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                                                                  ACUSACIONES DESESTIMADAS, ABSUELTOS O A                                                                     LA ESPERA DE JUICIO: ¿QUÉ PASÓ CON LOS CASOS                                                                    MÁS EMBLEMÁTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL?

José Carvajal Vega y Danilo Barra

La Tercera PM, 02/02/2024

Diferentes son los escenarios judiciales de los casos más recordados de la crisis social de 2019, como el ataque a Gustavo Gatica, causa en la que aún no comienza el juicio oral. También está el supuesto centro de torturas de Baquedano o los vejámenes sexuales en contra de un estudiante que fueron desestimados por el Ministerio Público. Finalmente, en los apremios ilegítimos que sufrió la ahora senadora Fabiola Campillai ya hay una condena. Todo esto salta a la luz a raíz del “vuelco” en el caso Pío Nono, donde la Fiscalía ofreció un juicio abreviado abriéndose a la posibilidad de que no existiera un homicidio frustrado.

Cuatro años han pasado desde el inicio del estallido social del 2019 y diferentes son los escenarios judiciales de las causas que por aquel entonces se iniciaron por la violación a los derechos humanos de los manifestantes de la crisis social que comenzó el 18 de octubre de ese año.

Y es que, si bien con el pasar del tiempo algunos casos ampliamente viralizados durante el 2019 han sido aclarados o desestimados por la Fiscalía, otros han logrado la condena de funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, principalmente por apremios ilegítimos, como es el caso en el que se vio afectada la ahora senadora, Fabiola Campillai.

El registro sale a la luz ahora que hubo un vuelco en la causa del denominado Puente Pío Nono y el ofrecimiento de un juicio abreviado por parte de la Fiscalía, lo que significa un vuelco en lo que se planteó desde un inicio que era un homicidio frustrado cometido por el carabinero Sebastián Zamora. ¿En qué están algunas de las emblemáticas causas del 18-O?

Caso Pío Nono. El viernes 2 de octubre 2020, el adolescente de 16 años, A. A. cayó al río Mapocho desde el Puente Pío Nono impulsado por el excabo de Carabineros, Sebastián Zamora durante las manifestaciones de aquel día en la Plaza Baquedano.

El joven, producto de la caída sufrió fracturas en el cráneo y en sus dos muñecas, consideradas como lesiones graves.

Inicialmente, la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, pidió una pena 8 años de cárcel por el delito homicidio frustrado. Cargos que han sido rechazados por la defensa de Zamora, quien incluso desestimó aceptar un procedimiento abreviado y optó por un juicio oral, en el que pudiese demostrar su inocencia.

La defensa argumenta que la causa de la caída del joven al río sería por un “choque casual” y no habría dolo en su acción. Causa que será resulta, finalmente, en un juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago.

El falso centro de tortura en Baquedano. La madruga del 23 de octubre de 2019, a sólo pocos días del inicio de la crisis social, comenzó a viralizarse un mensaje de WhatsApp. “Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene “comisaría interna”). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente”, decía el mensaje que tenía como origen un joven estudiante de 22 años, Nicolás Lüer Santis.

La denuncia daba cuenta que funcionarios de Carabineros habrían -supuestamente- llevado al joven hasta la comisaría al interior de la estación Baquedano, donde lo habrían torturado y observó amarras desde donde se supone que colgaban a los detenidos e incluso les disparaban.

La magnitud de lo denunciado derivó en que, efectivamente, dos magistrados llegaran hasta el recinto policial bajo tierra, descartando ya en esa instancia que el lugar se habría utilizado como centro de tortura. Sin embargo, igual se enviaron los antecedentes al Ministerio Público.

Un año después la Fiscalía Metropolitana Oriente descartó la existencia del supuesto centro de tortura, e incluso se revelaría que el denunciante pese a declarar jamás formalizó la denuncia. “Lo cierto es que no solamente no se logró acreditar estos hechos, sino que muy por el contrario se descartaron”, sostuvo el fiscal Álvaro Pérez el 15 de junio del 2020.

Un informe de la PDI -a la que se le encargó la investigación- expuso que, una serie de pericias en el lugar, testimoniales, fotográficas y hasta de cámaras de seguridad del recinto desmentían la denuncia. “No se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”, dice parte del expediente dado a conocer por La Tercera ese año.

Tiempo después el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago finalmente sobreseyó la investigación.

Un estudiante víctima de vejaciones sexuales. También durante los primeros días de la crisis social de 2019, se comenzó a viralizar en redes sociales la denuncia de Josué Maureira, estudiante de medicina de la Universidad Católica, quien relató haber sido torturado por efectivos de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda tras ser detenido, señalando incluso que en el recinto policial había sido abusado y sometido a vejámenes sexuales.

