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UN PUNTO DE VIGILANCIA DE CUATRO HORAS Y LOS TENTÁCULOS DEL TREN DE ARAGUA: CÓMO SE PLANIFICÓ EL CRIMEN DEL TENIENTE (R) OJEDA Víctor Rivera y Leslie Ayala

 

                                                                              UN PUNTO DE VIGILANCIA DE CUATRO HORAS Y LOS                                                                               TENTÁCULOS DEL TREN DE ARAGUA: CÓMO SE PLANIFICÓ EL                                                                                           CRIMEN DEL TENIENTE (R) OJEDA

Víctor Rivera y Leslie Ayala

La Tercera Noche, 04/03/2024

El primer detenido en la causa fue formalizado, luego que reconociera haber estado en el edificio del exmilitar en compañía de otro sospechosos vinculado al Tren de Aragua. Se indaga la participación de tres autos identificados y otros cuatro participantes directos del secuestro.

Tiene cerca de 17 años, ingresó irregularmente a Chile, se llama Ángel, según él trabaja como repartidor de comida, no tiene Rut y -al menos- en los registros de Carabineros no tiene detenciones previas.

Eso es lo poco que se sabe del primer detenido en la investigación por secuestro con homicidio del teniente (R) Ronald Ojeda Moreno (32), exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro, quien fuera secuestrado la madrugada del 21 de febrero, desde su departamento en la comuna de Independencia.

Pasaron nueve días hasta que la Fiscalía y la PDI dieron con su paradero, alertados primero por un llamado anónimo que reportaba movimientos de materiales pesados en el campamento Vicente Reyes de Maipú y, luego, de que los análisis de distintas cámaras de seguridad lograran identificar a un sospechoso de participar en el secuestro.

En el campamento, los investigadores dieron con el cuerpo de Ojeda, el cual estaba enterrado a 1,40 metro de profundidad, tapado por un radier de cemento y al interior de una maleta. Durante la jornada de este lunes se confirmó además que la causa de su muerte fue la asfixia mecánica posicional. Es decir, falleció ahorcado.

En paralelo, además, los detectives lograron ubicar a Ángel C., el primer sospechoso en ser detenido. Pero ¿cómo comenzó a desenredarse la primera parte de un secuestro que aún no puede ser aclarado del todo?

Un llamado y una foto. Según ha podido reconstruir la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI (Bipe), fue a las 23.00 de la noche del 20 de febrero que el imputado llegó hasta las inmediaciones del edificio donde vivía Ojeda con su esposa y su hijo de 6 años.

No llegó solo, sino que acompañado de un segundo involucrado, donde -según expuso la Fiscalía ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago- montaron un “punto de vigilancia” con la finalidad de prestar cobertura para el secuestro.

De acuerdo a la declaración del adolescente, él no sabía de lo que estaba participando. Ante los fiscales que lo interrogaron señaló que fue otro de los investigados quien lo invitó a salir, pero solo a “comer hamburguesas y fumar marihuana”.

Es más, advirtió -según relató su defensa ante el tribunal- que cuando se encontraron con el resto de la banda, “estos le reclamaron (al otro investigado) sobre su presencia (la de Ángel)”.

Tanto el adolescente como el segundo sospechoso, que aún no ha sido detenido, permanecieron en el auto hasta las 03:00 de la mañana. Es ahí que el piloto del auto Chevrolet, que luego sería encontrado en Renca, recibe un llamado, corta y enfoca con la cámara del teléfono hacia la puerta del edificio para inmortalizar con una fotografía la salida de Ojeda y sus captores.

El imputado asegura que cuando preguntó qué era lo que estaba pasando, le ofrecieron dinero, pero que no aceptó, algo que su defensa utilizó para argumentar por qué su representado no había participado directamente en el secuestro.

Cinco sospechosos. El plan de los captores de Ojeda parecía ir a la perfección, pues no solo se disfrazaron de detectives, ni utilizaron balizas para simular ser de la PDI, sino que también mostraron al conserje del edificio una supuesta orden de detención que claramente había sido falsificada. No había cabo suelto.

Según los antecedentes de la Fiscalía, al menos cinco personas habrían participado del secuestro. Ángel sería uno, otros cuatro son quienes ingresaron al edificio, donde uno se quedó en el hall de entrada, y otros tres subieron al piso 14 a sacar a Ojeda.

Cuando ingresaron al departamento del teniente (R) tampoco dejaron espacio para errores. Por ejemplo, tras intimidar a la familia que a esa hora dormía, también se llevaron dos celulares de la víctima, antes de atarlo y llevarlo por el pasillo hacia el ascensor.

En la huida no solo participa un auto, sino que también un vehículo marca Nissan. Casi en simultáneo llegan hasta el kilómetro 20 de la Costanera Norte, donde llegó un tercer automóvil, ahora de marca Hyundai.

A ese vehículo suben a Ojeda, con dirección hacia el sur; pero como en todo caso la perfección no existe, Ángel fue captado por las cámaras de seguridad cargando bencina en una estación de servicio, además de ser rastreado por las antenas de teléfono celular, el mismo día del secuestro. Con esto sobre la mesa se le posicionó en el lugar y su declaración terminó por cerrar el círculo.

La resolución: “Es un delito cuidadosamente planificado”. De acuerdo con la resolución de la magistrada (de quien no se permite revelar su identidad, por un protocolo de seguridad que mantienen los jueces que ven este tipo de causas), la medida cautelar de internación provisoria corresponde pues se fundan los presuntos materiales imputados por la Fiscalía. “Se trata de un delito cuidadosamente planificado, concertado, donde los miembros son parte de una organización altamente preparada y profesional”, señaló.

