámez y Carlos Bobby ordenaron a los integrantes de Los Piratas que participaron en el crimen de Ojeda que abandonaran el país.

Así lo hizo el encargado de conseguir los vehículos que usaron los secuestradores que llegaron al departamento de Ojeda vestidos como falsos policías. El seguimiento de la PDI y la Fiscalía permitió distinguir que solo tres días después del secuestro el sujeto fue detectado en la frontera de Chile con Perú.

Ese sería el destino predilecto por los integrantes de la organización, pero por una razón muy concreta. Un testigo reservado aseguró a la Fiscalía que dos autores del crimen de Ojeda se fueron “en dirección a Perú, ya que en ese lugar les iban a pagar el dinero por ese trabajo. Luego de eso, me enteré de que se fueron a Venezuela, pero tenían la intención de volver, ya que están pasando hambre en ese país”.

Eso también quedó establecido en la revisión de los mensajes del teléfono de Yolvi González, integrante de Los Piratas e imputado por el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez, ocurrido el año pasado. En su teléfono, González tenía conversaciones con el Mudo, a quien le “recomendó” el 26 de febrero huir a Perú. Este último habría ido acompañado de “Jose Carlos”, otro de los imputados en el caso de Ojeda.

En las conversaciones de la banda también existen registros fotográficos de algunos imputados, quienes las enviaron a modo de despedida. También hay un audio que está consignado en los antecedentes de la causa. Yolvi González también tiene una conversación con otro integrante de la banda, de quien se despide: “Bueno que le vaya buen. Que le vaya bien amigos míos que dios los bendiga y lo cuide en su camino, le habrá nuevas puertas y nuevas fronteras y que todo le salga bien el nombre de dios”.

A raíz de estos antecedentes, la Fiscalía durante estos 11 meses alertó a diferentes países, entre ellos Perú, Colombia, México y Estados Unidos. Esa alerta tuvo resultados luego de que el propio Turko y los otros dos integrantes de Los Piratas fueran detenidos en el extranjero, y ahora están esperando ser extraditados a Chile para ser juzgados por el crimen de quien fuera un desertor del régimen de Maduro.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                              CAM JUSTIFICA ATAQUE INCENDIARIO EN LOS SAUCES

                                                            COMO “JUSTICIA MAPUCHE”

Emily Avendaño – La Tercera, 27/01/2025

Trabajadores del Fundo Rinconada llegaron el 23 de enero a realizar labores de cosecha forestal, pero se encontraron con un tractor, una máquina enfardadora y una cortadora de pasto quemadas. Se trata del segundo atentado incendiario en el lugar en un lapso de 8 días.

La ORT Pelontraru se adjudicó dos ataques en el Fundo Rinconada con ocho días de diferencia. Tras el segundo atentado, en el que quemaron maquinaria agrícola, dijeron que “colonos hicieron ingreso de manera imprudente a territorio en recuperación territorial. Por lo tanto, corresponde a justicia mapuche para restablecer el control territorial”.

El primero se registró el 15 de enero y, tal como en esa ocasión, la ORT Pelontraru, de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se adjudicó el hecho a través de una publicación en el medio Werkén Noticias.

“Dejamos en claro a las comunidades en resistencia que estas acciones se ejecutarán toda vez que los usurpadores históricos intenten atropellar a nuestra gente y nuestro territorio bajo control territorial por las comunidades que tienen alianza política y militar con la CAM”, escribieron. En el texto, además, sostienen que le corresponde a la “justicia mapuche” restablecer el control territorial, puesto que “colonos” hicieron ingreso “imprudente a territorio en recuperación”.

Una vez ocurrido el suceso, las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). El comisario Patricio Ibáñez, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Angol, declaró el día del hecho: “Personal de unidad especializada se trasladó hasta la Ruta R-444, donde se unen las comunas de Los Sauces con Lumaco, precisamente al Fundo Rinconada, donde un grupo indeterminado de sujetos accede a las dependencias del terreno, provocando la quema de un tractor y una máquina aserradora. No se reportaron personas lesionadas producto de este hecho”.

El atentado incendiario ocurrió luego de que Llaitul diera una entrevista desde la cárcel que causó preocupación ante la posibilidad de que el cabecilla del grupo terrorista con sus palabras estuviese incitando a la violencia, ya que, cita El Mercurio, Llaitul llamó a “luchar con fuerza” y “con la convicción que hemos visto en nuestros mártires”, y admite que aquello “tiene costos y consecuencias”.

Robo de madera: detenciones y enfrentamientos. El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero además registra dos casos de robo de madera. Uno ocurrió en La Araucanía y el otro en Los Ríos.

El 21 de enero, en el sector de Futa, comuna de Corral, región de Los Ríos, la PDI capturó a tres sujetos acusados de ingresar habitualmente a predios para robar madera. Según el subprefecto Cristián Muñoz, los delincuentes trasladaban la madera de eucalipto robada a Valdivia para su venta.

Durante el operativo, se incautó una camioneta, una motosierra y madera. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su formalización.

En la misma región, el 24 de enero, la PDI detuvo a un hombre involucrado en la extracción ilegal de madera en un predio de Forestal Arauco, ubicado en el sector de Cutipay Alto, Valdivia.

Al momento de la intervención policial, los responsables talaban árboles y los transportaban con bueyes hacia un camión. La mayoría del grupo huyó, pero las autoridades lograron la detención del propietario del camión.

La PDI incautó el vehículo, 5 trozas de pino radiata, 30 árboles talados y madera acopiada, con un avalúo total de 7,5 millones de pesos. El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia.

En tanto, un operativo policial en Traiguén, Región de La Araucanía, derivó en un enfrentamiento armado entre la PDI y sujetos investigados por tráfico de drogas y robo de madera. El allanamiento provocó la huida de los sujetos en dirección a Galvarino, y en esa comuna hubo un intercambio de disparos.

Condenan a tres comuneros por el homicidio del suboficial Francisco Benavides. El 21 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó sentencia contra los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf Prado, junto a Rodrigo Calabrano Ñanco, declarados culpables del asesinato del suboficial de Carabineros Francisco Benavides.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2021 en Collipulli, Región de La Araucanía, cuando el carabinero fue emboscado y baleado mientras realizaba labores de despeje de ruta. Las penas dictadas oscilan entre los 19 y 24 años de prisión efectiva, según los delitos atribuidos a cada acusado.

Heriberto Ancalaf Prado recibió la pena más alta, con 24 años de prisión, por homicidio a un carabinero en servicio, disparos injustificados, desórdenes públicos y tenencia ilegal de armas. Matías Ancalaf Prado y Rodrigo Calabrano Ñanco fueron condenados a 19 años de cárcel cada uno por homicidio, disparos injustificados y porte ilegal de armas.

Según indicó el fiscal regional Héctor Barros, el caso también incluye antecedentes de desórdenes públicos y reiterados actos de violencia en años previos.

El suboficial Benavides, de 42 años, fue emboscado mientras transitaba en su vehículo de servicio por la comunidad Choin-Lofkenche. Los acusados, escondidos entre la vegetación, dispararon en múltiples ocasiones, siendo uno de los proyectiles el que impactó en el pecho del policía, atravesando su chaleco antibalas y provocando su muerte instantánea.

Este crimen estuvo marcado por la tensión en un territorio liderado por Víctor Ancalaf, exvocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y padre de los hermanos condenados.

Los sentenciados aún pueden recurrir de nulidad ante los tribunales, pero la Fiscalía subrayó la contundencia de las pruebas presentadas. “Estas penas reflejan la gravedad de los hechos y el trabajo comprometido para combatir la violencia en la región”, señaló el fiscal Carlos Bustos.

El mismo 21 de enero, la PDI confirmó la captura de Roger Paineo Antimán, de 30 años, acusado de participar en el atentado incendiario al Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en Contulmo, Región del Biobío. El arresto se produjo en el sector La Granja, Cañete, y eleva a 13 el número de detenidos por este caso, donde los otros 12 implicados ya se encuentran en prisión preventiva.

En la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Cañete, Paineo Antimán fue formalizado por incendio, homicidio calificado en carácter frustrado, porte ilegal de armas y municiones, quedando en prisión preventiva mientras dure la investigación, con un plazo de seis meses.

Según la Fiscalía, alrededor de 30 personas estarían implicadas en este atentado, y la PDI continúa con las investigaciones para identificar y detener al resto de los involucrados.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                                 EL FISCAL HÉCTOR BARROS Y EL HOMICIDIO EN CHILE

                                                                                DEL DISIDENTE RONALD OJEDA: “ESTIMAMOS QUE

                                                                            ESTÁ DETRÁS DE ESTE HECHO EL GOBIERNO

                                                                                  VENEZOLANO”

Ana María Sanhueza – ElPaís.es, 20/01/2025

El fiscal chileno Héctor Barros, quien investiga el secuestro y asesinato del refugiado político en Chile Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago el 21 de febrero de 2024, ha dicho este lunes a radio ADN que tras 11 meses de pesquisas, en la que ha determinado que en la ejecución material del delito estuvo el Tren de Aragua, que “estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano”.

Así, el jefe metropolitano del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público ha dado un paso más allá, luego que en abril del año pasado señalara que por el perfil de Ojeda —un activo disidente contra el régimen de Nicolás Maduro— el único móvil plausible era el político y que “esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”.

“Acá lo que hubo fue una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en las actuaciones que hizo el Tren de Aragua [en Chile]. Y lo que yo puedo decir en este momento es que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano”, ha dicho Barros.

Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado de madrugada desde su departamento en el piso 14 en el municipio de Independencia, en el sector norte de la capital de Chile por un grupo de sujetos disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Diez días después, tras una frenética búsqueda, su cuerpo fue hallado sepultado bajo cemento, con señales de tortura, en un asentamiento irregular en la comuna de Maipú, a unos 23 kilómetros del edificio donde vivía junto a su esposa y a su pequeño hijo.

Por el caso la Fiscalía ha identificado hasta ahora a tres personas de nacionalidad venezolana: un joven de 17 años, detenido en marzo de 2024 y dos hombres adultos que han sido vinculados al Tren de Aragua y que huyeron en Chile apenas se perpetró el crimen: Maickel Villegas Rodríguez, extraditado a Chile desde Costa Rica hace dos meses y Walter Rodríguez Pérez, quien continúa prófugo.

Sobre la víctima, Barros ha señalado en la entrevista que “Ronald Ojeda no es solo es un exteniente del ejército venezolano, sino un activista en contra de ese gobierno y que participó, incluso, en un intento golpista para derrocar al gobierno actual. Y, posteriormente, él se vino a Chile con su familia, pero siguió teniendo mucha actividad de ese ámbito”.

Y recordó que en diciembre de 2023, dos meses antes de su secuestro y homicidio, Ojeda viajó a Venezuela “para efectos de organizar un acto golpista junto a otros exmilitares. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”.

Barros dijo, sobre el crimen, que el gobierno de Venezuela “no lo va a salir a reconocer públicamente, sería muy extraño. Cuando nosotros sostenemos esto, no lo hacemos en base a conjetura ni especulaciones, lo hacemos en base a los antecedentes de la investigación. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, en el judicial tenemos que probar las cosas que sostenemos. En ese sentido, hemos sido súper responsables y hemos dicho que atendido el perfil que tenía la víctima, este es un hecho político y no como los [delitos] que comete el Tren de Aragua”.

Y agregó: “Si vamos más allá y vemos cómo se produjeron los hechos, no hay otra conclusión que la que se pueda llegar”.

Una de las particularidades del caso de Ojeda, recordó el fiscal, fue que a diferencia de otros secuestros que en Chile ha cometido la banda transnacional de origen venezolano es que nunca se pidió recompensa.

“Este es un secuestro que no guarda relación con lo que hace el Tren de Aragua, que los hace en la vía pública, toma a las personas y las mete a un auto. Y en el caso de Ronald Ojeda hubo muchas posibilidades de ingresarlo a un vehículo cuando iba o salía de su trabajo. Pero ese hecho no se hizo de esa manera, sino con bastante inteligencia. Si se ven los videos, los sujetos no tienen ninguna duda de dónde está su departamento, y salen del ascensor y se dirigen directamente al piso 14, a su departamento″.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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