Con el pasar de los días la propia Fiscalía reformalizó los hechos ocurridos, excluyó y descartó la supuesta agresión sexual, dejan sólo los delitos de torturas y apremios ilegítimos.

Finalmente, en julio del 2022 el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a los siete efectivos policiales que habían sido formalizados por estos hechos, ya que la Fiscalía no logró acreditar su participación en los hechos denunciados.

Incluso, el tribunal consideró que la utilización de la fuerza por parte de los funcionarios en contra de Maureira se había ajustado a los protocolos.

Pese a que los actos de carácter sexual fueron descartados muy tempranamente en la investigación y que no se pudo comprobar hechos de tortura, el tribunal sí pudo constatar que el estudiante fue agredido con golpes de puños y pies al interior del recinto policial, aunque no se logró acreditar la culpabilidad de los tres funcionarios señalados como los autores de esas agresiones.

Acuña y Veloz. La noche del 23 de octubre del 2019, Mario Acuña (43) se encontraba manifestándose junto a un grupo de personas en una plazoleta de Buin. En ese contexto, llegaron funcionarios policiales lo que provocó que la gente huyera del lugar, pese a eso dos carabineros alcanzaron a Acuña a quien le ordenaron tirarse al piso para luego comenzar a golpearlo.

Los golpes fueron, según sostuvo la Fiscalía, principalmente en la cabeza, generando un traumatismo encéfalo con compromiso nervioso y de la médula espinal, provocando que la víctima quedara con un daño permanente, postrado y con inhabilidad total para trabajar e incluso incapacidad para su autocuidado.

En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a los exfuncionarios Henry Cuellar y Víctor Lastra a una pena de 12 años y 183 días para los dos imputados por la brutal golpiza al trabajador.

En la Región de Coquimbo, en septiembre del año pasado, se condenó a cuatro funcionarios del Ejército por el crimen de Romario Veloz, quien falleció el 20 de octubre de 2019 tras recibir el impacto de un proyectil en el cuello en una marcha en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena.

La condena más alta, a 15 años de cárcel, la recibió el capitán del Ejército, José Faúndez, acusado como autor del delito de violencia innecesaria causando la muerte y dos delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves.

Campillai y Gatica. En noviembre del 2019, Fabiola Campillai recibió en el rostro el impacto de una lacrimógena, percutada por el excapitán de carabineros Patricio Maturana, lo que le causó heridas graves que concluyeron en la perdida de la visión de ambos ojos.

El excarabinero fue dado de baja el 28 de agosto de 2020, luego que la institución haya tomado esa decisión por no ayudar a la víctima y omitir el procedimiento legal correspondiente.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decretó la sentencia el 11 de octubre 2022, por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en carácter de consumado.

El uniformado fue condenado en octubre del 2022 a la pena de 12 años y 183 días de prisión y es una de las causas que según Amnistía Internacional Chile, forma parte de las 27 condenadas que se han logrado en casos originados en el estallido social.

La defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin embargo, el tribunal de alzada rechazo la solicitud.

En el caso de Gustavo Gatica, la Fiscalía Centro Norte en septiembre del año pasado presentó la acusación y solicitó una pena de 12 años de cárcel para el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien es sindicado como el autor de los disparos que cegaron al entonces joven estudiante de psicología.

El ente persecutor, acusa al otrora funcionario de las extintas fuerzas especiales de la policía uniformada del delito de apremios ilegítimos con resultados de lesiones grave gravísimas.

Luego de la acusación, la causa se encuentra en una etapa previa de la preparación del juicio oral, citándose a los testigos del caso.

La defensa del desvinculado funcionario logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, a quien se le ha acusado de tener posturas poco parciales en las causas relacionadas a la crisis social.

Se espera que se fije una fecha para que inicie el juicio oral en contra de Crespo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                                      LAS RAZONES DEL PC QUE LO OBLIGARON A                                                                                                        ALINEARSE CON EL GOBIERNO EN SEGURIDAD

Cristóbal Fuentes y David Tralma

La Tercera, 02/02/2024

El timonel del partido, Lautaro Carmona, ayer en la mañana llamó por teléfono a personeros del Ejecutivo para solicitar más información sobre la convocatoria del Cosena. Las consultas fueron en medio de la fuerte presión y molestia de algunos de sus diputados por el uso de esta medida.

Tras enterarse de que el Presidente Gabriel Boric convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para el próximo lunes, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tomó su teléfono y llamó a militantes de la colectividad que están vinculados con la medida, así como también al Ministerio del Interior, promotor de la convocatoria.