Además, puso en duda la versión del adolescente, quien aseguró que no sabía lo que pasaba en relación con el secuestro. “Si él mismo sabía que su compañero tenía vínculos con el Tren de Aragua, por qué acepta salir con él, por qué no sale del vehículo cuando ve lo que está ocurriendo, y por qué estos sujetos altamente preparados, que muestran una resolución judicial falsa, capaces de cautelar la participación de tres autos distintos en el hecho, le permiten a un desconocido permanecer en la operación”, sostuvo la magistrada.

Con estas pistas sobre la mesa, resta saber dónde estarían los otros cuatro implicados en el secuestro y dilucidar algo clave: ¿por qué raptan a Ojeda? Hasta el momento no se han encontrado antecedentes penales, ni policiales previos, salvo la multa por transitar sin permiso bajo toque de queda, durante la pandemia, en abril del 2021.

El fiscal regional Sur, Héctor Barros, señaló que “en esta causa hemos estado realizando una serie de diligencias que están destinadas precisamente a establecer la participación de cada uno de los imputados con las complejidades que eso significa en un contexto de criminalidad transnacional y criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua en este caso y que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro”.

En esa misma línea, el abogado querellante que representa a la esposa de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, indicó que “salgo de esta audiencia convencido que este fue un crimen por encargo. Quién y por qué lo encargó, es una respuesta que las víctimas, Chile y el mundo claman y necesitan pronto”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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SILENCIADAS Y REPRIMIDAS: LAS MUJERES AFGANAS CONTINÚAN CON SU EXILIO INTERNO. Dorothy Estrada Tanck,

 

                                                                    SILENCIADAS Y REPRIMIDAS: LAS MUJERES AFGANAS                                                                                                        CONTINÚAN CON SU EXILIO INTERNO

Dorothy Estrada Tanck, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia

The Conversation, 04/03/2024

Desde la toma armada del poder por parte de los talibanes como autoridad de facto en Afganistán en agosto de 2021, las mujeres y niñas en ese país enfrentan retos sin igual. Sin embargo, no es la primera vez que lo hacen.

En el régimen talibán anterior, entre 1996 y 2001, las mujeres y niñas vivieron un sistema de segregación, exclusión y desigualdad calificada ya desde entonces como “apartheid” de género.

En los veinte años entre 2001 y 2021, aunque perduraron varios obstáculos para la realización de los derechos humanos –la persistencia de roles tradicionales de las mujeres en la sociedad, prácticas familiares y culturales discriminatorias, y la pobreza extrema, sobre todo rural–, sí se lograron avances relevantes.

Algunos de estos desarrollos fueron una ley especializada en violencia de género y tribunales para su implementación, normas e instituciones para la protección de los derechos humanos, el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la educación para las niñas y mujeres, incluida la universitaria (si bien esto se producía mayoritariamente en zonas urbanas) y la participación femenina en la vida económica y en los ámbitos público y político, incluyendo la actuación de ministras de gobierno, parlamentarias y juezas. Hoy todo eso se acabó.

Afganistán es hoy el único país del mundo donde la educación a partir de sexto de primaria está legalmente prohibida para las niñas y mujeres.

Las niñas mayores de 12 años no pueden ir al colegio. Las mujeres no pueden salir solas y sin la compañía de un familiar hombre (maharam). Deben aplicar el hiyab “adecuado”, preferiblemente llevando un chadari (prenda negra no ajustada con la cara cubierta) y no salir de casa sin un motivo.

Las mujeres solo pueden trabajar en empresas y en ciertos sectores económicos, aunque las restricciones a la libertad de circulación hacen que en la práctica esto sea difícil. Las mujeres afganas tienen prohibido trabajar en el sector público, en organizaciones sociales y en organismos internacionales, incluyendo en Naciones Unidas.

Leyes derogadas y tribunales desaparecidos. Hoy en día, una mujer afgana víctima de violencia doméstica prácticamente no tiene a dónde acudir. Se ha derogado la ley en la materia y han desaparecido los tribunales especializados.

Se encuentran en un estado de indefensión casi total sin instituciones que las auxilien ni acceso a la justicia.

Las mujeres tienen acceso muy restringido y controlado a la salud sexual y reproductiva y, en el ámbito sanitario en general, no pueden ser atendidas por personal masculino.

Esto, unido a que ya no existen universitarias que estudien Medicina, es, como decía una doctora, “una fórmula para el desastre”, pues condena a niñas y mujeres a enfermarse y hasta a morir de males prevenibles.

Las niñas y mujeres tienen vetado el acceso a parques, gimnasios y baños públicos. En julio de 2023, se ordenó que se cerraran los centros estéticos para mujeres. Hoy si una mujer tiene una hija que va a casarse, ni la una ni la otra podrán ir a la peluquería –siendo este uno de los únicos espacios de convivencia social y diversión que les quedaban–.

Pude conocer en Mazar e-Sharif, a una mujer soltera, profesora de Psicología que daba clases a escondidas y que se ponía un anillo para fingir que estaba casada.

Si los talibanes la paraban por la calle, podía decir que su marido estaba enfermo y que por eso iba sola, y con ello evitar más preguntas.

Una antigua estudiante universitaria me dijo: “Vivimos bajo arresto domiciliario. Nos sentimos deprimidas y desesperanzadas. No tenemos futuro”.

Otra confesaba: “Estoy dispuesta a hacer todo, lo prometo, me pongo el hiyab ‘apropiado’, que me acompañe mi hermano a la universidad, luego me voy directa a la casa pero, por favor, ¡quiero estudiar!”

