Columna de Opinión, News

SIGUE EL CORTOCIRCUITO OFICIALISTA: PARDOW SOSTIENE CARA A CARA CON PARLAMENTARIOS Y CARIOLA JUSTIFICA SU NEGATIVA A LA ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LA LUZ. Cristóbal Fuentes La Tercera

                                                                                      SIGUE EL CORTOCIRCUITO OFICIALISTA:                                                                                      PARDOW SOSTIENE CARA A CARA CON

                                                                                      PARLAMENTARIOS Y CARIOLA JUSTIFICA

                                                                                      SU NEGATIVA A LA ESTABILIZACIÓN

                                                                                                  DE PRECIOS DE LA LUZ

Cristóbal Fuentes

La Tercera PM, 28/06/2024

El anuncio del alza en las tarifas eléctricas hizo que, a lo largo de Chile, dolieran los bolsillos. Pero en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena el dolor fue más agudo.

En consideración de las pocas horas de luz natural que los vecinos de la región reciben durante el invierno, los cinco parlamentarios de la zona han permanecido particularmente preocupados por la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre concretar el alza en tres tramos.

Conscientes de esa inquietud, los legisladores de la circunscripción aprovecharon la visita del ministro de Energía, Diego Pardow (Convergencia Social), a la Región de Magallanes para reunirse ayer con él. En un encuentro que se extendió hasta tarde por la noche, los parlamentarios hicieron ver al secretario de Estado que la situación en las comunas de la zona más extrema del país merece especial atención.

En ese contexto, de acuerdo a quienes estuvieron presentes, Pardow puso sobre la mesa una indicación presentada por los diputados Jaime Mulet (Regionalista Verde) y Jorge Brito (Revolución Democrática), que fue rechazada en sala en abril de este año, y que pretendía instalar un impuesto al carbón y que contó con 62 votos favorables e igual número de rechazos -casi exclusivamente de la derecha-, pero además 11 abstenciones: estuvo a diez votos de ser visada.

En ese contexto, tras la reunión con el titular de Energía, la diputada Javiera Morales (Convergencia Social) afirmó que “coincidimos en que es necesario aumentar el subsidio. Todos consideramos que es un subsidio insuficiente por el alcance y el monto. Por ello, la conversación se centró en analizar las propuestas que existen para contar con más fondos para aumentar el subsidio. De todas ellas, la que genera más consenso es aquella del Frente Amplio que propone alzar la tarifa a las generadoras de carbón. Cuando presentamos esa propuesta nos faltaron pocos votos en la Cámara para aprobarla, por lo que creemos que tiene viabilidad política. El alza que propusimos permitiría doblar el actual subsidio, alcanzando al doble de familias chilenas”.

En tanto, el diputado Carlos Bianchi (de la bancada PPD e independientes) detalló que “la propuesta que más reiteró y la que yo creo que es por donde el gobierno está avanzando, es una del Frente Amplio que aumenta el impuesto al carbón. Con ese cálculo del impuesto al carbón lo que pretende el ministro Pardow es pasar de un millón y medio de hogares a tres millones de hogares”.

De todas formas, el diputado sinceró que “la reunión con el ministro duró hasta tarde, pero sin resultado final concreto. Lo que está haciendo el ministro es acoger todas las propuestas que lleguen. Textual dijo: ‘me da lo mismo el color del gato con tal que cace ratones’”.

El ministro de Energía lideró un encuentro con legisladores de Magallanes en que reiteró que el gobierno ve con buenos ojos un impuesto al carbón, que permitiría subsanar los efectos del alza a las tarifas eléctricas. En paralelo, la titular de la Cámara arremetió contra Pardow nuevamente, luego de que él sugiriera que ella no tuvo toda la información disponible a la hora de votar sobre la estabilización tarifaria.

Por su parte, el senador Karim Bianchi (ind.) dijo que la reunión “estuvo enmarcada porque todos los datos que se entregaron iban desde Arica hasta Los Lagos, jamás se consideró Aysén y Magallanes, entonces nosotros teníamos dudas respecto del alza en Magallanes, que bordearía de aquí a enero el 40 %. No tenemos la versión del gobierno, solo la de la empresa”.

En esa línea, el senador afirmó que la reunión con Pardow tuvo por objetivo “buscar la solución para tener una apertura al 60 % más vulnerable. Eso el gobierno lo ve difícil, ya que hoy no llegan ni al 40 %. La vía alternativa que el gobierno maneja es ingresar un proyecto de ley por la Cámara respecto al tema del carbón”.

En tanto, Mulet, quien fue uno de los autores de la indicación, planteó que “el ministro se ha abierto con claridad a esta propuesta que hice en marzo y que fue declarada inadmisible. En esa oportunidad requería el patrocinio del Ejecutivo. Si el Ejecutivo hoy está dispuesto a apoyar una iniciativa legal de esta naturaleza, yo creo que estamos cerca de obtener los votos para aprobarla”. Eso sí, advirtió que “la derecha ha sido renuente a cualquier tipo de búsqueda de recursos que implique tocar a las empresas”.

Fuentes del Ministerio de Energía afirman que el respaldo a esta iniciativa no se trata de algo inédito, puesto que el gobierno presentó y patrocinó la propuesta de impuesto verde que se rechazó. En esa línea, lo que el ministro hizo ante los parlamentarios fue poner la propuesta rechazada, destacó que genera consenso e hizo hincapié en los beneficios que tendría en la región.

De todas formas, algunos ponen paños fríos sobre esta iniciativa. “El ministro ha planteado el impuesto a las emisiones de carbono. Es una alternativa, pero aún falta discutirlo más, ya que está asociado a pacto fiscal”, advirtió el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. Y añadió: “Hay más alternativas en la mesa técnica. Por lo cual vamos a profundizar el diálogo desde la próxima semana, para salir al paso de las alzas y mitigar a tiempo a más sectores sociales, en especial pymes y clase media”.

El diputado Cristián Tapia (ind.-PPD), también integrante de la Comisión de Minería y Energía, sostuvo que “el Frente Amplio presentó esa indicación, pero nosotros la hemos conversado durante todos estos años en la comisión (…). Jamás tuvo eco esta propuesta y yo creo que ahora, que el tema es grave, de todas maneras hay que poner un impuesto a quienes estén generando energía en carbón. Pero esta no es la única alternativa”.

Más allá de Magallanes, el alza en las tarifas eléctricas mantiene al oficialismo en un verdadero cortocircuito. Sin ir más lejos, esta mañana la presidenta de la Cámara de Diputados respondió nuevamente al ministro Pardow, luego de que el titular de Energía le recordara que ella “votó en contra” de estabilización de precios de la luz.

“Supongo que la información que le fue proveída en su momento y las reuniones que tuvimos no fueron suficientes para convencerla, y eso es legítimo en una democracia. Eso pasa”, planteó Pardow.

Ante su respuesta, esta mañana Cariola publicó en su cuenta de X: “Me veo en la obligación de recordar mi intervención en sala del 9 de abril de este año, cuando se votó el actual proyecto de ‘estabilización tarifaria’. Advertí que encarecería aún más las tarifas para la ciudadanía, que dicha alza no era sostenible para las familias chilenas, que se debían buscar otras soluciones, y por eso lo voté en contra”.

La titular de la Cámara no fue la única que salió a responder a Pardow. También a través de X, el diputado socialista Tomás de Rementería comentó: “Yo me abstuve. ¿Qué tiene que ver? El tiempo nos dio la razón de que el mecanismo no era bueno, se puede corregir”.

El panorama es simplemente desolador.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

HISTORIA MILITAR Y HÉROES OLVIDADOS, News

O´Higgins y la paz con los pueblos originarios y un especial comunicado

                                                                     O´Higgins y la paz con los pueblos originarios y O´Higgins y un                                                        especial comunicado
Antonio Yakcich Furche

 

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Columna de Opinión, News

IMPARCIALIDAD DE MENTIRA Carla Fernández Montero, Abogada Derecho Penitenciario

 

                                       IMPARCIALIDAD DE MENTIRA

Carla Fernández Montero, Abogada Derecho Penitenciario

Las fuentes legales que constituyen el debido proceso en el derecho procesal penal surgen de diferentes cuerpos legales o tratados internacionales aprobados por el legislador chileno, entre los cuales se encuentran el Código de Procedimiento Penal de 1906;el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) aprobado en 1989; la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobada en 1991; el Código Procesal Penal (CPP) del año 2000; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el año 2009 (ERCPI).

Así, el juez en su función de interpretar la ley para integrar todas las normas legales que constituirán el debido proceso penal, deberá reforzar, por así decirlo, las falencias garantistas que tiene el viejo Código adjetivo de 1906,y que dicen relación básicamente con la falta de imparcialidad inherente a un sistema de juzgamiento inquisitivo, y que el Mensaje del Presidente Jorge Montt del año 1894, en sus párrafos 13 y 14, reconoce expresamente, admitiendo riesgos de “visiones de túnel” o de “sesgos de confirmación” derivados del “exceso de celo” del persecutor/juez, y que son déficits que no tienen las legislaciones más modernas como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI, creadas con mayores y mejores conocimientos, bajo una concepción del hombre y de la sociedad muy distinta de aquella existente en el Siglo XIX.

Así las cosas, para decir que se está respetando el debido proceso, no basta con hacer una aplicación literal de la letra del antiguo Código de 1906, al margen de lo que manda otra legislación procesal, nacional o internacional. Y más reprochable es ufanarse de estar cumpliendo con este deber judicial, pero en el momento de aplicar la ley, hacerlo con sesgo (contra reo).

Por ejemplo, el artículo 11 del CPP -que regula la aplicación temporal de la ley procesal penal- implícitamente se refiere al Código de Procedimiento Penal cuando alude a los “procedimientos ya iniciados”.

Es cierto -por desgracia- que el sentido y alcance de esta norma adjetiva estaría supeditado a las limitaciones orgánicas y funcionales que harían imposible aplicar institutos propios del sistema acusatorio en la investigación y juzgamiento de causas de DD. HH. seguidas ante ministros de fuero -una cuestión que la política chilena no ha querido abordar- y que lamentablemente ha sido refrendada por la mayoría de nuestro Tribunal Constitucional, en una interpretación a nuestro juicio errada de la disposición Octava Transitoria de la Constitución Política.

Sin embargo, el alcance de esta norma del artículo 11 del CPP, sí debería extenderse a las disposiciones que reconocen derechos y garantías, que, en todo caso, reconocen expresamente otros instrumentos nacionales e internacionales como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI (además de nuestra Carta Fundamental.

Dicho esto, habría que señalar que como abogada defensora de causas de DD. HH., me ha tocado ver como los ministros de fuero, cual “exégetas del Código de 1906”, al momento de resolver sobre cuestiones “pro reo”, escudándose en una aplicación textual de este compendio normativo, deniegan diversas actuaciones de la defensa o autorizan actos en los cuales se vulneran los derechos fundamentales de los justiciables, develando una parcialidad en su actuar (p. ej. causa Rol n° 63.534, seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre).

El abuso del secreto de sumario, inclusive post procesamiento; la declaración coaccionada bajo juramento (Nemo Tenetur) o bajo la imposición simultánea de una prisión preventiva (aun sin defensa designada); ni siquiera la posibilidad que abogados defensores acompañen al inculpado en sus indagatorias, careos o reconstituciones de escena, por mencionar sólo algunas, son ejemplos de esta mala praxis judicial.

Y si a ello le agregamos la preeminencia -que bajo el sistema inquisitivo imperante-tienen las presunciones judiciales como medio de prueba condenatorio, transformando casi en una utopía la posibilidad de una anulación por infracción a las causales objetivas del artículo 488 del viejo Código, la situación procesal del encartado por estas causas de DD. HH. es de una indefensión y desamparo total.

Porque no se concibe un juicio sin un juez imparcial, y es de la esencia de la existencia de un juez, la cualidad de imparcial.

No obstante, para nuestra realidad “chilensis”, la imparcialidad como valor supremo de la justicia, en la práctica, no existe.

Porque de nada sirve decir que está presente, cuando el propio Mensaje del aquel Código del cual pende la vida de una persona (y de su familia), no es capaz de garantizarla, y frente a esta impotencia del Ejecutivo de la época de no ser un “país rico y poblado” que permita adoptar otro sistema más justo (párrafos 9° y 10°), entrega cándidamente la solución, a la praxis de un “juez honrado” (párrafo 14°).

El panorama es simplemente desolador.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

DE “GOLPE DE ESTADO FRUSTRADO” A “TRAMOYA”, LAS REACCIONES A UNA JORNADA INESPERADA Raúl Peñaranda, periodista boliviano y director de Brújula Digital. La Tercera

 

                                                                       DE “GOLPE DE ESTADO FRUSTRADO” A “TRAMOYA”,

                                                                    LAS REACCIONES A UNA JORNADA INESPERADA

Raúl Peñaranda, periodista boliviano y director de Brújula Digital

La Tercera, 27/06/2024

De tensión y preocupación por la aparición de tanquetas en la Plaza Murillo, a decenas de memes que señalan que todo fue un show armado por el Gobierno: así pasó la jornada del miércoles 26, una de las más intensas de los últimos años.

Todo ello se vivió con el telón de fondo de un presidente Luis Arce caracterizado desde el inicio de su gobierno por su incapacidad de mostrar certezas, demoras en la toma de decisiones y ser poco asertivo ante las situaciones adversas.

Tras la explosiva entrevista del lunes concedida por el comandante en jefe del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, a la periodista Jimena Antelo, de “No Mentirás”, hubo versiones de que había sido destituido el martes en la noche, pero nunca se conoció la versión oficial.

Recién el miércoles por la noche apareció el otro gran ausente de esta trama, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para decir que Zúñiga había sido destituido el martes a mediodía, abrazos de por medio.

Pero un Gobierno que no informa, que no declara, que no lidera, no hizo pública esa destitución. De haberlo hecho, y haber posesionado el mismo martes al nuevo comandante en jefe, la supuesta asonada golpista se hubiera evitado.

Los medios de comunicación informaron, usando fuentes anónimas, de esa destitución, el mismo martes, pero el Gobierno nunca ratificó esa versión. Es el estilo del Gobierno, arrastrar las decisiones, mantener la incertidumbre, no actuar.

El exvocero presidencial Jorge Richter tuvo que insistir en que deseaba dejar el cargo, pero Arce nunca se decidía. Fue una renuncia inédita: el vocero criticando al Presidente públicamente y este mostrando toda su indecisión.

Los sucesos del miércoles 26 son tan confusos como contradictorios. En la entrevista del lunes, Zúñiga apoyó fuertemente a Arce y criticó a Evo Morales, al punto de amenazar con “detenerlo” (como si eso estuviera dentro de sus competencias).

Pero dos días después intenta hacer un supuesto golpe contra Arce, incluso hablando de que liberaría a los presos políticos, empezando por la expresidenta Jeanine Añez y el exgobernador Luis Fernando Camacho. O sea, la posición contraria a la de 48 horas antes.

Varias preguntas siguen pendientes: Si fue un showd el oficialismo para lograr algo de apoyo, ¿por qué no usar a un militar evista? ¿Por qué usar a un comandante arcista?

Y una vez que Zúñiga conduce una tanqueta, rompe la puerta del Palacio Quemado e ingresa al edificio, ¿por qué el Presidente no ordena su detención? Decidir salir a confrontarlo no puede ser más que un intento propagandístico, de mostrarse, por fin, firme.

¿Pero luego de encararlo lo deja ir? ¿Para detenerlo horas después? Nada tiene sentido todavía a estas alturas de los acontecimientos.

La otra hipótesis es que no fue una farsa y que Zúñiga hubiera hecho sus declaraciones del lunes con aprobación del Presidente, pero que hubieran resultado más desaforadas de lo esperado, y no le quedó otra opción al Gobierno que destituirlo.

Y ante esa decisión, y viéndose “traicionado” por Arce, Zúñiga podría haber decidido encabezar esa sui géneris asonada militar.

Como sea, los sucesos del martes marcan la situación de los tiempos actuales: un Gobierno débil que no resuelve los problemas, un presidente ensimismado, incapaz de dar certezas a la ciudadanía, una institucionalidad por los suelos en que un comandante de Ejército dice barbaridades a la TV, un Gobierno con minoría en el Legislativo, frecuentes faltas de combustibles y ausencia de dólares en el mercado.

Arce estaba débil antes de este supuesto golpe y sigue débil hoy a un día de los sucesos. Además, el humor del aluvión de memes surgidos durante la jornada fue un antídoto contra las falsas poses de valentía de algunas autoridades, entre otras la del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, golpeando frenéticamente las ventanillas de los tanques.

Mientras tanto, a Zúñiga le esperan años de dificultades judiciales, empezando por una privación de libertad que por el momento se ve como indefinida.

Como corolario es interesante hacer notar que el comunicado de la Cancillería en respuesta a la crítica del Grupo de Puebla hubiera señalado que el golpe fue “financiado por la derecha”. Extrañamente la Cancillería luego borró ese mensaje.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

¿CÓMO OPERA LA COMISIÓN DE ÉTICA?: SE DESTRUYE EL EXPEDIENTE, NO IMPONE SANCIONES Y AFECTADOS NO PUEDEN RECURRIR PORQUE TODOS LOS JUECES ESTÁN INHABILITADOS. Leslie Ayala y Catalina Batarce. La Tercera

 

                                                                 ¿CÓMO OPERA LA COMISIÓN DE ÉTICA?: SE DESTRUYE

                                                                   EL EXPEDIENTE, NO IMPONE SANCIONES Y AFECTADOS

                                                                  NO PUEDEN RECURRIR PORQUE TODOS LOS JUECES

                                                                ESTÁN INHABILITADOS

Leslie Ayala y Catalina Batarce

La Tercera PM, 28/06/2024

Durante la semana impactó en el seno del Poder Judicial la decisión del pleno de la Corte Suprema de reactivar el Comité de Ética que fue reglamentado hace 17 años. La sorpresa se profundizó cuando se conoció que el presidente del máximo tribunal, y de la instancia ad hoc, Ricardo Blanco, solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, poder acceder a los chats de investigaciones penales que involucrarían a integrantes del máximo tribunal. Esto último, según opinión de penalistas, imposible de realizar por la reserva que tienen para terceros -incluso para ellos- las causas criminales.

En el artículo del doctor en derecho Andrés Bordalí sobre el régimen de responsabilidad disciplinaria de jueces se analiza una controversia que se va a generar con la decisión de la Comisión de Ética de la Corte Suprema de pedir oficialmente al Ministerio Público antecedentes de investigaciones penales en curso, como insumo para establecer una eventual responsabilidad disciplinaria.

Uno de los enunciados del académico es que en esta última, al igual que la responsabilidad penal, “las garantías deben ser mayores que en el campo civil”. Esto último da por sentado que en el caso de magistrados la tipificación exigida de las eventuales infracciones debe ser mayor, ya que “está en juego el valor de la independencia e imparcialidad judiciales”.

En esa misma línea está la preocupación que han planteado penalistas como Juan Carlos Manríquez respecto a cómo va a proceder una Comisión de Ética que fue creada en 2007 y que los propios supremos, antes de convocarla el lunes pasado, admitieron está desactualizada.

Y a ello se suma que en el caso de que los jueces sometidos a la instancia -como Jean Pierre Matus, Mario Carroza, Ángela Vivanco y María Teresa Letelier- quieran impugnar alguna resolución de sus sumariantes no podrán hacerlo por algo muy sencillo: todos los jueces estarían inhabilitados.

“No hay que perder de vista que la Comisión de Ética es una instancia administrativa al interior de la Corte Suprema, no es una instancia penal, por lo que si incluso le pide a los tribunales de garantía u otros que hayan podido aprobar la interceptación de teléfonos o la extracción de whatsapp, tampoco podría hacerlo, porque no están actuando como superiores jurisdiccionales en este caso, y podría darse un caso muy excepcional de colisión de competencias que incluso podría llevar a sostener la nulidad de esas acciones, porque la Comisión de Ética tiene un acta constitutiva muy restringida”, sostuvo.

Lo cierto es que pese a que Blanco y los demás supremos integrantes Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich ya dieron inicio a las diligencias, los magistrados involucrados aún no han sido notificados del proceso.

¿Qué dice el oficio? Quienes han conocido del escrito del presidente de la Corte Suprema al Ministerio Público, el documento -que será respondido la próxima semana por el fiscal nacional, Ángel Valencia- solicita una copia de los chats de las investigaciones “Operación Topógrafo” y del caso que involucra al penalista Luis Hermosilla.

Eso, respecto a donde aparecen los jueces sometidos a la Comisión de Ética, conversaciones que han sido difundidas por Ciper. De hecho, se pide que se mande en versión texto (TXT.) y en el caso que existan archivos adjuntos se manden aparte.

El problema, dicen fuentes consultadas, es que nunca el Ministerio Público ha aportado a instancias administrativas información que por ley es secreta para terceros ajenos. Incluso si “esos terceros” son integrantes del máximo tribunal del país.

Algo de eso ya esbozó el exfiscal nacional Sabas Chahuán: “Es entendible la Comisión de Ética en el sentido de tratar de justificar los antecedentes que ameritaron su citación. Sin embargo, creo que de acuerdo a la ley la Fiscalía no puede acceder a enviar esa información. No podría remitir estos antecedentes sin infringir la ley”.

Otra de las cosas que han llamado la atención es que la instancia no propone sanciones, solo se limita a entregar un informe al pleno. Estos últimos deben decidir en base a esas diligencias si se abre o no cuaderno de remoción en contra del magistrado.

El tema es que la única forma de remover a un supremo es vía acusación constitucional. Lo que generaría una nueva “trampa constitucional” nunca antes explorada, salvo cuando se denunció por graves hechos al exsupremo Luis Correa Bulo.

Qué dice el auto acordado que regula la comisión. De acuerdo con un auto acordado de la Corte Suprema que data de 2007, la Comisión de Ética del organismo tendrá por objeto prestar cooperación al pleno “en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento de los ministros y fiscal del Tribunal”.

Conocerá de las conductas de ministros y fiscales judiciales del máximo tribunal, según el mismo documento, que puedan “importar una contravención a la ética judicial o que sean reñidas con la probidad y la moral, y desempeñará su labor con miras a su prevención, control y corrección”.

¿Cuándo debe sesionar? En su minuto se insistió en que no había quorum para que la comisión analizara los casos. Sin embargo, de acuerdo con el auto acordado, la comisión se reunirá convocada por su presidente -lo que finalmente ocurrió-, “tantas veces como fuere necesario, o también a petición de la mayoría de sus integrantes”.

“Conocerá de los casos que se encuentren comprendidos en el marco de sus funciones, que le remita el pleno de la Corte Suprema o que se canalicen a través de la Oficina de Reclamaciones dependiente de la presidencia de esta Corte. Podrá actuar de oficio cuando la naturaleza o urgencia del asunto lo haga necesario, situación que debe ser calificada por la mayoría de sus miembros”, se sostiene.

Para cada uno de los asuntos que intervenga, la comisión abrirá un cuaderno especial, debiendo exigir reserva. Podrá requerir informes, testimonios y antecedentes a cualquier miembro del Poder Judicial.

“Comprobada la ejecución de actuaciones que puedan importar una contravención a la ética judicial, la comisión reunida o en pleno recibirá las observaciones que puede formular por escrito o verbalmente el ministro o fiscal afectado, dentro del plazo razonable que se le fije al efecto. Si en ese término no evacuare esa diligencia, se prescindirá de ella para remitir el informe respectivo. Finalizada la labor de la comisión respecto de un asunto determinado se acordará el informe sobre hechos investigados que evacuará al Tribunal Pleno de la Corte Suprema, si el asunto se hubiere originado allí. En los demás casos podrá disponer se emita el mismo informe, se remitan los antecedentes a quien corresponda resolver el asunto o se archiven los mismos”, se complementa.

Se menciona, en el mismo sentido, que transcurridos tres meses desde que se haya producido el término del asunto, ya sea por haberse evacuado el informe correspondiente u ordenado su archivo, se microfilmarán los antecedentes reunidos, los que luego serán destruidos completamente.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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Columna de Opinión, News

COPA AMÉRICA 2024: PASTORES V/S HIPÓCRITAS. Pablo Ortiz Herrera. El Líbero

 

                                              COPA AMÉRICA 2024: PASTORES V/S HIPÓCRITAS

Pablo Ortiz Herrera, periodista, comunicador y emprendedor

El Líbero, Cartas, 27/06/2024. 

Hace pocos días se dio inicio a la Copa América 2024 y las redes sociales estallaron en críticas a los pastores que bendijeron el evento, a sus espectadores, deportistas y países representados.

Medios de comunicación titularon: “Un pastor evangélico bendijo la Copa América y hubo críticas”, “Una bendición religiosa descolocó a los hinchas de la Copa América: ¿está permitida por la FIFA?” y “El mensaje cristiano que levanta polémica en Copa América”.

A mi parecer, tienen serios problemas de amnesia e hipocresía, en un nivel patológico. Hace sólo dos años atrás en Qatar se dio inicio al mundial de fútbol con una inauguración que tuvo la participación del actor Morgan Freeman y la recitación de un texto del Corán.

¿Qué hicieron los medios? Titularon sus reportajes con: “La religión en Qatar traspasa naciones y se debe respetar en la Copa del Mundo”, “Mundial Qatar 2022: ¿Qué es el Islam y dónde practicarlo en México?” y “Mayoría comentó lo positivo del mensaje de paz y convivencia, en la recitación del Sagrado Corán durante la apertura de la copa del Mundo”.

¿Qué dijo la gente? “Inaugurando la Copa Mundial de la FIFA 2022 con una recitación del Corán, ante miles de millones de espectadores de todo el mundo, fue un gran momento”

Señor Director: Hace pocos días se dio inicio a la Copa América 2024 y las redes sociales estallaron en críticas a los pastores que bendijeron el evento, a sus espectadores…

¿Qué dijeron ahora? “Xq la @fifacom_es y la @CONMEBOL permiten esta ignominia, para eso están las iglesias donde cada quien puede ir voluntariamente a envenenarse con este individuo ¿pero en un evento en vivo para cientos de millones alrededor de América? BASTA #CopaAmerica2024”.

A estas personas se les ha olvidado que la libertad religiosa y la primera enmienda en Estados Unidos, no está para “proteger” a la gente de la religión (como si les hiciera mucho daño), sino para proteger a la iglesia de la tiranía del Estado.

Se les olvida que, como expresó muy claramente Tom Holland (el historiador británico ateo, no el actor), “Si vives en Occidente, ningún otro libro ha tenido tanto impacto en tu vida como La Biblia. Y no necesitas haberla leído o saber algo sobre ella para que sea una realidad”.

Lamentablemente, estos hipócritas progresistas de la tolerancia son tan ignorantes que se sorprenderían de saber que grandes clubes de Fútbol, como los ingleses Everton, Manchester y Southampton, fueron fundados por iglesias. Y que el FC Barcelona fue fundado por protestantes perseguidos en España.

Que la sociedad se horrorice de que un pastor declare bendición sobre las naciones antes de comenzar un torneo de futbol, por menos de cinco minutos, y se callen ante la imposición ideológica de un brazalete de capitán de equipo, con la bandera LGBT durante los 90 minutos de partido constantemente frente a cámara, es muestra de la decadencia moral que rige el mundo o que se le está imponiendo.

Como dijo el gran Gilbert Keith Chesterton, “para corromper a un individuo, basta con enseñarle a llamar ‘derechos’ a sus anhelos personales, y ‘abusos’ a los derechos de los demás”.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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