“Soy el presidente del partido, no necesito redes. Puedo llamar a un compañero que esté en tarea y le digo cuál es la opinión, que argumento tienes tú y me lo va a comentar”, indicó el líder PC a La Tercera.

En el PC estaban conscientes de la sensibilidad del tema. Rápidamente algunos de sus diputados salieron en duros términos a cuestionar la determinación. En ese escenario, la tienda convocó a una comisión política extraordinaria -mismo espacio que se había reunido menos de 24 horas antes- para zanjar una postura sobre el asunto.

Así, hasta Vicuña Mackenna 31, desde las 17:30, comenzaron a llegar los dirigentes del espacio en el que el PC delibera cada semana, a una cita que se coordinó antes del comité político ampliado de ayer, para que no se viera que la reunión comunista se efectuó por encargo del gobierno.

Para el PC también era ideal llegar a La Moneda con su postura ya informada por medio de un comunicado, lo que ocurrió. De hecho, Carmona se retiró anticipadamente del encuentro en dirección a La Moneda para participar del comité político ampliado, mientras que el resto de la comisión política siguió elaborando el escrito.

“Es atribución exclusiva del Presidente de la República, reconocemos la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso. El Congreso tendrá la última palabra en el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica, que se dará en los próximos meses”, constató el documento final del PC, que también marcó una diferencia con lo que expresó la ministra Camila Vallejo -principal rostro del PC dentro del gobierno- en su vocería del 2 de enero.

“El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”, dijo, en esa ocasión, la titular de la Segegob, quien está de vacaciones.

Tras la reunión en Palacio, el PC quedó con la tarea de persuadir a sus parlamentarios para respaldar el proyecto de infraestructura crítica que se discutirá en el Cosena. “Tenemos un mecanismo de trabajo entre iguales, en donde para vencer hay que convencer”, dijo Carmona.

Una señal de esto es que hasta la reunión extraordinaria de los comunistas llegó el jefe de bancada en la Cámara, Luis Cuello, quien no integra la comisión política.

En noviembre de 2019, la diputada Karol Cariola -integrante de la comisión política del partido- comentó: “Ha decidido endurecer su puño. Cita al Cosena en el cual se asesorará por los jefes de las FF.AA. y Carabineros, entre otros. En vez de escuchar a Chile, se aísla y se encierra en la guerra solitaria de él contra su pueblo”.

Era pleno estallido social y los dirigentes de izquierda -incluyendo al Presidente Boric, el ministro Álvaro Elizalde y el subsecretario Manuel Monsalve- criticaban en duros términos la convocación del Cosena por parte del entonces Presidente Sebastián Piñera.

Lo cierto es que en la interna del PC -sobre todo en las bases- esa frase sigue vigente, ya que el diseño del Cosena no se ha modificado desde aquel 2019 y su funcionamiento es el mismo en los tiempos de Piñera y Boric. Ahora solo cambiaron los rostros que conforman la instancia y la temática particular de seguridad a abordar.

Pero hoy el partido de Carmona se ha inclinado por no batallar contra el Ejecutivo en un tema que también es sensible, sobre todo en un año electoral en donde el PC apostará por liderar más de 80 municipios, incluyendo Santiago (Irací Hassler), Recoleta (Fares Jadue), Lo Espejo (Javiera Reyes), La Florida (Nicolás Hurtado) o Antofagasta (Pablo Iriarte).

Esto también es tomado en cuenta en la interna comunista, ya que salir a rechazar en bloque una señal en materia de seguridad del gobierno (impopular en la izquierda en general, pero que puede tener adeptos en la ciudadanía) puede tener costos.

Al mismo tiempo, en el último comité central que realizó el PC se zanjó una preocupación por la crisis de seguridad y se mandató a la comisión política a realizar una propuesta de seguridad ciudadana.

“La conclusión de valorar la iniciativa en el contexto que sea parte de una ofensiva para fortalecer la política pública (de seguridad) del Estado, nace de los argumentos y la información que nos hace llegar el gobierno respecto a la motivación que tuvo esta convocatoria. (…). Esto se resuelve explicando que el Cosena convocado es un órgano consultivo, que tiene titularidad en el Presidente, quien también pone la temática, vinculado a algo que nadie desconoce: seguridad en la convivencia regular”, dijo Carmona a La Tercera.

Con ello, un argumento para ponerse detrás del Presidente Boric en la convocación del Cosena es que desde el gobierno se les explicó que en esta instancia las FF.AA. no serían deliberativas.