Siguen trabajando y ayudando a otras mujeres. A pesar de estos retos, las mujeres persisten y resisten. Siguen trabajando como pueden; siguen cuidando y buscando educación para sus hijas y siguen encontrando espacios para exigir respeto.

Encuentran formas creativas e innovadoras de seguir ayudando a otras mujeres, aun en zonas remotas, y en ocasiones con el apoyo decidido de sus padres y hermanos, incluyendo mediante proyectos educativos a niñas y mujeres de forma online o en espacios físicos de forma clandestina.

Continúan levantando sus voces, siendo líderes de organizaciones, iniciativas y actividades. Se enfrentan a rocas que las aplastan, pero ellas son el agua bajo las rocas.

Aun así, necesitan urgentemente el compromiso inquebrantable y acciones concretas de la comunidad internacional.

Por ejemplo, el apoyo a organizaciones lideradas por mujeres afganas, el otorgamiento del estatus de protección internacional a las que logran huir y el desarrollo normativo adecuado para combatir las violaciones graves y sistemáticas a sus derechos.

No podemos mirar hacia otro lado frente a las atrocidades cometidas por las autoridades en Afganistán. Tenemos la responsabilidad colectiva de alzar las voces de las niñas y mujeres del país y de actuar ahora.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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CONCEJALA PAZ FUICA REVELA EN FISCALÍA QUE CONVENIO FIRMADO POR DEMOCRACIA VIVA INICIALMENTE FUE ADJUDICADO A OTRAS FUNDACIONES. Catalina Batarce

 

                                                                     CONCEJALA PAZ FUICA REVELA EN FISCALÍA QUE CONVENIO                                                                              FIRMADO POR DEMOCRACIA VIVA INICIALMENTE FUE                                                            ADJUDICADO  A OTRAS FUNDACIONES

Catalina Batarce

La Tercera, 04/03/2024

En medio de su declaración, la exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez aclaró cuáles eran las labores que cumplía al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Así, descartó haber influido en pos de una fundación en particular y recalcó que todas las determinaciones eran revisadas y ejecutadas por las jefaturas. Negó, además, cualquier tipo de relación estrecha tanto con el exseremi Carlos Contreras como con Daniel Andrade.

A las 11.23 horas de este lunes el Juzgado de Garantía de Antofagasta inició la audiencia de revisión de medidas cautelares de la concejala Paz Fuica, imputada al igual que Carlos Contreras y Daniel Andrade en el marco del caso Democracia Viva, donde el Ministerio Público indaga delitos reiterados de fraude al Fisco.

Y es que desde el 12 de enero la suspendida militante de Revolución Democrática se encontraba en prisión preventiva, pero dados los nuevos documentos que se han ido incorporando a la carpeta investigativa, apostó por obtener una medida de protección menos gravosa, a lo cual el tribunal accedió.

Tras una audiencia que se extendió hasta pasadas las 16.30 horas, el juez Juan Pablo Torres determinó revocar la prisión preventiva -considerando que se trataba de una medida “desproporcionada”– y fijó arresto domiciliario total a su respecto.

Entre los nuevos antecedentes, como expuso su abogado, se encontraba la declaración que Fuica prestó el pasado miércoles 28 de febrero por casi cinco horas, donde detalló cuál fue su rol al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y cómo fue que Democracia Viva terminó adjudicándose más de los convenios que inicialmente se había previsto.

Como se lee en la transcripción de su testimonio -al cual tuvo acceso íntegro La Tercera-, el tercer convenio de la ONG comandada por Daniel Andrade suscribe con la Seremi estaba planificado ejecutarlo en un comienzo con Fundación Fibra, y luego, como ésta desistió, con Creo Antofagasta.

Esta última, sin embargo, también declinó firmarlo. “Llegamos a Creo Antofagasta, ya que tienen vasta experiencia en el área, ellos me solicitaron el detalle de los campamentos donde trabajar y desistieron de igual forma, ya que no se enfocaba en el área que ellos trabajaban (…) Al no tener asignado dicho convenio, en una de las reuniones con el seremi (Carlos Contreras) me pregunta si es posible dividir el convenio, ya que eran muchos los campamentos en los cuales trabajar; le señalé que no tenía conocimiento, por lo que le consultó a Yasna Contreras y ella a nivel central Minvu e indicó que sí era posible la división del convenio”, relató.

Así, como precisó, fue que se llegó a Democracia Viva para que, junto con Tomarte, ejecutaran el convenio relativo a Diagnósticos de Campamentos.

“Se tomó la opción de dividir el convenio, y en nuestras planillas las fundaciones con menos carga laboral y presupuestaria eran la fundación Tomarte y Democracia Viva. Tomé contacto con Paulina Cabrera, quien era la jefa del área de Proyectos de Democracia Viva y le comenté que existía la posibilidad de asignarles un nuevo convenio. Se comentó mucho sobre un whatsapp que le envié donde le señalo que yo ya había conversado con Daniel Andrade, el cual me derivó con ella, y le digo que me “siga la corriente”, esto ya que se encontraban viendo la viabilidad de trabajar el convenio. Y en la fundación Tomarte tomé contacto con Kelly Betancourt, informándole lo mismo”, rememoró.

Su rol en la Seremi y dudas sobre su contratación. De acuerdo con los antecedentes aportados por Fuica, trabajó en la Seremi de Vivienda de Antofagasta desde 16 de agosto del 2022, hasta fines del mes de febrero del año 2023, desempeñándose como analista social. Eso sí, el contrato de prestación de servicios lo suscribió en octubre de 2022.

“Mis funciones dentro del contrato de prestación de servicios consistía en asistir a las actividades de terreno, realizar informes, contacto con dirigentes, apoyo a las actividades de la fundación y el cumplimiento de las actividades del convenio asignadas a la fundación. No obstante, dentro de la Seremi también cumplí labores ajenas al contrato de prestación de servicios, como la gestión administrativa de los convenios, apoyo y acompañamiento a mesas técnicas del equipo de Serviu, asistir a las actividades de todas las fundaciones en terreno, elaboración de minutas a solicitud del seremi Carlos Contreras, apoyar en todo lo que requiriera la jefa regional de Asentamientos Precarios, Yasna Contreras, haciendo el nexo con el Programa Campamentos y Planes y Programas de la Seremi, a cargo de Alfonso Legunda, ya que no existía buena relación entre ambos”, contó.

Descartó, en ese sentido, haber formado parte de las decisiones más relevantes. “Respecto a las decisiones que se tomaban por parte de la Seremi, yo por mi experiencia en el programa, ya que me encontraba trabajando en terreno, le daba mi opinión a Carlos Contreras; sin embargo, las decisiones las tomaba él en conjunto con su círculo de confianza y las respectivas jefaturas de las áreas correspondientes”, sostuvo.

Desde un inicio se le indicó que su remuneración se pagaría con cargo a los convenios con fundaciones, a lo que no se opuso dado que había antecedentes de que se trabajaba bajo dicha fórmula. Solo pidió, como indicó, que esto no se hiciera con cargo a Techo o Campamentos de Ideas, dado que había trabajado con ellas previamente.

Sin embargo, a fines de enero de 2023 se encendieron alarmas respecto de eventuales irregularidades en su contratación. “Tomó contacto conmigo vía WhatsApp Daniela Mateluna, quien me indica que me quiere comentar una situación grave respecto de mi contratación, por lo que me llamó telefónicamente y me dice que chequearon la información que yo les di la vez que nos reunimos en Santiago respecto a mi manera de contratación y me indicó que chequearon dicha información con su jefatura y me sugería que cesara mis funciones, ya que estaba asumiendo responsabilidades que no corresponderían acorde a mi contrato de prestación servicios”, manifestó.

Por lo mismo, dijo, tomó contacto con el entonces seremi, quien le aseguró que solicitaría una auditoria al proceso de contrataciones tanto del programa asentamientos precarios como con la Seremi.

“Luego de conversar con Carlos y las acciones que él tomó, siguió existiendo preocupación en mí dado que existían diversos reclamos y aprensiones en el Serviu, debido a los roles de cada equipo y además la manera de contratar y diversos cuestionamientos a dicha gestión, por lo que decidí presentar mi renuncia, ya que no quería tener problemas debido a mi rol público. Le señalé a Carlos Contreras que iba a cesar mis funciones a mediados del mes de febrero del año 2023, lo cual se materializó a fines de febrero del año 2023″, aseveró.

Si bien reconoció que siguió en contacto con Contreras, detalló que esto fue en su rol de concejala. Hizo presente, asimismo, que “nunca firmé ningún tipo de documentación formal, ya sean memos, oficios, autorizaciones de pago, ni tampoco fui parte de alguna decisión importante respecto a los convenios, ya que ese tipo de decisiones finalmente las tomaba la jefa Yasna Contreras en conjunto con el seremi Carlos Contreras y los jefes de área pertinentes, tales como Jurídica, Finanzas, Planes y Programas, en conjunto con Serviu. La documentación que emana de la Seremi pasó siempre por Felipe Gordillo (jefe de gabinete del seremi) o Gabriela Muñoz, que eran parte del equipo de confianza del seremi”.

Aclaró, en ese sentido, que cuando envió el mail donde señala que ya se habían cerrado los convenios con determinadas fundaciones, eso fue previa revisión de las jefaturas y los organismos encargados.

Relación con Pérez, Contreras y Andrade. ¿Cómo llegó Fuica a esa posición? Según indicó, nunca mantuvo relación de amistad con ninguno de los implicados en el caso. Sí, reconoció, tenía cercanía con Catalina Pérez y Carlos Contreras, aunque siempre por la militancia común que mantenían y el trabajo que habían realizado, lo que le favoreció encontrar nuevos trabajos.

Así, cuando llegó a la Seremi, como se desprende de su declaración, fue porque Contreras la llama tras haber sido parte del equipo de la mencionada diputada, pero para comentarle sobre un puesto en Desarrollo Social.

“Encontré una oferta laboral acorde a mis aptitudes en la Seremi de Desarrollo Social, esto en el mes de julio del año 2022, esto me lo comentó Carlos Contreras (…) Al comentarme dicha opción laboral, nos reunimos a almorzar para conversar la posibilidad de obtener un puesto dentro de mis capacidades dentro de la Seremi de Desarrollo Social; sin embargo, me encontraba buscando opciones, Carlos de igual forma me comentó que se iba a ampliar el espectro respecto del trabajo en campamentos y que posiblemente se abrirían otras opciones de trabajo”, relató.

Luego de eso, continuó con su relató, tomó vacaciones aunque recibió una “oferta” de Daniel Andrade, quien le envía el ya público mensaje donde se leía: “Te tengo un proyecto que involucra lucas”. Como aclaró, en ese mensaje se precisa lo del dinero dado que ella anteriormente había desempeñado labores sin recibir remuneraciones.

“(Andrade) Me comenta que había tomado contacto con Carlos Contreras y que le había comentado, tal como me había dicho a mí, que se iba a ampliar el tema de las fundaciones, por lo que Daniel me ofreció un cargo dentro de la fundación Democracia Viva, sin detallarme un perfil determinado. Le digo que lo voy a pensar, ya que me encontraba analizando ofertas, y de regreso de mis vacaciones me junto nuevamente a conversar con Carlos Contreras, y ante todas las opciones tomé la decisión de trabajar dentro del Minvu”, comentó.

Evidenció, asimismo, que siempre mantuvo una buena opinión del trabajo de Contreras, aunque lo tildó de “temerario”. Aquello, como detalló, porque no siempre seguía recomendaciones y mantenía información bajo reserva.

“Carlos Contreras siempre manifestó un gran compromiso con su trabajo, pero tenía un actuar temerario en el sentido que siempre manifestó que contaba con las aprobaciones y vistos buenos de su jefatura directa, pero no siempre hizo caso a las recomendaciones que se realizaron a nivel regional por parte de la jefa del Programa y el equipo del cual formaba parte. En ese sentido, si bien tenía una cercanía al trabajo de campamentos, no siempre me aportó toda la información que él tenía de nivel central, como son conversaciones con gente de las fundaciones o contrataciones que realizó para la Seremi. Yo me enteraba cuando las personas ya llegaban a prestar servicios”, sinceró.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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DELINCUENCIA Y PROSTITUCIÓN: CÓMO ES LA TOMA EN MAIPÚ DONDE FUE ENCONTRADO RONALD OJEDA. Max Estrada. La Tercera PM

                                                                         DELINCUENCIA Y PROSTITUCIÓN: CÓMO ES LA TOMA EN                                                                                         MAIPÚ DONDE FUE ENCONTRADO RONALD OJEDA

Max Estrada

La Tercera PM, 04/03/2024

Los vecinos y autoridades locales de Maipú claman por la presencia del Estado en un asentamiento precario que se ha tornado hostil y que hoy está en la mira tras la aparición del cuerpo del teniente (R) venezolano.

A eso de las 13:30 del viernes 1 de marzo se comenzaron a llevar a cabo las diligencias en busca del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, quien llevaba casi 10 días desaparecido luego de ser secuestrado desde su departamento.

¿Los resultados? Un detenido, dos sospechosos y el cuerpo del exmilitar a más de un metro de profundidad fueron la revelación del equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que destapó uno de los múltiples delitos que los vecinos del sector denuncian que ocurren en el campamento Vicente Reyes -como lo llaman los mismos habitantes-, ubicado en Camino a Melipilla con Avenida Pajaritos, en Maipú.

El lugar, según quienes la conocen y pasan a diario por ahí, se ha vuelto cada vez más hostil. Y es que hace más de cinco años el sector se ha volcado en dirección a la violencia, la prostitución y los delitos de alta connotación social, todo lo cual provoca el temor de los locatarios vecinos a la toma, quienes claman por mayor seguridad.

“Ahí hay prostitución, droga y muerte. Imagínate lo que encontraron ahora, pero quién hace algo”, decía uno de los vecinos del sector mientras la PDI daba con el cuerpo de Ojeda.

Tras esas diligencias, el primero en exigir medidas fue el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (RD), quien señaló que el desalojo de la toma estaría fuera de la capacidad legal del municipio. “Desde que asumimos hemos estado alertando a las distintas instituciones del Estado tanto por la afectación al espacio público y la seguridad de nuestros vecinos, pero también a las condiciones de vida de quienes allí viven. Hoy, poder desalojar y reubicar a esas familias es una tarea que excede con creces la capacidad legal y logística del municipio”, aseguró tajante.

Según los datos que entrega la propia Municipalidad de Maipú, son al menos 600 las familias que residen en el sector y que han ido en afincándose -y en aumento- desde 2018 en adelante, donde se detalla que viven principalmente ciudadanos extranjeros de nacionalidades haitiana y venezolana.

Y fue en particular en 2020 que, según conocedores del lugar, la instalación irregular de casas de material ligero comenzó a dar paso al hacinamiento, creando estrechos pasadizos entre uno asentamiento y otro.

La también conocida como ‘Villa Pallet’ por la estructura de los asentamientos, le ha valido más de un problema a la administración de Vodanovic, quien ha denunciado en más de una ocasión la serie de “incivilidades” que se producen.

Además, las estructuras de plástico y madera colindan con la línea del tren y la Ruta 76, a la altura de Avenida Pajaritos, y en más de una ocasión se han identificado discotecas ilegales y prostitución a vista y paciencia de los maipucinos.

Desde la casa edilicia señalan que los terrenos son de tres múltiples entidades, específicamente del Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana y terrenos irregulares. Hasta el cierre de esta edición, desde el ministerio no habrían contestado a este medio por el detalle de su injerencia en el sector.

Mientras tanto, desde el Serviu aseguran que “efectivamente existen algunos saldos de terrenos de Serviu RM, así como también, EFE y Bienes Nacionales. Actualmente, esta toma está siendo intervenida por el equipo de asentamientos precarios de Serviu RM, organizaciones no gubernamentales y el municipio con el fin de catastrar a las familias, incluirlas en procesos regulares, si es que las familias cuentan con documentación o la calificación y así, poder dar solución a la situación que se vive en esta zona”.

Como sea, lo cierto es que el asentamiento ha estado en más de una ocasión en la mira del Serviu debido a la complejidad de reubicar a las familias que viven de forma irregular. De hecho, fuentes conocedoras del tema aseguran que hace más de un año que se está buscando el cambio en el uso de suelo en un terreno cercano al asentamiento.

Pero los problemas solo se han ido complejizando. En redes sociales se identificó que personas que viven en la toma han incurrido en la práctica del arriendo y venta -cerca de $3 millones de pesos- de los asentamientos irregulares, pese a no tener posesión de los terrenos.

Por eso la aparición en ese lugar del teniente (R) Ojeda colmó la paciencia del alcalde Vodanovic y provocó que la máxima autoridad edilicia solicitara una reunión de emergencia con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para acelerar la erradicación del asentamiento precario.

“Sabemos que en esa zona ocurren frecuentemente hechos violentos, prostitución, situaciones asociadas a drogas y múltiples incivilidades que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos, además de la toma y arriendo o venta ilegal de terrenos”, indicaba el edil hace algunos días.

Frente a esto, la delegada presidencial, Constanza Martínez, afirmó que están trabajando para “erradicar” la toma y agregó que están “trabajando para erradicar ese espacio, pero que sea sostenible y que también permita recuperar ese lugar”.

Eso sí, puntualizó que “es complejo hacerse cargo de 600 familias para que eso tampoco tenga un impacto en otras comunas. Muchas veces también se nos dice cuando se hacen erradicaciones que no tienen un acompañamiento o un plan. Uno puede sacar a esas personas y luego toman otro lugar de otra comuna de Santiago y a mí me toca responder por toda la región”.

Y agregó: “Muchas veces es en estos lugares donde hay mayor nivel de desorden, donde un grupo pequeño de personas se aprovecha de esa condición, y por lo tanto, es importante que la investigación acompañe cualquier tipo de actividad, pero también es necesario tener tolerancia cero con los lugares donde no llegaría el Estado”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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UN LLAMADO ANÓNIMO, MUERTE POR ASFIXIA, UN IMPUTADO QUE DICE SER “DELIVERY” Y QUE PRESTÓ “COBERTURA” PARA EL SECUESTRO: LAS PISTAS DEL CRIMEN DEL TENIENTE (R) OJEDA. Víctor Rivera y Leslie Ayala

                                                                    UN LLAMADO ANÓNIMO, MUERTE POR ASFIXIA, UN IMPUTADO                                                                      QUE DICE SER “DELIVERY” Y QUE PRESTÓ “COBERTURA” PARA EL                                                                    SECUESTRO: LAS PISTAS DEL CRIMEN DEL TENIENTE (R) OJEDA

Víctor Rivera y Leslie Ayala

La Tercera PM, 04/03/2024

Ángel C., de supuestos 17 años (no cuenta con RUT), fue detenido por la PDI, luego de ser rastreado por cámaras de seguridad y la realización de seguimientos. Según los antecedentes que levantó la Fiscalía, el imputado dijo dedicarse al reparto de comida, o delivery, y al momento de su detención mantenía ketamina en su poder. Pese a esto su nombre no registra detenciones previas.

A pesar de dar con el cuerpo del teniente (R) Ronald Ojeda, y con uno de los primeros sospechosos del crimen, las dudas persisten entre investigadores y autoridades.

Es que, según aseguran fuentes del caso, la motivación original del secuestro y homicidio del exuniformado venezolano sigue siendo la principal interrogante de la indagatoria.

Fue el viernes 1 de marzo que la investigación dio su primer resultado, tras nueve días de búsqueda. La PDI identificó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda, y horas más tarde la Fiscalía ya tenía en frente al primer imputado en el caso que comenzó el 21 de febrero, cuando Ojeda fue raptado desde su departamento en Independencia, a las 3.15 de la madrugada.

Lo primero que surgió fue el dato de dónde estaba el cuerpo de Ojeda. Los detectives recibieron un llamado anónimo que decía que en el campamento Vicente Reyes de Maipú, ubicado en Camino a Melipilla y Avenida Pajaritos, había movimientos y ruidos poco habituales, atribuibles a movimientos de carga.

Por lo mismo, las policías concurrieron hasta el lugar, donde habitan en su mayoría familias haitianas, colombianas y venezolanas.

Es más, en una querella presentada por la Municipalidad de Maipú, en marzo del 2022, en medio de un conflicto judicial contra un grupo de extranjeros que vendía terrenos ilegales en el sector, señalaban que “el municipio de Maipú pudo advertir que tal asentamiento se compone de un 90 % de personas inmigrantes, que pueden ocupar un sitio tras el pago de $500.000 a personas también extranjeras que residirían en el campamento Vicente Reyes. Como es de suponer, dichas construcciones carecen de acceso a agua potable, alcantarillado y demás servicios básicos, y se ubican en un área no edificable por su inmediata proximidad a rutas de alta velocidad y, además, por existir actividades industriales autorizadas relacionadas con el gas y el petróleo”.

Fue hasta ese lugar que llegó la PDI en busca de las primeras pistas que podían ayudar a resolver una parte importante del caso. En el lugar, los policías se encontraron con una mediagua, donde se advirtió que en el piso había un improvisado piso radier de cemento.

El piso tuvo que ser removido, hasta excavar 1,4 metros. Fue en ese punto que dieron con una maleta, la que en su interior guardaba el cuerpo del teniente (R) Ojeda, el cual tuvo que ser retirado en una retroexcavadora.

Sin disparos en el cuerpo. Una de las cosas que primero advirtieron los investigadores es que el cuerpo de Ojeda no presentaba disparos ni heridas con elementos cortopunzantes.

El cuerpo de la víctima, sin embargo, sí presentaba signos de asfixia “mecánica posicional” y una data de muerte de entre 7 y 10 días. Se sospecha que quienes cometieron el ilícito impidieron la “aireación pulmonar” de Ojeda, imposibilitándole la movilidad en la caja torácica.

Paralelamente a esa diligencia, la Fiscalía ordenaba la primera detención en el caso. Un joven que tendría cerca de 17 años, identificado como Ángel C., quien no presenta un Rut registrado en Chile, de nacionalidad venezolana, y quien ingresó ilegalmente al país.

Los investigadores llegaron a él luego de verificar rutas y cámaras de seguridad. Es así que comenzaron a vincularlo al caso, pero -hasta ahora- no directamente en el homicidio.

Según fuentes consultadas, al imputado se le atribuyen labores de vigilancia y cobertura del secuestro de Ojeda, lo que mantiene al Ministerio Público indagando al resto de los autores del delito. Por lo mismo, hay dos órdenes de detención pendientes, en curso.

Al momento de su detención el sospechoso tenía droga en su poder, más específicamente ketamina. Fuentes policiales, hasta el momento, no lo mantienen registrado en el sistema, por lo tanto no arrojó antecedentes previos; sin embargo, se presume que era vendedor de droga, a pesar de que el joven reconoció ser delivery.

Gobierno amplía querella. El caso ya cuenta con dos querellantes. Por un lado, la esposa del teniente (R) Ojeda y, por el otro, el gobierno, a través del Ministerio del Interior.

Si bien en una primera instancia el Ejecutivo presentó una querella por secuestro, en las últimas horas amplió esta acción judicial al delito de homicidio.

En el escrito se lee que “la víctima del delito de secuestro, Ronald Leandro Ojeda Moreno, fue encontrada sin vida con fecha 1 de marzo del presente, con una data de muerte aproximada de entre siete y diez días, lo que se correspondería con los hechos indicados en la querella inicial, pudiendo así concluirse, en base a ese dato, que con motivo del secuestro se ha cometido el delito de homicidio”.

Además, se agrega que “el hecho de haber sido encontrado el cuerpo de la víctima enterrado, en una maleta, y oculto bajo una estructura de concreto en una población tipo campamento o toma, no hace sino aumentar la turbación a la tranquilidad de un determinado sector de la población, situación ya presente desde los hechos relatados en la querella inicial”.

Por el momento existen diligencias en curso, las cuales buscan despejar la gran duda del caso desde que comenzó: quiénes y por qué secuestraron y luego mataron al teniente (R) Ojeda.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
News, Seguridad y defensa

EL ABERRANTE SILENCIO DE BORIC ANTE EL CRIMEN DEL EXMILITAR VENEZOLANO. Ricardo Brodsky

                                                                        EL ABERRANTE SILENCIO DE BORIC ANTE EL CRIMEN DEL                                                                                                            EXMILITAR VENEZOLANO

Ricardo Brodsky

Ex-Ante, 04/03/2024

El Presidente ha enmudecido. Ni siquiera el formal pésame dirigido a su esposa e hijo de 6 años se ha escuchado. Si no se llega a la verdad, los autores del crimen se sentirán seguros y envalentonados para seguir operando en Chile, quizás ya no contra disidentes venezolanos sino contra periodistas, jueces, fiscales y políticos chilenos.

Hay silencios ensordecedores. La violencia desmedida, lo que está más allá de nuestra comprensión o de nuestra humana expectativa, suele provocarlos.

Al presidente de la república lo ha enmudecido el que un disidente venezolano refugiado en Chile haya sido secuestrado y asesinado en el país.

Ante la evidente incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de alguien a quien Chile y su gobierno habían ofrecido protección, ha optado por un extraño silencio, una reserva incompatible con su supuesta cercanía, en el que ni siquiera el formal pésame dirigido a su esposa e hijo de 6 años se ha escuchado.

Muchas sospechas caen sobre la dictadura de Maduro. No es primera vez que un militar venezolano es secuestrado.

El sofisticado operativo contra un militar disidente no parece un secuestro común, requiere una larga preparación logística y personas especializadas en eludir y crear falsas pistas. La crueldad demostrada es propia del narcotráfico y el crimen organizado que parece controlar campamentos completos para ocultar sus fechorías.

El partido comunista, en el contexto del secuestro y crimen del teniente Ronald Ojeda, recibe como invitado de honor al embajador de la dictadura venezolana, en un acto que no puede sino considerarse como una risotada frente a la tragedia de Ronald Ojeda, su familia y la amplia comunidad de refugiados y exiliados venezolanos que habitan nuestro país.

Más allá de conjeturas, Chile exige una explicación y una investigación que lleve a identificar a los autores materiales e intelectuales de un crimen que ofende y fragiliza al país y que deja ver la inconsistencia de nuestra seguridad frente a las mafias y a regímenes que cohabitan con el crimen organizado y el narcotráfico.

Los esfuerzos del ministerio público y de la PDI por esclarecer los hechos cuentan con el decidido apoyo del ministerio del Interior, cuyas autoridades siguen permanentemente preocupados del caso y entregan explicaciones a la opinión pública, a los partidos opositores y al congreso nacional.

Sin embargo, cabe preguntarse una vez más hasta cuándo el socialismo democrático va a seguir poniendo la cara -y pagando los costos- por situaciones que el resto de la coalición observa con indiferencia o franca sorna.

Si no se llega a la verdad y no se adoptan todas las consecuencias legales y políticas, los autores del crimen se sentirán seguros y envalentonados para seguir operando en Chile, quizás ya no contra disidentes venezolanos sino contra periodistas, jueces, fiscales y políticos chilenos que se atrevan a levantar la voz contra la horrorosa realidad hacia la que estamos descendiendo, mientras el presidente enmudece.

News, Seguridad y defensa

SIN CONDOLENCIAS NI REFERENCIAS A OJEDA: POR QUÉ BORIC OPTÓ POR DEFENDER AL PC Y MANTENER EL SILENCIO SOBRE EL SECUESTRO. Martín Browne y David Tralma

                                                                      SIN CONDOLENCIAS NI REFERENCIAS A OJEDA: POR QUÉ                                                                             BORIC OPTÓ POR DEFENDER AL PC Y MANTENER EL SILENCIO                                                                                                          SOBRE EL SECUESTRO

Martín Browne y David Tralma

La Tercera PM, 04/03/2024

El Mandatario, hasta ahora, no se ha referido respecto a la muerte del teniente (R) venezolano. En La Moneda aseguran que se debe a que es el Ministerio Público el principal interlocutor en este caso.

Fue a las 10.53 horas del sábado que el Presidente Gabriel Boric decidió hacer una publicación en su red social X.

El Mandatario lo hizo en medio del caso del secuestro del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda, cuya muerte se había confirmado el día anterior. Sin embargo, el Jefe de Estado no hizo alusión a él ni a la investigación que ha generado cuestionamientos desde la oposición.

Así, mantuvo su silencio respecto al asunto, del cual no se ha pronunciado desde que comenzó la indagación.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, escribió el Mandatario en X.

Esto, apuntando a las críticas que se originaron principalmente desde la derecha, que cuestionó al asesor de Interior Juan Andrés Lagos y a la titular de la Segegob, Camila Vallejo, ambos militantes comunistas. Las críticas apuntaron a la cercanía de ese partido con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

En el comité político -ni siquiera la ministra Vallejo- no habían sido avisados del mensaje que escribiría el Presidente. Todos se enteraron al leerlo en sus redes sociales.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno.

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 2, 2024.”

De hecho, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se manifestó un minuto después (10:54) en la misma red social, pero el tono fue distinto: “El homicidio de Ronald Ojeda es el desenlace más grave que pudo tener su secuestro y lamentablemente es el que enfrentamos. Expresamos nuestras condolencias a su familia y cercanos. Seguiremos apoyando la investigación que lleva la Fiscalía para que este crimen sea plenamente aclarado y castigado con la mayor dureza. El combate a esta criminalidad es una prioridad absoluta para nuestro gobierno y debe ser una tarea de Estado”.

El hecho de que la primera interacción de la principal autoridad del Estado sobre el caso fuera una defensa al PC alteró a la oposición y provocó una ola de críticas desde la derecha, desde donde cuestionaron que el Mandatario ni siquiera entregara condolencias a la familia de Ojeda, como sí lo hizo Tohá.

En La Moneda aseguran que Boric maneja sus cuentas y que si bien había manifestado en varias oportunidades durante la semana su molestia por la forma en que se estaba atacando al Partido Comunista en el caso Ojeda -en especial los cuestionamientos del Partido Republicano a la ministra Vallejo por militar en un partido que defiende a la dictadura de Venezuela-, fue iniciativa suya manifestarse en redes sociales.

De todas formas, la bajada conversada por el gobierno -entre los diálogos que se sostuvieron hasta tarde en Interior- es que el tono de La Moneda tiene que ser “pedagógico”, en la línea de que el gobierno no puede casarse con ninguna hipótesis y que el organismo que centraliza la información es el Ministerio Público.

Además, se insistió en que, en el caso del Ejecutivo, todo se coordina a través de Interior. Por ello es que se definió que Boric no se referiría a detalles del caso, mientras dure la investigación.

Así lo manifestó la ministra Vallejo en la vocería de este lunes. “Nuestro compromiso con la justicia y combatir toda posibilidad de impunidad es uno solo. Desde el Presidente de la República hasta el funcionario de cualquier repartición de este gobierno”, aseguró la titular de la Segegob.

Y agregó: “Es un compromiso de Estado y, por lo tanto, solo aquellos que quieren hacer utilización política de este caso podrían cuestionar el compromiso del Presidente Gabriel Boric con la justicia, con que haya claridad en los procesos de investigación y que ningún delito quede impune. Ese ha sido nuestro compromiso siempre independientemente de un texto circunstancial”.

Pese a las críticas de la oposición, el Mandatario mantuvo su postura en su primera interacción pública de este lunes. En una entrega de útiles escolares en el primer día de clases en Viña del Mar, Boric solo habló sobre reconstrucción, no aceptó preguntas -al igual que en las actividades del pasado viernes- y tampoco entregó condolencias a la familia de Ojeda.

El respaldo de los partidos. Este lunes las colectividades de gobierno se reunieron en la sede del Partido Socialista. En el encuentro, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró el mensaje del Mandatario ante los cuestionamientos a sus militantes y pidió que se expresara ese agradecimiento en el comité político ampliado que se realizó minutos después en La Moneda.

“Lo valoro altamente. Creo que el Presidente desde el primer minuto, aunque no estuviera presente, hizo saber su preocupación en todas las diligencias que encabezó el gobierno a través del Ministerio del Interior”, dijo Carmona.

Y agregó: “En este país las campañas anticomunistas existen y ha sido muy duro. Eso afecta a la democracia”.

La senadora Paulina Vodanovic (PS), presidenta del Partido Socialista, también defendió a Boric y dijo que se iba a transmitir a La Moneda esa valoración. De todas formas, evitó profundizar: “No me compete a mí referirme a las opiniones del Presidente”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional