News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

LA GUERRA DE UCRANIA Y LA POLÍTICA DE DEFENSA DE CHILE. Miguel Navarro Meza

 

                                                                                    LA GUERRA DE UCRANIA Y LA POLÍTICA DE DEFENSA                                                                                                                                DE    CHILE

Miguel Navarro Meza, Abogado y cientista político. Académico de la ANEPE y vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial.

El Mostrador, Opinión, 03/03/2024

La guerra de Ucrania ha perfilado muchas de las complejidades de las relaciones de seguridad imperantes en el Sistema Internacional contemporáneo, las que de un modo u otro afectan la seguridad externa de Chile

En fecha reciente, el Ministerio de Defensa Nacional ha comunicado el inicio de un proceso de revisión y actualización de la Política de Defensa 2020, actualmente vigente.

Esto es normal y habitual. Las políticas públicas y especialmente las de defensa y exterior, deben evolucionar conforme cambian las premisas que orientan sus contenidos y directrices, idealmente dentro de los límites inherentes a su condición de políticas de estado.

Además, respecto de la Política de Defensa tal proceso se inscribe en las prerrogativas de las autoridades civiles, en la medida que su definición y actualización constituye uno de los elementos que caracteriza una conducción política civil eficaz, propia de un sistema democrático y de subordinación castrense, tal como lo han planteado David Kuehn y Angel Croissant y muchos otros antes que ellos.

En Chile, la Política de Defensa se ha renovado en forma regular, aunque no periódica, a partir del Libro de la Defensa 2002 – el Libro de 1997 estuvo lejos de definir una política propiamente tal, aunque sí genero las necesarias confianzas entre civiles y militares- dentro de un consenso amplio en torno a ciertos elementos fundamentales de la postura estratégica del país, como son los objetivos de la Función de Defensa y especialmente la disuasión, constituyéndose en sus elementos de Estado, los que han mantenido su vigencia hasta hoy.

Con todo, el actual proceso de actualización se desarrolla en una atmósfera completamente distinta de las instancias anteriores: el escenario internacional global es el más violento, complejo e incierto en que se haya definido y ajustado la Política de Defensa del país, escenario cuyo epítome es la Guerra de Ucrania.

Sabido es que toda Política de Defensa se sustenta en factores políticos domésticos e internacionales. Esto, naturalmente, deriva del hecho que se define en el punto medio entre la política interna e internacional del Estado, tal como lo reconoce G. M. Dillon.

Ahora bien, entre los elementos internacionales el entorno de seguridad del país es uno de los más relevantes. En esto hay amplio consenso en la cátedra comparada, desde Douglas Murray y Paul Viotti a Robert Art y Kelly Greenhill.

En este perspectiva, la guerra de Ucrania ha evidenciado a un tiempo, el valor (aunque no la legitimidad) del uso de la fuerza en el sistema internacional, la precariedad de la institucionalidad internacional vigente, cuyo epítome es la paralización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y muy especialmente un cuestionamiento al Derecho Internacional en la regulación de las relaciones entre estados en sus variantes de seguridad.

Naturalmente, estos fenómenos no son nuevos pero el actual conflicto, una vez más, ha perfilado su vigencia y potenciados sus efectos. Además y como ha ocurrido frecuentemente, la existencia de un conflicto armado de magnitud genera condiciones propicias para aventurismos militares en otros escenarios geoestratégicos.

La atención de la comunidad internacional a los efectos de la guerra de Ucrania en la situación en el Estrecho de Formosa y en la Península de Corea se inscribe en esta lógica. Lo mismo es válido para con la crisis del Esequibo aún no completamente terminada y que, además, se manifiesta mucho más cerca del entorno estratégico de Chile.

Pero el conflicto de Ucrania se plantea en un escenario global más amplio de competencia y confrontación entre las grandes potencias en la lógica de los procesos descritos por Kissinger y varios otros. Una suerte de Segunda Guerra Fría, con menos elementos ideológicos pero iguales o mayores contenidos estratégicos y militares que la antigua Confrontación Este-Oeste.

Todo esto tiene, o debería tener, efectos sobre la actualización de la Política de Defensa de Chile. Por lo pronto, prácticamente desde los albores de la República, su política exterior ha estado anclada en el respeto al Derecho Internacional, al valor de los tratados y a la solución pacífica de las controversias lo que incluso estuvo contemplado a nivel constitucional en un periodo del siglo XIX.

Esto es igualmente válido respecto la confianza en la institucionalidad internacional. Chile fue miembro fundador de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, contribuyendo con aportes jurídicos importantes y encomiable lealtad, pese al poco apoyo que encontró en las crisis internacionales de la segunda mitad del siglo XX.

Dicho de otro modo, las realidades de la seguridad internacional socavan las bases mismas que han sustentado la postura internacional y la política exterior del país y que, de un modo u otro, han orientado su Política de Defensa explícita desde 2002 y antes, y de antaño, a su política consuetudinaria desde el siglo XIX.

En consecuencia, resta analizar como las nuevas realidades estratégicas mundiales deberían ser recogidas por la Política de Defensa.

Desde luego, se deberá ponderar la vigencia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esto desmiente cualquiera aproximación idealista al tema, máxime en la región sudamericana donde no hay ninguna institucionalidad de seguridad multinacional real, lo que se imbrica con la debilidad de la institucionalidad de seguridad global puesta en evidencia en Ucrania.

Todo esto debe reforzar las miradas realistas hacia la Función de Defensa y afianzar los consensos que se han acuñado desde el 2002 en relación a la postura estratégica del país, especialmente respecto de la disuasión como su pilar fundamental.

Esto debe extenderse al financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en la medida que fueron esos consensos los que permitieron el reemplazo del Sistema de la Ley del Cobre.

Pero hay algo más. Desde luego, la Política de Defensa debería balancear la proverbial neutralidad del país con las alianzas estratégicas en que está inmerso, especialmente a propósito de sus programas de adquisiciones militares y otros desarrollos tecnológicos asociados a los nuevos dominios de la Defensa.

Esto requerirá sutileza y profundidad y una mirada conjunta con la Cancillería. Es cierto que la tradicional falta de alineación entre las política de defensa y exterior ha sido un eslabón débil del posicionamiento exterior de la República y que tampoco existe una instancia formal de coordinación, una arquitectura genuina de seguridad y defensa nacional, sin embargo hay avenidas de enlace entre los ministerios respectivos que deben ser reforzados en este proceso.

Debe considerase también que, eventualmente, la neutralidad debe defenderse. En esto Chile tiene experiencia desde la Primera Guerra Mundial.

En realidad, la cuestión de fondo en todo esto es la ausencia de una genuina estrategia nacional de seguridad (o de seguridad y defensa) que subsuma todos los instrumentos de poder y de posicionamiento internacional del país, incluyendo especialmente las políticas exterior y de defensa –y crecientemente las de seguridad interior.

Esto ha sido planteado en varias oportunidades, especialmente luego del fracaso de la ENSID de 2012 pero excede los términos de esta columna de opinión al igual que la creación de la arquitectura de seguridad y defensa aludida en el párrafo anterior.

En síntesis, la guerra de Ucrania ha perfilado muchas de las complejidades de las relaciones de seguridad imperantes en el Sistema Internacional contemporáneo, las que de un modo u otro afectan la seguridad externa de Chile.

No son los únicos temas por cierto. La geopolítica del Cono Sur de América, la cuestión antártica y las responsabilidades del país en los pasos marítimos australes se suman a las mencionadas, así como el dominio espacial y la ciberseguridad, entre varias más.

Pero las grandes tendencias de seguridad internacional afectan premisas fundamentales de la Política de Defensa de Chile y el proceso de su actualización en curso debe aquilatarlas. En esto no cabe la distancia geográfica del conflicto, perturba por igual al país.

Así, la guerra de Ucrania tiene efectos concretos en la Política de Defensa de la República.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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News, Seguridad y defensa

OPOSICIÓN VENEZOLANA EXIGE A CHILE CASTIGAR A RESPONSABLES DEL CRIMEN DE OJEDA. Historia de cooperativa.cl

 

                                                                          OPOSICIÓN VENEZOLANA EXIGE A CHILE CASTIGAR A                                                                                                   RESPONSABLES DEL CRIMEN DE OJEDA

Historia de cooperativa.cl, 03/03/2024

La oposición venezolana reunida en la plataforma unitaria democrática (PUD) exigió este sábado a Chile castigar a los responsables del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo cadáver fue encontrado la noche del viernes en Maipú, luego de una semana desaparecido tras haber sido secuestrado.

La PUD, la principal coalición antichavista de Venezuela, condenó este “asesinato en circunstancias aún por esclarecer”, y recordó que Ojeda “se encontraba en condición de refugio en chile debido a la persecución política en su contra”.

“Exigimos al estado chileno que profundice la investigación de este condenable crimen y se puedan determinar y castigar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales”, subrayó el bloque a través de X.

El fiscal a la cabeza del equipo contra el crimen organizado (ECOH), Héctor Barros, confirmó el viernes el hallazgo del cuerpo, que fue encontrado debajo de un bloque de cemento, a unos 1,4 metros de profundidad.

El nombre de Ojeda figura en el listado difundido a finales de enero por el ministro venezolano de defensa, Vladimir Padrino, de 33 militares degradados y expulsados de la fuerza armada nacional bolivariana (FANB) “implicados en conspiraciones que incluían el asesinato de Maduro.

Voluntad Popular (VP), el partido del antichavista Leopoldo López, acusó al gobierno de Maduro de estar detrás del secuestro, una aseveración que fue desestimada por el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien aseguró que Venezuela “no tiene nada que ver” con este caso.

 

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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News, Seguridad y defensa

TEXTO AUTOBIOGRÁFICO DE EXTENIENTE OJEDA NARRA TORTURAS VIVIDAS EN CAUTIVERIO EN VENEZUELA. Mesa de noticias de El Mostrador, País, 03/03/2024

 

                                                                               TEXTO AUTOBIOGRÁFICO DE EXTENIENTE OJEDA NARRA                                                                             TORTURAS VIVIDAS EN CAUTIVERIO EN VENEZUELA

Mesa de noticias de El Mostrador, País, 03/03/2024

Relata asfixia y aplicación de electricidad durante su detención en 2017, acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. También era colgado de una pared durante horas, o que le sumergían la cabeza en un balde con agua “para que hablara y dijera algún testimonio” específico.

Un texto autobiográfico del ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y posteriormente hallado muerto en Santiago, narra una serie de torturas que sufrió durante su cautiverio en Venezuela, acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, informó el diario La Tercera.

Se trata de un documento de 185 páginas que narra su detención ocurrida el 25 de marzo de 2017, acusado de traición, mientras se desempeñaba en el estado de Apure, al sur de Venezuela, y su fuga en noviembre de ese mismo año.

Según Ojeda, el día de su arresto fue llevado a un aeropuerto abandonado, donde fue sometido a diversas torturas, a manos de militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) venezolana.

Cuenta que lo subieron a un avión que inició vuelo. Durante el mismo, lo amenazaron con lanzarlo al vacío, le rociaron gas pimienta en el rostro y lo asfixiaron con una cuerda amarrada a su cuello.

Luego le aplicaron electricidad “para ver si con eso lograban alguna respuesta. Sesiones interminables donde ataban los cables a los extremos de mis orejas, en los dedos meñiques de las manos, en los tobillos. Rociaban la capucha negra con agua, para evitar que entrara oxígeno”.

El avión aterrizó en Caracas, donde las torturas continuaron en un centro de detención de la DGCIM. Allí además escuchaba como eran torturadas otras personas.

“Las descargas eléctricas se convierten en una práctica rutinaria al momento de hacerte hablar. Comienzan con leves sesiones, que aumentarán progresivamente dependiendo el grado de información que le suministres. (…) La asfixia mecánica y golpes con barras metálicas envueltas en esponja es para demostrarte que la ley allí no existe. Los cuartos oscuros y celdas aisladas tienen como fin dominar tu mente, llevarte al conflicto interno para asumir la autoculpa, el autoseñalarte como victimario; decirle al sistema que aceptas lo impuesto como flagelo por el pecado cometido”.

También era colgado de una pared durante horas, o que le sumergían la cabeza en un balde con agua “para que hablara y dijera algún testimonio que ellos querían que repitiera”. Asimismo, a sus familiares le dijeron que había sido detenido por corrupción.

Finalmente, estuvo detenido hasta noviembre de 2017, cuando escapó junto a otros ex militares de sus captores durante un traslado, como relata en el texto.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Columna de Opinión, News

CONMOCIÓN. Jorge Villarroel Carmona

 

                                    CONMOCIÓN

Señor Director:

No es fácil recuperar la tranquilidad y la confianza dada la gran cantidad de actos delictuales, terrorismo e incendios con orígenes dudosos. Con gran dolor por lo ocurrido recientemente en nuestra querida y siniestrada V Región, agudiza mi sentimiento de constante incertidumbre, percibiendo que en cualquier minuto se puede producir un nuevo incendio, un saqueo, un portonazo, un asalto o un asesinato.

No es exagerar, pero, es lo que percibo desde hace un poco más de cuatro años desde el mal llamado estallido social, cuyos indicativos están a la vista. Premio con pensiones de gracia a los delincuentes que nos aterrorizaron y que destruyeron muchos bienes públicos, plazas, comercio, templos y monumentos nacionales.

 

JORGE VILLARROEL CARMONA

 

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Imposición del Orden y la Seguridad. Por una vez digamos la verdad. (3). Fernando Thauby García

                 

                                                                             Imposición del Orden y la Seguridad
                                                                              Por una vez digamos la verdad. (3)

Fernando Thauby García

El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile para la Seguridad Preventiva (PCSP) es un Sistema de vigilancia por sectores (cuadrantes) iniciado el año 2.000, donde se desarrollan acciones preventivas y procedimientos, en un área cuya vigilancia corresponde a una Unidad específica de Carabineros con el propósito de obtener más eficiencia en el accionar policial y acentuar la relación de trabajo directa con los habitantes y organizaciones sociales de cada cuadrante.
Apunta directamente al corazón del problema: aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos.
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico; la erradicación de la violencia; la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Este es también el primer y vital órgano de obtención de informaciones que alimenta al Organismo de Inteligencia del Ministerio del Interior.
La seguridad ciudadana, es un concepto amplio que incorpora los valores del Estado social y democrático; yendo más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino que a garantizar la calidad de vida de los mismos.

Ver artículo completo en el siguiente enlace:Orden y Seguridad (3) (2)

Un aporte de nuestro Pas presidente Humberto Julio Reyes

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“UN RÉGIMEN QUE VIOLA DERECHOS HUMANOS”: OPOSICIÓN ENDURECE TONO CON MONSALVE POR SUSCRIBIR CONVENIO CON VENEZUELA Alonso Vatel y Pedro Rosas

 

                                                          “UN RÉGIMEN QUE VIOLA DERECHOS HUMANOS”: OPOSICIÓN                                                                            ENDURECE TONO CON MONSALVE POR SUSCRIBIR CONVENIO  CON                                                                                                         VENEZUELA

Alonso Vatel y Pedro Rosas

La Tercera, 27/02/2024

Aunque en su momento la derecha celebró el viaje del subsecretario del Interior a Caracas, ahora cuestionaron el escrito al que adhirió con el gobierno de Nicolás Maduro. En el oficialismo, por otro lado, acusaron aprovechamiento político.

“Ximena Rincón ha logrado que gobierno le proporcione convenio de colaboración policial con Venezuela. Inaceptable la firma de un convenio de este tipo con una dictadura, para, por ejemplo, entregar información biométrica y decidactilar de venezolanos residentes en Chile”. Eso publicó, a las 23.01, en su cuenta de X el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

Así, el dirigente planteó sus cuestionamientos a los detalles del texto suscrito -en enero pasado- entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela, tras el secuestro del teniente (R) opositor de ese país, Ronald Ojeda.

Aunque la oposición celebró el convenio cuando el gobierno lo adhirió, ahora las críticas apuntan principalmente al contenido del escrito respecto a intercambiar “información biométrica y decidactilar, con finalidades investigativas” para “lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”.

Así como la “actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas”.

Si bien el origen de los reparos suscitaron a raíz de la publicación de La Razón de Venezuela -férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro-, que señaló que este convenio “abrió las puertas” a la inteligencia de Caracas en Chile (lo que fue categóricamente negado por Monsalve), lo cierto es que las críticas ahora apuntan a por qué se firmó un acuerdo con un régimen considerado como una dictadura.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, profundizó en este punto y señaló que “nos parece totalmente grave la colaboración policial suscrita entre el gobierno de Chile y de Venezuela. Creemos en la idea que tenía el Ejecutivo chileno para combatir el crimen organizado, pero -y según ha reconocido el propio Presidente Gabriel Boric- estamos tratando con una dictadura, con un país con una democracia fallida, autoritario según clasificaciones internacionales”.

Y agregó: “Emplazamos al gobierno a responder la pregunta que todos nos hacemos: ¿Es correcto entregar este tipo de información a un régimen que viola constantemente los derechos humanos de sus ciudadanos? Si el gobierno no quiere ser cómplice del régimen de Maduro, tiene que preocuparse de garantizar los derechos de los refugiados y asilados en nuestro país”.

Su par de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet-quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara Baja- acusó al gobierno de “secretismo” y criticó que se firmen convenios con dictaduras.

El excanciller Roberto Ampuero calificó de “ingenuo” el acuerdo suscrito y apuntó sus dardos a Monsalve, quien fue la cara visible del Ejecutivo en la firma del convenio. “Las policías que son parte de dictaduras, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense, como la de Corea del Norte, son estrictamente político-ideológicas. Esta separación de que este es un trabajo técnico-policial solamente, a mí me preocupa demasiado viniendo del gobierno de Chile, y me parece que es muy ingenuo”, dijo a El Líbero.

Y agregó: “A mí me sorprendió mucho la teoría del subsecretario Monsalve, al decir que hemos acordado compartir información. Disculpe. Alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con un gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su agrado, es que tiene una película poco clara con respecto a lo que significan las policías internacionales”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chahuán (RN), indicó a este medio que Chile Vamos le va a pedir una reunión a la ministra del Interior sobre el caso. “Espero que Chile esté cumpliendo con la obligación de dar adecuada protección a aquellas personas que se encuentran en calidad de refugiados, como sería el caso del teniente coronel y eso implica dar todas y cada una de las condiciones de seguridad”, precisó.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Diego Schalper (RN) agregó que ofició a Monsalve, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al director nacional de la PDI para saber “qué información ha requerido Venezuela en el marco de ese convenio y qué información ha entregado Chile”, para así “terminar con las especulaciones”.

“Cualquier convenio que celebre el país nunca puede estar sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos que resguardan a las personas que tienen asilo en otros países y por lo tanto hay que evaluar y verificar si es que se hubiese entregado información de esa naturaleza, efectivamente estaríamos en una cosa extremadamente grave”, señaló.

En la misma línea se expresó la diputada de esa comisión, Ximena Ossandón (RN), quien dijo que “el subsecretario Monsalve y la Cancillería fueron poco diligentes al promover el acuerdo entre Chile y Venezuela para información e intercambio de prófugos de la justicia. Es sabido, y así lo han respaldado todos los organismos internacionales, que en Venezuela existe prisión política, tortura y serios atropellos a los Derechos Humanos”.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Ind.-rep.) indicó que es importante que el Ministerio del Interior aclare si se ha compartido información de refugiados o asilados políticos: “Ese punto debe ser explicado por qué se consignó un punto como ese en el documento porque, repito, fue suscrito con una dictadura y que tiene disidentes y, por lo tanto, es un punto sensible”.

Mientras que Rojo Edwards (Ind.- ex Rep.) señaló que “Chile debe denunciar y retirarse de inmediato del acuerdo de cooperación policial con Venezuela. Porque no se firman tratados de cooperación policial con bandas de criminales como lo es la narcodictadura de Maduro” y emplazó a Monsalve a “entregar los detalles de este acuerdo y si hablan de un “eventual” secuestro en suelo chileno, no pueden calificar de sinsentido la petición de información realizada desde la oposición”.

Oficialismo acusa aprovechamiento político. En el oficialismo, en todo caso, salieron a reaccionar rápidamente. Y, en línea con lo dicho por La Moneda, pidieron no sacar provecho políticos.

El excanciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, precisó que “es absurdo insinuar que el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda se ejecutó con la supuesta aquiescencia de la autoridad chilena” y que “sugerir que el gobierno de Chile consintió o, más aún, participó en la comisión de un crimen a una persona a la cual se le había otorgado refugio, me parece disparatado”.

El diputado y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Tomás De Rementeria (PS), por su parte, aseguró que “el convenio es algo que todos buscábamos, todos dijimos que había que establecer relaciones de esa índole con Venezuela para poder combatir el crimen organizado de origen venezolano que se ha instalado en Chile”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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LAS EXPLICACIONES DE MONSALVE SOBRE VENEZUELA QUE AGUDIZAN LAS CRÍTICAS EN LA ANTESALA DE CITA CON LA OPOSICIÓN Martín Browne y Nicolás Quiñones

 

                                                                       LAS EXPLICACIONES DE MONSALVE SOBRE VENEZUELA QUE                                                                          AGUDIZAN LAS CRÍTICAS EN LA ANTESALA DE CITA CON LA                                                                                                                     OPOSICIÓN

Martín Browne y Nicolás Quiñones

La Tercera PM, 28/02/2024

El subsecretario, este miércoles, generó más interrogantes sobre su viaje a Venezuela luego de decir que el convenio para enfrentar el crimen organizado no está activo.

Este miércoles, a las 17.30, las directivas y los jefes de bancada de la UDI, RN, Evópoli, Demócratas y el Partido Republicano llegarán hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El fondo del encuentro será recibir información sobre el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y las medidas del gobierno para enfrentar una situación que se ha convertido en el principal flanco del Ejecutivo en la última semana de febrero.

Los partidos que asistirán a la cita enviaron cuatro oficios a los distintos secretarios de Estado para aclarar las acciones nacionales e internacionales del gobierno y también resolver interrogantes que, consideran, no han sido bien explicadas desde La Moneda.

Una de ellas es el convenio que firmó el subsecretario Monsalve en su viaje a Venezuela el pasado 17 de enero para buscar políticas para enfrentar el crimen organizado, luego de postergarlo durante semanas.

El gobierno ha tenido que dar explicaciones, en más de una oportunidad, por ese escrito. Las razones de los cuestionamientos son varias, entre ellas, por haber firmado un documento en materia de seguridad con un régimen que es considerado como una dictadura.

El lunes, Monsalve se vio obligado a desmentir un artículo del medio venezolano La Razón, el que acusaba al gobierno chileno de que el secuestro de Ojeda se dio en el marco del convenio que firmó el subsecretario en Caracas.

“Es una total mentira”, dijo el socialista. Y agregó: “El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función que es la lucha contra las organizaciones criminales. De todos es conocido que hay organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. El convenio tiene un solo fin, además es un convenio de colaboración policial. Por lo tanto, no es un convenio de colaboración política”.

Pero las aclaraciones del subsecretario continuaron, ya que este miércoles aseguró, en una entrevista en Radio Duna, que el convenio no está activo.

“Este convenio dice que las instituciones, porque es un convenio de colaboración policial, y dice que ambos países tienen que nombrar sus contrapartes y que solo opera el convenio una vez que los países nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes”, explicó.

La versión fue inmediatamente cuestionada por la oposición, ya que en el convenio sale explícitamente que tiene vigencia de cinco años. “Se hará efectivo en la fecha de su firma”, dice el escrito, el cual no señala como requisito que para que esté activo se debe designar a las contrapartes.

“Es insólito que hoy el gobierno nos diga que el acuerdo de cooperación policial con Venezuela no está en vigencia, después del show mediático que realizaron para su firma hace solo un mes. Más allá de todas las mentiras que nos han dicho, Chile debe renunciar a continuar con ese acuerdo que implicaría que tendríamos que entregar información a la dictadura de Maduro sobre opositores políticos que ellos denominan criminales”, dijo el senador Rojo Edwards (exrepublicano).

Su par de la UDI Iván Moreira manifestó que “es hora de que el gobierno entregue explicaciones y que sean satisfactorias al respecto de lo que se sabe del secuestro, pero también respecto de los alcances de este acuerdo con la dictadura de Maduro. No era para permitir el envío de venezolanos, hoy se nos dice que es solo un acuerdo policial y que aún no está operativo. El gobierno debe entender la incertidumbre que generan estos secuestros y que hay en la población un miedo tremendo”.

El subsecretario, de hecho, iba a salir a explicar su declaración realizada durante la mañana, luego de una reunión por el próximo “super lunes 4 de marzo”, pero finalmente optó por mantener el silencio hasta la tarde.

De todas formas, en La Moneda reconocen que Monsalve no se expresó de la mejor manera, ya que lo que quería decir, según aclararon, es que si bien el convenio está vigente y activo, aún Venezuela no ha presentado a la contraparte para que pueda empezar a ejecutarse.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, por su parte, salió a respaldar a Monsalve. “Cuando el subsecretario Monsalve preparó ese viaje, la oposición lo celebró. Y todo el mundo tenía perfectamente claro de qué es lo que estábamos hablando. Ahora, vincular ese acuerdo de cooperación policial que es relevante para el país (…) a este delito, me parece que hay un trecho muy grande y creo que no contribuye mucho al foco que todos debiéramos tener, que es aclarar lo más pronto posible este delito”, dijo el abogado.

La titular de la Segegob, Camila Vallejo, por su parte, indicó que “el subsecretario Monsalve ha sido bastante claro en desmentir tajantemente estas acusaciones o especulaciones malintencionadas que se hicieron respecto a este acuerdo que se da en el marco de combatir la inmigración irregular, la delincuencia y el crimen organizado. En segundo lugar, con mayor razón, es que no está vigente porque están en trámite algunos procesos administrativos”.

Previa de la oposición. En la antesala del encuentro, las directivas de Chile Vamos se encontraban coordinando lo que esperaban abordar esta tarde con el Ejecutivo. Dirigentes comentan que lo primero que quieren enfatizar es que consideran “grave” el asunto, por las presuntas vulnerabilidades que podrían quedar en evidencia.

Además, esperan que se aclaren las afirmaciones de Monsalve. Sobre eso se le pedirá mayor detalle al subsecretario.

También esperan requerir información de las acciones conjuntas contempladas para la ejecución del convenio, el rol de las policías y por qué no se consultó previamente al Congreso Nacional.

Asimismo, los partidos de Chile Vamos buscan conocer qué tipo de información ha solicitado Venezuela. Además, se pretende cuestionar que todavía no haya respuestas a algunas interrogantes sobre el caso y también qué tipo de medidas se pueden hacer para asegurar el buen estado de los refugiados políticos en Chile.

Durante este miércoles en radio Agricultura, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, sostuvo que se pedirá también información “para ver de qué manera hacemos que esta situación tenga puntos de inflexión concretos en los próximos meses”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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