“El Cosena está liderado por el Jefe de Estado y tiene carácter consultivo, no deliberante”, manifestó, por ejemplo, la diputada PC Alejandra Placencia, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara.

Los descargos de los otros partidos. A las 19:00 horas del jueves, los presidentes de los distintos partidos de la alianza de gobierno llegaron hasta La Moneda para sostener un comité político extraordinario.

razón de la cita fue específicamente abordar los anuncios en materia de seguridad que hizo ayer en la mañana el Presidente Gabriel Boric. Y, en especial, la convocatoria que hizo para este lunes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Del encuentro, además de los timoneles, participaron la ministra Carolina Tohá (Interior), el subsecretario Manuel Monsalve (Interior), Eduardo Vergara (Prevención del Delito), el ministro (s) Ricardo Montero (Defensa) y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

La primera en poner reparos sobre la mesa fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic. Ella afirmó que le habría gustado que a los partidos se les avisara con anticipación sobre las medidas de seguridad que adoptaría el Ejecutivo, un punto que también reforzaron Lautaro Carmona (PC) y el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social).

En concreto, el reclamo respondía a que el anuncio provocó un desorden en las filas de los partidos. El más claro ejemplo fue el PC, desde donde algunos diputados acusaron que el Cosena “debilita la democracia”.

En consideración de esos desórdenes, esta mañana el presidente de Comunes, Marco Velarde, justificó que hay colectividades que, cuando escuchan hablar del Cosena, “les provoca algo en su fibra de la memoria histórica, porque no podemos desconocer cuál fue el papel del Cosena en otros momentos de nuestra historia. Hay que considerar aquellos resguardos”.

Por su parte, en el encuentro el líder de los liberales, Juan Carlos Urzúa, hizo ver que a él no le molesta que el Ejecutivo no haya dado aviso previo a los partidos, con tal de que el gobierno efectivamente tome decisiones.

Sin embargo, advirtió que esta medida “no nos va a sacar el estigma de que llegamos tarde” a enfrentar el crimen organizado y que esta medida por sí sola no resuelve los problemas.

La crítica más severa, de acuerdo a quienes llegaron hasta el comité, provino del secretario general de Acción Humanista, Efrén Osorio, quien hizo presente su preocupación por la militarización y remarcó que el personal del Ejército no está capacitado para interactuar con la población civil y que, por lo mismo, es necesario evaluar alternativas para sobrellevar ese déficit.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, el Frente Amplio se mostró cuadrado con el gobierno. Pese a que esta coalición fue crítica de la vez en que el expresidente Sebastián Piñera convocó al Cosena, en el comité político de ayer evidenciaron un fuerte respaldo a la medida.

Así, Marco Velarde, el presidente de Comunes, manifestó que un gesto de esta envergadura era necesario para lograr disminuir la sensación de inseguridad.

En 2019, el mismo dirigente había dicho que “Piñera convocó al Cosena para las 19:00 horas de hoy. A esa misma hora vamos a estar en las calles, movilizándonos con nuestras cacerolas y cánticos”.

Tras el encuentro, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, manifestó que considera “absolutamente de acuerdo con esta la utilización de esta herramienta constitucional. Hoy lo que hemos visto es que (…) en la Región Metropolitana tenemos un alza en los homicidios de los más crueles. Hoy tenemos un crimen organizado, que es distinto a años anteriores, que es un crimen organizado de carácter transnacional”.

Previamente, también en 2019, Ibáñez publicó en sus redes sociales: “Ante la grave crisis social que estamos viviendo el presidente Piñera responde con recetas de un Estado Policial. Convocar al Consejo de Seguridad Nacional mantiene intacta la desigualdad y no responde a las esperanzas de cambio que han movilizado a millones de chilenos/as”.

De acuerdo a los presentes, Monsalve planteó que a este gobierno le ha tocado un factor comunicacional complejo en lo que respecta a seguridad. En esa línea, remarcó que durante la administración de Sebastián Piñera también había una sensación de inseguridad importante y que en ese gobierno ocurrió un “punto de inflexión” en la materia.

En línea con Monsalve, y de acuerdo a quienes participaron, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) sostuvo que se debe avanzar en indicadores de avance objetivos, debido a que la sensación de inseguridad no siempre tiene total correlación con los datos. “Hay que poner la pelota en el piso”, habría dicho el timonel.

Ibáñez también enfatizó que es necesario articular una propuesta sobre la ley de infraestructura crítica, en conjunto con las bancadas del oficialismo y la oposición, basada en el debate que resulte del Cosena. Y afirmó que eso serviría para restarle “demagogia” y “show” a la medida.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel